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Gastos fantasmas en directiva de Asamblea

Sobreprecios y gastos monumentales en tintas para impresor y en golosinas sobresalen en el plan de compras de 2008 para las oficinas de los directivos de la Asamblea Legislativa. Algunos de ellos se rehúsan a buscar explicaciones a la adquisición de memorias USB hasta 23 veces más caras que el precio de mercado, y otros creen que hay que investigar. En lo que todos coinciden es en que ellos no han solicitado esos productos. Eso apunta los índices hacia la Gerencia de Finanzas, que por toda respuesta dice que el informe a que tuvo acceso El Faro es secreto.

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Si usted quiere comprar una memoria extraíble de un gigabyte de capacidad puede remitirse a las ofertas que aparecen todos los días en los periódicos. ¿El costo? Entre 8 y 25 dólares. Pero si usted es el presidente de la Asamblea Legislativa y la comprará con fondos del Estado, aliste hasta 23 veces más dinero que el del precio de mercado.

Así lo refleja el plan de compras de la Asamblea, en un documento del que nadie en el parlamento quiere dar razones, y que detalla el plan de gastos de cada una de las oficinas de los 10 directivos para 2008. En las 49 páginas del informe de compras programadas para las oficinas de los 10 directivos se incluyen desde jabón líquido especial y cera para pulir autos, hasta 48 cartuchos de tinta para impresor por un costo de casi 30,000 dólares, pasando por papel de regalo y “aparatos para carro”.

Rubén Orellana, diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y presidente de la Asamblea Legislativa, se rehúsa a explicar por qué su oficina tiene previsto comprar este año 12 memorias extraíbles de un gigabyte de capacidad, seis de ellas a 30 dólares cada una y las otras seis a 215.67 dólares. A esa misma oficina aparece atribuida la compra mensual de centenares -centenares- de unidades de agua embotellada y de galletas dulces.

Según el reglamento interior del parlamento, son los directivos los responsables de elaborar el presupuesto, bajo los criterios de eficiencia, racionalidad y transparencia. Sorprende entonces cuando Orellana no ve problema en que para su oficina se haya solicitado la adquisición de dos memorias extraíbles de 512 KB, con un costo de 84.51 dólares y que no pasan de 10 dólares en el mercado.

Por el contrario, esas diferencias de precios sí espantan a otros directivos, como Rodolfo Parker, Rafael Machuca y Antonio Almendáriz. “Son dos cosas distintas a precios distintos… aquí, qué bueno que lo hayás encontrado vos porque este es un problema de control interno”, diagnostica Machuca, vicepresidente de la directiva y que también es del PCN. Otro pecenista es Almendáriz, que también tiene el gafete de secretario. “Es muy caro comprar una memoria USB a 30 dólares”, dice cuando se le pregunta cómo le parece ese precio. Pero su perplejidad aumenta cuando mira los precios de las otras seis unidades. “¡Epa, cada una!”, se sorprende al mirar más de 200 dólares por cada una. “Eso está extraño, a no ser que no sea una memoria USB de un gigabyte sino que algo que tenga otras propiedades... si no es así y se compró a ese precio, es exagerado”.

Orellana, sin embargo, no muestra mayor interés. Trata el asunto como si el dinero no fuera de él, que, para qué nos engañamos, así es: “Eso es algo que tiene que ver la gente que está encargada de compras… hay un encargado de hacer el presupuesto y nosotros como junta directiva solo lo revisamos”, responde.

El presidente de la Asamblea hace referencia al artículo 145 del Reglamento Interior en el que se asegura que la gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de “administrar los bienes materiales y financieros” de conformidad con las normas establecidas y al manual de procedimientos administrativos. Pero eso solo es parte de la verdad.

El desglose de los gastos de todas las gerencias, grupos parlamentarios, unidades y de las 10 oficinas de los miembros de la Junta Directiva se incluye en el “Presupuesto consolidado por específico” y en el “Plan de compras consolidado”, un documento que se maneja “internamente” y que, en boca de la gerente de Administración y Finanzas, Gloria Elsa de Arias, no tiene por qué ser público aunque sea construido con base en la disponibilidad de fondos de las arcas del Estado. Así, la Junta Directiva parece desconocer que el trabajo en sus oficinas, desde los gastos de alimentación hasta la compra de papelería y equipo informático, costaría alrededor de 114 mil dólares este año.

“Ningún diputado tiene acceso a ese documento”, aseguró Arias, segundos antes de exigir a El Faro que explicara quién y por qué se tenía una copia del mismo. Cuando habla de “ningún diputado”, hace referencia hasta a los mismos directivos que son los encargados de formular el presupuesto de la Asamblea. “Dígame de dónde lo sacó”, insistió. “¿Quién se lo dio? Porque ningún diputado tiene ese documento… ese es un documento interno y que no tiene por qué ser público”

Por alguna razón, la funcionaria piensa que la información sobre cómo los directivos gastan el dinero de la gente no tiene que ser pública. En lo que sí acierta, al parecer, es en que ni siquiera los directivos tienen conocimiento del proyecto de gastos. Al menos dicen no conocerlo los seis miembros de la Junta Directiva cuestionados por El Faro. Incluso, Zoila Quijada, diputada del FMLN y una de las dos personas de la directiva que autorizan los cheques del parlamento, aseguró que no existe un presupuesto asignado a las oficinas de los directivos. “No voy a dar declaraciones porque no conozco el documento del que me habla”, advierte Quijada y se marcha sin decir más. Entre sus manos, sin embargo, lleva las cuatro páginas que detallan las compras que están programadas para su oficina en 2008, que suman 5 mil 210.80 dólares y que incluye la compra de 96 ejemplares de la Constitución de la República, con un costo de 48 dólares, y dos pizarras acrílicas. Esto tal vez no llamaría mucho la atención si no fuera porque están en el rubro de “materiales agropecuarios y forestales”.

“Soy diputado, no contador”

La elaboración del presupuesto de la Asamblea Legislativa es una incógnita para la mayoría de los diputados, aunque la Constitución sostiene que nadie -se supondría que menos excusa tienen quienes hacen las leyes- puede alegar ignorancia de la ley. El problema, sin embargo, no se limita a la ignorancia, sino a que aparentemente los directivos se sienten muy cómodos en su rol de administradores que dejan hacer y dejan pasar.

Según el Reglamento Interior del parlamento, la Junta Directiva es la encargada de hacer el presupuesto legislativo y luego someterlo “a consideración de la Asamblea, para su discusión y aprobación”. El artículo 150 del Reglamento establece que lo hará de acuerdo con los principios de eficiencia, racionalidad y transparencia. Para ello, los diputados recibirán las propuestas de gastos e inversiones de los gerentes y jefes de cada unidad de la Asamblea. Este paquete de presupuestos desglosados tendría que ser presentados a los coordinadores de los grupos parlamentarios, quienes podrán presentar sus observaciones y propuestas. Orellana, entonces, tiene parte de razón, pero no puede alegar que no es su obligación velar por la racionalidad y eficiencia del presupuesto.

En la práctica, la Junta Directiva en pleno no participa de la elaboración del mismo sino una comisión integrada por los cuatro vicepresidentes –Rafael Macucha, del PCN; Roberto Lorenzana, del FMLN; Rolando Alvarenga, de Arena; y Rodolfo Parker, del PDC- y tres jefes del área administrativa, incluyendo a Arias. “La proyección de gastos se hace tomando el dato del año anterior y con base en eso, y las necesidades que puedan haber, se compra lo mismo. Lo único que se proyecta es el posible incremento”, explica Almendáriz.
 
Así, la directiva se encarga solamente de revisarlo. ¿En qué consiste esa revisión? “En líneas gruesas”, admite Parker y continúa: “En él se puede contener, por ejemplos, mobiliario y equipo por una cantidad genérica y eso es lo que uno aprueba.” Ya concluida la fase de formulación y elaborado el proyecto, el presupuesto es mandado al Presidente de la República, para el sólo efecto de garantizar la existencia de los fondos necesarios para su financiamiento. Completado el trámite, el proyecto de presupuesto es presentado a consideración de la Asamblea en pleno para su aprobación.

Para este año, según una reforma del 29 de noviembre de 2007, el presupuesto no fue detallado al pleno y fue aprobado sin discusión alguna. Incluso, la Junta Directiva estimó que el mismo tampoco tenía que bajar a la Comisión de Hacienda porque la ley no establece que se haga de esa manera. Así, la directiva de la Asamblea mostró públicamente que es la única institución de gobierno, incluyendo las autónomas y las alcaldías, que elaboran su propio presupuesto y Ley de Salarios, y lo aprueban sin restricción alguna y sin conocer el detalle de lo que se gastará.

“En la Junta Directiva no llegamos al detalle. Cuando se aprueba el presupuesto se hace en una forma global. Por desgracia, además de nuestras obligaciones de administrar la Asamblea Legislativa tenemos que estar en comisiones de trabajo y otras cosas”, se excusa Almendáriz.

Ninguno parece extremadamente interesado en averiguar qué ha sucedido y mucho menos en indagar responsabilidades. Ninguno parece molesto ni mucho menos indignado por algunas compras previstas que aparentemente no tienen justificación alguna. Como los mil 14 pliegos de papel especial para impresor pedidos para la oficina de Machuca. Al contrario, sus palabras suenan a deseo de evadir responsabilidades y cambiar de tema. “Yo soy vicepresidente y tengo otras responsabilidades en otras comisiones legislativas… hay gente que tiene que revisar todos los numeritos. Soy diputado y vicepresidente de la Asamblea, no contador”, se justifica Machuca, uno de los encargados de “revisar” el presupuesto antes de su aprobación. “Obviamente hay que buscar una explicación y ahora que lo sabemos, hay que solicitarla a la gente que hace el presupuesto”, matiza después.

Dicen que error de dedo

Entre esos numeritos estaba la compra de 48 cartuchos de tinta para una impresora HP C 9634, con un costo unitario de 604.80 dólares, para la oficina del entonces secretario Norman Quijano, que hoy es candidato a alcalde por Arena. La Asamblea destinará más de 29 mil dólares -¡29 mil 30.40 dólares!- sólo para la tinta de una impresora. Y en la oficina de Machuca se gastará más de 5 mil dólares en tintas para otra impresora.

“Eso es mucho para una oficina. Es algo exagerado y debe de haber una explicación que se tiene que hacer pública”, sostiene Almendáriz, quien asume el compromiso de indagar qué ha ocurrido.

Roberto d´Aubuisson, secretario de la directiva por Arena y sustituto de Quijano, sí admite meteduras de pata francas. Asegura que el alto costo de las tintas es producto de una mala decisión administrativa que se tomó dos legislaturas anteriores cuando se optó por comprar impresoras de inyección de tinta. “Se recomendó comprar impresores de tinta por ser baratos. Pero el cambio de tinta te sale tan caro, sobre todo si es a colores, como comprarlo nuevo”, analiza.

Sin embargo, D´Aubuisson no encuentra explicación para el alto costo de los cartuchos que estaban designados a su oficina y asegura que “desde que yo llegué (a la secretaría) no he comprado ni un simple cartucho de tinta en mi área. No he comprado ni siquiera un cartucho de tinta y tengo ahorita el impresor que ni funciona”.

Machuca tiene su propia explicación. Según él, efectivamente se tiene una impresora especial que se utiliza para “producir material especial” para todas las unidades de la Asamblea Legislativa. “Es el único equipo que existe y que está asignado a mi oficina. Entonces, el papel y el tóner lo han cargado a mi oficina porque ahí está físicamente. Si me preguntas cuántas copias he sacado para mí, ninguna. Pero es una manera de evitar dispersión de equipos y recursos”.

Más allá, para D´Aubuisson el plan de compras representa solo una proyección de los gastos y no lo que realmente se gastará. “Se puede haber hecho un error de una mala proyección presupuestaria… lo que sí te puedo decir es que esto no es lo que se está ocupando en mi unidad, ni por cerca”, dice; asegura que desde su entrada a la directiva se propuso la reducción de gastos y que ya había solicitado una explicación sobre el alto costo de los cartuchos de tinta. Mientras tanto, Arias, la gerente, intentaba encontrar una explicación mientras sale del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. “Puede ser un error de dedo”, se le ocurrió decir, a propósito de los 29 mil dólares en tinta para la oficina de D´Aubuisson. ¿No habría un descuadre? “No, no creo… pero igual no le puedo dar información sobre eso porque no es de carácter público”.

Entre esos errores se encuentran la compra de un impresor matricial para planillas de 1 mil 500 dólares proyectado en las cuentas de la oficina del vicepresidente Lorenzana, del FMLN, que, según la hoja de requerimientos presentada a la gerencia de Administración y Finanzas por el personal del diputado, nunca se solicitó.

D´Abuisson se comprometa a revisar la ejecución del presupuesto en los primeros tres meses, comparando el plan de gastos de la Junta Directiva contra las facturas de lo comprado, y hacerlo público. “Gasto es lo consumido. Y estos datos que me mostrás no es lo consumido, sino sólo lo que está proyectado y no necesariamente es lo que se gastará. Te repito que desde que llegué a la directiva estamos trabajando en planes para bajar los gastos innecesarios”, dice, intentando concluir la conversación.

Error de dedo o mala proyección, Almendariz ve más allá y asegura que el problema de inflar gastos en un plan de compras resta fondos a otras áreas del gasto estatal. “No sólo hablamos de dejar sin fondos a otras unidades de la Asamblea Legislativa, sino de un dinero que está apartado para nosotros que se pudo haber destinado para áreas de inversión social, de salud o alimentación, más ahora que estamos viendo esta crisis mundial. Ese es el verdadero problema”, sostiene.

D´Aubuisson promete cambios para buscar eficiencia. Esa eficiencia y racionalidad en el gasto a que los obliga la misma ley interna de la Asamblea y que tiene sin cuidado a los directivos responsables de conocer y avalar las compras legislativas.

Las cuentas de la Directiva
A continuación, los gastos proyectados en el plan de compras de las 10 oficinas de los directivos de la Asamblea Legislativa.

Fuente: Elaboración propia con base al Presupuesto Consolidad por Específico y el Plan de Compras Consolidad por Específico de la Asamblea Legislativa del ejercicio 2008.

El súper de la Directiva
A continuación, los gastos proyectados en el plan de compras para productos alimenticios de las 10 oficinas de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para el año 2008.

Fuente: Elaboración propia con base al Presupuesto Consolidad por Específico y el Plan de Compras Consolidad por Específico de la Asamblea Legislativa del ejercicio 2008.

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