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Los baches del nuevo Código Procesal Penal

La discusión del nuevo Código Procesal Penal sacó de nuevo a luz pública las críticas a la FGR, institución que aumentaría su “atribuciones de investigación” con la normativa. Para los críticos del proyecto, la ley en estudio en la Asamblea Legislativa desde noviembre pasado intenta cambiar los problemas del sistema penal salvadoreño con “leyes más represivas”.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 28 de enero de 2008 - El Faro

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Falta de consenso y críticas a granel a la Fiscalía General de la República (FGR). La discusión del nuevo Código Procesal Penal (CPP) abrió viejas heridas entre los actores del sistema judicial salvadoreño. A su favor sólo tiene la moción unánime de que el código actual, elaborado 10 años atrás y aprobado tras un proceso de cuatro años de consensos y estudios, necesita ser revisado.

El anteproyecto fue elaborado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y desde finales de noviembre pasado se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa, donde sólo necesitaría de los votos de ARENA y el PCN para su aprobación. Sin embargo, Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Pública y Justicia, cree que el proceso de estudio dentro del parlamento dejará un nuevo proceso penal más expedito y depurado en “beneficio de la población”.

“Creo que lo que debe importar que haya una mejor justicia para las personas, víctimas y victimarios”, dice Escalante y resume los beneficios del nuevo código: mayor capacidad de investigación para la FGR; y la reducción del proceso penal, redefiniendo el papel de los jueces de paz y delimitando la cantidad de jueces del proceso de cinco a tres, con mayores beneficios de tiempo y de costos económicos.

Según Edgardo Amaya Cóbar, Coordinador de Seguridad Pública y Justicia Penal del Centro de Estudios Penales de El Salvador (FESPAD), existe una necesidad de ordenar el CPP debido a la gran cantidad de reformas continuas e improvisadas que se le han hecho. “Pero esto no es lo que se ha hecho en este proyecto, que se basa en un esquema gubernamental de dar respuestas legales represivas a problemas sociales, tratando de encubrir el fracaso de su política de seguridad”, critica Amaya, quien cree que la solución pasaría primero por una revisión estructural del sistema de justicia criminal antes de cualquier cambio legal.

Para algunos jueces, antes de aprobar el anteproyecto se tenía que exigir primero “un diagnóstico del ámbito judicial” para conocer si realmente era necesaria una nueva normativa o si ameritaba una revisión integral de la ya vigente. “Estamos ante un retroceso del sistema penal”, dice el abogado José María Méndez. “Es un retroceso en materia constitucional que busca debilitar la función del juez de paz y podría permitir mayor corrupción e impunidad en el proceso al dejar total discrecionalidad a la FGR”.

Para Escalante, lo único que se busca es abrir la posibilidad de que “los actores del proceso penal ejecuten sus funciones”. En ese sentido, según el artículo 172 de la Constitución de la República, al juez le toca “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. “Y el proceso de investigación recae en la Fiscalía. En este caso, lo que se hace es ciertamente darle varias facultades a la FGR, algunas de las cuales las tiene incorrecta e indebidamente el juez porque así se redactó en el código pasado”, resume el viceministro.

Críticas a la FGR

A principios de enero, el Partido Demócrata Cristiano se reunió con un grupo de jueces para escuchar opiniones sobre la nueva normativa. Rodolfo Parker, diputado y secretario general demócrata cristiano, aseguró que la información sería “una especie de insumo que se tomará en cuenta” para el análisis interno que haría su partido.

De nuevo los jueces criticaron las disposiciones del nuevo código, al que nombraron “inconsulto”, y reclamaron que el aumento de atribuciones de la FGR rozan lo inconstitucional y que la institución no tiene la capacidad para asumir sus nuevas atribuciones.

El juez Roberto Arévalo Ortuño, juez Sexto de Instrucción, analizó en su momento que el Código estaría dando funciones de jueces a la FGR. “La Fiscalía es capaz de mandar al archivo un expediente y ahí se extingue la acción penal. Esa es función netamente jurisdiccional. Se le está permitiendo violar el derecho de defensa de un imputado, porque no adquiere calidad de imputado hasta que hayan recogido toda la prueba contra él”, dijo el juez a principios de enero.

De Escobar analizó que bajo la nueva normativa “las víctimas quedan en una total desventaja” porque si la FGR decide no promover la acción penal no se podría accesar a la justicia. Para Walter Durán, diputado del FMLN, también estaría la incorporación del “saneamiento de las irregularidades procesales”, que permitiría a la Fiscalía “recomponer las pruebas” contra un imputado durante un proceso.

El listado de críticas es amplio: Restricción de los derechos de la ciudadanía al momento de ser investigada, ya que estos sólo se adquieren cuando la Fiscalía presenta la acusación formal; reducción de los controles de jueces sobre la PNC y la FGR; aumenta el nivel de discrecionalidad de la Fiscalía; introducción de reglas de evidencia tasada; y la falta de una audiencia inicial clara, entre otras.

El otro punto sería la falta de credibilidad de los manejadores de justicia en la misma Fiscalía. “Consideramos que si la FGR, que es a quien se le está dando más atribuciones a través de este anteproyecto, tiene la capacidad para judicializar nada más un 15 por ciento de casos de homicidio pues es absurdo estarle dando más potestades a una institución que, a nuestro punto de vista, es la que está generando mayor impunidad en este país”, dijo la jueza de Menores Aída Santos de Escobar.

Amaya va más allá. “Sólo un 30 por ciento de las denuncias que recibe la FGR ingresan a sede judicial... y sólo el 15 por ciento pasa a instrucción. Estos datos demuestran que no  está cumpliendo con su papel constitucional de investigar los delitos. Es una discusión artificial cuando hay evidencias de la mediocridad de la Fiscalía”.

Escalante deshecha las acusaciones y dice que se sabía “que iban a haber resistencias ideológicas, por formación académica y por ignorancia” al proyecto de código. “Hasta apareció este diputado (Walter) Durán diciendo que se iba a torturar gente en los interrogatorios”, dice.

El primer paso

No todos los abogados ven con malos ojos las propuestas del nuevo código. Francisco Bertrand Galindo, abogado y ex ministro de Gobernación, concuerda con la necesidad de reducir un proceso penal que exige una multiplicidad de jueces. “Y este puede ser un problema, más cuando se trata de ser más eficientes con los pocos recursos que tiene el Estado”, dice.

“Debemos fortalecer el sistema jurídico penal”, reconoce Claudia Umaña, directora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). “Y uno de los elementos es precisamente el marco legal, pero eso no quita que hay que hacer un análisis del proceso en general y su presupuesto”.

Sin embargo, para FUSADES, uno de los principales problemas que enfrenta el combate de la violencia en el país es el alto grado de impunidad. A ello estaría asociada: una débil investigación criminal, insuficiente asignación de recursos económicos y la baja denuncia de las víctimas. “Además de las controversias que han existido en la aplicación de los códigos”, dice Umaña. “Creemos que este código sí viene a llenar un vacío de revisar el procedimiento penal. Este proyecto trae un régimen sancionador democrático; va a ser más eficiente el impartir justicia penal, se va a desburocratizar; y es importante porque le da mayor fortalecimiento a la facultad de dirección funcional de la Fiscalía”.

Según los críticos, aún cuando la acción penal y la investigación de los delitos son potestades de la FGR, el código actual mantenía controles para no dar “poderes ilimitados” al Fiscal. “Así como están plasmadas las reformas, sería el Fiscal el que decide qué casos investiga y judicializa, haciendo de la FGR la que en última instancia decida el acceso a la justicia”, dice Méndez.

Bertrand Galindo sugiere que junto al nuevo proceso se dé una revisión total del sistema de justicia penal. “Tenemos en un extremo a la Policía y en el otro a los jueces… y en la rótula, con pocos recursos y poca capacidad operativa, a la FGR. Estamos ante un problema sistémico que hay que corregir y para ello hay que revisar todo el sistema”, resume.

Este proceso pasaría por un replanteamiento formal de la administración de recursos de la FGR, el fortalecimiento del proceso de investigación y una serie de normativas al interior de la Fiscalía que permitan una verdadera transparencia de las investigaciones. “Por un lado, la capacitación del recurso humano, algo que se hace a nivel de jueces y de la policía; y por el otro controles reales que permitan desde la denuncia de malos procedimientos al interior de la FGR y sanciones”, dice.

Escalante no adelanta si este proceso se podría emparejar a la aprobación del nuevo código y asegura que, aunque se necesitan más recursos económicos, tanto la FGR como la policía y el sistema judicial en general tienen “la capacidad para poder implementar un nuevo Código Procesal Penal”.

Por el momento, la discusión de la normativa está en manos de la Asamblea Legislativa, que solicitó a jueces y abogados desde el 18 de diciembre pasado hacer llegar sus comentarios y críticas al proyecto para elaborar una “matriz de estudio”. La fecha límite, este jueves 31 de enero. “Es una farsa de ARENA para decir que se está consensuando. No creemos que se quiera cambiar el fondo de lo que ha solicitado el gobierno. Ya tienen los votos para su aprobación”, critica Durán, miembro de la comisión que está estudiando el código.

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