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Empresario salvadoreño perseguido por E.U.A. por adeudar $30 millones

Óscar Antonio Safie Zacarías, su esposa, su hijo y su nuera tienen orden de arresto en Miami-Dade, Estados Unidos por negarse a pagar una deuda adquirida en 1999 y que a la fecha asciende a 40 millones de dólares. La sentencia en Miami es irrevocable y en El Salvador, el caso lleva más de un año en estudio por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El representante de la demandante reclama que en el país se está interfiriendo la justicia.

Daniel Valencia
cartas@elfaro.net
Publicada el 28 de enero de 2008 - El Faro

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Óscar Antonio Safie Zacarías, empresario textil, hotelero y de telecomunicaciones salvadoreño fue condenado hace más de un año, junto a su esposa, Leyla Emilia Hasbún de Safie, su hijo, Óscar Antonio Safie Hasbún y su nuera, Beatriz Eugenia Hasbún de Safie, a pagar alrededor de 30 millones de dólares por varios préstamos realizados en 1999, que según la demandante Valat Internacional Holdings Ltd. dejaron de pagar en 2002.

Los Safie, quienes luego de un juicio de más de tres años perdieron el caso –y la apelación- tienen orden de captura en su contra emitida el 21 de diciembre de 2006. El caso, destapado por The Miami Herald en septiembre de 2006, fue retratado hace una semana por la agencia noticiosa Associated Press (AP).  

En la nota del 20 de enero de 2008, AP señala que el caso está siendo investigado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña (CSJ). Consultado por El Faro, el jefe de comunicaciones de la institución, Walter Raudales, señaló que no se puede otorgar información debido a que el caso “todavía está en estudio”.

A la Corte, sin embargo, el caso llegó hace más de un año, en diciembre de 2006. La parte demandante presentó un recurso jurídico conocido como “Pareatis”, con el cual pide a la justicia salvadoreña que se aplique la sentencia en el territorio debido a que los Safie, aún con la sentencia en firme de Miami, se niegan a cumplirla.

Según la demandante, debido a que el crédito fue otorgado por una institución bancaria a sociedades legítimamente constituidas en El Salvador y personas naturales en pleno uso de sus derechos, la sanción puede ser reclamada en territorio salvadoreño.

Valat basa también su petición en base al artículos 182 de la Constitución de la República –que habla sobre las atribuciones de la CSJ-, y que en su numeral cuarto le ordena “conceder, conforme a la ley y cuanto fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros”.

“El señor Safie está obligado a pagar pero se niega a pagar. Punto. Nosotros esperamos que la justicia salvadoreña realmente tomé cartas en el asunto”, dice desde Miami, vía telefónica, Leoncio de la Peña, el representante legal de Valat International Holdings Ltd.

El Faro intentó conocer la versión del empresario Óscar Antonio Safie Zacarías, pero su secretaria informó que estaba fuera del país y que la cita podría llevarse a cabo “tal vez” al final de esta semana.

Según documentación en manos de De La Peña, el 5 de diciembre de 2006 Valat International Holdings Ltd. pidió a la CSJ que autorizara un permiso para que se ejecutara en El Salvador la sentencia dada por la jueza del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, Mindy S. Glazer.

La sentencia en Estados Unidos, que fue otorgada el 6 de septiembre de 2006, ordena a los Safie y a las empresas El Salvador Network S.A., Rayones de El Salvador S.A de C.V. e Hilanderías de Exportación S.A. a pagar lo adeudado, más intereses, que para esa fecha ascendía a 30 millones de dólares.

El 8 de febrero de 2007, la CSJ admitió el recurso presentado por la demandante y notificó a los demandados del proceso reclamado. El Faro tuvo acceso al expediente P-45-2006 en donde la corte da por admitida la solicitud de permiso para ejecutar la sentencia sumaria y notifica a los Safie y a esas tres empresas de la resolución.

De la Peña, tras un año,  dice sospechar de “la influencia” que Safie pueda tener en el sistema judicial salvadoreño. Según el abogado, actualmente el proceso se encuentra estancado pese a que ya se había planteado la resolución.

“El señor Safie supo cómo detener el proceso. Tras la resolución de febrero de 2007 pidió que la Corte repiense la decisión. Y no había ninguna razón legal en esa petición”, dice de La Peña.

El Caso

Entre octubre de 1999 y noviembre de 2001, El Salvador Networks, Hilanderías de El Salvador y Rayones de El Salvador hicieron varios préstamos millonarios al Hamilton Bank de la Florida –a través de créditos y contratos- para los cuales los cuatro miembros de la familia Safie se presentaron como garantes de los mismos.

En 2002, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) cerró las operaciones del banco y vendió los préstamos corporativos a Inman Trading LTD. Posteriormente, el paquete de los Safie fue comprado por Bancafé Internacional Bank Ltd. El 28 de julio de 2003, la deuda fue adquirida por Valat International Holdings Ltd.

“La familia Safie pensó que porque la FDIC cerró el Hamilton Bank su deuda quedaba perdida. Pero no, ellos tienen que pagar a los nuevos dueños de su préstamo. Así lo determinó la jueza tras tres años de la batalla legal”, dice De la Peña

Según reporta la agencia de noticias AP, los abogados de la familia Safie señalan que el caso debió haber sido procesado en El Salvador, no en Miami, y atacan a la compañía de origen irlandés.

“En papeles de la corte, también argumentan que Valat, empresa sin empleados con sede en Irlanda, es simplemente una fachada de Bancafe, un banco guatemalteco fallido que tenía los préstamos anteriormente”, dice la nota de AP.

En Guatemala, según público El Periódico en 2006, Valat tiene una demanda por realizar actividades de intermediación financiera -sin contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos (SB)- a favor de Finlat (ex Financiera Óptima).

“Entiendo que en ese proceso ya está por solucionarse. Pero eso no es argumento jurídico para no pagar. Si usted le presta al diablo tiene que pagarle al diablo. Ellos (la familia Safie) no tienen argumento para no pagar”, critica De la Peña.

“Acá en Miami nunca dijeron que no tenían que pagar la deuda. El señor Safie nunca dijo que no iban a pagar. Lo que pasa es que  ellos, ahora, no quieren pagar y se amparan en el sistema judicial salvadoreño para no hacerlo. No tenemos confianza de que habrá solución por parte de la Corte Suprema de Justicia”, añade.

¿Influencia?

En 18 de agosto de 2006, según Valat, el Juzgado Segundo de lo Civil dio una orden de embargo en contra de las tres propiedades de la familia Safie condenadas en Miami. El Juzgado ordenó la actuación de un interventor para que este realizara un secuestro preventivo de los bienes materiales y económicos de dichas empresas.

Pero el 19 de febrero de 2007, según consta en un documento proporcionado por De la Peña, el interventor del caso envió una misiva al Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, en donde denunció al empresario por el delito de desobediencia de particulares por no permitir acceso a las cuentas y oficinas de las tres empresas.

De la Peña asegura que existe esa denuncia que el interventor presentó a la FGR y señala que el Fiscal General no actúa debido a que es “primo hermano” de Safie Zacarías.

El fiscal General, consultado por El Faro el viernes 25, respondió: “Desconozco si hay una denuncia o no. Si la hay la vamos a investigar. Lo único que sé es lo que se publicó en el cable de AP y que estos señores tienen abierto un juicio por estafadores en Guatemala. Es un caso internacional, que se ha presentado a la CSJ, de un tema eminentemente mercantil, un cobro internacional. Debería  tratarse como una sentencia internacional para ver si se puede hacer efectivo en territorio salvadoreño”, añade.

Garrid Safie insiste en que no conoce ninguna denuncia en la Fiscalía contra el empresario y que, por tanto, no sabe si se trata de una denuncia contra personas jurídicas o personas naturales; y que por tanto no puede determinar si existiría conflicto de intereses en el caso. Al preguntarle qué parentesco guarda con Óscar Antonio Safie, el fiscal respondió: “Sólo le digo que no somos primos. Nada más”.

De la Peña sostiene que el sistema judicial salvadoreño está sentando un precedente desfavorable para los inversionistas extranjeros en este caso. “Acá nos hemos reunido con las más altas autoridades del Departamento de Estado para El Salvador y nos han dicho sentirse preocupadas por cómo está actuando la justicia salvadoreña. Este es un caso sin precedentes que ha tomado mucha fuerza en Estados Unidos. Ojalá tomara esa misma fuerza en su país”, concluye el abogado.

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