Los centros penales han sido noticia en los primeros tres meses del año con 12 reos asesinados y las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de que los internos siguen planificando y dirigiendo delitos desde las cárceles salvadoreñas.
El Faro cartas@elfaro.net Publicada el 31 de marzo de 2008 - El Faro
14 de enero
Investigadores de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la PNC confirman que un reo del penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, participó en ocho conversaciones telefónicas en las que se negoció durante tres días la liberación de un menor de edad secuestrado en la ciudad oriental. Las llamadas se habría realizado entre el 11 y el 12 de enero pasado.
15 de enero
Félix Garrid Safie, Fiscal General de la República, aseguró que las órdenes de asesinar al azar a policías, como venganza por la muerte a manos de la PNC del líder pandillero Rigoberto del Tránsito Mejía Regalado, habría salido de otro cabecilla encarcelado. “Aunque no necesariamente la orden pudo haber venido de un penal, estamos corroborando esa información”, dijo Safie.
18 de enero
Gilbert Cáceres, Director General de Centros Penales, reconoce que internos de diferentes cárceles continúan utilizando teléfonos celulares para ordenar la ejecución de delitos. Rodrigo Ávila, entonces director general de la PNC, aseguró que también se investigaba a algunos abogados defensores que servirían de mensajeros para trasladar órdenes desde el interior de los centros penales. “Hemos descubierto los nuevos mecanismos que están utilizando los internos para trasladar órdenes”, aseguró Ávila.
29 de enero
Inicia el juicio contra Saúl Antonio Turcios Ángel, alias “el 13”, quien habría coordinado, planificado y ordenado el secuestro y posterior homicidio José Medina, un ganadero de San Juan Opico, desde la cárcel de San Francisco Gotera, Morazán, donde cumplía una condena por otro homicidio en 1999. Turcios, junto a German Ramos Martínez, habrían realizado 56 llamadas desde el centro penitenciario para pactar un rescate de 25 mil dólares; y, posteriormente, el asesinato de Medina.
31 de enero
La Fiscalía notifica que serían procesados a Dionisio Arístides Umanzor y Saúl Antonio Turcios Ángel, alias “El Sirra” y “El 13”, respectivamente, recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, por ser los presuntos autores intelectuales de 12 casos de extorsiones a transportistas y comerciantes. Los imputados se comunicaría a través de cartas o mensajes cifrados con el resto de su pandilla fuera del penal. Incluso, el director de la zona paracentral de la FGR, Hernán Cortez, admitió que no se descartaba que tuvieran “acceso eventualmente a un teléfono” para coordinar los delitos.
4 de febrero
La FGR acusó al abogado Carlos García Aguirre de agrupaciones ilícitas después que hubiera legalizado vehículos robados por la “clica” “Tecleños Locos Salvatruchos” (TLS), que dirigen desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca los reos Dionisio Arístides Umanzor, “el Sirra”, y Saúl Turcios Ángel, “el 13”.
7 de febrero
El director general de Centros Penales, Gilbert Cáceres, afirmó que los teléfonos públicos instalados en las diferentes penitenciaría del país pueden estar siendo utilizados por los internos para ordenar la ejecución de crimenes. Cáceres se lamentó que la Dirección no puede acceder a las comunicaciones de los reos por la la prohibición de las escuchas telefónicas en el país.
8 de febrero
El personal de seguridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) descubrió que los reos Edwin Alfredo Alfaro, Rafael Alberto Pineda López, Óscar Armando Salinas y Kenny Arístides Espinoza tenían teléfonos celulares escondidos en el recto e intentaban trasladarlos a los penales donde serían enviados el domingo 10. Ese mismo día, Martín Escorza, agente antipandillas del FBI, en declaraciones a La Prensa Gráfica, confirmó que desde las prisiones salvadoreñas se ordena cometer delitos en EUA.
9 de febrero
Joseph Manuel Pérez Pérez, de 19 años, fue detenido en los alrededores del centro penal de Ciudad Barrios después de lanzar dentro del recinto un paquete con droga. La FGR lo acusó de tráfico ilicito de drogas y de objetos prohibidos en centros penales. Por su parte, Vilma Elena Mejía Rico, de 25 años de edad, fue detenia por la PNC después de descubrir que intentaba introducir un teléfono celular y tres chips al centro de Resguardo de menores de Tonacatepeque.
11 de febrero
El Director General de Centros Penales, Gílbert Cáceres, reconoció que sólo se pueden restingir las llamadas de celulares en siete penales de forma simultánea debido a la falta de aparatos bloqueadores, mismos que son rotados enntre los centros penales de la red. “No tenemos el recurso para poder tener un bloqueador para cada penal”, dijo Cáceres.
12 de febrero
818 pandilleros de la Mara Salvatrucha internos fueron intercambiados entre los centros penales de Chalatenango y de Ciudad Barrios, San Miguel. La medida administrativa, según explicó el director de Chalatenango, Nelson Miguel Hernández, obedecía a la clasificación y ordenamiento del sistema carcelario establecido en la Ley Penitenciaria y que empezó en noviembre de 2007, con el traslado de pandilleros de la Mara 18. La normativa determina que los internos procesados deben estar separados de los condenados.
13 de febrero
La PNC detiene a Carlos Antonio Granados Meléndez, de 60 años, por intentar ingresar dos teléfonos celulares, cuatro chips, un cargador telefónico y 130 dólares en efectivo a la penitenciaría de Quezalteque. Granados Meléndez se desempeñaba como coordinador de las actividades laborales de los reos desde hace dos años. Con anterioridad, durate seis años, fue custodio en Mariona.
25 de febrero
Víctor Euceda, reo del Centro Penal de Ciudad Barrios, es acusado ante el tribunal especial de instrucción de San Miguel de haber dirigido, junto a otras 11 personas, el secuestro de un niño del 8 de enero pasado. Euceda negoció la liberación del menor por cinco mil 640 dólares.
27 de febrero
El jefe de la Fuerza de Tarea Antiextorsiones (FTA), Allan Hernández, vinculó a Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alías “el Viejo Lin” y supuesto líder de la Mara 18 detenido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, de ordenar las extorsiones a nueve rutas de buses en Apopa desde 2005. El fiscal del caso, Víctor Saavedra, explicó que la orden la dio Mojica desde el penal de Chalatenango; luego, desde el Zacatecoluca , siguió dando el “visto bueno” al cobro de “rentas”. Por su parte, Edwin Manuel Castillo Luna, de 21 años, reo del Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca escondía seis paquetes de marihuana en sus instestinos. El descubrimiento lo realizaron autoridades penitenciarias durante una requisa en el centro. El reo fue procesado por el delito de tráfico de droga.
5 de marzo
Los reos José Neftalí Hernández Alemán, alias “El Chele Pelón”, Nelson Leonel Miranda Valladares, “El Maniaco”; José Antonio Díaz; Héctor Gabriel Contreras Beltrán, “El Chino”; y José Wilfredo Menjívar Guardado; “El Baby”, fueron asesinados por otros internos en el penal de Chalatenango. Todas las víctimas, miembros de la Mara Salvatrucha, murieron por asfixia, con el uso de bolsas pláticas, y por estrangulamiento del cuello.
6 de marzo
El director del Centro Penal de Chalatenanto, Nelson Hernández, reconoció que la falta de más custidios y de tecnología de seguridad fueron factores que permitieron que se dieran los asesinatos de cinco reclusos. “El personal es muy escaso para darle seguridad a los 769 internos que tiene el centro. Además, carecemos de tecnología para fortalecer la seguridad”, aseguró. Ese mismo día, el director general de centros penales, Gílbert Cáceres afirmó en declaraciones a la prensa que “Centros Penales tiene el 100 por ciento de las garantías de seguridad para los internos de los diferentes centros”.
9 de marzo
Herbert Rodolfo Aguilar Vásquez, de 28 años; Aníbal Odir Gómez Zepeda, de 37 años; y Salvador Antonio Rivera Chamul, de 27 años, miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS), fueron asesinados al interior de la cárcel de Ciudad Barrios, en San Miguel. "Nadie se dio cuenta, no hubo motín. Lo más probable es que se deba a pugnas internas por control de las pandillas", dijo Alberto Uribe, vocero de la Dirección General de Centros Penales. “Las víctimas fueron encontradas con señales de tortura realizadas con armas cortopunzantes”, dijo el subdirector de áreas especializadas de la PNC, Omar García Funes, quien estimó que en el crimen habrían participado unas 50 personas.
10 de marzo
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, luego de los asesinatos de ocho reso en los penales de Chalatenango y Ciudad Barrios, San Miguel, advirtió que el sistema penitenciario estaba en crisis. “Hay una falta de control interno en los penales, no hay un mecanismo que les permita asegurar la tranquilidad a los internos de todos los centros penales”, aseguró. Mientras tanto, el director general de Centros Penales, Gilbert Cáceres, anunció el traslado de internos del centro penitenciario de Ciudad Barrios hacia el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. La medida pretendía mantener el orden del centro y mayo seguridad del resto de reos.
11 de marzo
El reporte anual de Derechos Humanos de Estados Unidos, realizado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, señaló de “díficiles y peligrosas” la situación en las cárceles salvadoreñas. El informe destacaba el hacinamiento de los internos; la existencia de contrabando de armas, drogas y teléfonos celulares hacia el interior de las cárceles; y la capacidad de miembros de maras de ordenar la ejecución de delitos “presuntamente desde sus celdas” y “muchas veces con la complicidad de los guardias de la presión”.
13 de marzo
Carlos Zavala Portillo, de 23 años, y Luis Gómez Martínez, de 24, miembros de la Mara 18 internos en el Centro Penal de Cojutepeque, fueron asesinados por sus propios compañeros durante la hora de visita a la cárcel.
24 de marzo
Autoridades de la Dirección General de Centros Penales y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron una requisa general en el centro penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, en búsqueda de pruebas del asesinato de tres internos, ocurridos el 9 de marzo pasado.
30 de marzo
Custodios del Centro Penal de Chalatenango encontraron los cuerpos Edwin Antonio Romero Clemente, de 23 años, y Celio Osmiro Barahona, de 24, asesinados por sus compañeros en horas del medio día, durante la visita familiar.
