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La polémica del hierro y el cobre
Un grupo de afectados por la ley que restringe la exportación de desechos de cobre, hierro y plomo buscan presionar al Ejecutivo para que la observe o la vete. Según el Ministerio de Economía la normativa pretende, como fin último, limitar la comercialización de materiales que son robados. Sin embargo, se desconoce por qué se les permite exportar estos desechos a unas pocas empresas.
Óscar González
cartas@elfaro.net
Publicada el 26 de noviembre de 2007 - El Faro
El miércoles 31 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto “Restricciones a la exportación de desechos ferrosos y no ferrosos”, con el fin de “poner un desincentivo a las exportaciones de desechos de hierro y de cobre que provienen únicamente de actividades ilícitas”. Pero la ley no previene estos hechos, simplemente privilegia las autorizaciones de exportación para aquellas empresas que puedan reutilizar los desechos ferrosos.
La normativa, que pasó sin mucho trámite en la Asamblea, fue apoyada por todas las fracciones legislativas e impulsada por el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Economía. La ministra del ramo, Yolanda de Gavidia, explica que el auge de los precios del cobre ha generado un fenómeno que no empezó en El Salvador, sino en diferentes países del sur. La demanda de estos materiales en China y Asia, dice, promovió un comercio irregular de cobre particularmente.
Fredy Quintanilla, gerente de Acero S.A., empresa que dice verse afectada por la exportación de “desperdicios de hierro”, apoya la ley y complementa la tesis de la ministra de Economía: “Cuando China, hace unos cuatro años, subió los precios a la materia prima, la gente comenzó a recoger chatarra y a mandarla para allá”, dice. “Esa chatarra es materia prima para nosotros”.
Quintanilla ha tenido que importar chatarra de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, para la producción de varillas de hierro para la construcción. Esto, según él, se debe a que muchas personas que trabajan en la recolección de desechos los venden a empresas que los exportan, pero “ahora les va a tocar venderlo a las compañías locales”.
La ley prohíbe la exportación de desperdicios y desechos de fundición de productos ferrosos y no ferrosos (art. 1), excepto a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuando estas estén registradas ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y dichos desperdicios y desechos provengan directamente de sus procesos industriales (art. 2). Es decir, aquellas empresas que “conviertan una materia prima en un producto terminado, a través de un proceso productivo generen este tipo de desperdicios”.
El decreto también dice que se dejará sin efecto cualquier beneficio e incentivo fiscal destinado a desperdicios y desechos. Excepto, de nuevo, aquellos que provengan directamente de procesos productivos. Las demás empresas tendrán 30 días a partir de la vigencia del decreto de gozar de dicho incentivo (art. 9).
El lunes 19 de noviembre, el Gremio Salvadoreño de Recicladores, en un comunicado, preguntaron: “¿Por qué se les permite a estas pocas empresas exportar y no así al resto de empresas del sector, si la finalidad es evitar el robo y hurto?”. Argumentan que igual se podrían exportar los desechos ya fundidos. “Dicha excepción convierte al decreto en una ley de dichas empresas para generar un monopolio”, agregan.
“Afectar sin razón alguna a más de 60 mil trabajadores directos del sector, sin contar con los empleos indirectos que la exportación genera. La medida afecta a la economía nacional y viola el derecho al trabajo”, dice el comunicado.
La gremial dice “apoyar todas las acciones para evitar la adquisición de desechos ilícitos”. Y asegura que todos sus miembros cumplen con los “parámetros exigidos de transparencia, respeto y cumplimiento a las leyes… En el país existen los instrumentos para combatir las prácticas de hurto, robo y recepción de estos productos”.
José Aguilar, de una empresa que dice sentirse afectada, dice que “hace poco Mario Machado, representante de Telecom, en un foro expresó directamente que el hurto y el robo del cable telefónico había bajado en un 90 por ciento”. Menciona que esto le parece “interesante”, ya que ellos han seguido exportando “exactamente las mismas cantidades de siempre”.
Sin embargo, al igual que la gremial, dice que no se opone a la “implementación de controles ni a la creación de un registro o que exista auditoria a las empresas que exportan”. Al contrario, agrega, apoyan el mecanismo porque busca acabar con aquellas empresas que “no están legalmente establecidas y que no pagan sus impuestos”.
Fredy Quintanilla reconoce que las empresas que exportan esos desechos, y que no los producen de su proceso industrial, se verán afectadas por esta ley. “Lo que hacen esas empresas es quitarle la materia prima a la industria nacional”. Él considera que “no hay compañías nacionales que se dediquen a exportar. Nosotros no exportamos desechos”.
Según cifras del Ministerio de Economía, la exportación de desechos, en el 2006, fue de 2.6 millones de dólares en cobre; 13.8 millones en aluminio; 900 mil en plástico; y 200 mil dólares en acero. Según el Ministerio de Economía, en ese año, “las cifras reportadas por pérdidas de cable telefónico alcanzaron los cuatro millones, mientras que ANDA reporto pérdidas de más de 131 tapaderas y 2 mil 398 medidores de agua robados”.
“El hurto de cables eléctricos, tapaderas de alcantarillas, cables telefónicos, medidores de agua y transformadores no es un fenómeno exclusivo de El Salvador”, dice el MINEC. En otros países ya se han tomado medidas similares. Al cierre de esta nota.
El MINEC aclaró en un comunicado que “el Decreto aprobado no prohíbe las exportaciones de productos no ferrosos como: aluminio, plástico y latas de bebidas gaseosas”. Todas las personas o empresas que deseen exportar estos productos o hilos, trenzas y cables de cobre, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Exportadores.
Una vez inscritos podrán exportar, pero la Dirección General de Aduanas tendrá la facultad de revocar el registro de cualquier persona, si esta no puede comprobar la procedencia de los desperdicios.
De Gavidia llamó a las empresas de “abstenerse de comprar a cualquier persona o institución desperdicios o desechos de hiero y cobre de dudosa procedencia”. La fiscalización para que la materia prima de los procesadores no provenga de acciones ilícitas es tarea de la policía y la fiscalía, explica la ministra de Economía al preguntarle cómo se evitará que los únicos autorizados a exportar no usen materia prima robada.
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