NOTICIAS

Caso Monseñor Romero: sin acuerdo ni cumplimiento de responsabilidad del Estado

Tras la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre del año pasado, el diálogo en torno al caso de Monseñor Romero que el gobierno buscó con el arzobispado de San Salvador no ha tenido avances. Pese a que ni el arzobispado ni su oficina de Tutela Legal hablan de más encuentros, el abogado que ha representado a cancillería en el caso dice que sí ha habido reuniones “con cierta privacidad”.

Edith Portillo / Fotos: Frederick Meza
cartas@elfaro.net
Publicada el 31 de marzo de 2008 - El Faro

Enviar

Imprimir

Vea fotogalería: La semana de Romero

A 28 años del asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, la responsabilidad del Estado y los mecanismos para compensar la negación de justicia en el caso siguen pendientes.

La CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que El Salvador es miembro, concluyó en el año 2000 que el Estado salvadoreño tenía responsabilidad en la negación de justicia en el caso y emitió tres recomendaciones: realizar una investigación judicial completa y efectiva a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales; reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización; y adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General decretada en 1993

El pasado 10 de octubre, en una audiencia celebrada en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tutela Legal del arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los demandantes en el caso ante la Comisión, dieron a conocer que las autoridades de la Iglesia y representantes de Cancillería estaban sosteniendo conversaciones alrededor del tema. Estos acercamientos, que iniciaron el 4 de octubre, se habían mantenido “en privado” para no  “entrampar” el proceso.

Las negociaciones se hicieron públicas durante las audiencias, en las que el representante de Tutela Legal, David Morales, expresó su temor de que los acercamientos del gobierno con la Iglesia buscaran evadir las recomendaciones de la CIDH en torno al caso. Morales fue despedido por “deslealtad laboral” debido a estas declaraciones.

Ahora, a seis meses del primer encuentro entre Cancillería y la Iglesia, la oficina del arzobispo de San Salvador reconoce que no ha habido avances, pero reitera que todo diálogo posible con los representantes del gobierno “no evade el marco de las recomendaciones”.

“Este año solo me han llamado de cancillería una vez, que fue el 4 de marzo, para solicitar una reunión, pero el vicecanciller tuvo un inconveniente y la reunión ya no se dio”, dice Monseñor Richard Antall, el Vicario Episcopal de Promoción Humana. Antall participó de los primeros encuentros con Cancillería en octubre de 2007 en representación del arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle.

“No soy yo quien maneja el dato concreto, pero me parece que no ha habido una relación muy directa ya en ese aspecto”, dijo Sáenz Lacalle hace dos semanas, en su conferencia dominical.

Versiones encontradas

Mientras las autoridades de la Iglesia dicen continuar a la espera de reanudar el diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el abogado Carlos Méndez Flores, que actuó en representación de la cancillería en la audiencia de octubre en la CIDH, asegura que los acercamientos sí han seguido dándose. “Hemos continuado y esperamos que lleguemos a buenos términos”, dijo vía telefónica a El Faro. ¿Cuántas reuniones han tenido después de la audiencia? “Ahhhhh, varias, varias... se han tenido con cierta privacidad y por eso no quisiera dar detalles”. ¿Quiénes han participado? “Nosotros y la Iglesia”. ¿Incluida Tutela Legal? “Ehh, sí, sí, bueno, ha sido en realidad con la Iglesia”.

Tanto Antall, designado a darle seguimiento a futuros encuentros, como Tutela Legal desmienten lo dicho por Méndez Flores. “No ha habido más reuniones desde antes de la audiencia del año pasado en la CIDH. El encargado es Monseñor Antall, pero no me ha comunicado nada. Incluso yo le pregunté hace poco y me dijo que estaban en ello, en tratar de programar una reunión, pero hasta ahora no ha pasado nada”, dice Ovidio González, actual director de Tutela Legal.

Antall sostiene que, después de la audiencia, solo tuvo una reunión con el ex canciller Francisco Laínez, quien renunció enero pasado para competir en la contienda interna de ARENA por la candidatura presidencial. En este encuentro, dice, no participó Tutela Legal “porque no fue una reunión formal, fue un encuentro informal que pidió Francisco Laínez”.

“En la reunión de diciembre Laínez dijo que pronto tendríamos una propuesta sobre las recomendaciones, pero ya nunca se nos dijo nada”, explica el Vicario.

“El diálogo no evade las recomendaciones”

En todo caso, asegura la Iglesia, cualquier diálogo que llegue a entablarse de nuevo con los representantes del gobierno no deja de lado las recomendaciones que hizo la CIDH en 2002, como temía – y aún teme - el ex abogado de Tutela Legal David Morales.

“Hoy que no está María Julia (Castillo, ex directora y fundadora de Tutela Legal), se lanza monseñor Antall y monseñor Sáenz a un intento de neutralizar el caso Romero tratando de legitimar un gobierno infractor ante la Comisión Interamericana. Creo que ha habido un irrespeto a la memoria de María Julia y me parece grave”, dijo Morales a El Faro la semana pasada.

Antall insiste en que las recomendaciones siguen siendo el marco para un acercamiento: “Esa fue una equivocación de Morales, es un malentendido que él ha tenido siempre porque no era un diálogo aparte, el diálogo sí es en el marco de las recomendaciones de la Comisión”.

El Vicario de Promoción Humana comentó también a El Faro que también se ha consultado con el padre José María Tojeira, jesuita rector de la Universidad Centroamericana (UCA), cómo tratar este tema con Cancillería.

En una columna escrita en noviembre pasado, después de conocerse sobre los acercamientos, Tojeira opinó que “dialogar no es negociar, como parecen pensar algunos, sino buscar juntos una verdad que nos haga mejores a todos (...) Si el gobierno de El Salvador desea dialogar, debe ser serio en su propósito. Y eso se le debe exigir desde el primer momento. El diálogo, como ya lo ha indicado el Sr. Arzobispo, no debe ser sobre cómo obviar las recomendaciones de la CIDH, sino sobre cómo cumplirlas”.

Enviar

Imprimir