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Las familias de plomo de San Juan Opico

Seis comunidades y más de siete mil personas están expuestas a la contaminación por plomo producida por la fábrica de baterías RECORD. Tres años después de la primera denuncia, el Estado no ha respondido. Lo pobladores piden el cierre de la fábrica. Los ministros de salud y medioambiente aún “evalúan” el caso.

Daniel Valencia / Foto de Juan Carlos Recinos
cartas@elfaro.net
Publicada el 17 de septiembre de 2007 - El Faro

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Diana Patricia Guardado, de 4 años, tiene cinco meses con anemia, que combate con vitaminas. A ella no le han realizado exámenes de plomo en la sangre.

“Yo me pregunto: ¿y para qué? ¿Qué objetivo tiene volver a contar lo mismo una y otra vez? Si ya me cansé de contar que mis hijos, cuando salen en guinda en bicicleta, siempre regresan con pajaritos muertos. Ya me cansé de contar que mis hijos tienen eso en la sangre… que mi hija tendrá repercusiones en su fertilidad. ¿Y para qué?, me pregunto. Si esto ya es sabido por todo el país, hasta afuera del país. Acá han venido de Telemundo y han pasado la noticia en Estados Unidos. Si hasta hemos puesto denuncia en la fiscalía… ¿Y qué han hecho las autoridades? ¿Van a cerrar la fábrica? ¿Nos van a ayudar? ¿Y para qué quiere que le cuente todo eso de nuevo, si ya lo conté muchas veces y no ha pasado nada?”.

Así me responde, molesto, René Gómez, vecino de la fábrica de reciclaje y fundición de Baterías de El Salvador S.A. de C.V. (RECORD), empresa sobre la cual pesa todo un listado de denuncias por contaminación por plomo en el cantón Sitio El Niño que ni la alcaldía de San Juan Opico ni el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) ni el Ministerio de Medioambiente (MARN) ni la Asamblea Legislativa ni la Fiscalía General de la República (FGR) han podido (o querido) resolver desde hace más de tres años.

Los cinco hijos del señor Gómez están contaminados con plomo. De los cinco, la más afectada es su hija, Ángela, de 11 años. A principios del año registró hasta 72 microgramos de plomo por decilitro de sangre. La norma mundialmente aceptada para menores de edad es de 0.10 mcg/dl. Aceptada significa que con esa cantidad se puede vivir, pero con los estragos que este metal puede causar en el cuerpo humano. Para los niños, según la OMS, la cantidad de plomo en la sangre debería ser cero.

Los niños del Sitio no corren con esa suerte. Según los pobladores que habitan alrededor de la fábrica –que se dicen afectados, todos por igual- todas las noches hay una vigilia colectiva en la zona. Los quejidos son por el dolor de cabeza, o por la picazón en la garganta, o por las llagas en la piel, etcétera, etcétera.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, seis comunidades de El Sitio están contaminadas. Alrededor de 7 mil 200 personas.

“En la noche, entre las 11 y las 3 de la mañana, aquí no se puede dormir. Es la hora cuando la fábrica aprovecha para hacer sus descargas. Si usted sale a caminar, le puedo asegurar que no podrá ver nada a cinco metros frente a usted. Una neblina cubre todo el ambiente. Y esa neblina nos está matando”, dice Sandra Portales, en alusión a las descargas de vapores que la fábrica realiza, y que se acumulan luego del proceso de trituración de las baterías recicladas y fundición del plomo para ser reutilizado. RECORD estima que produce anualmente 720 mil baterías para vehículos; que tiene una generación de IVA de 1.5 millones de dólares y que en exportaciones logra 28 millones a C.A. Panamá, Dominicana, Haití, Estados Unidos, Chile, México e Inglaterra.

La pestilencia
La hermana Marilú vive a unos 150 metros de la fábrica RECORD, en el lado opuesto a la familia Gómez. Es evangélica, y cada una de sus frases incluye intervenciones divinas. Ella llegó al sector conocido como “Las Casas” hace sólo tres meses. Dice que no imaginaba y que nunca supo sobre la “supuesta” contaminación hasta que sus vecinos se lo comentaron. “Pero Él vive. Es precioso”, dice. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está cerca. Él vendrá a salvarnos”.

La hermana llegó desde Guatemala, en donde vivió durante cinco años. Tiempo suficiente para que se le pegara el acento guatemalteco. “El Señor, si hay algún peligro, nos salvará. La hora final está cerca y viene una pestilencia que afectará a los niños”, dice. Sus tres hijos juegan en el patio, con tierra. Una tierra contaminada.

María Gómez Serrano (65) y su hijo, Hugo Salvador Gómez (40), son vecinos de la hermana Marilú. Compraron su casa hace tres años sin saber tampoco del destino que les esperaba. Ellos están arrepentidos y angustiados. ¿Quién compra un terreno en un área contaminada? “Nadie. Nadie quiere comprar acá. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos vinimos escapando de la ciudad y ahora resulta que nos estamos muriendo a paso lento. A mi se me cae el pelo, me duele la cabeza, paso con sueño…”, dice María.

Al igual que ella, en las seis comunidades afectadas las quejas son las mismas. ¿El pelo? Se cae. ¿En la piel? Salen ronchas o ampollas. ¿En la garganta? Hay un ardor. A veces pica. ¿La cabeza? Duele. En la parte de atrás, por el cuello, y en la sien. ¿El estómago? ¿El sistema espiratorio?...

“Tengo cinco meses de vivir acá. Me vine con mi nieta porque padezco de la presión. Se supone que acá es más tranquilo. Pero entre las 11 y las tres de la mañana me empieza a temblar el cuerpo. Me está dando muy seguido, desde que vine, taquicardia”, dice Salvadora Antonia Ramos, de 77 años.

La Unidad Ecológica Salvadoreña fue una de las primeras asociaciones que denunció el problema de la contaminación por plomo hace dos años. En un boletín del 26 de enero de 2005, denunció el caso y agregó que, según sus estudios, “el plomo se introduce al organismo por ingestión o por las vías respiratorias, causando infecciones, problemas en los riñones y hasta leucemia, siendo los niños los más vulnerables al absorberlo”.

Pero la epidemia en el Sitio del Niño se vio venir desde un año antes, y, pese a las pruebas realizadas y a los datos obtenidos, las autoridades no hicieron nada. La Prensa Gráfica reportó en abril de este año que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) realizó junto al MSPAS un muestreo con 33 niños de las comunidades aledañas a la planta entre finales de 2004 y principios de 2005.

En esa ocasión, tres niños salieron con índices de plomo en la sangre mayores al aceptado. Una de esos casos fue Ángela. El matutino reporto que el CDC encontró, además, plomo en el aire, suelo y agua que rodean a la fábrica y a las comunidades.

En las comunidades lo saben y por eso nadie toma agua del chorro. Por todo el lugar hay pozos abandonados que ahora se han convertido en basureros. “Las casas y los lotes fueron vendidos con sistema de agua por cañería, pero todos provenientes de un pozo de agua que está totalmente contaminado. Aquí nadie toma de esa agua. Para bañarse ni modo”, se queja Claudia Evangelista, habitante de la zona y líder del Movimiento Sin Plomo de San Juan Opico, uno de los dos movimientos ambientales que busca el cierre definitivo de la fábrica.

“Habemos habitantes que es cierto, vinimos a vivir acá y la fábrica ya estaba. Y nunca se nos dijo cómo contaminaba. Pero vea cómo ha crecido la comunidad, es mentira que esa sea la norma. Los habitantes del Sitio del Niño tienen hasta 30 años de vivir acá. Record apenas lleva 12 años”, critica.

La fábrica incumplió las medidas de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud, pero en junio pasado, fecha en que vencía el plazo para que Baterías de El Salvador cumpliera con las exigencias, el ministro de Salud les otorgó una prórroga de tres meses. Cuestionado en una entrevista en Canal 33 sobre los riesgos para los pobladores, el ministro respondió que sería mejor que los vecinos se trasladaran a otras comunidades para no ser contaminados.

Al fondo, las chimeneas de la fábrica de Baterías de El Salvador.

“A ver cómo hace el ministro de Salud para reubicar a gente que vive aquí desde hace más de treinta años. Ya que tiene la brillante idea de decir que mejor nos vayamos para evitar la contaminación”, dice Claudia Evangelista.

Y tras una publicación de La Prensa gráfica, según la cual unos cuarenta niños han dejado de asistir a clases por la contaminación por plomo, la respuesta del Ministerio de Educación fue sugerir, también, cambiar a los menores a una escuela en otra área. “Lo más seguro es que la escuela no debería funcionar el otro año. Debemos ver qué hacemos para poner más aulas en otros lugares y conversar con los profesores sobre la manera de reubicar”, dijo la Ministra de Educación.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos encontró otra solución: ha solicitado el cierre de la fábrica.

En el valle de San Andrés, pese a estudios de planificación territorial realizados por organismos nacionales e internacionales que recomendaron no construir viviendas en la zona debido a su alta peligrosidad por inundaciones –y por ser considerado sitio arqueológico-, el crecimiento industrial y habitacional despegaron desde la mitad de la década de los noventa.

El silencio
El siete de junio y el 30 de agosto de este año, la Procuraduría General de Derechos Humanos (PDDH) emitió dos resoluciones en el caso RECORD que al igual que las denuncias de los pobladores han pasado desapercibidas.

En la primera de las fechas, la ex procuradora, Beatrice de Carrillo, denunció la “negligencia” con la cual actuó el MSPAS, desde que supo del problema. Según la PDDH, desde que se conocieron los casos de intoxicación en la unidad de salud de San Juan Opico y en el hospital San Rafael y Hospital Bloom, nosocomios que albergaron los primeros casos de intoxicación, se ocultó la información a los padres de familia de los niños que tenían plomo en su sangre arriba de la norma establecida.

“De acuerdo a los datos registrados, el MSPAS a través de una de sus dependencias, en este caso de la Unidad de Salud del Sitio del Niño, ocultó información relativa a la salud de la personas que habitan en el lugar, como la de los niños Osmeri Gerardo Ticas Pérez y Ángela Ester Gómez Carrillo, que hasta agosto de dos mil seis, según verificación de la PDDH, las familias de ambos no conocían de forma oficial su diagnóstico médico”, dice el documento.

Desde este primer informe, a la fecha, las cifras de niños contaminados con plomo –cifra basada en los casos de pacientes que han sido sometidos  al examen de sangre- varían. El MSPAS mantiene que 55 niños (de cien) están con niveles arriba de la norma.

La PDDH, en el informe del 30 de agosto, firmado por el nuevo procurador, Óscar Luna, reporta que hay 45 casos confirmados. “Las edades andan entre los cero hasta los 14 años. El promedio es de 15.24 mg/dl.”

En mayo, el ministerio y la empresa practicaron 88 pruebas aleatorias a los pobladores de la zona —50 de ellos niños—. Los resultados para el MSPAS, sin embargo, no fueron los mismos que los de la empresa.

“Según MSPAS son 55 casos. Según laboratorios de nivel mundial de Estados Unidos y Costa Rica son 15”, decía en una de las diapositivas que representantes de la empresa dieron a conocer a los diputados de la Comisión de Medioambiente de la Asamblea Legislativa el lunes 3 pasado.

11 días más tarde, el ministro anunció que hasta esta semana tendrán el resultado de  350 pruebas que fueron tomadas a niños de la zona, luego que México y Colombia se ofrecieron a realizarlas. Según Maza, después de estas pruebas, se tiene estimado hacer 4 mil 150 más a niños de 14 escuelas en la radio de la fábrica; y adelantó que a principios del otro mes el Ministerio contará con el equipo necesario para realizarlas.  

Los movimientos ecologístas en la zona recomiendan a los residentes no tener contacto directo con el suelo, por estar contaminado.

Las comunidades, sin embargo, consideran estas pruebas como una “burla más”. Por un lado, critican que el Ministerio haya aceptado realizar las pruebas fuera del país con el apoyo de RECORD. Para ellos, esto le resta credibilidad a los resultados. Por el otro, no comparten que las pruebas realizadas hasta ahora sean tan selectivas.

Cintia Hernández, de ocho años, registró 13.48 de plomo en la sangre en mayo. Ella “tuvo la suerte” de salir seleccionada de entre los más de 150 niños que van al centro escolar Arcoiris. “Sólo agarraron a seis de ese centro escolar. Mi niña tiene plomo. Los otros cinco también. ¡Pero sólo a seis! ¿Y el resto? Sólo a los que tienen la prueba les dan algún tratamiento. ¿Y el resto?”, pregunta su padre, Luis Hernández.

Sólo en el Centro Escolar Cantón Sitio del Niño, ubicado a 40 metros de la fábrica,  mil niños, niñas y jóvenes reciben clases diariamente.

Hace tres semanas, dicen los pobladores, fue la última vez que brigadas médicas de la unidad de salud recorrieron a la zona haciendo pruebas y dando tratamiento a los niños que mostraban cuadros anémicos, con dolores gastrointestinales y de cabeza.

Salvador Acevedo vive junto a sus siete hijos detrás de la fábrica.  Los separa sólo una milpa. Todos sus hijos presentan cuadros de contaminación... pero ninguno tiene la prueba. “A estos de la Unidad de Salud yo mejor les digo que se vayan, que se dejen de burlar de mí y de mi familia”, se queja.

“Cuando vinieron le dije: si yo tengo este palo que me bota demasiadas hojas y ensucia la entrada de mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿Decirles a mis hijos que estén limpiando las hojas día tras día? No. Lo mejor que puedo hacer, para no estar desgastándolos, es cortar el árbol. ¿Cuándo van a cortar ese árbol que nos está sofocando?”, pregunta.

7 de diciembre… ¿el cierre?
En la  resolución del 30 de agosto, el procurador Luna exigió al ministro de Medioambiente, Carlos Guerrero, que en un plazo de 72 horas ordenara el cierre definitivo de la planta y declarara la zona en Estado de emergencia ambiental. Al ministro de Salud, el procurador exigió que tome las medidas cautelares para atender a la población afectada e inicie las gestiones para determinar cuántas personas son las realmente afectadas.

En abril, cuando el ministro Guerrero fue consultado por La Prensa Gráfica sobre el caso, él aseguró que todo estaba bajo control. “Lo importante es que esa contaminación esté dentro de los marcos de normativas nacionales y mundiales, y hasta ahora ellos (planta) han cumplido”, dijo al matutino.

Sin embargo, en la institución que preside, desde septiembre de 2006 existía un informe que revelaba las irregularidades en el cumplimento de medidas ambientales de la empresa. Entre estas, la no adecuación de los procedimientos y normas ambientales para evitar la contaminación del aire, agua y suelo.

Desde julio de este año, esta información también fue presentada a la Asamblea Legislativa. Hace tres semanas, cuando los representantes de Record llegaron a exponer su posición, su argumento fue el siguiente: “En el pasado, empleados incumplieron estas medidas (de descontaminación después de las jornadas laborales). (La) Contaminación (está) focalizada en niños familiares de propietarios de comedores en donde asistían los trabajadores”, dice en una de las diapositivas.

En el Sitio El Niño los pobladores manejan otra versión, y la principal prueba la tienen en la sangre. Por momentos, en la zona, cuando la fábrica suelta pequeñas descargas por alguno de sus ocho chimeneas, se siente un olor similar al del azufre. La garganta comienza a picar. Luego de algunos minutos comienza a doler la cabeza.

Bajo ese mismo olor a azufre, cuenta Salvador Acevedo, junto a los miembros del Movimiento sin Plomo, se levantó a eso de las 5:30 de la mañana el miércoles 12 para organizar una marcha que esperaban rindiera frutos. Unas 100 personas, entre ancianos, mujeres, hombres, niños y niñas, salieron de San Juan Opico rumbo a Casa Presidencial. Se tardaron ocho horas en llegar al lugar. Fueron recibidos por antimotines, no por el presidente. Y a él le llevaban una carta.

“A mí me gustaría hablar con el presidente, y decirle que me tiene decepcionado. Yo fui activista del partido, en 2004, en Mejicanos. Serví al partido que abandera lo social, el gobierno con sentido humano. Me gustaría decirle que deje de pensar que esto tiene tintes políticos, que deje de pensar que nosotros somos gente sin oficio, como nos gritaban en la marcha algunos buseros”, comenta Acevedo un día después de la caminata.

“Me gustaría poder llegar a él y decirle que aquí no estamos parando el tráfico por una tubería rota de ANDA, ni por el aumento del pasaje ni por la reparación de una calle. Aquí estamos parando el tráfico, queriendo ser escuchados, para intentar salvar nuestras vidas”.

El día de la marcha, mientras los afectados por el plomo subían a cuestas la carretera que de San Juan Opico lleva a Lourdes Colón, el presidente comentó: “Se van a tomar medidas muy severas contra esta fábrica que ha contaminado y la cual definitivamente tendrá que hacer cambios muy grandes.

“Aquí de lo que se trata es de resolver un problema y no generar otro problema. No se olvide que se debe atender como lo está haciendo el Ministerio de Salud a la gente afectada, darle todo el apoyo y el respaldo, pero también se debe pensar en la gente que trabaja en la fábrica”, dijo.

El miércoles 12 de séptiembre, un grupo de personas marchó a Casa Presidencial para pedir el cierre de la fábrica de baterías.

Sobre ayuda a los pobladores, el presidente añadió: “(Se les deben) hacer los exámenes, hacer los tratamientos, de tal manera que la gente pueda eliminar, si es que en su cuerpo tiene alguna parte de esto que ha producido la fábrica”.

El MSPAS y el MARN han dado a la empresa hasta el 7 de diciembre para  cumpla con 18 recomendables técnicos para el tratamiento en la producción, reciclaje y fundición de baterías. Mientras esa fecha llega, los pobladores siguen arropándose con el plomo.

Algunos, como la familia Gómez, ya están resignados. De los 17 casos de niños intoxicados –los únicos que ha reconocido la empresa-, sus cinco hijos son parte. A ellos, RECORD les está pagando el tratamiento médico.  Según los últimos exámenes que les han realizado en una clínica privada, Alejandra ha disminuido sus microgramos por decilitro en la sangre a 13.

“Por lo menos mi hija, al parecer, va mejorando con el tratamiento. Le pregunto de nuevo: ¿para que quería que le cuente todo esto? ¿Acaso va a servir de algo? No nos podemos ir. No se van a ir ellos. Nos tocará seguir aguantando”, dice René Gómez, aún molesto.

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