Romeo Melara Granillo, Inspector General de la PNC
“Todo el mundo sólo ve el punto negro”
El inspector de la policía cree que su institución ha hecho un buen trabajo, pero que sólo se destacan los fallos. A pesar de no contar con suficiente personal, cree que la aprobación de las reformas pendientes a la Ley Orgánica de la policía podría mejorar el trabajo de la Inspectoría. Independientemente de lo que llama “debilidades” del reglamento y la ley, el titular asegura que, en la Inspectoría, “cuando hay una denuncia y existen pruebas, procedemos contra quien sea”.
Rodrigo Baires Quezada / Foto: Edu Ponces cartas@elfaro.net
Publicada el 27 de agosto de 2007 - El Faro
En el caso de San Miguel, la inspectoría no tenía un proceso abierto contra el sargento Arriaza sino que era un caso investigado por sus amistades de dudosa reputación. Sí la Inspectoría no tiene el personal para estar al tanto del quehacer el sargento Arriaza, ¿A quién le tocaba esta responsabilidad?
La supervisión diaria del personal, a todos los niveles, eso es algo en lo que insistimos día a día a los jefes de cada delegación. El que convive con el policía es el jefe y si él ve que tiene una persona con un salario “x” y ve que tiene en un pick up 4x4 nuevo o que ha remodelado su casa debe estar alerta. Su jefe inmediato, el que está en la delegación, tiene que conocer e involucrarse con su personal.
¿Como inspectoría no llevan un control financiero de los agentes que les permita relacionar su estilo de vida versus sus ingresos en la corporación?
No, a menos de que tengamos una sospecha o una denuncia… Eso lo tiene que ver el jefe superior, estar alerta a las señales.
¿Cree que la percepción que tiene la población de la PNC es positiva luego de las detenciones de los agentes involucrados en el caso de San Miguel?
Creo que lo peor que puede hacer la institución, cualquiera que sea, es ocultar los errores que se comenten en su interior. En nuestro caso, estamos abiertos a dar a conocer todos los casos y todas las explicaciones. No tenemos que ocultarlo algo tan grave y trágico como el caso de San Miguel. Lo peor que podemos hacer es querer dar una impresión de encubrimiento, algo que aquí no ocurre.
Usted, así como la dirección de la PNC y el Ministerio de Seguridad Pública, están buscando una serie de reformas para hacer más expedito el proceso de investigación y depuración de elementos involucrados en faltas graves y delitos comunes, ¿cómo va la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de la PNC?
La verdad es que existen dos proyectos. Uno que elaboró Antonio Almendaríz, diputado del PCN, que era una ley disciplinaria. Y el nuestro, que trabajamos en una reforma a la Ley Orgánica de la PNC como del reglamento porque el problema que tenemos es de que la ley actual es posterior al reglamento. Nosotros nunca tuvimos acceso al proyecto que presentó Almendariz... Ese entiendo que está en la Asamblea Legislativa.
“Perfectamente no pudo haber existido la Inspectoría, con todo el esquema que tiene de Tribunales, sino que fuera una oficina del Servicio Civil, al igual que en todas las oficinas de gobierno”.
Romeo Melara Granillo, Inspector General de la PNC
¿No han sido convocados ustedes cómo IG para discutir o aportar a este proyecto?
No, a la Asamblea nunca hemos ido. Nosotros trabajamos en un proyecto originalmente con el personal del Ministerio de Gobernación y del departamento jurídico de Casa Presidencial a finales del año anterior. Como Inspectoría prácticamente colaboramos en ver cuáles eran los aspectos en los cuales podría mejorarse el sistema disciplinario de la PNC. Sobre todo tratamos de armonizar la ley con el reglamento y englobar los procedimientos en los artículos de la ley. Por ejemplo, la ley contempla la remoción de miembros de la corporación sin embargo no existe un procedimiento. Entonces, prácticamente es letra muerta.
¿Ni en la ley ni en el reglamento?
No. Como el reglamento es anterior a la ley, la remoción no está contemplada. Antes lo que existió fue un decreto transitorio, el decreto 101, que dio la Asamblea y en el que se permitió la remoción en un período de tiempo breve. Ahora bien, sí existe la figura de remoción en la ley y lo que hicimos, entre otras reformas, es tratar de establecer una procedimiento. Nosotros sabíamos perfectamente cuáles eran las debilidades que se le encontraron a al reglamento y al decreto que dio la Asamblea que hizo que la CSJ, en algunos casos, reinstaló miembros que habían sido despedidos.
¿De qué debilidades hablamos?
Básicamente se argumentaba que a las personas se les había violado el principio de audiencia y de defensa porque, según el decreto, primero se establecía o se resolvía la remoción de la persona y posteriormente únicamente se le daba audiencia para que pudiera apelar.
¿Qué otros cambios existen en esta reforma?
Son bastantes y todos atañen a la Inspectoría. Vimos artículo por artículo y compaginándolos con el Reglamento. Por ejemplo, una de las debilidades es que Medicina Legal no tiene que darnos copias de las autopsias o los reconocimientos médicos porque no somos parte en los procesos. El juez a veces nos dice que sí y a veces que no. Puede ser que Medicina Legal nos diga que no formamos parte del proceso penal y tienen razón en alguna medida.
¿Aún cuando ustedes investigan a un policía?
Sí, pero es que lo nuestro es un trámite administrativo y no uno penal. En el proceso penal está establecido quiénes son los actores y nosotros no formamos parte de él. Son cositas así que hemos visto en la práctica y tratamos de mejorar.
Una de las principales críticas a estas reformas es que no tocan el principal problema de la institución, que es estar jerárquicamente bajo la dirección general de la PNC. ¿Eso no se discutió o no era necesario?
Esta es una decisión totalmente política y dependerá de la Asamblea Legislativa. Es decir, si nos hacen el cambio, pues que se haga. No tengo ninguna objeción. Cuando fui nombrado en este cargo la Inspectoría dependía del ministerio de Gobernación y después se hizo el cambio a la PNC, y en ambos casos tuvimos autonomía. No veo ningún problema para que hagan de nuevo el cambio al ministerio. Pero eso es algo político en lo que, como Inspector General, no tengo ninguna influencia. Depende de que la Asamblea decida la reforma de ley en ese artículo muy en especial.
¿Y quién y cómo se investigaría la actuación del Director General, si es su jefe inmediato?
Sería el ministro, quién es su jefe inmediato.
¿La Inspectoría no tendría que investigarlo?
Cómo no. Pero el procedimiento siempre es que el investigador tiene que ser alguien de igual o mayor rango del investigado. Si es un subinspector el que está siendo investigado, tiene que ser un inspector, por lo menos, o un sub comisionado o un comisionado los encargados de la investigación. En el caso del Director, la investigación se hace igual pero el investigador designado o quien lleva la batuta de la misma es su superior. En este caso, es el ministro de Seguridad Pública y Justicia.
¿Y la IG que haría?
Nosotros haríamos el trámite pero el nombramiento del investigador del caso. Por ejemplo, si fuera el subdirector de la División de Investigaciones el que esté en este proceso sería el Director General el investigador del caso, que es superior en grado.
¿Cree que con estas reformas en la legislación, que están en la Asamblea y dependen de decisiones políticas, la IG puede trabajar como se debe?
Con la legislación actual, pese a las debilidades que tenemos, trabajamos. Con las reformas mejoramos el campo de aplicación. A veces existe cierta confusión en el trabajo de la IG, a la que se ve como un ente criminal investigador y se pierde de vista que es una entidad netamente administrativa. Es como si fuera una especie de Tribunal del Servicio Civil… Perfectamente no pudo haber existido la Inspectoría, con todo el esquema que tiene de Tribunales, sino que fuera una oficina del Servicio Civil, al igual que en todas las oficinas de gobierno. Pero como todas las policías del mundo tienen un ente que se llama “Inspectoría General”, entiendo que el esquema se planteó igual cuando se formó la PNC.
¿El trabajo de la inspectoría es suficiente para la cantidad de casos anuales que se investigan?
La verdad es que tener más personal y más recursos sería lo ideal. Ahora tenemos menos personal que cuando se fundó la IG porque cuando se dio el decreto de retiro voluntario para empleados públicos, en 2002, todos los jefes de las oficinas del interior del país se acogieron y las plazas ya no las volvió a dar el Ministerio de Hacienda. Tenemos menos personal no obstante que la policía creció en extensión territorial y en cantidad de unidades, delegaciones y sub delegaciones.
Según un informe de la Unidad de Planificación Institucional de la PNC, fechado en junio de 2007, la IG tenía 267 empleados en 2006. ¿Es poco personal?
Somos 90 incluyendo personal administrativo. Es que en cada delegación hay secciones disciplinarias y sí las tomamos en cuenta da más o menos esa cantidad. Pero ese personal no es propio de la IG y está sujeto a cambios, traslados, servicios operativos… eso nos debilita las secciones.
¿Cómo así?
Bueno, por ejemplo, cuando hay un operativo o una emergencia se toma a este personal también. Entonces, el personal propio, entre delegados y coordinadores, es de 36 para todo el país. Y este, que somos los que hacemos las supervisiones, disminuyó.
¿Y no es suficiente para dar cabida a todas las denuncias presentadas?
Lo hacemos pero a costa de que la gente tiene que trabajar el doble.
Es que viendo los datos, con un promedio de 1 mil 400 denuncias recibidas en los últimos dos años…
… Sí, por eso le digo que lo hacemos a costa del personal. Por ejemplo, cuando hay un amotinamiento en un penal, el personal de inspectoría tiene que pasar las 48 horas ahí en el lugar. Además, tome usted el tiempo que consumen solo las audiencias. Durante 1 mil 400 mañanas hay gente de la IG que está en los Tribunales y eso nos debilita ir a hacer otra actividad de calle. Entonces tenemos que estar ahí…
“Cuando ocurre un hecho como este (el caso del Sargento Arriaza en San Miguel), todo lo bueno que la Policía Nacional Civil ha hecho se borra. Es como tener una pared blanca con un punto negro, y todo el mundo sólo ve el punto negro.”
Romeo Melara Granillo, Inspector General de la PNC
El año pasado fueron 1 mil 522 denuncias y haciendo algunos números, vemos una diferencia entre la cantidad de casos denunciados y los que han llegado al final del proceso, entre sancionados y absueltos. Por ejemplo, en 2005 fueron alrededor de 170 casos pendientes y para 2006 fueron casi 300 casos. ¿Esto no genera un cuello de botella para la IG?
Nosotros necesitaríamos un poco más de gente, por lo menos reponer las seis de los jefes que se fueron.
Los Tribunales Disciplinarios tienen 20 personas asignadas, según este mismo reporte, ¿es suficiente para la cantidad de casos?
Sí, pero eso ya es un problema que cada Tribunal tiene que visualizar. Como Inspectoría no puedo decir que se necesita más personal. Es que cada Tribunal tendría que decir qué necesita, más personal o crear nuevos tribunales.
El mismo Tribunal de Apelaciones genera un cuello de botella y…
…Sí, el Tribunal de Apelaciones en este momento está muy saturado de trabajo en este momento. En el caso específico del Tribunal de Apelaciones, es totalmente autónomo y nosotros no tenemos ninguna ingerencia. Si están un poco saturados y la principal queja es que necesitan más personal.
Hay organizaciones no gubernamentales que critican el proceso de depuración al interior de la PNC, del que dicen que pocas veces o ninguna vez las destituciones tocan a mandos altos.
Eso no es cierto, si ven las audiencias en los últimos años podrá encontrar a comisionados procesados y sub comisionados destituidos. Decir que no se tocan a los altos mandos no es cierto. Las audiencias de la IG son públicas pero muchas veces no se enteran los medios de comunicación porque no son hechos tan relevantes como lo que ha sucedido en San Miguel o lo de Tenancingo y de los agentes de la UTE. Pero eso no significa que no se les siga un proceso. Muchas veces, desde afuera se dicen cosas porque no se vive el día a día de la IG. En la Inspectoría, cuando hay una denuncia y existen pruebas, procedemos en contra de quién sea dentro de la PNC.
Dice que las audiencias son públicas, ¿estaría de acuerdo en darlas a conocer públicamente como una política institucional de la IG?
Bueno… las audiencias son públicas. Es decir que ustedes (los periodistas) se pueden enterar de las audiencias que en su momento se realizan o las que pasaron… lo que pasa es que muchas veces sólo se enteran en casos como el de San Miguel.
