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NOTICIAS ¿Quién vigila a la PNC?198 destituciones de “malos elementos” entre 666 casos disciplinarios abiertos por faltas graves en los primeros siete meses de 2007 es la carta de presentación de la Inspectoría General de la PNC para demostrar que se está trabajando en mantener una policía limpia. En la práctica, la estructura de la institución no asegura un verdadero proceso de supervisión, evaluación e investigación de la Policía. La solución: nuevas reformas a la Ley Orgánica y un nueva Ley Disciplinaria de la PNC. Rodrigo Baires Quezada
El caso del sargento Nelson Arriaza y el agente Carlos Chévez, vinculados en el asesinato de Amado García Amaya, volvió a poner en tela de juicio el trabajo de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (IGPNC). “Estamos trabajando”, dice Romeo Melara Granillo, titular de la institución, y ve de reojo el cuadro estadístico con los dos mil 271 procesos a los que ha dado seguimiento la IGPNC en los primeros siete meses del año. Del otro lado, los detractores de la labor de la institución ven casos específicos con nombre y con apellido, muchos de los cuales no han tenido una actuación “justa” de parte de la institución creada para “vigilar y controlar los servicios operativos de la institución policial”. Las críticas alrededor de la labor de la IGPNC nacieron casi al mismo tiempo que la institución. El primer Inspector General, Eulogio Guerra Payes, fue nombrado tardíamente en septiembre de 1994 y destituido en marzo de 1995 por el entonces ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, quien alegó que el titular era ineficiente. En el proyecto inicial, la IGPNC estaría conformada por tres divisiones: de Control, verificación de actividades y procedimientos policiales; de Investigación Disciplinaria, a cargo de la investigación de faltas disciplinarias de gravedad; y de Investigación Penal, a cargo de los casos en los que agentes policiales estuvieran involucrados en la comisión de delitos penales. Además estaría integrada por inspectores, en la parte policial, y un equipo multidisciplinario de profesionales (abogados, psicólogos, contadores públicos, etcétera).
Pero en la práctica, la Inspectoría tenía las manos atadas: era una institución sin capacidad de investigación; sin recursos humanos –tenía sólo nueve personas asignadas- y económicos; un régimen disciplinario ambiguo –en menos de un año se crearon tres diferentes reglamentos disciplinarios y entró en vigor el Reglamento de la Inspectoría-; y la falta de coordinación con los entes de control interno de la PNC, que en ese momento no estaban bajo sus órdenes sino adscritas a la Dirección General de la corporación. La misma Corte Suprema de Justicia, el 16 de octubre de 1996, tomó en cuenta las condiciones bajo las que trabajaba Guerra Payés, desestimó los argumentos para su separación y obligó al Ministerio a pagarle 400 mil colones (45 mil 714 dólares) en concepto de salarios no devengados en 19 meses. Las cosas cambiaron drásticamente con las reformas a la Ley Orgánica de la PNC aprobadas por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2001. Entonces, Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Gobernación, explicó que se buscaba una ley moderna y adecuada al marco legal existente, en el que se dejaba claro el papel de la Inspectoría General y evitaba dualidades con la División de Control Interno. El cambio dejó a la IGPNC bajo el mando de la Dirección General y con un mandato amplio, que incluye la recepción de denuncias, investigación, controlar el proceso disciplinario, supervisar procedimientos policiales in situ, protección y promoción de derechos humanos en el ejercicio de la función policial. Para ello, bajo su mandato se encuentran las unidades de Asuntos Internos, Investigación Disciplinaria, Control y Derechos Humanos. El esquema aseguró mayor personal y más presupuesto para su funcionamiento. En la actualidad, el presupuesto de la IGPNC, asignado en la partida de Seguridad Pública del Ministerio de Gobernación, es de 920 mil 120 dólares, el 63 por ciento del monto asignado a la PNC. Más del 80 por ciento del mismo es destinado a remuneraciones del personal. Y, según un informe de la Unidad de Planificación Institucional de la PNC, tenía hasta el 2006 apenas 267 personas para hacer todo el trabajo. Melara Granillo asegura que son menos, toda vez que entre esta cantidad de personal se encuentran agentes destacados a las unidades disciplinarias esparcidas en cada una de las delegaciones de la PNC en todo el país. “Somos 90 incluyendo personal administrativo. Es que en cada delegación hay secciones disciplinarias y sí las tomamos en cuenta da más o menos esa cantidad. Pero ese personal no es propio de la IGPNC y está sujeto a cambios, traslados, servicios operativos… eso nos debilita las secciones”, sostiene. Las estadísticas Con ese personal y las limitantes explicadas por Melara Granillo, la Inspectoría manejó dos mil 983 denuncias por faltas graves y logró evacuar dos mil 440 –tras imponer sanciones, dictaminar destituciones o absolver a los investigados-, 543 menos que las recibidas. Según explicó el Inspector General, este proceso implica tener a miembros de la IGPNC en aproximadamente 1 mil 400 diligencias en los Tribunales Disciplinarios. Durante los primeros seis meses del año, según datos del Inspector General de la PNC, 1 mil 205 policías fueron suspendidos sin goce de sueldo por faltas al reglamento interno policial (232 por haber cometido faltas graves y 973 por faltas leves). Entre enero y julio de 2007, otros 198 elementos fueron separados definitivamente de la institución por abandono de sus puestos de trabajo –“Esa es una de las causas principales. La mayoría porque se van a trabajar a otros lugares, muchos de ellos a los Estados Unidos”, reconoce Melara Granillo-; el maltrato a la población; y la vinculación con delitos comunes. Las estadísticas no terminan de agradar al Inspector General. “La tendencia en los últimos tres años es que ha ido bajando un poquito el número de destituciones, lo cual es un índice de que ha ido mejorando también la conducta”, sostiene Melara Granillo. “Pero la verdad, quisiéramos que fuera igual a cero”. La Inspectoría destituyó por faltas graves a 416 miembros de la corporación el año pasado, 16 personas más que en 2005. Rodrigo Ávila, director de la PNC, y Melara Granillo sostienen que la depuración al interior de la PNC es un proceso permanente; y que las detenciones de Arriaza y Chévez, sobre quienes pesaba una investigación interna desde meses atrás, debería de generar mayor seguridad a la población de que existe determinación de la institución para frenar la delincuencia. El presidente de la República, Elías Antonio Saca, y el ministro de Seguridad, René Figueroa, aseguraron en conferencias de prensa que las detenciones eran un claro mensaje de “combate a la impunidad”. “El mensaje en El Salvador es que aquí nada queda impune. Aquí vino Carlos Perla (ex presidente de ANDA) de Francia y está preso; aquí se captura a alguien de la PNC y no andamos escondiendo nada, igual con funcionarios que están involucrados en temas de corrupción”, dijo el mandatario. Algunos Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos ven una situación distinta. Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CHDES), cuestionado por YSUCA, aseguró que su institución tenía registrados diferentes casos en los que se acusaba a elementos de la PNC de hechos de “tortura, golpizas, malos procedimientos, uso excesivo de la fuerza y extorsiones” en San Miguel y La Unión en este año. De igual forma, Tutela Legal del Arzobispado, la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y FESPAD tienen varios años de sistematizar información de detenciones ilegales y violentas realizadas por policías e, incluso, participación de elementos de la PNC en actos delictivos como extorsión, hurtos, robos y homicidios. “No escondemos nada”, dice Melara Granillo sosteniendo las estadísticas anuales de los procesos de investigación, sanción y destitución de la PNC entre sus manos. “Es como tener una pared blanca con un punto negro, y todo el mundo sólo ve el punto negro”. Sin embargo, los medios de comunicación recogen “varios puntos negros” todos los años: siete agentes son detenidos en San Salvador a petición de la Fiscalía General de la República por conformar una banda de robacarros (24 de marzo de 2006); dos miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) son vinculados con el secuestro de un menor en Santa Ana (29 de junio de 2006); dos agentes son arrestados por sospechas de pertenecer a una banda de cuatreros en el occidente del país (29 de marzo de 2007); un agente condenado a seis meses de prisión por hurto del chasis de una motocicleta en el predio de vehículos en Changallo, Ilopango (22 de mayo de 2007)… Los casos más sonados han ocupado primeras planas en los principales periódicos del país. El 1 de febrero de 2006, siete agentes del sistema de emergencias 911 fueron detenidos bajo cargos de extorsión y colaborar con distribuidores de drogas en la zona norte de San Salvador. El proceso de depuración interna de la unidad terminó con la reubicación de 82 miembros del sistema por “falta de disciplina y no tener actitud adecuada hacia la comunidad”, realizada el 28 de diciembre pasado. Investigando al compañero Mientras tanto, ¿quién se encarga de la supervisión y la investigación de casos? La respuesta es “los superiores” en todos los casos, incluyendo a aquellos que han sido sancionados en repetidas ocasiones. “La supervisión diaria del personal, a todos los niveles, eso es algo en lo que insistimos día a día a los jefes de cada delegación”, dice Melara Granillo, asegurando que la relación diaria permite que este proceso sea constante. Para los críticos del “sistema” utilizado, esta cercanía puede ser también un problema al momento de hacer una investigación o hacer efectiva una detención contra un colega policía. Según CHDES, muchas las denuncias terminan en la investigación de agentes y oficiales de rango medio. “Consideramos que la policía merece la depuración total”, dijo Montenegro, haciendo referencia a que se debería de investigar la actuación de oficiales de alto rango en la corporación. Óscar Morales, abogado de Tutela Legal, recuerda el caso de la detención ilegal y arbitraria de tres miembros de la PDDH que verificaban la detención y expulsión de un médico ecuatoriano acusado de participar en actividades políticas en el país. “Después de que un juez estimara que las detenciones fueron ilícitas y arbitrarias se interpuso una demanda penal contra dos sub directores, incluyendo a Omar García Funes –entonces subdirector de investigaciones- y un jefe de división. El caso nunca prosperó por parte de la IGPNC y la FGR”, relata. Según recoge el informe de la PDDH “Actuaciones de la Inspectoría General y las Secciones Disciplinarias de la PNC en el Departamento de San Salvador” del 13 de julio de 2005, algunas investigaciones internas se limitan a una nueva lectura del informe policial o la entrevista directa con los implicados. El domingo 2 de diciembre pasado, Óscar César Vanegas Amaya, albañil de 22 años, murió por una hemorragia interna tras 20 días de estar en coma. Según amigos y familiares de la víctima, Vanegas Amaya fue detenido a las 9:00 p.m. del 11 de noviembre de 2006 en las cercanías del parque central de Tenancingo, Cuscatlán, después de insultar a una patrulla de agentes de la PNC. Según consta en el informe, un día después familiares de Vanegas Amaya exigieron que fuera trasladado a un centro asistencial al percatarse de que se encontraba gravemente golpeado. El detenido fue llevado a la unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, en un primer momento, y luego al hospital Rosendo Alvarenga, de Cojutepeque, de donde fue referido de emergencia al Rosales, en San Salvador. El diagnóstico médico fue fracturas en diferentes costillas y daños internos en el hígado, pulmones e intestinos. Por el hecho fueron detenidos los agentes Ángel Antonio García, Élmer Lobato y William Leonidas Beltrán, a quienes se les decretó libertad provisional por orden del Juzgado de Paz de Tenancingo el 22 de diciembre de 2006. Desde ese momento, García y Beltrán fueron destinados a funciones administrativas dentro de la delegación policial de Tenancingo; Lobato estaba suspendido sin goce de sueldo por huir tras el incidente. El 31 de enero pasado, tras una resolución de la Cámara de Cojutepeque para que fueran recapturados, la delegación de la PNC de Cuscatlán inició la búsqueda de los agentes con investigadores vestidos de civil, un proceso que no dio resultados. La fuga, como reconoció en su momento el sub director de la PNC José Luis Tobar, era una posibilidad latente desde el momento en que la Cámara de Cojutepeque aceptó la petición de nulidad de la orden de libertad de los agentes, fechada el 12 de enero. Melara reconoce las limitantes de IGPNC en casos complejos, como los de San Miguel y Tenancingo. Según ha explicado públicamente, “existen casos como estos, que son de investigación muy compleja, que lógicamente exceden las funciones y las facultades de la Inspectoría. Entonces tenemos que delegar o enviar la información para que sean las unidades propias de investigación de la PNC las que hagan seguimiento, vigilancia, etcétera, porque eso no es facultad de la Inspectoría…. ni tampoco estamos capacitados para ello”. “Lo que pasa es que a veces existe cierta confusión en el trabajo de la IGPNC, a la que se ve como un ente criminal investigador y se pierde de vista que es una entidad netamente administrativa. Es como si fuera una especie de Tribunal del Servicio Civil”, remata Melara Granillo. Sin embargo, en estos casos, según el organigrama de la IGPNC, sería la Unidad de Asuntos Internos creada para investigar las conductas constitutivas de delitos penales y que depende directamente de la dirección funcional de la FGR. “Un aspecto que disminuye la capacidad de la Inspectoría, a través de la Unidad de Asuntos Internos, para investigar a los policías involucrados en delitos, es la dependencia de la FGR, porque es ésta la que decide quién, cómo y a quién investigará y no siempre hace uso de la instancia policial creada para tales fines”, critica el informe “Estado del control interno de la policía en El Salvador”, de FESPAD. En algunos casos, la omisión de un proceso de investigación terminó con la muerte de los denunciantes. A mediados de junio de 2006, la ex procuradora Beatrice de Carrillo presentó una resolución ejecutiva en la que vinculaba directamente a miembros de la Delegación de la PNC en Sonsonate en el asesinato de tres jóvenes pertenecientes a la “Mara 18”. El documento describía, tras un año de investigación, irregularidades de parte de la PNC y de la regional de la FGR en la investigación de los asesinatos de Abimeleth Ramírez Ayala, Jorge Alberto Corona y Yubini Hilario Vivas Contreras. Ramírez Ayala fue capturado ilegalmente por la PNC. “Sabemos que este joven fue detenido días antes de su muerte, golpeado de forma ilegal y luego tirado a un pozo y dado por muerto por los agentes, pero salió de ahí e interpuso una denuncia ante la PDDH y la FGR”, dijo De Carrillo. Según la ex procuradora, los agentes no fueron investigados de manera oportuna y Ramírez Ayala fue encontrado con signos de tortura y asesinado de un balazo en la sien. Una nueva normativa Las críticas hacia la PNC y sus mecanismos de control no son exclusivas de las ONGs y la PDDH. La Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social emitió un paquete de recomendaciones para la corporación policial en un capitulo completo de su informe final. Bajo título de “Una policía civil más moderna y cercana”, la Comisión estimó que era necesario un proceso de reingeniería al interior de la corporación, las reformas a su Ley Orgánica y el fortalecimiento de la autonomía de la IGPNC. Las reformas a la Ley Orgánica de la PNC no es algo nuevo para el gabinete de Seguridad Pública. A finales del año presentaron un paquete completo que pretendía “modernizar la policía” y, en palabras del ministro de Seguridad René Figueroa, adecuarla a los nuevos momentos que vivía el país. “Vamos más allá de las recomendaciones de la Comisión… Queremos una Ley disciplinaria de la PNC”, aseguró Figueroa el mismo día que el documento final le fue entregado en sus manos. El proyecto estaba en la Asamblea desde agosto de 2006. “Esto es un reglamento que se convierte en ley para sancionar drásticamente al policía que este metido en corrupción y que no este haciendo lo correcto”, había dicho el mismo presidente Saca sobre el tema La última gran reforma a Ley Orgánica de la PNC despertó muchas críticas a su alrededor. Las principales fueron la forma en el nombramiento del director de la corporación policial, nombrado por período indefinido, sin necesidad de tener un título universitario y con un fondo de partida secreta; y del Inspector General, quien sería elegido por el presidente de la República y quedaría jerárquicamente bajo control de la dirección general y no del ministro de Gobernación, al mando de la política de Seguridad Pública en ese momento. Melara Granillo es enfático al decir que la IGPNC goza en la actualidad de la misma autonomía que poseía cuando estaba bajo el mando del Ministerio de Gobernación, desde su creación hasta diciembre de 2001. “Existe una autonomía absoluta… no existe ninguna injerencia de parte del director general”, remata y da un giro a la conversación hacia la necesidad de un nuevo instrumento normativo. En opinión de Melara Granillo, el haber cambiado la Ley Orgánica y dejado el anterior reglamento dio como resultado una serie de contradicciones jurídicas. “Lógicamente, podrán haber artículos de la ley que prácticamente derogaron tácitamente algunas disposiciones del reglamento”, dice el Inspector General y prosigue: “Lo que hemos hecho es tratar de armonizar todas esas diferencias y mejorarlas”. El titular de la IGPNC asegura que con “la legislación actual, pese a las debilidades que tenemos, trabajamos. Lo que pasa es que con las reformas mejoramos el campo de aplicación”. Para algunos críticos de la institución, poco se hará si no se asegura, en un primer momento, la autonomía verdadera de la Inspectoría. “Las instrucciones que se tienen a nivel de la IGPNC, a nivel de la Unidad de Asuntos Internos y, ojo, a nivel también de unidades élites de investigación –que también han sido introducidas en esta investigación para darle más fuerza y más vigor- es de ser implacables contra estos malos elementos”, ha dicho Ávila. Sin embargo, el director de la PNC ha hecho hincapié que para ello se necesita un “instrumento expedito de depuración de malos elementos”, algo que se garantizaría con una nueva ley disciplinaria. Según Ávila y Figueroa, la nueva reforma apunta a dar “más dientes” a la Policía y fortalecer la IGPNC con más “herramientas” que permitan la remoción inmediata de un elemento al que se le haya perdido la confianza por “razones sustentadas”. En ese sentido, antes de la contratación de nuevo personal o más recursos financieros, Ávila cree que es prioritario asegurar el marco jurício.
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