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“Recuerdo que estábamos nadando en una piscina y él estaba tocando mis partes íntimas debajo del agua. Lo recuerdo besando mucho a mi hermana en sus labios. Eso era repugnante”. Esta es la declaración de Gina Marcela Miranda con la cual el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) pidió este martes a la Fiscalía General de la República que reabra el caso de Katya Miranda, la niña violada y asesinada en la playa Los Blancos, La Paz, hace nueve años. Este extracto de la declaración que la menor –hoy de 17 años- dio el 17 de octubre de 2006 a su terapeuta sicológica en Estados Unidos, fue acompañado además con la petición del IDHUCA para que la Fiscalía vuelva a entrevistar a seis familiares de la víctima que hace nueve años rindieron un testimonio que vendría a corroborar la versión de la menor, y con el cual se vincula a Edwin Miranda, padre de las niñas, como posible autor material del crimen. “Pedimos a la Fiscalía que reabra el caso y acuse a Edwin Miranda como autor de la violación y asesinato de Katya. Para que acuse a Carlos Miranda de cómplice y por fraude procesal y a los dos mozos por encubrimiento”, dijo el abogado del caso, Roberto Burgos. Carlos es el padre de Edwin, y hasta ahora han quedaron fuera de toda responsabilidad según las investigaciones. El 4 de abril de 1999, Katya Miranda fue sacada de la tienda de campaña en la cual dormía junto a Gina Marcela. Fue conducida a la playa frente al rancho de su abuelo, donde la violaron y posteriomente la asesinaron. Meses después del asesinato, la FGR, conducida en ese entonces por Belisario Artiga, acusó al abuelo Carlos Miranda por el crimen, a los dos mozos (Luis Alonso López y Francisco Ramos) por encubrimiento y a Edwin Miranda por abandono. Tras ocho meses de juicio, todos los acusados fueron sobreseídos por falta de pruebas. En el rancho, además de las hermanas Miranda, su padre, su abuelo y los dos mozos, también estaban otros seis parientes adultos, incluido el capitán Godofredo Miranda, entones subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil y hoy director de la División Antinarcóticos de la institución. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. En el juicio, los familiares de la víctima se avocaron a las versiones que el abuelo de la niña dio en repetidas ocasiones: o fueron mareros que entraron a la propiedad sin ser vistos, o un delincuente contratado por un enemigo del abuelo que roció un “spray adormecedor” que afectó a todos. Con el caso cerrado, el IDHUCA y la madre de la menor han solicitado en dos ocasiones la reapertura. En la primera, en abril de 2003, la petición se presentó con 20 mil firmas de apoyo al fiscal adjunto de derechos humanos, Pedro Ávalos Laguardia. En la segunda, en mayo de 2007, 8 mil firmas acompañaron una carta enviada desde Estados Unidos por Hilda María Jiménez. La de este martes es la tercera petición.
“Nunca se ha visto que un fiscal general pida pruebas a las víctimas para investigar un crimen. Nunca se ha visto una institución tan ineficiente como esta que apoya la impunidad y la falta de justicia para las víctimas. Pero estamos aquí, presentando nuevas pruebas, porque queremos colaborar con el señor fiscal para que en este caso haya justicia”, dijo Benjamín Cuellar, director del IDHUCA frente a las instalaciones de la Fiscalía. El acto fue acompañado por una batucada, alrededor de 100 estudiantes del colegio Sagrado Corazón y la directora del mismo, Nydia Ramos –donde estudiaba Katya-, representantes de la Iglesia Emmanuel, de la Concertación Feminista Prudencia Ayala, de la Defensoría de la Niñez y por la tía de Katya, Ana Emma Jiménez “Esta Fiscalía debe mandar un mensaje a la sociedad de que no está al lado de la impunidad y que defiende los derechos de la niñez. Mi sobrina representa eso, una niñez que aún no encuentra protección”, dijo Jiménez. “Qué lástima que el señor Fiscal no piense así y ni siquiera tenga la dignidad de recibirnos”, añadió. El IDHUCA esperaba entregar personalmente esta petición al Fiscal General, pero en su defecto le tocó hacerlo en la ventanilla número 1 de la recepción de denuncias. Según la oficina de prensa de la institución, Safie no estaba en su oficina porque fue invitado a una reunión con el embajador de Taiwán en El Salvador.
Hace un mes, en el marco del noveno aniversario del crimen, Safie dio escuetas declaraciones en donde planteó que no podía opinar sobre el caso debido a que no conocía “la nueva información” de la que el IDHUCA y la madre de Katya Miranda, Hilda María Jiménez, hablaban. El Faro pidió una entrevista con el fiscal, pero aún no ha habido respuesta. En una entrevista con El Faro, Benjamín Cuéllar y la madre de Katya acusaron hace seis semanas por primera vez a Edwin Miranda, el padre de Katya, por la violación y asesinato de la niña. El IDHUCA y la madre de la menor apelaron en esa ocasión a las posibles declaraciones que Gina Marcela pudiera dar en un futuro. “Lo que ella dijo (Gina Marcela) en una reunión es que yo no me sienta defraudada, desilusionada; que la lucha de su madre no ha sido en vano y que tarde o temprano se sabrá la verdad. Tal vez ella esperó que lo hiciera un adulto, pero ninguno tiene esa capacidad, o esa valentía suficiente”, dijo Hilda María Jiménez. Ahora la primera declaración de Gina Marcela aparece recogida en una petición que consta de cinco páginas y en donde se le solicita al fiscal que también pida declaraciones a la terapeuta de la niña, al ex fiscal general, Belisario Artiga, y a los miembros de la familia que declararon haber visto lo mismo que cuenta Gina Marcela ante Artiga el 18 de enero de 2000. Estas personas son Godofredo Miranda, su esposa, Doris, Jorge Alberto Miranda Martínez, Rebeca de Miranda, Tito Livio Recinos y Yanira de Recinos Miranda. Los testimonios de estos familiares no fueron incluidos en el requerimiento fiscal realizado hace nueve años.
El IDHUCA también ha solicitado al fiscal que se interrogue a René Lobo, un testigo que podría aportar elementos sobre el incendio de la casa de Carlos Miranda –abuelo de la víctima- ocurrido la noche del 31 de diciembre de 1999. En ese incendio desapareció la tienda de campaña en donde dormían las dos hermanas. Hace un mes, y a la luz de la supuesta nueva información, Hilda María Jiménez dijo estar convencida de que el verdadero responsable del crimen contra su hija fue el mismo padre de la menor, Edwin Miranda. Para la madre de Katya, el rompecabezas está completo y es hora de hacer justicia. Cuando se le preguntó si Gina Marcela –que dormía junto a Katya- vio quién sacó a su hermana de la tienda de campaña antes de que fuera asesinada, la madre respondió: “No le puedo decir porque no tengo esa información. Cuando ella declare, si ella vio quién la sacó, ella lo va a decir, y lo dirá ante las autoridades correspondientes. Y le digo, desde ya, aquí hay una denuncia contra Edwin Miranda. Que se prepare”. A partir de este día, a la Fiscalía le quedan 46 semanas para esclarecer este crimen y encontrar a los culpables antes de que el caso prescriba. El IDHUCA, además de la petición, presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de interpelación contra el fiscal, por la falta de investigación del caso durante su gestión. Vea además
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Publicadas el 31 de marzo de 2008 - El Faro
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