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La salida forzada de Rovira

Francisco Rovira dejó la dirección de la PNC 200 días después de asumir el cargo. El sábado 23 de agosto, el presidente Saca le solicitó su renuncia vía telefónica. Era el colofón de seis meses de intentar convertirse en un líder para una institución dividida entre bandos por ascensos congelados y pugnas de poder.

Rodrigo Baires Quezada y Daniel Valencia
Foto: Archivo

cartas@elfaro.net
Publicada el 08 de septiembre de 2008 - El Faro
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Adentro de la Policía Nacional Civil (PNC) nadie quiere hablar con nombre y apellido de la salida del ex director general Francisco Rovira. En el cuartel central de la policía se habla de una llamada del presidente Antonio Saca en la que le solicitaron la renuncia pocos minutos antes de anunciarlo públicamente; de un grupo interno que presionó a nivel político y que pasó información a la prensa para desestabilizar su gestión; y de un funcionario que nunca llegó a ganarse el respeto de la institución que aseguró que “modernizaría”.

La mañana del sábado 23 de agosto cambió todo para Francisco Rovira, entonces director general de la Policía Nacional Civil (PNC). Había sido una semana difícil para él. La Prensa Gráfica publicó un artículo en el que resaltaba la contratación de dos asesores personales provenientes desde la Dirección General de Aduanas. A uno de ellos, José Pérez Aguillón, se le había investigado por posibles nexos con Margarita Parada Grimaldi, robafurgones, y Reinerio Flores, supuesto narcotraficante. Al otro, José Aquino Oliva, se le acusaba de ocupar uniforme y placa policial sin ser policía.

En un primer momento, Rovira pareció salir ileso de ese incidente. Los asesores pusieron su renuncia y tanto Saca como Figueroa expresaron que seguían confiando en su jefe policial. Además, la investigación que haría la Inspectoría General del caso, ya sin los asesores dentro de la PNC, no tenía razón de ser.

Por eso, aquel sábado, Rovira mantenía en agenda la reunión con los seis subdirectores de la corporación y la jefa de la regional de la zona metropolitana, Marta Zoila Uribe; además, del jefe departamental de Santa Ana, Mauricio Arriaza Chicas. Ese sábado, Rovira siguió con sus planes trazados al frente de la PNC como si nada hubiera pasado. En su agenda estaba esa reunión para tratar sobre la situación de homicidios en el Gran San Salvador y Sonsonate. A las 7:30 a.m., todos los involucrados menos el subdirector general, José Luis Tobar Prieto, estaban sentados en la mesa semiredonda del Salón Sarisa, a un lado de la Dirección General de la PNC.

Una hora después, una llamada telefónica del presidente de la República, Antonio Saca, hizo que Rovira interrumpiera la reunión y dejara el salón. Tras 15 minutos de espera, dos de sus manos derechas -Arriaza Chicas y César Flores Murillo, subdirector de Seguridad Pública-  lo fueron a buscar a su oficina.

A esa misma hora, un grupo de periodistas esperaba afuera del cementerio de los Ilustres a que Saca terminara su participación en un acto de Arena. Iba a dar declaraciones. Junto a él estaba René Figueroa, titular del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia (MSPJ), con quien se entretuvo mientras hacían una llamada telefónica.

La espera de los comunicadores se prolongó por 20 minutos, luego Saca se acercó a los periodistas y dijo que tenía que hacer un anuncio importante: “Esta mañana recibí la renuncia del director de la PNC y he decidido aceptarla. Estamos siguiendo una investigación en diversos temas respecto a algunos nombramientos y Rovira decide dejar el cargo para darle a la oportunidad a la Inspectoría (a que investigue el caso de los asesores)”.

Los periodistas no fueron los únicos que se sorprendieron con la noticia. En el castillo, los mismos jefes policiales que esperaban el regreso del director fueron alertados por algunas llamadas solicitando “reacciones por la renuncia del jefe”. Rovira nunca regresó a la reunión y la única información que recibieron los oficiales, de parte de Flores Murillo, fue que la reunión quedaba suspendida.

Todo se conocería minutos después, cuando Figueroa, junto a Tobar Prieto y a otros ejecutivos del MSPJ, se reunieron con Rovira en su despacho, al filo de las 9:30 a.m. “Para entonces ya se sabía que él se iba, que le habían pedido la renuncia en esa llamada telefónica”, dijo un jefe policial, que pidió que no se divulgue su identidad porque no está autorizado para hablar del tema.

Rovira, el administrador

El día que Rovira asumió la Dirección General de la PNC parecía un tanto nervioso. Con el ex director Rodrigo Ávila, el funcionario tenía en común haberse graduado de ingeniero de Georgia Tech, tras sus estudios en el Externado San José. Ex director de contribuciones Directas del Ministerio de Hacienda y de Aduana Terrestre, entre 2001-2004; y ex jefe de equipos y asistencia técnica de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), llegó a la policía como un “hombre administrativo”. Ese 5 de febrero había más preguntas que respuestas.

¿Experiencia policial o en seguridad pública? Ninguna. En esa materia, su única carta de presentación era la planificación y conducción del Plan 100, un operativo en el que se buscaba a evasores en aduanas revisando el 100% de todas las mercaderías importadas al país, en 2004.

¿Su experiencia era más administrativa? “Sí”, aceptó y veía en ello un factor clave para su gestión: “La fortaleza administrativa es lo que complementa la experiencia policial de los subdirectores… Vamos a modernizar con nuevas herramientas, una institución que ya tiene lo más importante que es el recurso humano”, dijo Rovira.

“Pesaba su experiencia administrativa… estaban los 47 millones de dólares del Fidecomiso de Seguridad y Educación que se desembolsarían en este año. Se buscaba ser eficientes en ese rubro”, dijo una fuente del MSPJ que conoció cómo fue que Rovira llegó al cargo. Esa experiencia fue lo que más destacó Saca en la juramentación del entonces director. “Llega en un momento trascendental” para la policía al contar con los recursos necesarios “para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia”, dijo el primer mandatario al momento de su juramentación.

¿Depuración policial? ¿Planes estratégicos en el combate a la delincuencia? ¿Reducción en la taza anual de homicidios? “No habrán cambios en la jefaturas” y “se seguirá con los planes trazados” en la administración Ávila, dijo Rovira, saldando las primeras dos interrogantes.

La tercera pregunta la contestó con la ayuda de Tobar Prieto, el mismo al que había relevado en la dirección y que muchos veían como el reemplazo lógico para seguir con los planes de Ávila. Era una pregunta obligada: “¿Promete bajar los homicidios?”. “Totalmente”, aseguró Rovira. “¿Cuánto?”, remataron los periodistas. “No puedo decir número… hacia el menor número posible”, sostuvo tartamudeando el funcionario.

Lo que vieron los periodistas era la fórmula que garantizaba el éxito de la nueva gestión: Rovira, el administrativo, se sumaba a Tobar Prieto y al resto de jefes policiales, los operativos. De seguir la fórmula, las cosas iban a ir bien. Pero no fue así. “El administrativo se salió del huacal… digamos que se emocionó en el puesto y se olvidó de lo que había prometido… Él no era el súper policía que todo lo podía manejar”, dice una fuente del MSPJ que atestiguó la evolución del período Rovira.

La fórmula que falló

Aunque nadie da fechas exactas, todos concuerdan con que el romance entre el administrativo y los operativos ya no existía al mes y medio de su entrada. Según algunos mandos medios, la lógica administrativa con la que llegó Rovira chocó de frente con la forma en que se venía manejando la corporación. Mientras el director quiso centralizar las acciones de la PNC alrededor de su persona; muchos subdirectores y jefes departamentales y regionales no veían en Rovira una persona de confianza para tomar decisiones operativas. “No era policía… así de sencillo; y no respetaba la forma de ser de la policía”, dice uno de ellos.

La policía que le heredó Ávila a Rovira era algo muy diferente a las instituciones de las que provenía. “Se encontró con una institución en proceso de reacomodo, en la que Ávila había tenido que hacer una reingeniería para que fuera funcional después del descalabro que había sido la gestión del comisionado Ricardo Meneses”, sostiene un ex funcionario del gobierno del presidente Francisco Flores.

Meneses, el primer director general proveniente de las filas de la PNC, había hecho de la corporación su templo, literalmente, dividiendo a los mandos entre cristianos evangélicos y el resto. Esta división se sumó a la de bandos por procedencia –ex militares y miembros de cuerpos de seguridad, ex combatientes del FMLN y civiles- con la que había nacido la nueva policía tras los Acuerdos de Paz.

“En ese momento, la gente que no estaba con Meneses optó por tomar una posición pasiva ante las órdenes que daba. El resultado fue un proceso de desestabilización al interior de la PNC y, hacia el exterior, un alza en los índices criminales”, recuerda un ex ejecutivo de la policía. “Todo eso derivó en que hubiera descontento, que se le perdiera el respeto, y sin respeto no había liderazgo”.

Además, el entonces director optó por congelar el proceso de ascensos internos, en 2003, bajo el argumento de que los jefes policiales no podían separarse de sus cargos mientras participaban en los cursos académicos de nivelación. Esta decisión tenía dos aristas: La primera, sin ascensos, los cargos en las subdirecciones -en las que se ganaba mejor- quedaban concentrados en un pequeño grupo; la segunda, se rompía el único incentivo real de hacer carrera en la PNC.

Ávila sabía de ese descontento cuando asumió la dirección de la PNC por segunda vez, en enero 2006. De nuevo a cargo, Ávila cambió el 67% del los mandos incorporando en ellos a gente de todas las tendencias políticas, género, promociones de graduación; además de borrar de un plumazo los favores por credos religiosos.

En ese proceso, por ejemplo, incorporó a Héctor Mendoza Cordero, de la segunda generación de oficiales superiores, a la Subdirección de Investigaciones; a Mauricio Ramírez Landaverde, proveniente de las filas del FMLN, a la Subdirección de Seguridad Pública; e incluso tomó como asesores a elementos como Arriaza Chicas y Murillo Flores, quienes años atrás habían sido separados de la institución por supuestas faltas graves o participación en actos delictivos, mismos de los que fueron absueltos posteriormente.

“Puso a gente de todos los bandos en diferentes puestos de poder interno. Además, siempre respetó la antigüedad, que en la PNC como en el ejército, tiene un peso muy grande”, dice un jefe policial del interior del país. “Ávila era un hombre que se respetaba porque era policía, se había hecho policía con la institución, y que sabía que para mantener ese respeto había que pensar como tal… Por eso abrió la carrera de ascensos e impuso nuevos salarios por contrato para las diferentes jefaturas”.

“Ese sistema de cambios y promociones le garantizaron a Ávila una gestión que dio más resultados, obteniendo una baja en todos los índices de criminalidad en 2007”, analiza un jefe policial. “La gente estaba contenta y trabajaba bien. Por eso lo lógico era que Rovira llegara a juntarse a ese grupo de gente. ¡Lo lógico es que el equipo que gana, no se cambia!”, añade el oficial. Rovira, sí lo cambió.

Los puntos de quiebre

Para algunos, la interdependencia con los operativos hizo que Rovira se sintiera atado de manos en el primer mes. El resto no fue un proceso que algunos llaman de “naturaleza humana”. “Los que se sentían menos representados por los altos mandos hicieron una correlación de fuerzas alrededor del nuevo director… El resto, como es lógico, lo vio como un enemigo”, sostienen. Ese fue el primer punto de quiebre.

“El problema de la PNC es que su esquema jerárquico tiene toda una generación de mandos superiores en los puestos claves. Abajo, dos generaciones más de subcomisionados y comisionados buscan ascensos y ocupar esos puestos. Es una ambición normal cuando se hace carrera policial… el problema es que en la policía faltan años para que ese proceso se vea como normal y no como una cuestión de egos y envidas”, dice un funcionario que vivió de cerca la gestión de Ávila.

Ya para abril, públicamente dejaron de aparecer Douglas García Funes, el subdirector de Unidades Especiales; y el mismo Tobar Prieto al lado de Rovira. En su lugar se veía más a Mendoza Cordero, con quien el director se había relacionado durante la ejecución del Plan 100; y los asesores de Ávila, Arriaza Chicas y Murillo Flores, que había asumido el lugar de Ramírez Landaverde en la subdirección de Seguridad Pública.

“Si Rovira se hubiera quedado en su papel administrativo… si hubiera escuchado a la gente que sabía cómo eran las cosas dentro de la PNC, las cosas hubieran sido diferentes”, dice un mando medio. Más allá, al terminar el primer trimestre de su gestión, el Director sumó adversarios dentro de la policía, se cerró a los medios de comunicación, afloraron problemas financieros en algunas divisiones y departamentales; además de realizar más cambios de jefaturas que no agradaron a gran parte de la primera promoción del nivel superior.

Ese grupo encontraba como líder natural a Tobar Prieto, alguien que no fue tomado en cuenta a la hora de tomar muchas de las decisiones del director. Entre ellas, los cambios realizados en abril pasado de Uribe, nombrada en la jefatura de la Región Metropolitana en lugar de Leonel Rivera; y el de Ramírez Landaverde, que pasó a ser asesor de Inteligencia Policial en la dirección. Ese sería el segundo punto de quiebre.

El tercer punto en contra de Rovira fue su promesa, a principios de mayo, de que se reducirían los homicidios en un 50% en tres meses. Era 5 de mayo y el anuncio causó sorpresa entre los jefes policiales. “Fue poco serio de su parte decirlo. Ahí se veía que él no tenía ni la más mínima idea de cuál es el comportamiento de los hechos violentos”, dice un jefe de delegación.

Amparados en el Plan 500 -según Tobar Prieto sólo una forma de bautizar la sexta actividad agendada en la Orden de Operaciones Sarisa- parecía que Rovira había hecho una suma y resta sencilla para sacar sus propias conclusiones: Detener a 1 mil personas acusadas de homicidio, 500 en una primera etapa, con orden de captura administrativa o judicial reducirían a la mitad los casos de este delito. Sencillo para Rovira. “Irresponsable e irreal”, para el resto de corporación porque de no cumplirse dejaría a la PNC en entredicho.

Los cambios en las jefaturas continuaron. La llegada de Gabriel Mayorga a la División Antihomicidios (DIHO), relevando al subinspector José Luis Mancía Valle y que fue degradado como jefe de investigaciones de la misma unidad, fue la gota que rebalsó el vaso. “Mayorga fue el primer jefe de la DIHO. No dio resultados y a los tres meses lo cambiaron… Que regresara era decirle a la gente que había trabajado en la reducción de los índices de homicidios que no se les respetaba sus resultados”, dice un jefe departamental.

La lectura que se hizo dentro de la corporación policial fue que el director había faltado a todo lo que prometió cuando ingresó a la institución. Lo más grave era que las promesas las había hecho a la misma institución. Ese fue el divorcio total. “La tendencia a la baja se estancó. No voy a hablar mal de la gente que fue puesta, pero es lógico que si llegás a un nuevo cargo, algún tiempo necesitarás para poder empaparte y empezar a dar resultados… Eso no lo midió Rovira para poner gente que era de su confianza. Pensó más en él y no en la institución”, sentencia un alto mando policial.

“La camita” del director

Aunque el MSPJ estaba al tanto y respaldaba los cambios hechos por Rovira, el viceministro Ástor Escalante dice desconocer que estos generaron descontento dentro de la institución. Para él, como para Figueroa, Rovira tendría que dar cuentas de sus decisiones si estas no eran las más adecuadas.

El descontento que desconocían los jefes de Rovira ya era público en los medios de comunicación y algunos entendidos dicen que estaba cayendo en la misma medida que se tomó contra Meneses. Los nombramientos de Arriaza Chicas, vinculado a un fraude procesal en el caso Comandari; y de Flores Murillo, 10 años atrás procesado por su supuesta participación en el caso de la Sombra Negra, fue la primera bomba mediática que tuvo que enfrentar el director.

Lo que no se recalcó en las publicaciones es que ambos fueron absueltos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que estaban en puestos de confianza en la gestión de Ávila. “La decisión de Ávila fue dejarlos en el escritorio, planificando… Incluso, Flores Murillo fue asesor operativo y logístico en el plan Sarisa… Bueno, eran puestos de confianza pues. La idea era que lejos de la prensa no se exponían. Mientras trabajaran bien, no había problema”, reconoce un jefe policial.

¿Por qué hacerlo público hasta este año cuando ambos estaban cerca de la dirección general? La pregunta no la puede responder Escalante. “No entiendo por qué vienen a sacar esto 10 años después”, dice. La vox pópuli al interior de la PNC es que se le estaba pasando factura por ser quienes “mal aconsejaron los cambios a Rovira”.

El golpe letal fue la publicación de los asesores Pérez Aguillón y Aquino Oliva, con información interna que salió de la Dirección General de Aduanas y que terminó en manos de La Prensa Gráfica. Lo de Pérez Aguillón era lo más grave. La nota insinuaba la posibilidad de que el crimen organizado tuviera una persona al lado del director general de la PNC.

Igual, Figueroa y Saca demandaron que se investigara el caso y, aunque aseguraron que Rovira no sería investigado, fuentes cercanas al gabinete de seguridad reconocen que en esa semana se empezaron a barajar nombre de posibles reemplazos para asumir la dirección de la PNC. Entre ellos, el de Tobar Prieto sonaba fuerte por contar con el apoyo en los mandos superiores de la corporación y con el visto bueno de la empresa privada.

“Él no tenía intenciones de dejar la institución, no estaba en sus planes… ¡Bueno, si estaba en reunión cuando le hablaron, sí había planificado su semana y tenía hasta eventos con instituciones internacionales ya pactados!”, comentó otro alto mando de la corporación policial.

La historia que se hizo pública horas después, en conferencia de prensa, fue una muy distinta a la de la llamada presidencial que lo paró en seco. Rovira dio detalles de cómo habló con Saca el viernes por la noche, depuso su cargo y el presidente le pidió que recapacitara su decisión. Luego, temprano por la mañana de ese sábado, aseguró que volvió a comunicarse con el primer mandatario para decirle que había pensado su decisión y que dejaba la dirección por transparencia.

Figueroa lo secundó: “Lo que investigamos son los actos de transparencia y en un acto de transparencia el ingeniero Rovira dice: ‘Yo me aparto para que desarrolle bien la investigación’ ”, dijo. Tobar Prieto asumiría la dirección general interinamente, y una semana después sería ratificado en el puesto.

El Faro intentó hablar con Rovira. Incluso se gestionó una entrevista con uno de sus colaboradores más cercanos, pero nunca respondió.

Ahora, de Rovira ya nadie quiere hablar en la PNC, aunque entre los oficiales se concuerda que la versión oficial no se apega a los hechos. “¿Renunciar? No’mbre, si lo tenían pegado al cerco con todo lo que había salido en la prensa”, asegura uno de ellos y remata: “¡A él le dieron la baja honrosa!”

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