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Senadores de EE.UU. piden juicio o deportación de ex militares salvadoreños

Tras escuchar el testimonio de Juan Romagoza, víctima de tortura en El Salvador en 1980, un senador republicano y uno demócrata pidieron al Fiscal General estadounidense que se evalúe la situación de los generales José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova, ex ministros de Defensa. Ambos viven libremente en Estados Unidos, pese a que la misma justicia de ese país los ha encontrado culpables.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Publicada el 26 de noviembre de 2007 - El Faro

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El primer párrafo de la carta dirigida al Fiscal General estadounidense y al jefe del Departamento de Seguridad Interna tiene un mensaje fuerte: “nos ha preocupado profundamente conocer que perpetradores de serios abusos a los derechos humanos han encontrado un refugio seguro en los Estados Unidos”.

La carta está fechada el 20 de noviembre y está firmada por dos remitentes. Uno es Richard J. Durbin, senador demócrata por Illinois, y el otro es Tom Coburn, senador republicano por Oklahoma. “Les escribimos para llamar su atención sobre un ejemplo muy problemático”, continúa la correspondencia para Michael Mukasey y Michael Chertoff, Fiscal y jefe de Seguridad interna, respectivamente.

El ejemplo es ya conocido por instancias judiciales de Estados Unidos, pero esta vez son políticos de alto rango los que abogan por el tema directamente ante funcionarios del gabinete presidencial. Se trata del caso de los generales salvadoreños José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, ministros de Defensa en distintos años en la décadas de los 80, y residentes en Estados Unidos, en el estado de Miami, desde 1989.

A ambos se los ha encontrado culpables, por “responsabilidad de mando”, de cometer torturas y secuestros. El año pasado, de hecho, una corte federal de Atlanta confirmó la validez de la sentencia que los obligaba a pagar 54.6 millones de dólares a los tres inmigrantes salvadoreños que, junto con el Centro para la Justicia y la Transparencia (CJA, por sus siglas en inglés), han buscado una solución judicial en los tribunales estadounidenses en los últimos ocho años.

La sentencia, dictada por una corte civil de Florida en 2002, obligaba a los ex generales a pagar dicha cantidad como compensación para las tres víctimas: Romagoza, Neris González y Carlos Mauricio. A pesar de la confirmación de la sentencia en la que se les encuentra culpables de los atropellos, se quejan los senadores, “estos dos criminales de guerra siguen viviendo abierta y libremente en Florida”.

En la carta enviada al Fiscal y al jefe de Seguridad Interna, los senadores plantean finalmente tres preguntas para las que esperan “pronta respuesta”: ¿Pueden individuos con “responsabilidad de mando” por tortura ser enjuiciados por tortura bajo el Estatuto de Tortura?; ¿Pueden individuos con responsabilidad de mano por abusos serios a los derechos humanos ser enjuiciados por crímenes relacionados con la tergiversación de su rol en tales abusos, incluyendo fraude por visa y falsas declaraciones?; y, finalmente, si pueden ser expulsados bajo el Acto de Inmigración y Nacionalización (INA), que establece que la comisión de tortura o asesinatos extrajudiciales como una razón para la expulsión.

Se intentó tener la reacción de la cancillería salvadoreña sobre el caso, pero el vicecanciller, Eduardo Cálix, dijo a través de su personal de comunicaciones que prefería esperar una comunicación oficial del Fiscal estadounidense para emitir una opinión.

Además de este caso, García y Vides Casanova han pasado también por otro proceso judicial en los Estados Unidos. Los dos ganaron un juicio civil en Florida, en 2000, en el que se les responsabilizaba del asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en El Salvador durante 1980.

El testimonio
Durbin y Coburn, los senadores, iniciaron sus gestiones ante la Fiscalía y el Departamento de Seguridad Interna tras conocer el caso hace dos semanas, cuando escucharon el testimonio de Juan Romagoza, uno de los tres demandantes salvadoreños. El testimonio fue dado ante el Subcomité de Derechos Humanos del Senado, el pasado 14 de noviembre, en una discusión llamada “Sin refugio seguro: Responsabilidad para los violadores de los derechos humanos en Estados Unidos”.

Romagoza relató cómo en 1980, cuando trabaja en la clínica rural, fue capturado por la Guardia Nacional. Los soldados llegaron en dos vehículos y abrieron fuego contra una multitud de gente. Él fue alcanzado por una bala en el pie derecho y luego fue detenido como un “líder subversivo” porque tenía instrumentos médicos. Lo arrestaron y luego fue transportado en helicóptero a San Salvador.

“Los siguientes 22 días, tres o cuatro veces al día, miembros de la Guardia Nacional me sometieron a torturas incontables: shocks eléctricos en mis orejas, lengua, testículos, ano y heridas hasta que perdí el conocimiento. Me forzaban a estar conciente pateándome y quemándome con cigarrillos (…) También fui sometido repetidamente a varios formas de ahogamiento, donde mi cabeza era sumergida en agua, incluyendo colgarme de los pies y tener mi cabeza en una cubeta de agua hasta que casi me ahogaba (…) Fui torturado de manera tal como para asegurar que no pudiera practicar nunca más mi especialidad de cirugía otra vez. Me quebraron mi brazo y dedos, haciéndome perder el funcionamiento normal y movimiento de mi mano. Nunca fui tratado por ninguno de mis daños”.

Un día, continuó, fue diferente al resto. Sus captores le dijeron que “el gran jefe” iba a llegar a verlo. Se referían a él como “mi coronel”. “El general Vides Casanova vino a mi celda. Yo estaba encadenado al suelo cuando llegó. Me interrogó sobre mis tíos, presionando para ver si ellos estaban alineados con la oposición armada. Vides Casanova no mostró preocupación alguna por mi estado. Una vez se fue, tuve que soportar varios días más de tortura”, agregó en su testimonio.

Pamela Merchant, directora del CJA, acompañó a Romagoza. Su exposición ante el subcomité del Senado fue para abogar por el caso de su cliente y ofreció cifras que también alertaron a los senadores: se estima que más de 400 mil sobrevivientes de tortura por motivos políticos viven ahora en los Estados Unidos. También se estima que miles de violadores de los derechos humanos encontraron un refugio seguro en los Estados Unidos, incluyendo a más de mil con importante responsabilidad por serias atrocidades.

“Estos violadores con frecuencia viven en la misma comunidad inmigrante de sus víctimas, causando ansiedad extrema y socavando la justicia y los movimientos por la transparencia en países donde ocurrieron los abusos”, dijo.

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