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“El Salvador es uno de los gobiernos
con peor récord en derechos humanos”

Esta abogada argentina ha llevado con éxito a El Salvador ante la justicia internacional para que responda por violaciones a los derechos humanos. Como directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) esta semana estuvo en El Salvador para participar en una actividad conmemorativa de los 15 años del informe de la Comisión de la Verdad. Una maestría en Stanford y otra en Harvard son parte de su currículo, que también incluye haber logrado una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador por falta de justicia en la desaparición de las hermanas Serrano. Cejil se ha querellado contra El Salvador al menos en otros cinco casos aún están pendientes en el sistema de la OEA. Krsticevic rechaza el argumento de que investigar asesinatos y desapariciones ocurridos en los 80s sea reabrir heridas y esboza lo que ella espera que ocurra a los responsables de crímenes durante la guerra salvadoreña: “El destino que les corresponde y que esperemos que inexorablemente les llegue es una investigación plena y una sanción efectiva por ese tipo de atrocidades.”

Ricardo Vaquerano
cartas@elfaro.net
Publicada el 28 de abril de 2008 - El Faro

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¿Cuán sólido es el sistema interamericano para responder a la búsqueda de justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos?
Bueno, el sistema interamericano tiene pocos recursos económicos, y entonces no ha hecho todo lo que hubiera querido hacer. Es un sistema muy pequeño, muchísimo más pequeño que los sistemas judiciales de muchos de nuestros países y, sin embargo, tiene responsabilidades de supervisión de una buena parte de las Américas, en virtud de las potestades que libremente aceptaron los estados y le dieron a la Corte Interamericana por la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano ha respondido muy fuertemente a las víctimas. Mire, solamente en casos que litigó Cejil en los últimos dos años, la Corte Interamericana ha otorgado $22 millones a más de 1,000 víctimas. En la Corte Interamericana ha permitido que se revierta la impunidad en cientos de casos de violaciones a derechos humanos al establecer que leyes de amnistía carecían de efecto.

¿Y en qué incide esa limitación económica?
En que no tiene la posibilidad de evacuar el suficiente número de casos.

Cejil, entonces, se convierte en un organismo de apoyo importante.
Bueno, Cejil juega un papel importante como representante de víctimas de graves violaciones de derechos humanos ante el sistema interamericano. Nosotros representamos a víctimas y hacemos equipo y trabajamos codo a codo con organizaciones de derechos humanos a nivel local, con algunas procuradurías o defensorías de los habitantes y abogados particulares que litigan casos ante la Comisión y ante la Corte. Nosotros somos representantes en este momento de alrededor de 12,000 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en 25 estados.

Cejil está querellando en unos cinco casos contra El Salvador...
Son varios casos que tienen que ver con desaparición de niños en la guerra, algunos casos que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos en el conflicto y casos de violencia postconflicto. Acompañamos los casos de las hermanitas Serrano, de monseñor Romero, de los jesuitas, de García Prieto, de El Mozote...

¿Y cuán chico malo o chico bueno es El Salvador en derechos humanos en la región?
El Salvador es uno de los gobiernos democráticos de la región con peor récord en el sistema interamericano. Creo que las respuestas del gobierno de El Salvador frente al sistema internacional han sido deficientes y poco apegadas a lo que debería ser una política razonable de derechos humanos por parte de un gobierno democrático.

¿Por qué clasifica a El Salvador como uno de los que tienen peor récord?
¿Por qué digo alto tan fuerte? El gobierno salvadoreño, por ejemplo en el caso de las hermanistas Serrano, negó la existencia de la víctima. No es inédito, pero pocas veces se ve eso.

15 años después de la verdad

El Informe de la Comisión de la Verdad es una hoja de ruta para la protección de los Derechos Humanos y para la consolidación de la democracia en El Salvador que debió haber servido para establecer un horizonte y caminar hacía él. Esta es una de las consideraciones que realizó Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), durante su participación en el foro organizado por el IDHUCA “¿Cerca de la locura? ¿Lejos de la esperanza? A quince años de la Comisión de la Verdad”. Radio El Faro.Net preguntó a los tres ponentes del foro qué tan cerca de la locura o qué tan lejos de la esperanza está El Salvador. A continuación escuche sus respuestas: Viviana Krsticevic Michael Reed Hurtado Philippe Texier

¿A qué se refiere con que El Salvador negó la existencia de las víctimas?
El gobierno sostuvo que las niñas no existían, que era una fantasía que estábamos inventando. Sostuvo eso cuando ya otros órganos del Estado  habían reconocido la existencia de las niñas y lo sostuvo al inicio del caso ante la Corte. El caso ante el sistema interamericano tiene dos etapas: la etapa ante la Comisión Interamericana, que fueron varios años, y luego en la Corte. Negar la existencia de las víctimas es una estrategia jurídica muy inusual y muy irrespetuosa de los derechos de las víctimas. Al Estado salvadoreño le compete y al gobierno como representante del Estado ante el foro internacional, actuar no para defender a un perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos, sino para cumplir una función en la tutela de los derechos de sus habitantes. Aquí había dos niñas salvadoreñas que habían sido desaparecidas en el contexto del conflicto, y el Estado, en lugar de preguntarse qué ocurrió, cómo puedo hacer para solucionar esto, cuántos otros niños y niñas están en esta situación, qué falló, adopta la estrategia de decir que esto no existe y que las niñas son una fantasía.

Ese es solo un caso como para calificar así a un país...
Ese es un caso, pero El Salvador sigue con respuestas frente al sistema internacional que son no reconocer las consecuencias de no respetar su propia historia, de no respetar y reconocer lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué consecuencias tiene esto. Esto se manifiesta, por ejemplo, jurídicamente, en lo que se llama violación del derecho a la verdad, del derecho a la justicia y del derecho a la reparación. Pero en la práctica, de lo que se trata es de un Estado, de un Ejecutivo que trata de negar y olvidar situaciones muy graves que marcaron esta sociedad, como el asesinato de monseñor Romero, el asesinato de los jesuitas, la masacre de El Mozote y de no dar una respuesta adecuada ni a los ciudadanos a nivel interno ni al foro internacional sobre lo que son sus obligaciones para investigar y castigar estos hechos. Tampoco ha cumplido el Estado con las obligaciones que se derivan de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de las obligaciones internacionales en virtud de la Convención Interamericana de reparar a las víctimas. Aquí, desgraciadamente, no ha habido una política integral de reparación a las víctimas de los gravísimas violaciones a los derechos humanos. La brecha que hay entre los documentos internacionales ratificados y los compromisos cumplidos por El Salvador es grande.

¿Y qué lee Cejil como causa de esta conducta? Porque en otros países, como Argentina...
... Yo creo que la pregunta para El Salvador es cuáles son los obstáculos jurídicos y políticos que impiden que se avance en ese sentido. Yo, lo que puedo esbozar, como conocedora de la realidad pero como extranjera y con las limitaciones que eso implica, es que los sucesivos gobiernos de El Salvador, luego de los acuerdos de paz, han tenido muchísima dificultad en reconocer lo que ocurrió y en establecer la voluntad política de enmendar los yerros que se derivaron de las acciones cometidas por diversos actores del conflicto. Hay una grave falta de voluntad política y falta una política clara de compromiso con los temas nodales de derechos humanos. Creo que, en parte, se trata de una visión muy cortoplacista de algunos de los gobiernos, quizás porque existen ciertas luchas de poder y por poderes de hecho que no están dispuestos a que se digan las cosas que pasaron, a que se diga quién estuvo mal y quién estuvo bien y a que se establezca las consecuencias de eso para una persona o para un grupo de personas que matan niños, desaparecen niños y ejecutan a personas. El destino que les corresponde y que esperemos que inexorablemente les llegue es una investigación plena y una sanción efectiva por ese tipo de atrocidades. Y, en paralelo, a las personas que fueron perjudicadas por estas acciones les corresponde una reparación. Hay gente que perdió a sus padres, a sus hijos, y eso tuvo unas consecuencias tremendas de manera individual y de manera societaria. Y las democracias se construyen reconociendo el pasado y las cosas que se hicieron mal.

Los gobiernos salvadoreños han sostenido lo contrario: la inutilidad de “reabrir heridas”. ¿Qué argumentos oponen ustedes a esta tesis?
Mira, nosotros hemos seguido los procesos en muchos de los países de América Latina y hablamos desde esa experiencia y de la experiencia de un contacto muy cercano con víctimas y familiares. Las heridas están abiertas. No es un tema de reabrir heridas, es un tema de superar heridas y de construir una sociedad en la que todo el mundo sienta que tiene iguales derechos y que sienta que la justicia es para todos.

Alguien podría decir que se correría el riesgo de revictimizar.
La mayor parte de las víctimas y de los familiares piden justicia. Ese es un reclamo que, por lo menos en mi experiencia de trabajo y en la experiencia de muchos de los procesos de países muy diversos en la región, la gente quiere saber qué pasó, quiere que su verdad sea reconocida, que alguien le pida perdón y que se haga justicia. Las madres de los desaparecidos, las hermanas, viven y respiran por saber qué les pasó a sus hijos. Esas mujeres no van a estar tranquilas hasta saber dónde están los huesos de sus hijos. Es una reacción normal del amor que uno le tiene a sus familiares. Entonces esas heridas están abiertas y se van a cerrar con una respuesta del Estado que reconozca el dolor del otro y dignifique, no que le diga que quien desapareció no existió.

¿Cuáles son los criterios por los cuales Cejil decide querellarse contra un Estado X?
Nosotros litigamos casos que son paradigmáticos e ilustrativos de graves violaciones a derechos humanos en distintos países de la región y lo hacemos generalmente en representación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y acompañados por defensores y defensoras de derechos humanos a nivel local. Litigamos un amplio rango de violaciones a los derechos humanos. Litigamos casos de violencia contra la mujer, de libertad de expresión, de tierras de pueblos indígenas... En El Salvador una buena parte de nuestros casos todavía tiene que ver con las consecuencias de la deuda histórica del conflicto.

¿Qué espera Cejil de El Salvador?
Nosotros y muchos de los salvadoreños y salvadoreñas con quienes trabajamos queremos que el gobierno de El Salvador se comprometa con una política seria de derechos humanos, que incluya un respeto a los derechos de las víctimas y que se condiga con las recomendaciones de la comisión de la verdad y las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño.

Si El Salvador está mal en la región, ¿qué países están peor?
Es difícil establecer un ránking. Nosotros no lo hacemos. El Salvador no se ha involucrado en procesos de solución amistosa, que es una estrategia excelente para reconocer los problemas que una nación tiene. Por el contrario, El Salvador no ha siquiera explorado seriamente esa posibilidad. En el único caso en el que ha hecho algo parecido a una solución amistosa, de manera extemporánea, como una maniobra procesal -creo yo- para obstruir, fue en el caso de la viuda de García Prieto, a quien le dieron una cantidad de plata que parece bastante sustanciosa para que ella desistiera de su derecho y del derecho del niño a proseguir con el caso ante el sistema interamericano, a un costo económico muy alto para el gobierno salvadoreño. Porque si vemos la decisión de la Corte Interamericana, en términos de reparación moral es muy buena para los García Prieto, pero en términos de reparación económica es muy baja. O sea que el Estado salvadoreño, haciendo esta maniobra obstructiva en la Corte Interamericana con la señora viuda, gastó un montón de plata de los ciudadanos que no debería haber gastado. Hubiera sido mucho mejor utilizado su dinero si hubiera reconocido los problemas que hubo en la administración de justicia para resolver el caso.

Con este panorama, ¿cómo deben leer los salvadoreños que El Salvador se niegue a ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional y que pactara con Estados Unidos nunca poner a disposición de la justicia internacional a cualquier estadounidense acusado de cometer crímenes contra la humanidad?
Respecto al primer punto, yo creo que el gobierno le debe a la ciudadanía una explicación de por qué no está dispuesto a asumir un compromiso de ese tipo, que es una garantía para los ciudadanos y las ciudadanas de que si a futuro alguien comete un crimen contra la humanidad o un crimen de guerra, va a ser sometido a un tribunal internacional. ¿A qué teme el gobierno?

El Ejecutivo salvadoreño argumenta que la Corte Penal Internacional contempla la pena perpetua, y que la Constitución de El Salvador la prohíbe.
Podría establecer una reserva.

Ese es el argumento del gobierno.
La verdad es que deben dar una explicación más profunda. Y respecto del otro tema, es una renuncia de jurisdicción que ningún Estado debería hacer. Si cualquier persona de cualquier nacionalidad está involucrada en graves violaciones a derechos humanos, en crímenes internacionales o crímenes contra la humanidad, es justo y necesario que a esas personas se les investigue penalmente y se les castigue. Ese es un derecho que no depende de la nacionalidad del perpetrador.

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