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El embargo de Palo Alto

Ricardo Vega ha demandado al Banco Cuscatlán, al Viceministerio de Vivienda y al Ministerio de Medio Ambiente por violar la ley en una residencial. Se ve a sí mismo como un hombre contra el sistema, pero no está solo. Sus vecinos, que incluyen al diputado Iraheta Sanabria, dicen que si no fuera por él la constructora no habría hecho nada. Ahora Vega prepara otra denuncia: ante los representantes de los Fondos del Milenio.

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El 12 de febrero de este año, la Superintendencia del Sistema Financiero recibió, por segunda vez, la misma denuncia contra el Banco Cuscatlán. En ella se solicita a la institución que investigue si existe un nexo entre una ex funcionaria del Banco (hoy Citigroup) y el presidente de D&D Construcción, desarrolladora del proyecto residencial Palo Alto Town Houses, ubicado en Zaragoza, La Libertad.

La misiva la enviaba José Ricardo Vega, un hombre que compró una casa en Palo Alto pero que después le fue embargada por el banco. La SSF le respondió al denunciante diciéndole que necesitaba mayor información sobre el caso. Vega ya respondió a la solicitud y ahora, dice, espera una respuesta.

No es ni la primera ni la última de las denuncias que Vega ha hecho ante cuanta instancia ha podido contra Palo Alto Townhouses, un proyecto residencial desarrollado por la constructora D&D y el Banco Cuscatlán que  cuenta con permiso para finalizar un proyecto de más de 400 viviendas. Cada vivienda cuesta alrededor de 100 mil dólares.

D&D de El Salvador es la filial de una constructora guatemalteca liderada por el ex presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Juan Francisco Sandoval del Valle. Viviendista, con una experiencia de más de 20 años, Sandoval del Valle decidió invertir en El Salvador. Y apostó en Palo Alto. El Banco también.

Para 2004, el Banco ya había vendido casas en la primea etapa de una residencial que prometía zonas verdes, áreas recreativas, agua potable y áreas de equipamiento social, pero que para esas fechas aún no implementaba. La desarrolladora de esa primera etapa, según planos del Viceministerio de Vivienda, fue Prosisco S.A. de C.V. que luego se retiró del proyecto sin terminarlo.

“Los primeros urbanizadores, en efecto, hicieron las casas sin cisternas… y como el agua en la zona es escasa, los primeros habitantes no contaban con agua en sus hogares. Por eso el Banco ofreció créditos para que todos los primeros compradores tuvieran cisterna en donde almacenar el agua”, dice la gerente general de D&D El Salvador, Zonia de López.

Ella explica que la empresa retomó el proyecto –cuyo propietario, por ser el dueño del terreno, es el Banco Cuscatlán- para desarrollarlo. “Hicimos contrato con el Banco en 2003 para terminar la urbanización. Se compró la primera etapa, que estaba ya terminada, al Banco. Nosotros somos los desarrolladores de un terreno que es del Banco Cuscatlán”, dice López.

La ley de Bancos del país establece los requisitos bajo los cuales un banco puede hacer uso de sus activos extraordinarios (bienes muebles e inmuebles). El banco puede hacer uso de un terreno para beneficio de la comunidad, fines culturales, para su propio uso o para el bienestar de su personal.

Y el artículo 199 aclara que “queda prohibido a los bancos adquirir inmuebles con fines de lotificación y construcciones de viviendas, lo mismo que dedicarse a tales actividades, excepto que se trate de activos extraordinarios previa autorización de la Superintendencia”.

Pero, prosigue el artículo, “lo anterior no obsta para que puedan conceder, conforme a esta Ley, créditos para parcelamiento y construcción con tal que ni la institución de que se trate ni sus directores, gerentes o funcionarios autorizados para decidir sobre concesión de préstamos, incluyendo a sus cónyuges y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tengan acciones o participaciones, directa o indirectamente, en la empresa lotificadora o constructora que reciba el crédito”.

Pero el presidente de D&D y una ex funcionaria del Banco, Nelly Aguilar, son esposos. Y de comprobarse que su matrimonio ya estaba en vigencia al momento de realizar el proyecto entre Banco y Constructora, podrían haber violado la ley.

En el currículo de Nelly Aguilar de Sandoval consta que fue directora de riesgo crediticio para Centroamérica del Banco Cuscatlán y directora del Banco Multisectorial de Inversiones. Pero ni en el Banco Cuscatlán ni en el  BMI dan cuenta de su paradero. Ambas instituciones informaron que ella ya no labora ahí.

En el Banco Cuscatlán, según se informó desde el despacho del gerente técnico, Luis Francisco Meza, “no se le puede dar información porque el Banco ya finalizó la relación contractual con la empresa constructora. Es decir, la empresa ya pagó el crédito que tenía con nosotros”, dijo su asistente, Mirza Martínez.

El Faro intentó conocer la versión de Sandoval del Valle, pero en su oficina de Guatemala dijeron que le darían el mensaje. Su gerente general en Guatemala, sin embargo, confirma que Aguilar y Sandoval son esposos.

“En efecto, son esposos, pero no entiendo cuál es el problema. Bueno, le emito el comentario pensando en las leyes de Guatemala, porque aquí eso no aplica”, dijo Rosario Chaeta.

Según el jefe de prensa de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Sergio Quiñónez, Sandoval del Valle ya estaba casado por segunda vez cuando ejerció en la presidencia de la institución (periodo 2004-2006).

Más denuncias

Las denuncias contra el Banco Cuscatlán, propietario del terreno sobre el cual se edificó Palo Alto, se cuentan por instituciones. Hay denuncia en el Viceministerio de Vivienda, Medioambiente, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Defensoría del Consumidor, Corte de Cuentas, Policía Nacional Civil (delegación de Zaragoza) y la Alcaldía de Zaragoza. La gran mayoría fueron interpuestas entre 2006 y 2007, y todas por Vega.

Según Zonia de López, esas denuncias son falsas. Ella argumenta que si fueran ciertas, el resto de compradores de las viviendas ya se hubieran manifestado. Y según ella, el perfil de los clientes de la residencial Palo Alto va desde gerentes, ingenieros, abogados, doctores… “gente formada que nunca se han quejado. Por ejemplo,  el diputado Sanabria incluso nos dijo que lo que quiere es comprar otra casa”, dice.

De López se refiere al doctor Wilfredo Iraheta Sanabria, ex futbolista, miembro de la selección mayor y ahora diputado del partido ARENA. Sanabria vive en Palo Alto y a diferencia de López, cree que hay “algunas cosas que no funcionan bien en la residencial”.

“Mi casa, por ejemplo. ¿Cree que han querido ir a arreglar una pared que tengo a la que se le filtra el agua?”, dice.

Pero ni Iraheta Sanabria ni el resto de vecinos de la residencial han denunciado las posibles irregularidades. Vega, sin embargo, emprendió una campaña en el Estado contra el banco y contra los responsables directos de la verificación del proyecto: VVDU y MARN

“Hay un desinterés”, reconoce Sanabria. “Pero le digo que si no fuera por Ricardo (Vega)  muchas de las cosas que ahora tenemos los que vivimos ahí no se hubieran dado”, señala.

El diputado se refiere a las zonas verdes, zonas recreativas y obras de mitigación que la constructora ha realizado de “forma parcial”. Las denuncias de Vega, que vienen desde 2006, hablan de un incumplimiento de la constructora para realizar obras de mitigación y para entregar –como manda la ley de Vivienda y su reglamento- las áreas verdes y recreativas  a la municipalidad y al VVDU.

A la fecha, Vega ha enviado más de 100 cartas que ha repartido al Presidente Antonio Saca, al ministro René Figueroa, al ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, a la Viceministra de Vivienda, Mabel Artiga de Soundy, al ministro de Medioambiente Carlos Guerrero y al alcalde de Zaragoza, Danny Rodríguez.

Ricardo Vega también envió misivas, en 2006, al entonces titular del MOP, David Gutiérrez y al entonces titular de vivienda, Francisco Vega. A los diputados de la Asamblea Legislativa, dice, les ha enviado correos a casi todos. “Doy fe de 83”.

¿Y por qué no a los 84? “Porque el diputado Renato Pérez es amigo de la familia y no quiero incomodarlo. No sería sano involucrar a un conocido en un pleito muy mío”.

¿Y por qué al resto sí? “Porque quiero que al menos uno me ayude a que estas denuncias cobren fuerza. El diputado de CD Óscar Kattán ha ido a visitar el proyecto, el diputado de Arena Roberto D`abuisson también. Me he reunido con los diputados José Almendáriz y Orlando Arévalo, pero hasta la fecha nada”, añade.

La insistencia de Vega ha sido tal que en Obras Públicas, Vivienda y Medioambiente él y sus cartas –que procura enviar cada semana- son “non gratas”. En ellas ha citado a la Constitución de la República, Código Penal y a los reglamentos y leyes de vivienda y medioambiente. A los titulares de estas carteras –y al titular de Obras Públicas- incluso les ha dicho que por no hacer cumplir la ley –y sancionar a los supuestos infractores- se han convertido en cómplices de un acto de corrupción.

“Sí, él ha enviado un sin número de cartas a este despacho y todas se les han respondido. Pero no quiero tocar el tema yo porque la encargada del mismo es la viceministra”, dijo hace tres semanas Jorge Nieto.

Los motivos de Vega

Vega asegura que su interés en denunciar las “ilegalidades” cometidas en Palo Alto es para comprobar si existe –y se cumple- el estado de derecho en El Salvador. Él dice  tener las pruebas suficientes para comprobar que D&D –y el Banco Cuscatlán, como propietario del terreno- han violado la ley de urbanismo y construcción y su reglamento y la ley de Medioambiente y su reglamento en lo referente a zonas recreativas, áreas verdes, áreas de equipamiento social, obras de mitigación y requerimientos para usos de suelo.

“Y puedo comprobar, amparado en esos cuerpos legales, que el Viceministerio de Vivienda y sus autoridades y el Viceministerio de medioambiente y sus autoridades otorgaron permisos a la constructora –y al Banco, como dueño del proyecto- a sabiendas de que se estaba violando la ley. De si se ha violado la Ley de Banco no tengo certeza, por eso he pedido a la SSF que investigue”.

En Vivienda y Medioambiente, sin embargo, opinan lo contrario, y aducen que “todo está en regla”. La viceministra de Vivienda, por ejemplo, plantea que bajo su “experiencia como ingeniero civil”, Palo Alto ha cumplido con la ley. Ella, al igual que Zonia de López, desacredita las denuncias de Vega diciendo que él tiene un interés oculto –que no explica- para plantear las denuncias. “¿Cuál es el objetivo?” dice Soundy. “¿Cuál es su representación? Y lo que me entero es que esta persona tiene una vivienda ahí, financiada por el Banco Cuscatlán, hay una hipoteca, un embargo, y al final hay notas en las cuales dice: miren, si me devuelven mi casa yo paro esto”.

El 30 de marzo de 2006, el Juzgado de lo laboral de Santa Tecla decretó embargo en contra de Vega y su esposa por la propiedad que estaba pagando en Palo Alto. El juicio lo abrió el Banco Cuscatlán.

Pero dos años antes, Vega y un grupo de vecinos ya habían tenido los primeros roces con el banco. En la residencial no había agua y como protesta –luego de que el banco no se hiciera cargo, según comenta Vega- organizó encuentros de fútbol y asados de carne en la calle para obstruir el paso a la residencial a los potenciales compradores que llegaban a ver la casa modelo. Una vez incluso a travesó su carro a media calle para obstruir el paso.

“También nos organizamos y plantamos pancartas y rótulos en las casas en donde pusimos ‘Vendo casa por falta de agua’”.

Luego de que el banco financiara créditos a los primeros habitantes –unos 40- para que pusieran cisternas en sus hogares, y que instalara una bomba de captación de agua a la entrada de la colonia, los vecinos se calmaron.

Pero en marzo de 2006, el Banco le abrió juicio de embargo y Vega asegura que fue una represalia por las denuncias en torno al agua… y porque a inicios de ese año comenzó a darse cuenta y a pedir información para “comprobar las irregularidades” en las obras de construcción y de las zonas verdes y recreativas.

“Me atrasé sólo una cuota, a principios de 2006, y el Banco me abrió juicio de embargo. Sí, yo violé la ley y un contrato que establece que por una cuota me podían embargar. Pero eso no lo hace ni un banco. Nunca. Me embargaron porque era una piedra en su zapato y me querían sacar de ahí”.

Siete meses después, en octubre, Vega denunció al Banco ante al Defensoría del Consumidor nuevamente por violaciones a la ley de urbanismo y construcción. El juicio de embargo seguía en proceso.

A Vega y a los primeros habitantes del polígono “O” de Palo Alto se les prometió “vista panorámica”. Pero de repente, donde se suponía habría un área comercial de un piso, D&D comenzó a construir casas de dos plantas. Una de ellas tapó la vista panorámica de la familia Vega.

Según la Ley de Urbanismo y Construcción y su reglamento, las modificaciones de uso de suelo sólo pueden darse hasta 90 días después de finalizado un proyecto, y de que el Viceministerio reciba la totalidad de la obra. “Y nada de eso ha pasado y ahí ya construyeron 91 casas. ¿Hay o no violación?”, inquiere Vega.

La viceministra señala que la mayoría de proyectos urbanísticos funcionan a través de recepciones parciales avaladas por la ley. Ella, sin embargo, descarga en la Corte de Cuentas cualquier investigación que determine que el VVDU no actuó como debía en este proyecto.

“He sido prudente en esperar una resolución de Corte de Cuentas, que es lo que me corresponde como funcionaria. La Corte de Cuentas es la que dirá ustedes cumplieron o no cumplieron. Ya en base a eso sería bueno que nos sentáramos y viéramos porque eso es lo que avalará y que se asuman responsabilidades que en algún momento no se dieron”, dice.

Al preguntarle si la ley es o no es clara para los cambios de uso de suelo, y si las casas de dos pisos en la que era zona comercial –hoy recibe el nombre de residencial Compostela- son legales, Soundy responde: “Ahí creo que le podría debatir pero para debatirle eso tendría que traerle a los abogados porque eso es una interpretación de ley. Sé que la ley me permite hacer cambios de uso en el proceso de… vamos a revisar la ley y tiene que haber otro artículo que me lo permita. Se lo han permitido, o sea, es un hecho que se ha dado”.

Una casa perdida

En todo el 2006, mientras Vega enviaba cartas a las autoridades, al banco y a la constructora, el juicio de embargo seguía su curso… y el recorrido era negativo para Vega y su familia.

“¿A usted le ha dicho que una cuota? En el Banco dicen que dejó de pagar como 20”, dice Zonia de López. “El quizá sólo quería que el devolvieran su casa y por eso armó escándalo”.

Vega asegura que en el banco no le aceptaban las cuotas “porque hay un juicio de embargo” y que en el Juzgado que ventiló el caso no le aceptaron el dinero “porque me pedía la suma total del crédito. Y si el juicio duró alrededor de un año, es claro que la falta de pago en las cuotas fuera elevadísimo”, añade. Ante la Corte Suprema de Justicia, Vega dice haber puesto también una denuncia contra el juez del caso por “favorecer arbitrariamente a favor del Banco Cuscatlán”.

El 1 diciembre de 2006, en la Defensoría del Consumidor se celebró el último juicio conciliatorio entre el Cuscatlán y Vega. No hubo acuerdos. En el acta del encuentro, la DC establece que sí hubo una obstrucción de la vista panorámica; y recibió los últimos alegatos de ambas partes. El banco, como alegato final, planteó que el señor Vega no podía denunciar porque ya había un juicio de embargo en su contra. Por tanto, argumentó, la denuncia no procedía. La DC preguntó al denunciante cuál era su petición y este manifestó que a cambo de salirse de la asociación de vecinos formada en Palo Alto, él pedía que se le levantara el embargo, se le permitiera pagar las cuotas -menos los costos procesales- y se le indemnizase.

Cinco meses después, el 18 de mayo, la DC pasó el caso a un tribunal sancionador. Ese día, el banco y el juzgado giraron orden de desalojo para la familia Vega y se aplicó el embargo. Le quitaron su casa y un carro año 2004. Pero Vega no se fue de Palo Alto y alquiló una casa en la zona “para poder seguir denunciando como habitante de la residencial”, según dice.

“Creo que el problema con él fue que como presidente de la asociación nunca envió las denuncias de forma comunitaria, siempre las envió a titulo personal. Quizá enviarlo entre todos hubiera hecho alguna diferencia. Sólo los que vivimos en Palo Alto sabemos lo que pasa aquí. Y él, lastimosamente, luchó solo. Pero tiene toda la razón”, dice Víctor Brizuela, habitante de Palo Alto.

Saúl Reyes conoció a Ricardo Vega. La familia Reyes tiene cuatro años de vivir en Palo Alto y Reyes asegura que las cosas en al residencial han sucedido tal cual las pinta Vega. “Aquí nos prometieron cosas que no se nos han dado. Y lo que se nos ha dado ha sido por la insistencia de Ricardo”, plantea.

Y mientras Vivienda y Medioambiente dice que “todo está en orden”, Vega asegurar tener documentación de la alcaldía y de las mismas instituciones para probar lo contrario.

Por ejemplo, según Óscar Díaz, del MARN, el permiso ambiental –pese a que ya venció el plazo de su ejecución, que por ley es de tres años máximo- ha recibido modificaciones y ampliaciones de fianza que permiten que la constructora se haya tardado en su ejecución.

El 16 de junio, según una carta dirigida a D&D, Defensoría del Consumidor y Banco Cuscatlán, los vecinos se quejaron por el desprendimiento de una roca en la zona verde de la residencial.

El 12 de julio, una inspección ambiental determinó que “se ha construido infraestructura habitacional dentro de la zona de protección de dicha quebrada”. Ocho días más tarde, el MARN emitió una auditoría ambiental en donde señaló no conformidades: falta de cumplimiento de la arborización, del manejo de escorrentía superficial, del riesgo preventivo, se modificó la zona ecológica, y no hay cambios en zona eco turístico.

Cecilia de Rodríguez habita frente al parque El Guarumo, un muro de tierra y roca de unos 21 metros de alto por 50 de largo. Ella dice que no tiene ninguna queja en contra de la residencial pero que sí ha notado que en el cero el Guarumo “falta mucho por hacer. No le digo que temo porque se me venga encima, pero sí se nota que falta que hagan más obras”, dice.

Vega asegura que en Palo Alto se ha violado la ley y que de comprobarse habría sanciones millonarias contra el Banco Cuscatlán. Al preguntarle sobre sus motivos, confiesa que a él le encantaría poder recuperar su casa… “pero eso ya es pisto aparte. Me violaron mis derechos, los de mi familia y quiero ver si de verdad el Estado es tan fuerte como para sancionar a un banco”, dice.

En septiembre de 2006, el alcalde de Zaragoza, Danny Rodríguez respondió en una misiva a Vega informándole que la alcaldía, para esa fecha, no tenía por recibido ninguna documentación de parte de la constructora en cuanto al proyecto Palo Alto.

El Faro intentó platicar con el alcalde Rodríguez pero este, durante tres semanas, se negó a hablar con este periódico.

A principios de octubre de 2006, la alcaldía envió una misiva  a la ingeniero Antonieta de Díaz, encargada del proyecto Palo Alto, en donde le ordena la suspensión o clausura inmediata del costado sur del polígono O del proyecto Palo Alto. La ingeniero Díaz ahora es la Gerente de Atención al Usuario y de Permisos de Construcción del VVDU.

“La gerencia de permisos de construcción es un puesto, para mí, de suma confianza. Busco el perfil de una persona que conozca, que sea capaz y que tenga impecable su honestidad. Sería sumamente injusto llegar a manchar la honestidad de una persona con  una  relación morbosa en algún momento. Por eso mismo le pedí a ella que se salga de este caso, salite y no toques nada de este caso porque en algún momento estuviste relacionada, no podés ser juez y parte. Aún de las evaluaciones la he apartado”, dice Soundy. “Las evaluaciones las he hecho yo, con mi equipo técnico y con las personas que estuvieron en algún momento trabajando para este viceministerio. Hemos llamado a la ex gerente para que explique…. Venga, explíqueme cómo es que dieron esto. Vengan todos los que han firmado aquí, y ahí están todos los que firmaron, los responsables, y explíquenme”.

Vega asegura que no se cansará de denunciar, y de enviar cartas y correos, hasta que, según él, se cumpla la ley y se castigue a los culpables. D&D El Salvador asegura que ha ordenado una demanda en contra de Vega para que deje de “hablar mal” de la empresa, pero que hasta la fecha no lo han podido hacer cumplir porque desconocen su paradero.

Vega asegura que todo mundo tiene su teléfono celular y su correo, y dice que su nueva dirección no la da porque teme por su vida. “Y si me quieren llevar a juicio, que me lleven. Será más fácil para llevar este caso a un juzgado. ¡Y cuando el juez me pregunte: ¿usted tiene pruebas de lo que dice? Aquí están, le contestaré”.

Vega ahora está preparando un nuevo expediente para denunciar a otra instancia el caso. Hace tres semanas fue a una reunión informativa de los Fondos del Milenio FOMILENIO y ahí dice que conoció al agente federal de Los Estados Unidos de Norte América para los Fondos del Milenio, Thaddeus Corley.

“El pidió que si alguien sabía de un acto de corrupción de este gobierno que le hiciera llegar la información. Recuerde que esos fondos dependen de varios indicadores, entre ellos el índice de corrupción. Pues bueno, ya estoy armando el paquete para cuando me reúna con él. Este sábado me pidió que le envíe información con correo o que lo espere a su regreso al país”.

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