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Juicio militar por hurto de dinero en Iraq

Un oficial del ejército, el cuarto al mando en el Batallón Cuscatlán II, es acusado de hurtar en Iraq parte del dinero entregado por las tropas españolas cuando se retiraron de la ciudad de Nayaf, en 2004. El militar tiene abierto un juicio en el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada y ya enfrentó otro en un juzgado civil que no prosperó por faltas al debido proceso.

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El Tribunal de Honor de la Fuerza Armada ha abierto un proceso contra un oficial veterano de Iraq por la desaparición de una considerable cantidad de dinero de las fuerzas de la coalición bajo responsabilidad del segundo contingente salvadoreño (2004) en ese país. 

El teniente coronel Roberto Arturo Alegría Rivas, que se declara inocente de los cargos, era el encargado de administrar el dinero en ese batallón, y bajo su responsabilidad desaparecieron fondos destinados al pago de salarios de las defensas civiles iraquíes.

Debido al sigilo con que el Ejército salvadoreño maneja este y todos sus procesos, El Faro no ha podido confirmar cuánto dinero se perdió. Hemos solicitado en repetidas ocasiones, desde hace un mes, una entrevista con el Ministro de Defensa, Otto Alejandro Romero, pero hasta el cierre de esta nota el ministro aún no había accedido a la entrevista.

El general Eduardo Mendoza Morales, presidente del Tribunal de Honor de la Fuerza Armada, confirmó el juicio contra Alegría Rivas, pero se negó a dar más información “para no adelantar criterios” y porque los asuntos que ventila el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada “sólo deben ser del conocimiento de las partes involucradas”.

El dinero era parte de los salarios que la Brigada Plus Ultra, comandada entonces por España, destinaba a los guardias civiles iraquíes en Nayaf entrenados por las tropas salvadoreñas. Su misión era custodiar las instituciones de gobierno y lugares estratégicos – bancos o gasolineras – y defenderlas de ataques de las fuerzas insurgentes.

Estados Unidos, al frente de las tropas en Iraq, entregaba el dinero a las tropas españolas, que eran las responsables de pagar a los guardias civiles. Pero España y el resto de ejércitos de la Plus Ultra (Honduras, Nicaragua y República Dominicana), con excepción de El Salvador, se retiraron a principios de 2004. Para realizar los últimos pagos a las defensas civiles, los españoles dejaron todo el dinero a los militares salvadoreños. Pero pocos días después las defensas civiles desaparecieron. Y el dinero también.

La desintegración de las defensas civiles

Las defensas civiles iraquíes fueron diseñadas y creadas por las fuerzas de la coalición para dar entrenamiento a ciudadanos iraquíes en materia de seguridad y, con el tiempo, otorgarles mayores responsabilidades en la administración de la seguridad pública y la protección a vehículos e instituciones en ese país.

Las tropas salvadoreñas del primer Batallón Cuscatlán, bajo el mando del teniente coronel Sabino Santiago Monterroza, se encargaron del reclutamiento y entrenamiento del nuevo cuerpo de seguridad en Nayaf a partir de octubre de 2003.
 
En marzo del 2004, ya con el segundo Batallón Cuscatlán presente en Iraq bajo el mando del coronel Orellana Calidonio, el clérigo radical chiíta Muqtada al Sadr provocó una insurrección popular con su llamamiento a la desobediencia civil.

Desde el derrocamiento de Sadam Husein, en 2003, Sadr predica en Kufa y vive en Nayaf, la ciudad más sagrada de los chiítas que desde mediados de 2003 y durante un año estuvo bajo responsabilidad de las tropas salvadoreñas. Las milicias armadas leales a Muqtada al Sadr atacaron múltiples veces Camp Baker, la base donde se encontraban destacados los soldados salvadoreños. En el más grave de esos ataques, el 4 de abril de 2004, murió el soldado salvadoreño Natividad Méndez.

Los ataques también iban dirigidos contra iraquíes que colaboraban con las fuerzas de ocupación, incluyendo traductores, conductores al servicio de las tropas invasoras, policías iraquíes y defensas civiles.

Tras el asesinato de varios de sus miembros y otros amenazados de muerte, las defensas civiles de Nayaf se redujeron considerablemente hasta desintegrarse y los soldados salvadoreños se encontraron con que no tenían a quién pagarle.

En este contexto, varios militares salvadoreños atestiguaron movimientos extraños en el mando del segundo contingente. Según estas fuentes militares, el coronel Hugo Omar Orellana Calidonio, comandante del Batallón Cuscatlán II, y el coronel Enrique Américo López Rosales, el segundo al mando, dieron facultades extraordinarias al teniente coronel Roberto Arturo Alegría Rivas, el cuarto en la cadena de mando, para manejar todo el dinero del Batallón en Iraq.

En la administración militar, el cuarto al mando es el logístico de todo destacamento y se encarga de proporcionar el equipo y el alimento de la tropa. Él solicita al contador del batallón, que se encarga de manejar el dinero, el recurso económico para el abastecimiento. El mayor Ennio Rivera Aguilar, quien hasta ese momento ejercía las funciones de contador del Batallón, fue removido de sus funciones, y Alegría Rivas asumió entonces ambos roles: el de logístico y el de administrador de los recursos. Alegría Rivas es el único enjuiciado por sus labores en Iraq. El Faro contactó a Rivera Aguilar, pero éste prefirió omitir comentarios argumentando que necesita permiso del Ministerio de la Defensa para dar declaraciones. Se pidió el permiso, hace tres semanas, y Defensa tampoco ha dado aún respuesta.

La retirada

Dos meses después de la llegada del segundo contingente, el soldado Natividad Méndez se convirtió en el primer salvadoreño caído en Iraq. Fue enterrado en Guaymango, Sonsonate, el 10 de abril.  Al siguiente día, en Madrid, España, se cumplió un mes de los atentados del 11 de marzo, que consistieron en una serie de ataques terroristas contra cuatro trenes de la red de cercanías a la capital española. Las investigaciones fijaron que la autoría correspondió a una célula islamista local que intentaba emular las acciones de Al-Qaeda. En el ataque murieron 191 personas y más de 1,700 resultaron heridas. A partir de este atentado, y como una de sus promesas de campañas, el recién nombrado presidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el 18 de abril de 2004 que retiraría a las tropas españolas de Iraq “en el menor tiempo posible”.

El 19 de abril, Honduras anunció también la retirada de sus tropas; y para el 20 del mismo mes, República Dominicana hizo lo mismo. Ya los nicaragüenses se habían retirado meses atrás argumentando que no tenían dinero para asegurar a sus soldados. Los salvadoreños se quedaron solos en Nayaf.

Según cuatro oficiales de alta en la Fuerza Armada, los soldados españoles entregaron el dinero y los recursos que tenían a los salvadoreños, incluyendo el dinero para pagar a las defensas civiles.

Al regresar el batallón, en septiembre, los rumores comenzaron a correr. Tres soldados señalan que al interior de la Fuerza Armada se narran historias de algunos sacos custodiados por soldados que venían en los vuelos fletados por Estados Unidos. En estos, presumen, venía dinero.

En una carta en poder de El Faro, firmada por “Campbell, reserva de los Estados Unidos” y dirigida al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña, se acusa a Alegría Rivas y a Orellana Calidonio de traer “los dos como 15 chorizos cuidados por soldados de confianza que nunca se separaron de las maletas. Se supone que traían cosas fuera de la ley y dinero”. El batallón aterrizó en la base militar de Comalapa, en La Paz. Ahí, los oficiales de migración no registran qué traen los soldados en sus valijas.  

Los rumores comenzaron a ser tan fuertes en la Fuerza Armada, tras el retorno del batallón, que se abrió una investigación contra Orellana Calidonio, López Rosales y Alegría Rivas, dirigida por Levyn Herbert Andrade Cruz, entonces sub jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y ahora oficial retirado.  

Este año, la Fuerza Armada inició un proceso judicial en contra de Alegría Rivas por hurto, delito tipificado en el artículo 149 del Código de Justicia Militar. El caso se ventiló en el Juzgado de Primera Instancia de lo Militar.

Sin embargo el caso no prosperó en el tribunal debido a que las pruebas no cumplían algunos requisitos del debido proceso. Entre las pruebas presentadas por la Fuerza Armada estaba una entrevista filmada a un proveedor iraquí que decía haber entregado facturas en blanco al teniente coronel Alegría Rivas. Sin embargo, la Fuerza Armada no informó al juez José Eduardo Marroquín y a la defensa del militar sobre la entrevista hecha en Iraq, por lo que la prueba fue descalificada. Al teniente coronel Alegría Rivas se le dio sobreseimiento definitivo.

Los silenciosos procesos

El general Eduardo Mendoza Morales, presidente del Tribunal de Honor de la Fuerza Armada, asistió el pasado 21 de agosto de 2007 a declarar en otro caso ante el tribunal de sentencia de Sonsonate. El juez Kevin Eliseo Torres Hernández le preguntó qué procesos tenía abiertos en mayo de este año, y Mendoza Morales respondió: “Uno contra el mayor (José Romeo) Moreno Martínez y otro contra el teniente coronel Alegría Rivas”.

El teniente coronel Alegría Rivas, contactado por este periódico en la Brigada Especial de Seguridad Militar en San Salvador, dijo que no podía dar declaraciones sobre el tema debido a que no tiene la autorización del Ministerio de la Defensa, pero se concedió licencia para considerarse “inocente de los cargos” por los que se le acusa. El proceso en su contra continúa abierto en el Tribunal de Honor, donde la pena máxima es dar de baja a un soldado.
 
Por lo pronto, Alegría Rivas ha cambiado de funciones en la Fuerza Armada. Pasó de la dirección de política exterior en el Ministerio de la Defensa, tras su llegada de Iraq, a ser parte de la Brigada Especial de Seguridad Militar, ente responsable de cumplir las funciones de protección de fronteras y de Policía Militar.

Cuatro soldados señalan que al teniente coronel Omar Orellana Calidonio y al coronel Enrique Américo López Rosales se les abrió un proceso en el Tribunal de Honor por el mismo caso. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado con el Ministerio de Defensa. El ministro Otto Romero prometió a El Faro, el 14 de septiembre en Casa Presidencial, abrir un espacio en su agenda par dar una entrevista entre los días 16 ó 17 del mismo mes. Pero al momento de preguntar en su despacho a qué horas podía recibirnos, se excusó con su secretario por lo apretado de su agenda, y desde entonces no ha tenido tiempo para recibirnos.

El comandante en jefe de la Fuerza Armada, el presidente Elías Antonio Saca, dice no conocer el caso. “No conozco ese proceso. No me gustaría opinar. Hay una gran cantidad de procesos que se ventilan en la Fuerza Armada”, dijo brevemente al final de una conferencia de prensa.

El Faro intentó conversar con López Rosales, destacado en el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), donde es profesor desde que regresó de Iraq. El oficial se excusó porque tampoco tenía permiso del Ministerio de la Defensa para dar declaraciones. “Yo estoy abierto y no tengo problemas en hablar. Pero tengo que ser autorizado por el ministerio”, señaló. Desde hace más de un mes se solicitó al Ministerio de Defensa permiso para hablar con el coronel López Rosales, pero jamás hubo una respuesta.

Lo mismo sucedió con el teniente coronel Orellana Calidonio. “Hay algunas de esas cosas que usted me dice que son ciertas. Pero no puedo opinar sin el permiso del ministerio”, señaló brevemente, y evitó dar detalles sobre el proceso o lo sucedido en Iraq cuando él era el comandante del Batallón Cuscatlán. Orellana Calidonio aseguró que a él no se le había abierto ningún proceso en el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada. Tras su llegada de Iraq, a Calidonio se le dio la comandancia del destacamento militar número nueve en Zacatecoluca; y posteriormente la de la sexta brigada de infantería, en Usulután. Pero en un cambio considerado “curioso” por algunos militares, a Orellana Calidonio se le asignó después un puesto administrativo pese a su experiencia en Iraq, como sub director del CODEM, cargo que ejerce actualmente.

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