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Juez dice que hay delito, pero no culpables, en contra de militar

Un juzgado de sentencia en Sonsonate resolvió dejar en libertad a cuatro oficiales del ejército acusados de difamación. El juez encontró motivos para dudar del grado de participación de los oficiales cuando se elaboró un informe que decía que el mayor Moreno forcejeó con varios soldados al salir de la base militar, pese a que el ministro Otto Romero lo había mandado a arrestar.

Alexis Henríquez / Fotos: Edu Ponces
cartas@elfaro.net
Publicada el 27 de agosto de 2007 - El Faro
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El mayor José Romeo Moreno Martínez demandó a cuatro oficiales del destacamento militar de Sonsonate por difamación.

El mayor del Ejército José Romeo Moreno Martínez fue víctima del delito de difamación por parte de algún o algunos compañeros de armas. Así lo dictaminó el martes pasado el juez del tribunal de sentencia de Sonsonate, Kevin Eliseo Torres Hernández, quien agregó a su sentencia el no poder determinar quién o quienes cometieron el delito, y por tanto no encontró pruebas contra el comandante del destacamento, el coronel Jaime García; el coronel Osdiel Castro Rivas, ejecutivo del destacamento; el capitán José Rosalío Peñate Ruiz, asesor jurídico; y del mayor de infantería, Amadeo Castillo Medrano, jefe del personal, a quienes el mayor Moreno acusó de falsificar un informe en el que se le señalaba de acciones violentas para abandonar el destacamento militar.

Según el mayor, estas personas hicieron el informe de su salida. Un informe que debió ser realizado por el comandante de guardia. En ese momento era el sargento Óscar Renato Ruiz. Moreno había sido arrestado por orden del ministro de la Defensa, Otto Alejandro Romero, el 8 de marzo de este año. Sin embargo, tras considerar injusto el correctivo militar, decidió salir del destacamento.

El informe está firmado por los que fueron acusados y el comandante de guardia, el sargento Ruiz. Él testificó en contra de sus superiores, alegando que fue obligado a estampar su firma en el documento que ni siquiera leyó. “El capitán Jaime García me dijo: ‘Ya la regaste’”, explicó al tribunal, y agregó que fue advertido por el comandante del destacamento, luego de informarle que había dejado ir a Moreno.

Ruiz señaló a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que había sido obligado a mentir. Lo mismo repitió en el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada y en el de Sentencia de Sonsonate, la semana pasada. Su versión es acorde a la de Moreno. Sostuvo que el mayor salió tranquilamente de la base militar y pidió que informara de su salida al mando superior. Otros cinco militares, entre testigos de descargo y de cargo, también sostuvieron que el mayor salió de forma respetuosa de las instalaciones y sin armar escándalo.

Los cuatro oficiales demandados por difamación fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate.

Sin embargo, Ruiz es el único oficial que no es acusado y que estuvo en el lugar y en el momento en el que se redactó el informe en contra de Moreno. En el Centro de Operaciones Tácticas, en una computadora portátil – según su versión – se redactó el documento. Él nunca había hecho un informe de salida de personal en ese lugar. Quien escribió el informe fue el mayor Amadeo Castillo Medrano, jefe del personal. “Mi participación en este parte fue ayudarle a hacerlo. Él sargento llegó y yo lo vi bastante afligido. Me contó lo que había sucedido en la guardia de prevención y me pidió de favor que le ayudara a redactar lo que me iba a dictar. Eso es lo que yo hice. En el parte se redactó lo que él me dijo”, explicó Castillo al tribunal.

Pero la declaración de Ruiz no fue suficiente, a criterio del juez, pues este y los demás testigos se contradijeron en sus afirmaciones y no lograron individualizar la participación de cada uno de los oficiales. La defensa de los oficiales, al mando del abogado René Medrano, logró mostrar que no se podía establecer el grado de participación de los oficiales. “El juez dijo que el parte informativo militar que se levantó, si bien es cierto a su juicio que podría tener conceptos difamantes, no se le podía atribuir a los oficiales”, explicó el abogado.

Para los representantes legales del mayor Moreno, la resolución del juez es positiva. “Nos parece muy importante que hay un delito de difamación. Eso ya constituye un avance para nosotros. Lamentablemente, para el juez no fue posible determinar quiénes fueron los autores de las conductas difamatorias. Le pareció que la declaración del testigo clave (Ruiz) era contradictoria, y por eso no le dio credibilidad total”, señaló Guadalupe de Espinoza, abogada de Moreno y parte del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

El juez decidió dejar libres a los oficiales considerando que había duda para sancionarlos. El artículo 5 del Código Procesal Penal establece que cuando un juez tenga duda para sentenciar se “considerará lo más favorable al imputado”.

A De Espinoza le preocupa lo que pueda sucederle a Ruiz después de sus declaraciones. “Nos preocupa las repercusiones que pueda tener la Fuerza Armada contra los testigos, que valientemente dieron sus declaraciones. Fueron los testigos presentados por la parte acusadora como los de la defensa los que llegaron a validar la historia del mayor Moreno”, explica.

El Sargento Ruiz declaró al Tribunal que en la semana antes del juicio se le había quitado la licencia para salir. “El miércoles (15 de agosto) me tocaba salir, y no me dejaron. En estos momentos quizás estoy viviendo (en el cuartel) una vida que no debería de vivir”, dijo ante el juez.

También el juez señaló que existió una falta de respeto en las acciones del mayor Moreno, al retirarse del destacamento cuando estaba arrestado. Guadalupe de Espinoza considera lógica la postura del juez, pues “no conoce los antecedentes del caso. No hubo tiempo para contarle todo el caso que viene desde hace varios años”, dijo.

Los militares acusados no han ocultado sus molestias frente al proceso que llevaron en un tribunal civil. El coronel Jaime García expuso al juez: “Lo que nosotros hemos hecho acá es cumplir con las leyes. Nosotros no estamos acostumbrados a andar en juzgados, contrario a la persona que nos está acusando. Lamentablemente no tengo el tiempo para alargarme y explicar cómo sucedieron los hechos”. El ejecutivo en el destacamento, Osdiel Castro Rivas, fue más práctico: “Si el mayor no hubiese desobedecido la orden, no estuviéramos aquí”.

 

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