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Arzobispado y Tutela Legal enfrentados por diálogo con el gobierno

El arzobispo Sáenz Lacalle ordenó el despido del abogado de Tutela Legal a cargo del caso Monseñor Romero ante la OEA. El prelado lo acusó de deslealtad, después de que David Morales expresara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus temores de que el gobierno salvadoreño estuviera buscando un acuerdo con la Iglesia fuera de las recomendaciones de la CIDH.

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“Yo supongo que la lealtad que el arzobispo esperaba de mí era mi silencio”, decía David Morales el miércoles 24, un día después de que el arzobispado de San Salvador lo despidiera de la Oficina de Tutela Legal, de la cual era representante para el seguimiento ante la CIDH del caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo capitalino asesinado en 1980.

La CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que El Salvador es miembro, concluyó en el año 2000 que el Estado salvadoreño tenía responsabilidad en la negación de justicia en el caso y emitió tres recomendaciones: realizar una investigación judicial completa y efectiva a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales; reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización; y adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General decretada en 1993.

Justamente sobre el cumplimiento o no de estas recomendaciones, el pasado 10 de octubre la CIDH celebró una audiencia a petición de Tutela Legal del arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los demandantes en el caso.

En ella se hizo público un detalle que, “para que no entrampara”, había querido ser mantenido “en privado”. El gobierno, a través de la cancillería, había pedido días antes de la audiencia una reunión con el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, para buscar un diálogo con la Iglesia alrededor del caso.

El primer encuentro fue el 4 de octubre, sin la presencia del canciller ni del arzobispo. A esa primera reunión asistieron Carlos Méndez Flores y Teresa Blanco, como asesores de cancillería; monseñor Richard Antall, en representación de Sáenz Lacalle; Juan Daniel Guzmán, en calidad de “experto internacionalista” del arzobispado; y David Morales, por ser quien oficialmente llevaba el caso. En la segunda reunión, realizada tres días después, participó también el vicecanciller, Eduardo Cálix.

En ambos encuentros, recuerda Morales, los representantes del gobierno insistieron en que el Estado no asumiría responsabilidad en el caso y que tampoco estaban dispuestos a dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. “El mismo Monseñor (Sáenz) dijo que debemos pensar en el bien común (…) Si no se mantiene la vigencia de la Ley General de Amnistía estaríamos en contra del bien común de nuestro país”, confirma la representante salvadoreña ante la OEA, Abigaíl Castro de Pérez . La embajadora estima que la CIDH avalaría una “solución amistosa” en este caso.

Pese a estas primeras aclaraciones del gobierno, que para Morales riñen con las recomendaciones de la CIDH, las partes decidieron continuar dialogando y acordaron, además, informar de estos acercamientos en la audiencia.

Efectivamente, dice Morales en un comunicado, “en la primera de las reuniones se acordó informar a la Comisión que se había iniciado un diálogo y que las partes expresaban buena fe para continuarlo, también que se tomaría el tiempo necesario para ello”. Pero, agrega, “nunca se pactó ni se ordenó expresamente por los monseñores (Sáenz y Antall) que Tutela Legal del arzobispado debería guardar silencio ante la CIDH por los incumplimientos del Estado”.

Y fue eso lo que los peticionarios, Tutela Legal y CEJIL, expresaron en la audiencia, especialmente su temor de que con estos acercamientos se estuviera intentando evadir las recomendaciones de la CIDH. “Nos preocupa que el Estado pretenda este acercamiento y diálogo partiendo del desconocimiento del Informe de la Comisión Interamericana (…) Para esta representación es importantísimo que ese diálogo que ha iniciado el Estado parta del reconocimiento de responsabilidad del Estado en la muerte de Monseñor Romero. Es importante que se haga dentro del marco de las recomendaciones de la CIDH porque, de lo contrario, sería otro tipo de acuerdo”, dijo Soraya Long, abogada de CEJIL.

Es un diálogo “muy embrionario” y “no es trascendente a efectos de cumplimiento (de las recomendaciones)”, agrega Morales.

Una bienvenida con carta de despido

La participación de Morales no fue bien vista por el arzobispado. En un comunicado fechado el 11 de octubre, un día después de la audiencia, Monseñor Sáenz Lacalle hizo público a través de un medio impreso su descontento con las palabras del abogado de Tutela Legal.

“Lamentamos que la posición del Arzobispado de San Salvador no haya sido debidamente transmitida en la reunión efectuada el día 10 de octubre en la ciudad de Washington, D.C. El diálogo continuará en la búsqueda de una paz verdadera. La memoria de Monseñor Romero nos exige respeto, paciencia, responsabilidad y un firme compromiso de trabajar por la paz de nuestro querido El Salvador”, decía el comunicado.

Abigail Castro dice que se buscó un diálogo directo con Sáenz Lacalle porque tenían la impresión de que la posición de Morales no estaba siendo representativa del arzobispado. “De ahí la necesidad de que el diálogo se abriera al peticionario real, que es el arzobispo (…) Es que en las audiencias no había diálogo, siempre había reclamos”.

Tras la audiencia en la CIDH, el arzobispo ordenó el despido de Morales. Monseñor Richard Antall notificó a Ovidio González, director de la oficina de Tutela Legal, la decisión de despedir a Morales por “deslealtad laboral”.

“Son asuntos internos de la Arquidiócesis que tienen que ver con la fidelidad de los empleados (…) Ha habido un comportamiento no tan consecuente”, justificó luego el arzobispo, en una conferencia de prensa, el pasado domingo 21. El caso, dijo, lo llevarán desde ahora nuevos abogados.

La decisión de Sáenz Lacalle ha puesto ahora en posiciones contrarias al arzobispado y a su oficina de Tutela Legal, que junto a varias organizaciones no gubernamentales comparte que el despido de Morales no es justificado. El titular de la oficina, Ovidio González, apoyó al abogado incluso después de su despido. Pidió al arzobispo reconsiderar su decisión y dijo que lo que había pronunciado Morales en la audiencia era la posición “que jurídicamente tenía que expresar”. “Jurídicamente el caso se resolvió en 2000 con las recomendaciones que dio la Comisión, lo que no se ha dado es el cumplimiento (…) Lo que esperamos ahora es que no se vaya a manipular nada, porque de todos modos cualquier negociación a la que lleguen tiene que revisarla la Comisión y evaluar si está de acuerdo con lo que recomendó”, dijo.

Morales convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre su despido. “Es la primera vez que algo así ocurre, que impiden nuestro trabajo. Y ocurre con el caso de Monseñor Romero, en el que el gobierno tiene intereses políticos de neutralizar”.

“No estamos en desacato”: gobierno de El Salvador

Siendo un país miembro de la OEA, El Salvador está obligado a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su intervención en la audiencia del 10 de octubre, Carlos Méndez Flores, asesor de la cancillería salvadoreña, insistió, como lo hizo en la reunión privada con el arzobispado, en que el Estado no podía asumir ninguna responsabilidad por negación de justicia. Para la representación gubernamental, el solo hecho de que se haya dictado orden de captura contra el prófugo ex capitán Álvaro Saravia, encontrado culpable en Estados Unidos de coordinar la operación para el asesinato de Romero, demuestra que sí se ha procurado justicia.

La recomendación de la CIDH, sin embargo, indica que debe haber una investigación exhaustiva para dar con todos los responsables, además de anular la Ley de Amnistía y reparar las consecuencias de las violaciones cometidas.

La propuesta de reparación de daños de Tutela Legal y CEJIL, presentada en septiembre de 2006 y sobre la cual no se ha llegado a consenso, incluye un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas; una publicación de las partes relevantes del informe 37/00 de la Comisión Interamericana, que es en el que indica la responsabilidad del Estado y hace las recomendaciones; la creación y difusión de un documental sobre Monseñor Romero y las circunstancias de su ejecución; la inclusión del informe 37/00 en los planes de estudio primarios, secundarios y universitarios; la creación de una plaza en memoria de Monseñor Romero; capacitación a las fuerzas armadas; cursos sobre investigación a agentes policiales, fiscales y judiciales; y que se prohíba brindar homenajes a los responsables de la muerte de Monseñor Romero.

Esto último, en alusión especial al fallecido Mayor Roberto D’Aubuisson, fundador del partido de gobierno –ARENA- y señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como el responsable de ordenar el asesinato de Romero. “Es común que funcionarios del más alto nivel del Estado, incluso el presidente de la república, rindan homenaje público” a D’Aubuisson, a través de retratos e intervenciones públicas. Tres  meses antes de que los peticionarios hicieran esta propuesta, ARENA y la alcaldía de Antiguo Cuscatlán inauguraron una plaza pública en honor al fundador de ese partido.

Ni la reparación de daños ni las otras dos recomendaciones, a juicio de la CIDH, están saldadas. “En el informe de 2000 hay tres puntos concretos de recomendaciones que aún al día de hoy se mantienen incumplidos”, dijo el 10 de octubre el relator de la Comisión para El Salvador, el argentino Víctor Abramovich.

Momentos antes, la embajadora Abigaíl Castro de Pérez le había hecho una petición: “Solicitamos que no se informe a la Asamblea General que hay desacato porque no hay desacato por parte del gobierno de El Salvador. Estamos en un diálogo franco, abierto”.

La decisión de informar o no a la Asamblea General de la OEA sobre el estado de las recomendaciones puede tomar, según Morales varias semanas. Castro de Pérez, en cambio, asegura estar totalmente confiada de que no se dará ese informe y dijo que las reuniones con el arzobispado continuarán.

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