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“Ya no podemos darle el beneficio de la duda al Fiscal Safie”El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA plantea que el caso, a un año de que prescriba, tiene los elementos testimoniales suficientes para castigar a los culpables del asesinato y violación de Katya Miranda. Cuéllar lanza un reto al fiscal Garrid Safie para que investigue este caso y cierre su periodo con “broche de oro”. El IDHUCA dice que el testimonio de la hermana de Katya y de otros testigos que estuvieron en la escena del crimen son cruciales. Daniel Valencia
¿En un año se puede llegar al o los culpables del crimen? Yo estoy convencido que sí. Si se investiga bien. Si hay una buena búsqueda quizá no de prueba científica, porque ya se dejó perder todo eso. Incluso le dieron fuego a la casa donde estaba la tienda de campaña y la ropa de la niña, el 31 de diciembre de 1999. ¿Y entonces cómo? Con prueba testimonial es fácil. Ahí había un montón de gente que podría hablar y podrían contar, si tienen algo de conciencia. Hace nueve años no lo hicieron. Pero creo que hoy sí pueden hacerlo. Yo estuve en reuniones privadas con el resto de la familia, menos el abuelo, abuela, papá y empleados. Con el resto de la familia adulta nos reunimos dos veces. Hilda María (Jiméney) y yo un día; Hilda María, el fiscal general de entonces –Belisario Artiga-, los fiscales, el abogado del IDHUCA y yo… y la gente hablaba fácil. Con un interrogatorio y con una buena técnica de interrogatorio policial se podría fácilmente, creo yo… además, yo me imagino que no deben estar tranquilos. ¿Por qué? Ellos fueron testigos de todo esto, cómplices y encubridores. Ahí tiene el Fiscal General de la República en sus manos un caso que se resolvería fácilmente. Y le puede servir para cerrar con broche de oro su mandato. O salir por la puerta de atrás como salió Belisario Artiga, quien proclamó, cuando asumió la Fiscalía, que este sería su caso emblemático, que él lo resolvería, porque era fácil de resolver. Estamos a nueve años y el caso está en la impunidad, no porque no se puede resolver si no porque no se quiere resolver. El caso no puede reabrirse acusando a los mismos sospechosos se les acusa de lo mismo. No, porque sería un doble juzgamiento y eso es constitucionalmente prohibido. Y se tiene razones para eso. ¿Entonces? Se puede reabrir con una buena investigación que sustente acusaciones a diferencia de cómo se hizo la vez pasada. Belisario Artiga prácticamente nos durmió una noche antes de la captura del papá, del abuelo, en enero del 2000. ¿Cómo? Nos dijo que tenía pruebas de que el abuelo se iba del país, que tenía copia del boleto de avión, copia del retiro de cuentas bancarias y que al día siguiente salía. Entonces metió el requerimiento sin sustento, sin fundamento y acusó de abandono al papá y de asesinato y violación al abuelo. Y de encubrimiento a los empleados y no tenía ni una base para ello. Osea, no se captura para investigar, se investiga para capturar. ¿Cuáles serían las nuevas acusaciones y contra quienes? Creo que habría que ampliar a otros adultos que estuvieron ahí. Hay que responsabilizar a alguien por la violación y el asesinato –a uno o más personas- y al resto por encubrimiento. Pero eso depende de una buena investigación de la Fiscalía General. ¿Ese alguien quién sería? Yo estoy convencido de que fue el papá. No creo que un padre, a menos que sea un padre desnaturalizado, deje que el crimen de su hija quede en la impunidad. Se está protegiendo él, no a su papá ni a nadie más. ¿Qué opina de que el tío de Katya, Godofredo Miranda, siga en la PNC? Por lo menos llama sospechas. Alguien que tiene esos méritos profesionales y que fue incapaz de portarse como un profesional de la policía en el caso de su sobrina llama sospechas. Y llama sospechas que no haya sido investigado. Dentro de los deberes como policía, aunque estuviera de licencia, tenía que actuar como tal. Y no lo hizo. Y no fue investigado. Al contrario, fue ascendido. Pasó de ser segundo jefe de la División de Investigación Criminal, después provisionalmente jefe de la División de Logística y ahora tiene años, años, como jefe de la División Antinarcóticos. Algo huele mal ahí. A nosotros nos llama la sospecha. Ese día había 17 personas en el rancho. ¿Qué hay de sus testimonios? No hay ninguno. Es decir, testimonios sustentables no hay ni uno. Todos se alinearon con la versión del abuelo de la niña: alguien con un spray nos fue rociando uno por uno y nos durmió. ¡Por favor! Nosotros hicimos todo lo posible por ayudar a la Fiscalía: mandamos los perfiles sicológicos de los imputados a Estados Unidos, con expertos investigadores criminales, y nos decían que con solo el perfil todo apuntaba que eran sospechosos de cometer el crimen. Otro experto en somníferos al que le mandamos hasta maqueta y croquis del lugar, nos dijo que ahí solo que una avioneta hubiera pasado rociando el somnífero hubiera dormido a todos. No pudo andar de uno en uno. Además, los vigilantes andaban con machete. No sé si había pistolas. Esa fue una versión. Carlos Miranda también dijo que alguien había mandado a matar a su nieta, y mencionó al famoso Doroteo Maradiaga que había contratado al otro famoso “Palo” para hacerlo. Doroteo Maradiaga ya murió, aquí vino a hablar conmigo con uno de sus abogados, que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La hermana de Katya ahora tiene 16, 17 años. ¿Su testimonio sería clave en este nuevo proceso? Debe ser incluido. Ella es testigo de primera mano, ella dormía en la tienda de campaña de Katya. El problema es que ella viene de un proceso muy duro, doloroso. El trauma para ella, para que pudiera hablar, hubiera más fácilmente sido superado si hubiera visto que la instituciones la acogían, cuidaban y le daban las herramientas para cuidarla tanto a su madre como a ella. Pero eso no pasó. Lo que tenemos es una pobre niña que tenía siete años; y que a los ocho años tuvo que salir con la ropa que tenía porque su mamá había sido amenazada. Y al amenazar a su madre, fue amenazada ella también. Si ella ha logrado procesar todo esto y puede desahogarse, su testimonio es fundamental. ¿Hay probabilidades de que testifique? Se ha trabajado con ella, con psicólogos, gente que le ha ayudado. Yo espero que se pueda contar con esto. A la Fiscalía ya se envió una carta para que reabra el caso y aún no hay respuesta. No. Creo que es tiempo de que dejemos de darle el beneficio de la duda y con la otra carta que esperamos presentar (que la enviará Hilda María )… que con esa carta que presentemos, también presentamos un recurso a la Corte Suprema de Justicia por violar el derecho de respuesta. Él (fiscal general, Garrid Safie) no ha dicho nada, solo una frase célebre. A través de los medios dijo que el caso no estaba impune porque no se habían cumplido los 10 años para su prescripción, que el caso queda impune cuando pasan 10 años y no se ha hecho nada. Cosa que él está cumpliendo a cabalidad. Y todo apunta a que para allá vamos. Si hace nueve años hubo una completa violación al debido proceso, ¿qué garantiza que esta vez no ocurra lo mismo, si es que se reabre el caso? Pueden hacer cualquier cosa, desde no hacer nada, que es una acción deliberada, por el cual puede ser denunciado el fiscal, por omisión de la investigación. Y pueden hacer un proceso, un requerimiento infundado, amañado, compadre hablado con una jueza o juez. Puede pasar cualquier cosa. Ya lo hizo el fiscal con el caso Record, por ejemplo. ¿De lo que suceda este año depende si en la Comisión Interamericana se abre el caso? Sí. Por lo menos el sistema regional de derechos humanos ya se dio cuenta de que lo que presumía el Estado salvadoreño después de la guerra es pura pantalla. Lo vemos a cada rato… en el caso jesuitas, el Estado lleva como contraparte al abogado que defendió a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas. Se ha llegado al punto de la prepotencia y la impunidad absoluta que imponen como contraparte al defensor de los asesinatos de los jesuitas. Pasó algo parecido con el caso García Prieto. El Estado llegó a decir que la familia de la víctima se inventaba las amenazas. Estas son muestras de una prepotencia absoluta y de un mensaje en el que el Estado dice que no está a favor de las víctimas y que premia a los victimarios.
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