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Entrevista con Abigaíl Castro de Pérez, embajadora de El Salvador ante la OEA

“Esperamos que la CIDH avale una solución amistosa entre el arzobispado y el gobierno”

La embajadora dice que el gobierno buscó directamente al arzobispo de San Salvador para hablar sobre el caso Romero porque consideró que su oficina de Tutela Legal no estaba siendo representativa. El acercamiento busca llegar a una “solución amistosa” negociando la propuesta de reparación de daños que debe hacer el Estado. La derogación de la Ley de Amnistía, recomendada por la CIDH, no cabe en el acuerdo que el gobierno busca con la Iglesia.

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¿Cómo surge el acercamiento del gobierno con el arzobispado de San Salvador? ¿Cuál era el objetivo?

Es importante para el gobierno que el diálogo fluyera al más alto nivel porque estábamos percibiendo información que prácticamente era la misma en todas las audiencias, los reclamos, a pesar de que nuestro gobierno ha estado dando respuesta por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De ahí la necesidad de que el diálogo se abriera al peticionario real, que es el arzobispo.

¿Interpretaban que la participación de Tutela Legal no era representativa del arzobispado?

Sí, efectivamente. Es que en las audiencias no había diálogo, siempre había reclamos. Pero nosotros nos estábamos basando en las mismas recomendaciones que la Comisión ha hecho sobre la necesidad de que no se utilice la Comisión para dar seguimiento, sino los espacios de diálogo en nuestros países. El gobierno consideró pertinente acatar esa recomendación de la CIDH, porque las audiencias son exactamente 20 minutos para el peticionario y 20 minutos para el Estado. Pero en sus propios países es donde deben buscar un diálogo eficiente, abierto, franco.

¿Qué puntos concretos pensaban abordar?

Todo era en el contexto de las recomendaciones de la Comisión Interamericana en el caso de Monseñor, pero contextualizado dentro del proceso de paz, que fue lo que dijimos en la última participación. El caso de Monseñor Romero se presentaba como aislado y para nosotros era muy importante tenerlo contextualizado.

El temor que expresaron Tutela Legal y CEJIL es justamente sobre si se está buscando este acercamiento pero para llegar a acuerdos fuera de las recomendaciones que ya hizo la CIDH.

Lo ha confirmado el arzobispo y el gobierno, nuestro pensamiento, nuestro diálogo en este proceso es, efectivamente… se trata de un diálogo con el fin de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Lógicamente, eso es lo correcto.

¿Por qué se ha buscado el diálogo con tan poco tiempo antes de que se celebrara la audiencia de seguimiento en la Comisión?

El debido proceso es muy importante para nosotros. Tuvimos exactamente 10 días, en el mes de julio, para conocer la propuesta del arzobispado sobre el tema de reparación de daños. Cuando fuimos convocados a una reunión de trabajo, de manera no oficial pudimos conocer, por medio de la CIDH, que había una propuesta, la cual nosotros no conocíamos.

¿Está hablando de la propuesta que los peticionarios hicieron el año pasado?

Es que en la audiencia de 2005 se nos prometió hacernos llegar una propuesta de reparación, pero esa no se entregó hasta como año y medio después, en febrero de 2007. A partir de ese momento nos convocaron a una reunión para marzo, pero teníamos estrictamente diez días para poder examinar la propuesta, muy amplia, muy extensa. A raíz de esa propuesta empezamos a tener comunicaciones con el arzobispado y llegamos muy cerca de la audiencia esta a conocer que el mismo arzobispado no fue consultado para presentar esa propuesta. Y para nosotros era muy importante que tuviera la propia aprobación del arzobispado.

¿Y les parece una propuesta viable la que hizo Tutela Legal y el Arzobispado?

Lo importante del diálogo es que nadie está en posición de no ceder, sino que hay que acercarse, pero sobre todo tomando en consideración la reconciliación nacional.

Carlos Méndez Flores (asesor de cancillería) dijo en la audiencia que la sola orden de captura contra el capitán Saravia indicaba que sí se estaba procurando justicia. Sin embargo, la recomendación de la CIDH es que se haga una investigación exhaustiva para dar con todos los responsables y hasta eso no se ha llegado.

El Estado rrespondió a la Comisión en tres sentidos: uno, que el hecho fue debidamente investigado a través del proceso judicial correspondiente; dos, que la Ley de Amnistía ha sido parte fundamental de los Acuerdos de Paz y, por ende, de la reconciliación nacional; y tres, que la acción penal en relación con el caso ya prescribió. Eso es lo que se ha mantenido de nuevo en esta audiencia.

Si usted dice que el diálogo con el arzobispado se ha buscado siempre en el marco de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, ¿cómo van a conciliar la posición del gobierno con la tercera recomendación, que justamente pide dejar sin efecto la ley de Amnistía?

Nosotros hemos tenido en este periodo también una audiencia sobre el proceso de paz y le voy a leer el comunicado de prensa de la misma Comisión con relación a este punto: los representantes del gobierno informaron que acatar la recomendación de la Comisión de la Verdad de publicar los nombres de los responsables de los principales crímenes, las partes firmantes del Acuerdo de Paz ya fueron más allá de su intención inicial de olvidar lo sucedido. Y continúa: advirtieron que volver a buscar a los responsables de las violaciones de derechos humanos pondría en peligro la paz alcanzada y que el país ha optado por mirar hacia el futuro. Eso es lo que recoge el comunicado de prensa de la CIDH sobre esto. Y, efectivamente, al tener un contexto sociopolítico diferente, pensamos que las recomendaciones de la CIDH pueden tender hacia una posibilidad real de no afectar a la sociedad salvadoreña, no abrir viejas heridas. Y con eso no estaríamos en una situación de no cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

La recomendación de la CIDH dice claramente “adecuar la legislación interna a la Convención Interamericana, a fin de dejar sin efecto la Ley General de Amnistía”. ¿Cómo no estarían no cumpliendo si la ley se mantiene vigente?

Es que literalmente es bastante difícil (cumplir con todas las recomendaciones) y todos los Estados estamos en un proceso de diálogo con la misma CIDH. Ellos tienen información de ambas partes, pero nosotros estamos circunscritos a la misma Convención, y la Convención dice en su artículo 45, en el literal b), que una de las funciones de la CIDH es formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros, para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos Constitucionales. Ese mismo artículo lo repiten los estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exactamente igual. Y, además, en el reglamento de la CIDH dice “una vez publicado un informe sobre solución amistosa sobre lo cual haya formulado recomendaciones, la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere oportunas”. Entonces el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en la causa de los derechos humanos. El mismo Monseñor (Sáenz) dijo que debemos pensar en el bien común.

¿Entonces espera que si se llega a una “solución amistosa” entre el arzobispado y el gobierno de El Salvador, aunque no fuera en los mismos términos de las recomendaciones, la Comisión igualmente la avalaría?

Eso es lo que entenderíamos nosotros, porque es el fin último del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si no se mantiene la vigencia de la Ley General de Amnistía estaríamos en contra del bien común de nuestro país.

Usted en la audiencia pidió que no se informara de desacato a la Asamblea General de la OEA, ¿qué tiempo puede llevar que se tome la decisión de informar esto o no hacerlo?

En la audiencia el peticionario puede solicitar que se informe, pero igual el gobierno puede solicitar (lo contrario). Y en este caso yo creo que quedó absolutamente claro para los comisionados que hay un diálogo abierto alrededor de las recomendaciones. Y que los diálogos son un proceso de entendimiento, y que son procesos largos.

¿Pero cuánto tiempo puede llevar que se tome esa decisión?

Nosotros dimos un argumento de que no podía aceptarse esa solicitud. Estamos seguros de que no va a ser considerado porque no hay desacato. Lo que hay es un diálogo que se está iniciando, tal como el mecanismo lo ha recomendado: diálogo permanente en los países. Esa es la recomendación que hace la Comisión.

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