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La OEA audita el Registro Electoral salvadoreño

Un equipo técnico de la organización internacional está en el país para realizar una auditoría que busca darle mayor confiabilidad al Registro Electoral, la principal base de datos para las elecciones de 2009. La semana pasada culminó  la recepción de denuncias y para esta empieza el trabajo de campo en todo el país. ¿El Registro es confiable? La OEA dará la respuesta al Tribunal Supremo Electoral en diciembre.

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El Registro Electoral (RE) será puesto a prueba por primera vez por la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta semana, 53 verificadores buscarán en 260 de los 262 municipios del país a diez mil salvadoreños, guiándose con la información que estos presentaron al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), una de las fuentes primarias que alimentan al RE.

“Vamos a comprobar si la información que presentaron al registro coincide. Si todavía son quienes dicen ser y si todavía viven donde dijeron que vivían”, señala el coordinador del la misión electoral, Patricio Fajardo.

En otro análisis paralelo a la prueba de campo, Fajardo, junto a un equipo de nueve técnicos, cotejará los datos provenientes de una muestra de 50 mil salvadoreños para verificar que la data personal que aparece en el RE es la misma que tiene registrada el RNPN en sus archivos. La misión técnica busca detectar las fallas del registro y qué tan confiable es para que de él se conforme el padrón electoral de las elecciones de 2009.

Miembros de la junta directiva Partido en formacion, Fraternidad Patriota Salvadoreña, presentaron su denuncia el pasado 31 de octubre.

El RE –que en 2006 llegó a 4.1 millones- es la base con la cual se conforma el padrón electoral (listado de electores del país). En los eventos electorales anteriores, la OEA, a petición del país, sólo ha venido a garantizar la pureza en el manejo de resultados electorales, el sistema de conteo de votos. Esta es la primera vez que el país solicita una auditoría para la base de datos de los salvadoreños aptos para votar.

Para Claudia Umaña, responsable del departamento de asuntos legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), era inevitable realizar esta auditoría.

“En 2009 mucho es lo que se está jugando el pueblo salvadoreño. Tenemos a la elección de presidente, diputados, alcaldes. Es un año donde probablemente habrá elección del fiscal, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se está jugando demasiado en un corto periodo de tiempo”, dice.

La Junta de Vigilancia Electoral y expertos en materia electoral plantean que el sistema del registro es frágil en más de un campo. Desde la emisión de partidas de nacimiento, pasando por la emisión de los Documentos únicos de Identidad (DUI), la migración de votantes de un municipio a otro, la entrega de documentos a nicaragüenses y hondureños, la suplantación de identidad,  hasta el proceso de actualización del RE, en donde se han denunciado anomalías en los casos de defunciones que todavía aparecen en el padrón e inhabilitados.

¿Denuncias comprobables?
El equipo de la OEA se instaló en una habitación del Hotel Suite Las Palmas, en el corazón de la Zona Rosa de esta capital, y ahí abrió las puertas para que desde el pasado 1 de octubre toda persona en calidad individual o en representación de grupos presentara denuncias que considerara válidas acerca del Registro.

El cierre de recepción de estas denuncias culminó el pasado miércoles 31. Sólo se recibieron 34. Un día antes del cierre, el diputado de ARENA, Guillermo Ávila Qüehl, criticó a los partidos que buscan “empañar” el proceso eleccionario. Según declaró el diputado a la Prensa Gráfica (LPG), hay partidos que acusan que el sistema está viciado, pero a la hora de presentar pruebas no tiene ninguna, sólo “especulaciones”.

A la sede de la OEA, según Fajardo, acudieron todos los partidos a presentar denuncias. “(Hubo) denuncias de un partido contra otro. No es generalizado sólo para un partido. En resumen, (según las denuncias) lo hacen todos”, dijo.

“Se recibieron tres tipos de denuncia: usurpación o suplantación de identidad, que es de los temas que más se dieron. En el sentido que una persona en el año 2006 se presentó a votar y ya habían votado por esa persona. Movilización de votantes y, el tercero, es el tema de extranjeros con DUIS”, explica.

“Nos han hablado mucho que viene mucha gente de Nicaragua u Honduras trabajar en la zafra o algún tema agrícola y ahí se les da una documentación, se quedan en el país y votan”, añade.

Hace dos años, falleció un nicaragüense luego de que el camión que conducía volcara en la carretera Panamericana, a pocos metros de la frontera Las Chinamas (Ahuachapán). La nota trascendió en los medios de comunicación debido a que portaba un documento de identidad salvadoreño.

El 28 de junio de 2005, las autoridades encontraron entre sus papeles una cédula de identidad nicaragüense con el nombre de Juan Francisco Izaguirre, nacido en Chinandega (Nicaragua) en agosto de 1945. En el documento salvadoreño (DUI), sin embargo, Izaguirre se hacía llamar Juan Francisco Blandón Espinoza, salvadoreño nacido el 3 de octubre de 1944 en Tecapán (Usulután).

¿Este caso es reflejo de una práctica sistematizada de “nacionalización de  extranjeros”? Fajardo dice es un proceso que se analizará “cuidadosamente”.  “El tema de la denuncia funciona más con un método de observación, en el que tiene que estar en el campo y ver si realmente pasa, pero también en el caso de extranjería se puede ver en qué proceso o etapa o en qué momentos se inscribieron tantos o X de un país  a otro país y pasaron a ser salvadoreños y tener un DUI”, señala.

En San Isidro (Cabañas) a representantes de organizaciones sociales les preocupa más otro de los fenómenos. Miguel Rivera, Gustavo Rivera y Pablo Escobar llegaron al hotel en representación de organismos sociales en contra de la minería para denunciar que a Isidro Cabañas han llegado a votar personas provenientes del Caserío La Junta (departamento de Sonsonate) y del caserío Terreno Negro (Ilobasco).

“En 2006 llegaron y dijeron que eran del cantón Amate de San Isidro. Pero cuando uno les preguntaba la dirección no sabían qué responder”, dice Miguel Rivera.

Desde Chalatanengo viajó también Antonio Carrillo, para denunciar que en los municipios de San Ignacio y La Palma están registrados hondureños aptos para votar.

El último día de la recepción de denuncias también llegaron representantes de la junta directiva del partido político en formación Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS). Ellos denunciaron que el TSE no los quiere inscribir como partido político, pese a que presentaron 76 mil 800 firmas el 3 de mayo de este año.

“Pero como agregado le informamos a la OEA que en ese proceso nosotros detectamos anomalías que si quieren conocerlas a fondo nos pidan toda la documentación. No la trajimos con nosotros porque son unos grandes mamotretos”, dice Óscar Lemus, el presidente de la FPS.

Según Lemus, el TSE objetó –tras la negativa de nueve personas a validar su firma-  24 mil 560.  Al ir a comparar los nombres y número de DUI de los firmantes con las fichas en el Registro, los miembros de la FPS detectaron una anomalía: los registros de los documentos aparecían sin firmas. “¿Cuántos DUI estarán siendo entregados con los datos de una persona pero con la firma o la foto de otra?”, pregunta Lemus.

Para Lillian de Benavides, representante del FMLN en la Junta de Vigilancia Electoral, la OEA debe hacer un trabajo exhaustivo y exigirle al RNPN y al TSE que abran sus puertas para garantizar transparencia en la conformación del RE y del padrón electoral.

“Ahí se han dado cosas que empañan el proceso y pese a que la Constitución manda que los partidos políticos tenemos derecho a acceder a la información del registro, esa información es vedada. Es vedada porque saben que podemos descubrir todo lo que ellos hacen ahí”, dice.

El Faro intentó conocer la versión del director del RNPN, José Francisco Guerrero, pero desde la oficina de comunicaciones se informó que por falta de tiempo la cita será concedida hasta esta semana. El RNPN vive en estos momentos un pleito legal por incumplimiento de contrato con DOCUSAL, la empresa encargada de emitir los DUI a los salvadoreños con 18 años cumplidos.

El FMLN siempre ha criticado a ARENA de empañar el proceso electoral. De hecho, para las elecciones presidenciales de 2004, Shafik Hándal, candidato perdedor, no reconoció el triunfo de Antonio Saca y acusó al partido de derecha de movilizar votantes y traer hondureños y nicaragüenses a las votaciones. Pero el FMLN también es denunciado por movilizar votantes de un municipio a otro. Consultada al respecto, Benavides dice que “no es política del partido realizar ese tipo de acciones” y que están abiertos a cualquier investigación.

Los juicios subsidiarios

A Claudia Umaña, más allá de las denuncias que se han ventilado en el proceso de auditoría, le preocupan las normativas legales vigentes que frente al evento electoral se perfilan como los principales obstáculos para la transparencia.

Umaña se refiere a la reposición de libros y partidas del registro civil, una normativa que data desde 1981 y cuyo objetivo era que las alcaldías pudieran reponer sus libros del registro civil que fueron dañados por la guerra.

“El artículo 5 de la ley dice: en ausencia de estos documentos no se puede hacer reposiciones con esta ley… pero sí se puede hacer todo este trámite de acuerdo al Código de procedimientos civiles y la ley del ejercicio notarial de jurisdicción del notario y  otras diligencias, en donde con dos testigos ante un notario se comprueba la identidad de una persona, y luego el RNPN lo tiene que retomar”, explica Umaña.

Para ella, también debe cambiarse el mecanismo dentro del RNPN y sancionarse con más fuerza a quienes mientan al momento de dar información de su identidad, así como crear instancias de seguimiento que monitoreen estos casos.

Julio Marroquín, representante del FDR en la JVE, asegura que su partido tiene pruebas que fueron presentadas a la OEA de cómo hondureños y nicaragüenses han obtenido la documentación salvadoreña con esos juicios subsidiaros. “Hemos identificado los procedimientos que se han establecido (para dar esa documentación) y cuáles podrían ser los mecanismos para que ellos (OEA) investiguen”, dice.

El FDR también reclama que ARENA tiene vedado el acceso al Registro Electoral con fines meramente partidarios. “Preocupa la gran cantidad de personas fallecidas que no han sido eliminadas del RE, el traslado de votantes con el propósito de beneficiar  a x candidatos. Esperamos que la OEA resuelva y establezca medidas, mecanismos y procedimientos que nos permitan que el registro no sea manoseado con un interés del partido en el gobierno”, dice.

Con sólo 34 denuncias, para Fajardo, no se puede decir categóricamente si el sistema falla o no. Hace falta, dice, el análisis que se obtenga del trabajo de campo (en busca de los diez mil DUI) y del cotejo de datos entre el RNPN y el RE en la muestra de 50 mil personas.

“Ningún país en el mundo es perfecto. O sea que exigir que este registro sea perfecto es una falacia. Y nosotros todavía no tenemos las conclusiones, por eso no puedo decir si funciona o no, si está funcionando más o menos o nada. No puedo dar un juicio crítico en este momento”, dice.

El jueves 10, la Acción Ciudadana para la Democracia presentó una comisión AD HOC que dará seguimiento al trabajo que la OEA realiza en el país. La Comisión Ad Hoc la constituyen Domingo Méndez y Anita Buitrago, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el pastor Carlos Rivas, del Tabernáculo de Avivamiento Internacional; los obispos Medardo Gómez, de la Iglesia Luterana, y Martín Barahona, de Iglesia Anglicana; Ignacio Paniagua, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Rómulo Rivas Blanco, del Movimiento Independiente pro Reforma Electoral (MIRE), y Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Para Umaña, luego del trabajo que realice la OEA le toca a la clase política y a la sociedad hacer el suyo. “Si los salvadoreños consideramos que ya no se debería seguir aplicando la legislación con la amplitud que tiene, pues entonces deberíamos entrar en un proceso de análisis de la legislación de esta autorización que tienen los notarios”, dice en alusión a  los juicios subsidiarios. “Pero desafortunadamente la discusión pública no está en ese sentido”, se queja.

El jueves 31, a las 4:15 de la tarde, María Reyes y su hija Graciela llegaron a última hora a presentar su denuncia. En el año 2000, María fue a sacar su DUI a las oficinas del DUICENTRO en el centro de San Salvador, hizo todos los pasos, dio sus datos y se tomó la foto. A la hora de entregarle el documento se lo negaron.

“Este DUI ya lo entregamos, me dijeron. Yo les dije que no, que no me lo han dado porque yo soy yo. Luego me enseñaron la plantilla y ahí aparecía todo igualito, sólo había una diferencia. La persona que tiene mi DUI vive en la Colonia Montecarmelo de Soyapango. Yo vivo en la Comunidad Montecarmelo del Barrio La Luz (San Salvador)”.

A la fecha, María vive sin documento de identidad y sin la oportunidad de votar, mucho menos de realizar cualquier trámite en el que le exijan una prueba de su identidad. “Mi hija me tiene que acompañar siempre”, dice.

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