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Libertad provisional para ex director de centros penales en caso de acoso sexual

El juez sexto de instrucción determinó que no hay suficientes indicios que establezcan la “probabilidad positiva” de que el ex titular de la Dirección de Centros Penales, Jaime Roberto Vilanova, haya cometido el delito de acoso sexual en contra de una secretaria. Tampoco decretó sobreseimiento definitivo pues consideró que la defensa del imputado no logró desvirtuar el testimonio de la víctima.

Ruth Grégori
cartas@elfaro.net
Publicada el 27 de agosto de 2007 - El Faro

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Zulma América Ayala, de 29 años, permaneció seria y con la mirada baja la mayor parte de las cuatro horas que duró la audiencia en contra del ex director general de Centros Penales, Jaime Roberto Vilanova, a quien ella acusa de haberla acosado sexualmente.

El viernes 25 de agosto, la fiscal Mayra Guerra expuso que poco tiempo después de que Vilanova asumiera el cargo directivo Ayala acudió a su despacho, a petición de un conocido mutuo, con el fin de conversar sobre las posibilidades de obtener un puesto en dicha dependencia de gobierno y evitar ser trasladada al penal de Zacatecoluca.

Según la demandante, el encuentro inició con preguntas sobre su nivel de estudio y experiencia laboral; luego el funcionario habría comenzado a indagar sobre su vida y su relación de pareja hasta llegar a hacerle insinuaciones de tipo sexual.

A mediados de abril, ya instalada en las oficinas de la dirección, el funcionario volvió a llamarla a su despacho. Ahí, Vilanova, según la demandante, intentó besarla en la boca, preguntó por el tipo de ropa interior que usaba y le dijo que “se miraba apetecible, y que si podría retirarle la ropa con los dientes”. Ayala respondió que ese tipo de preguntas no le parecían bien, a lo que recibió como respuesta una sonrisa irónica. El funcionario le dijo que regresara a las dos de la tarde del día siguiente.

Según el testimonio de Ayala, ella regresó y en esa ocasión Vilanova la habría invitado a salir, además de decirle que “estaba muy buena”, que podía ofrecerle un mejor trabajo y que no dijera nada de lo que ahí había pasado. En otras ocasiones, añadió la joven, el imputado la habría interceptado en los corredores de la institución, saludándola de beso e intentando buscarle la boca.

También declaró que entre mayo y junio de 2006 había recibido alrededor de 25 llamadas de la secretaria del funcionario, para indicarle que se presentara en su despacho.

El 16 de junio, en un nuevo encuentro en el despacho, Vilanova le habría metido una mano por debajo de la blusa para tocarle la espalda, diciéndole que le provocaba un “deseo que no podía contener”, ante lo cual ella abandonó el despacho. El 17 de junio, nuevamente llamada al despacho, el funcionario habría puesto una mano en el muslo izquierdo de la joven, y cuando ella preguntó qué sucedía él le respondió que se miraba apetecible, y que por qué no cedía. Ella le dijo que nunca cedería.

A partir de esa fecha, y del rechazo reiterado de la joven, habrían comenzado una serie de traslados que el alegato fiscal calificó de “injustificados” y “tendientes a perjudicarla laboralmente”.

En un lapso de dos meses, Ayala fue trasladada a diferentes dependencias en cinco ocasiones, algunas de ellas con menos de una semana de duración. Ante esta situación la joven preguntó a su jefe inmediato la razón de los cambios, y sobre su futuro laboral pues su contrato vencía en diciembre de 2006.

Ayala habría intentado también exponer su situación ante la entonces vice ministra de gobernación, Silvia Aguilar, quien finalmente no la recibió. En octubre le confirmaron que no se renovaría su contrato, por lo que decidió interponer una denuncia en la fiscalía por acoso sexual en contra de Vilanova.

La defensa

Los incidentes relatados por la fiscalía fueron recibidos con risas frecuentes de parte del acusado y sus tres abogados defensores a lo largo de la exposición.

Una vez que llegó el turno de la defensa, los representantes de Vilanova desvirtuaron los dos testigos referenciales que presentaba la fiscalía, pues “no les constaba nada” más allá de las referencias que les diera Ayala. Además citaron declaraciones de varios trabajadores cercanos al acusado y al demandante quienes señalaron el mal comportamiento, indisciplina, irresponsabilidad y mal carácter de la “supuesta víctima”, tal como la defensa aludió a ella.

Los abogados argumentaron que su cliente nunca realizó una llamada desde su celular al de Ayala, hecho que, aseguraron, podría demostrar la bitácora de llamadas del teléfono móvil del imputado, que no estuvo disponible en la audiencia por un error de un dígito en el número cuya bitácora solicitó la fiscalía.

Refirieron también que ninguna persona del entorno laboral dijo tener conocimiento de los hechos referidos por Ayala, por lo que no había testigos que sustentaran el testimonio de la “supuesta víctima”. Los trabajadores entrevistados incluso  señalaron que debido a los procedimientos para el acceso al despacho de Vilanova no podía ser cierto que la demandante hubiese entrado sola alguna vez. Estos trabajadores también declararon que el ex director no acostumbraba saludar de beso a nadie, y que más bien tenía “una conducta humana y cercana a la gente” que podía malinterpretarse.

Gran parte de la estrategia y del tiempo de alegatos de la defensa se centró en desacreditar la moral de la demandante. El abogado Luis Mario Pérez comenzó aludiendo al peritaje social a partir del cual interpretó que el entorno familiar de Ayala era “totalmente disfuncional”: un hijo de 12 años, el inicio de su vida sexual a los 16 años, tener un marido de 68 años, cuya hermana padece de esquizofrenia y “el hábito de denunciar por acoso sexual” fueron algunas de sus señalamientos.

“Es inverosímil cómo una persona con actividad sexual desde los quince años puede ponerse nerviosa… alguien que ya tiene un hijo…”, dijo Pérez. Con tantas personas que les dicen cosas vulgares en las calles “estaríamos saturados” de denuncias, añadió.

El abogado Eduardo Cardoza subrayó la naturaleza y situaciones “difíciles” que se enfrentan en un cargo como el que ostentó Vilanova, para luego citar que una serie de trabajadores de la Dirección de Centros Penales atribuían a la “supuesta víctima” una serie de “problemas de personalidad y hasta mentales”. Incluso se atrevió a proponer un diagnóstico clínico: trastorno bipolar.

La defensa consignó dos antecedentes de quejas por acoso que la demandante  interpuso en trabajos anteriores: “Cuando se dan situaciones por cuestiones de conducta laboral sólo quiere tomar el mismo patrón de denuncia por acoso sexual”, dijo Pérez. Al respecto, la fiscalía dijo que éstas no habían llegado a plantearse en tribunales.

Al final de la jornada de alegatos de los abogados, llegó el turno de la demandante y el acusado.

A Zulma América Ayala se le quebró la voz tan pronto comenzó a hablar: “…Sí me ha afectado… Yo así lo percibía, uno sabe cuándo un saludo es cordial o es una falta de respeto… a una de mujer le gusta que la halaguen, qué bien le queda esa blusa o esa falda, pero para mí era indignante la manera… Si él me llamaba ¿yo qué hacía?”. Ayala dijo que temió perder su trabajo, como finalmente ocurrió, y que probablemente era esa la razón por la que otros no se atrevían a hablar: “por conservar un trabajo la gente se queda callada… Se dio porque yo no cedí a lo que él quiso”, concluyó.

Después habló Jaime Roberto Vilanova. “Cometí errores, señor juez, con la señora o señorita aquí presente… le pido disculpas porque fui cobarde, porque era digna de despedirse, por apropiarse de cosas ajenas…”. Vilanova refirió que en una ocasión Ayala reconoció haberse apropiado de 10 dólares por la venta de números para una rifa: “Se la vendió a un ordenanza, él dijo ‘compré 10 listas, de la 10 a la 20, pero faltaba la 25”. Además le adjudicó el robo de una blusa y dinero que había dejado una compañera de escritorio de la demandante. “Con esos dos hechos debí haberla despedido”, manifestó. Zulma América Ayala tomaba notas.

Luego Vilanova declaró que el fiscal general de la república tenía “especial interés” en que lo condenaran. “Di un informe negativo sobre la conducta del padre del fiscal general de la república, cuando se alzó con bienes propiedad del Estado, del Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial. Posteriormente siendo abogado del City Bank, un medio hermano del fiscal general sustrajo unos bienes que había dado en prenda y salió una orden de captura; y tercero, siendo él (Félix Garrid Safie) jefe del registro nacional entretuvo la inscripción de una escrituras de unos terrenos donde se pone la feria de agosto que fueron ocupadas por el Playland Park, que son propiedad del Fiscal General de la República”, explicó a El Faro en un receso de la audiencia.

Precaria libertad

Un cuarto para las dos de la tarde el juez ordenó un receso antes de dar su resolución. A las 2:15 p.m. el juez VI de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, decretó sobreseimiento provisional para el ex director de Centros Penales.

“Comprendo que la gente, por defender un trabajo, pueda mentir, pero que de todos los empleados de la dirección no haya nadie que venga a decir la verdad… es posible, pero poco probable. En este momento se trata de establecer la probabilidad positiva”, dijo Arévalo.

Respecto a los elementos por los cuales no decidió dar un sobreseimiento definitivo, el juez expresó: “No hay mucha prueba, pero hay alguna que se podrían esforzar en conseguir”. Se refirió en concreto a los testimonios de mujeres recluidas en el penal de Ilopango, en donde según Ayala el imputado habría declarado que “iba a pasar una noche de placer con una de las edecanes”.

Además de la bitácora de llamadas del teléfono móvil de Vilanova, el juez instó a la fiscalía a buscar otros testigos o víctimas de acoso: “Si diéramos veracidad (al testimonio de Ayala)…dudo que sea la única víctima. ¿Sería posible que nadie se atreva a hablar, ahora que ya no está en la dirección de Centros Penales ni en el departamento jurídico? ¿Será posible que haya tanta represión en la Dirección de Centros Penales?”, cuestionó.

De acuerdo a la fiscal Mayra Guerra, Jaime Roberto Vilanova tiene actualmente un cargo de asesoría en el Ministerio de Seguridad Pública, por lo que es lógico que los empleados todavía tengan temor de hablar.

A partir de la fecha de notificación oficial de la resolución, las partes tendrán un año para recabar nuevos elementos de prueba o descargo.

En caso de que se encuentren suficientes pruebas, o en su defecto una cadena de indicios que sustenten la “probabilidad positiva” de que el ex director de Centros Penales haya cometido el delito del que se le acusa, el caso pasaría a un tribunal de sentencia. De lo contrario, si no se aportan nuevos elementos que sustenten la acusación o si la defensa logra desvirtuar el testimonio de Zulma América Ayala, Vilanova será sobreseído definitivamente.

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