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En la cocina las reglas de la nueva dieta

El llamado a ahorrar hecho desde Casa Presidencial ha pasado a preparación. Las primeras medidas están vigentes desde inicios de año y pretenden reducir en 15 millones de dólares el gasto del Ejecutivo. A finales de mayo se conocerá el monto global a reducirse producto de los planes que presenten todas las dependencias.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 12 de mayo de 2008 - El Faro

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El Ejecutivo anunció el lunes pasado un nuevo plan de austeridad enfocado a obtener más fondos que serán destinados al gasto social. El presidente de la República, Antonio Saca, hizo pública  la política de austeridad del Ejecutivo, un decreto aprobado previamente por el Consejo de Ministros, que tendría como objetivo “hacer un máximo ahorro de los gastos del Estado”. Así, dijo el presidente, la austeridad del gobierno central, la que describió como “una práctica cotidiana del Órgano Ejecutivo”, será mayor.

Algunas de las medidas

Congelamientos de plazas y contrataciones, así como la suspensión de cualquier incremento y nivelación de salarios, inclusive con Fondos de Actividades Especiales. La contratación se permitirá sólo para personal médico, paramédico, servicio exterior y de seguridad pública.

Evitar el pago de horas extras. De ser necesarias estas, serán canceladas con licencias con goce de sueldo. También se suspenden los pagos de complementos salariales (bonos, viáticos de combustible o alimentación, gratificaciones y otros).

Se suspende la compra de alimentos, bebidas y refrigerios, con excepción de café, azúcar y agua purificada. De igual forma, se suspenderá la compra de uniformes deportivos y prendas promocionales y publicitarias.

El abastecimiento de combustible se hará con base en el kilometraje a recorrer en las misiones oficiales asignadas. Al finalizar la jornada, salvo casos con permiso especial, los vehículos permanecerán en las instalaciones de la institución a los que han sido asignados.

Compra estricta de la cantidad de material y papelería de oficina para el normal desarrollo de sus labores.

Suspensión de participación de directores en general, ejecutivos y demás empleados públicos en congresos, seminarios y eventos similares financiados por el Estado.

Restricción de llamadas particulares, internacionales y a teléfonos celulares. Limitar el número y uso de teléfonos celulares asignados al personal hasta un máximo de 30 dólares de consumo.

Se suspenden el financiamiento con fondos públicos de eventos sociales y celebraciones; así como de gastos afines (tarjetas, canastas navideñas, artículos promocionales, agendas y regalos).

La necesidad de capacitaciones se hará con personal interno de cada institución y utilizando instalaciones propias o solicitando apoyo interinstitucional.

“Ningún ministerio paraliza actividades, ningún ministerio deja de hacer lo que le corresponde, simple y sencillamente vamos al ahorro en gastos innecesarios, creo que eso, eso es una cosa muy importante para el Órgano Ejecutivo”, aseguró Saca, quien luego describió estos gastos como aquellos que no reporten algún beneficio para la población. El presidente ordenó, entre otras cosas, al Consejo de Ministros la suspensión de nuevas contrataciones y promover la compra conjunta de bienes y servicios.

Cuestionado por los periodistas, Saca también habló que se podría haber bajas en las partidas de publicidad y propaganda; además de “reducir cualquier viaje al exterior”. Un día después, tras defender lo que llamó una obligación constitucional de informar, aseguró que  habló con el secretario técnico, Eduardo Ayala Grimaldi, sobre la posibilidad de suspender viajes no necesarios de ministros y viceministros.

El gobernante también considera que se debe de reducir el tamaño de las delegaciones que van a las viajes gubernamentales y se debe de evitar gatos superfluos en estas misiones
la necesidad de la presidencia de “informar” a la población salvadoreña lo que se ha hecho en el último año de gestión Saca

Las medidas anunciadas se suman a las de la Política de Ahorro del Sector Público 2008, tomadas en el Decreto Ejecutivo 14 del 28 de enero de 2008, que reduciría el presupuesto del Ejecutivo en unos 15 millones de dólares.  El decreto autoriza al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Presupuesto, congelar el 10 por ciento de la asignación presupuestaria del Órgano Ejecutivo del rubro de Bienes y Servicios destinados para el gasto corriente.

Adicionalmente a este monto, la orden presidencial es reducir los gastos en otras áreas administrativas del Ejecutivo así como en instituciones autónomas nombradas por la presidencia. Para ello, todas las instituciones del Ejecutivo y autónomas tienen hasta finales de mayo para preparar “un plan detallado de las áreas en las cuales pretenden generar un recorte adicional al 10 por ciento” y enviarlo al Ministerio de Hacienda. “Con esto vamos a saber cuál es el segundo eje del ahorro total que nos está dejando esta política impulsada por el Ejecutivo y todos estos recursos van a ser orientados a áreas sociales”, sostuvo el viceministro de Hacienda Rafael Mercado.

El Ministerio de Hacienda quedó autorizado para reorientar los ahorros en función de “necesidades urgentes”, especialmente de los alimentos. “En ningún momento se afectarán los planes sociales”, aseguró Mercado, refiriéndose a que se mantiene programas como Red Solidaria y Fosalud. Además, se incluye un mayor apoyo al plan presidencial de semilla mejorada y el aumento en la cobertura del plan Escuela Saludable, con un costo adicional de cinco millones de dólares anuales.

Según el presidente, el presupuesto general de 2008 está orientado básicamente a la parte social, donde se pretenden invertir unos 700 millones de dólares, y estas medidas reforzaran ese monto. “Lo que nos interesa es acelerar, básicamente la inversión en esas áreas”, sostuvo Saca.

Un ahorro mínimo

De inmediato surgen voces que avalan la decisión presidencial, pero a la vez le piden que sea más audaz. “La decisión que toma el presidente es un buen mensaje, pero el ahorro que se tendrá  difícilmente llega al uno por ciento del gasto corriente en el presupuesto”, adelanta Héctor Vidal, economista. “Es una cifra muy pequeña en términos de valores absolutos.”

Ese ahorro mínimo, aún con la solicitud de Saca de que se busquen ahorros en otros rubros del presupuesto, también es preocupante para Luis Membreño, economista y empresario. “Cualquier medida que tienda al ahorro es positiva, pero se tendría que hacer mucho más en el presupuesto para ver un verdadero ahorro”, sostuvo. El gobierno central debería enfocarse en un verdadero esfuerzo de focalización de los subsidios estatales a la energía eléctrica y gas propano, por ejemplo, como una medida real de ahorro ante la escalada del precio internacional del petróleo.

“Sólo en electricidad hablamos de 120 millones de dólares. ¿Cuánto podríamos obtener si se focaliza este subsidio? Por el otro lado, si esto no se hace se corre el riesgo que el Estado siga asumiendo mayores desembolsos a futuro”, sostuvo Membreño. Vidal hace hincapié en el subsidio al gas propano: “El presidente Saca dice que son 700 mil familias que se benefician con el subsidio, la pregunta es si todas ellas necesitan estar subsidiadas o no”.

Según Vidal y Membreño, una política de austeridad debería estar enfocada en cambios estructurales en la administración y en el manejo de los fondos del Estado más que una llamada de emergencia al ahorro. “Hablamos de bajar realmente los gastos innecesarios como la propaganda; los viajes; la mala planificación de obras que terminan costando más a los ciudadanos; y el uso indiscriminado y abusivo de los bienes públicos”, sostiene Vidal, quien destaca que ese “problema” toca a todos los Órganos del Estado, alcaldías e instituciones autónomas y semiautónomas.

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