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Carlos Castillo Medrano, alcalde de San José Acatempa, Jutiapa, presentó el martes pasado al Ministerio Público (MP) guatemalteco dos vídeos, grabaciones de llamadas telefónicas y transcripciones que según él ayudarán a esclarecer el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su conductor, crímenes ocurridos el 19 de febrero de 2007. Las pruebas también servirían de descargo para su hermano, el ex diputado Manuel de Jesús Castillo Castillo, alias “Manolillo”, prófugo por su vinculación con los autores intelectuales del asesinato de los congresistas salvadoreños.
Las pruebas de audio y visuales habrían sido enviadas de manera anónima desde Miami, Estados Unidos, el viernes pasado al abogado Adilio Juárez, defensor de su hermano; y entregadas a Álvaro Matus, jefe de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, tras una reunión de varias horas.
Al ex diputado prófugo de las autoridades guatemaltecas lo involucran por llamadas sostenidas con Carlos Gutiérrez, alias Montaña 3, antes, durante y después del asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano Eduardo d’Aubuisson, Ramón González, William Pichinte y su conductor Gerardo Ramírez. El MP da cuenta de 61 comunicaciones entre ambos durante enero y marzo de 2007.
En los vídeos, Javier Figueroa, ex subdirector de investigaciones de la PNC guatemalteca y quien renunció a pocos días del asesinato de los salvadoreños, habla por teléfono con un supuesto agente policíaco a quien identifica como “Virula”. Figueroa cuestiona la comunicación que su interlocutor sostuvo con José Korki López Arreaga, uno de los cuatro ex miembros de la Dirección de Investigación Criminal (Dinc) asesinados y quien fue involucrado en la muerte de los congresistas.
“Explicame si ellos encontraron la droga. Korki te llamó a las 12:00 horas (el día que ocurrieron los crímenes) ¿Qué te dijeron cuando estaban dando el golpe en el kilómetro 25 (carretera a El Salvador) donde estaban desmantelando el carro?”, pregunta insistente Figueroa. Su interlocutor le responde que, aunque habló con López Arreaga ese día, este no le dijo nada al respecto.
En otro audio se escucha una conversación telefónica entre una persona con acento extranjero y alguien identificado como José. “Para topar a los diputados ya tienen gente en Jalpatagua… ellos estarán pendientes, quiero que Javier (Figueroa) esté controlando a dónde traen esa droga. No hay que dejar rastros porque sería perjudicial”. La voz también menciona que el plan para la detención de los congresistas sería coordinado por un comisario salvadoreño, identificado como Jorge, y un miembro de la embajada de ese país en Guatemala, vinculado al área de seguridad.
Según Castillo, la voz del “comisario salvadoreño” corresponde a la de Raymond Campos o Michael Campos, de la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Además, en los vídeos aparecen también José Benítez, ex asesor del Ministerio de Gobernación muerto a balazos el 26 de junio junto a su hermano, y Fernando Papini, un trabajador de la embajada salvadoreña en Guatemala.
La misión diplomática estadounidense respondió a las acusaciones en un comunicado el mismo martes por la noche: “Las grabaciones que supuestamente involucran a personal de la Embajada de los Estados Unidos en el caso del asesinato en 2007 de miembros del Parlacen, son una obvia fabricación que no tiene ninguna credibilidad. Esperaríamos que las autoridades guatemaltecas y los medios de comunicación reconocieran inmediatamente la falsedad de estas grabaciones.”
En el caso salvadoreño, la vicecanciller Margarita de Escobar explicó que Papini es Ministro Consejero en la misión diplomática en Guatemala y que “la valoración de estas supuestas pruebas son de exclusiva competencia de las autoridades guatemaltecas y de la fiscalía de Guatemala”. Según de Escobar, ella no había visto los vídeos y no puede especular sobre una situación tan delicada. “Debo respetar la autoridad competente”.
El fiscal Matus, quien aparece también en una de las evidencias, dijo que admitía una conversación con otro personaje, aunque del resto de audios o videos no pudo dar fe. “No sé por qué un día después de la muerte de Juan Carlos Martínez Gutiérrez, fiscal guatemalteco, se presenta esta información. Vamos a analizarla y a verificar su veracidad”, sostuvo.
En El Salvador, Félix Garried Safie, Fiscal General, aseguró que no se puede acreditar ni desacreditar las pruebas pero que había ciertas conexiones que no quedan claras y garantizó que no hay evidencias que vinculen a salvadoreños en el caso.
“Es muy temprano para tener todo claro. No sabemos realmente cómo llegan los vídeos a manos del hermano de Manolillo y por qué. No se sabe cuál es el propósito de presentar esto. Misteriosamente ocurre después de que un jurado declara libres a los pandilleros, y especialmente tras el asesinato un fiscal clave en la investigación”, dijo.
Un nuevo asesinato
La presentación de los vídeos fue el segundo hecho relevante alrededor del caso de los diputados salvadoreños. El primero sucedió el lunes pasado, cuando desconocidos asesinaron al fiscal guatemalteco Juan Carlos Martínez Gutiérrez a inmediaciones de la aldea El Jocotillo, Oratorio, Santa Rosa, Guatemala.
Según la información del Ministerio Público guatemalteco, un carro tipo sedán se le cruzó sobre la carretera, seis hombres portando armas 9 mm descendieron del mismo y le dispararon. Martínez Gutiérrez recibió cinco disparos. “Testigos del hecho indicaron que el carro que participó en el asesinato de Martínez había rondado la vivienda de la víctima desde el domingo”, reporta el diario El Periódico.
Martínez investigó la muerte de cuatro policías en El Boquerón vinculados al caso de los parlamentarios salvadoreños y el asesinato del ex asesor policial venezolano Víctor Rivera, alias “Zacarías”; y participó en la captura de nueve integrantes del concejo local de Jutiapa por haberle dado posesión de forma anómala a al ex diputado prófugo Manuel Castillo.
Según Álvaro Matus, jefe de la unidad de vida de la Fiscalía guatemalteca, el fiscal aseguró haber recibido amenazas de muerte de parte de algunos miembros del concejo de Jutiapa. “A él se le había sugerido seguridad pero nunca la quiso”, señaló Juan Luis Florido, fiscal general.
El presidente de la República Antonio Saca lamentó el asesinato del fiscal guatemalteco al tiempo que aseguró que existe una mafia que quiere ocultar la verdad de los hechos, en referencia al asesinato de los diputados salvadoreños. “Estamos hablando de grandes ligas, aquí estamos hablando de poderosos cárteles de la droga, que están haciendo todo lo posible porque no se conozca la verdad”, dijo el primer mandatario.
(*) Con información de El Periódico de Guatemala.
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