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San Miguel pone a prueba a la PNC

El supuesto caso de sicariato por el que han sido detenidos dos miembros de la corporación en San Miguel es, para la policía, un caso aislado. Para varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, es en cambio la confirmación de que existen estructuras criminales que actúan con impunidad por la falta de investigación o por complacencia de mandos superiores.  

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 20 de agosto de 2007 - El Faro

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Las detenciones del sargento Nelson Antonio Arriaza Delgado y el ex agente Carlos Geovanni Chévez Hidalgo, junto a Roberto Rolando Martínez Sánchez, por el asesinato de Amado García Amaya, de 42 años, han atraído de nueva cuenta a San Miguel las sospechas de que ahí, en la segunda ciudad más importante del país, suceden rutinariamente ilegalidades que no alcanzan a verse en la capital.

El crimen ocurrió el sábado 28 de julio en el cantón Llano El Utire, de Nueva Esparta, a las 6:00 a.m. Según las investigaciones, tres sujetos vestidos de negro, que se transportaban de un pick up marca Mitsubishi color negro y placas P571-396, se dirigieron a la casa de la víctima, a quien le hicieron un disparo por la espalda.

Los supuestos asesinos fueron capturados por soldados después de que familiares de García Amaya dieron el aviso a un Grupo de Tarea Conjunta (GTC) que se encontraba en la zona y les dieron alcance en un vehículo privado. Al momento de la captura  encontraron un fusil con mira telescópica y tres armas de fuego.

A los acusados se les decretó detención provisional por los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y portación y tenencia ilegal e irresponsable de armas de fuego. Además, a Arriaza Delgado se le agregó el delito de encubrimiento por no haber informado sobre el paradero de Chévez Hidalgo, contra quien la Fiscalía General de la República había ordenado una orden de detención administrativa por doble homicidio y junto a quien fue detenido en flagrancia.

"Fue una captura, digamos, providencial", dice Rodrigo Ávila, director de la PNC, quien reconoce que Arriaza Delgado y Chévez Hidalgo se manejaban con total impunidad y conocimiento de la zona. "Se mueven bajo el amparo de que Arriaza tiene su propia placa de policía y de que conocen el terreno. Pero también fue oportuna la intervención de los jefes de la región porque ya se le seguía la pista a Chévez".

Arriaza Delgado estaba bajo un proceso de investigación interna que le valió su traspaso a la División de Patrimonio en la delegación den San Miguel. Ávila asegura que en ningún momento se le vinculaba con casos de sicariato, pero que "tenía algunas amistades" que eran investigadas por supuestos nexos con tráfico de narcóticos y de personas.

Hasta entonces su récord era casi intachable. En la regional de la FGR, los casos bajo el mando de Arriaza eran vistos como una victoria segura en los juzgados. "No habían quejas de ningún tipo a su trabajo. Al contrario, trabajar con él era un gusto para muchos fiscales. Arriaza era todo un profesional", reconoce una fuente interna de la fiscalía migueleña.

De la misma forma recuerdan a Arriaza algunos agentes y ex compañeros. "Era cachimbón para las investigaciones que realizaba. Un buen elemento si vemos los resultados que había obtenido, las capturas y las investigaciones", dice un agente que estuvo destacado en San Miguel.

"Arriaza desarrolló varios procedimientos muy buenos. Por ejemplo, él detuvo a "el Player" –Carlos Humberto Martínez-, uno de los más buscados, cuando estaba extorsionando a un comerciante", recuerda el ex jefe del Sistema 911 de San Miguel. "El nivel de operatividad era bastante bueno. Por esa razón le valió ser reconocido por las máximas autoridades de la corporación".

"Si ves el expediente de Arriaza Delgado entendés por qué el ex director Ricardo Meneses lo condecoró… El tipo era brillante como PNC. Lo que pasa es que a veces hasta el más bueno puede ser arrastrado a la mala vida", repite Ávila, quien asegura que, ante los resultados que obtenía el sargento, él también lo habría condecorado.

Aún con la condecoración, no todo era perfecto en el expediente de Arriaza Delgado, quien tiene cuatro procesos de investigación interna por diferentes incidentes durante su carrera policial. Tres meses atrás, la Inspectoría General de la PNC presentó un requerimiento en su contra por falsedad material.

Romeo Melara Granillo, Inspector General, recordó durante una entrevista con TCS que "fue por falsedad a una persona que se le detuvo acusado de extorsión. Se hizo ver que fue capturado en una unidad médica de San Miguel cuando se logró comprobar, a través de las diligencias que realizó la Inspectoría, que había sido capturado al interior de la Policía, cuando llegó a pedir información de su esposa que había sido detenida". El sargento se presentó a la audiencia respectiva ante el Tribunal Disciplinario de Oriente y fue exonerado.

El otro agente

El caso de Chévez Hidalgo era diferente. El ex agente llamó la atención por su cercanía a ciertos grupos delincuenciales en La Corruncha, una de las comunidades más peligrosas de San Miguel y con vinculación con grupos de maras. "A él sí lo estábamos investigando por un caso de doble homicidio", recuerda Ávila.

El 11 de mayo pasado, Chévez Hidalgo habría disparado a tres pandilleros en el cantón Montegrande de San Miguel. Dos de ellos, Víctor Manuel Pereira Alvarenga y Miguel Antonio Carrillo, fallecieron; el tercero escapó y dio parte a la policía. Según el relato del sobreviviente, él y sus amigos se conducían en bicicleta cuando un el ex agente se bajó de un vehículo que los seguía y disparó. Él se escabulló y Chévez Hidalgo se dio a la fuga.

La PNC inició el proceso de investigación y Chévez Hidalgo, agente investigador en San Miguel, fue trasladado para la delegación de San Vicente, aunque seguía residiendo en la ciudad oriental. Seis días después se giró una orden de captura para el ex agente. "A Chévez se le trasladó a San Vicente para que no interfiriera con el proceso. Después le sacamos orden de captura el 17 de mayo. Ya teníamos una investigación sobre él, pero eludió la captura… No hemos corroborado si cobró o no, si tenía una cuestión personal o no, pero tenemos la certeza de que participó", reconoce el director de la PNC.

¿Por qué estaban juntos Arriaza y Chévez en el asesinato de García Amaya? Ávila se encoge de hombros y dice que eso se conocerá durante el juicio. "Muchas cosas no se pueden decir porque el caso todavía está en proceso de investigación". Pero, tal como ha dicho en cuanto medio de comunicación le ha preguntado al respecto, el director insiste en  que la participación de ambos en el crimen es un caso aislado, y no se trata de una estructura criminal enquistada dentro de la corporación policial.

Más casos a investigación

El informe "La violencia homicida y otros patrones de grave afectación a los derechos humanos en El Salvador", de Tutela Legal del Arzobispado, presentado en mayo de 2007, señala que durante el año pasado se lograron identificar claramente "una serie de ejecuciones extrajudiciales realizadas por grupos que actúan clandestinamente y los cuales, por diversas características, pueden identificarse como escuadrones de la muerte". Según el estudio, 26 de 233 homicidios investigados por la institución "reúnen las características fácticas y operativas de escuadrones de la muerte".

El documento señala que en ocho casos investigados se señaló a elementos de la PNC como autores materiales y actuando como "escuadrones de la muerte". "Tres de ellos se habrían cometido con fines de 'limpieza social' y cinco con fines de generar terror colectivo en las localidades a las cuales pertenecían las víctimas", dice el texto.

David Morales, abogado de Tutela Legal del Arzobispado, reconoce que ninguno de los casos investigados el año pasado por la institución a la que pertenece corresponde a San Miguel; sin embargo, el abogado recapitula que desde agosto del año pasado aparecieron comunicados de grupos de limpieza social en todo el oriente del país tras el asesinato de personas vinculadas a pandillas. "Comunicados del grupo XGN, al que se le atribuye la denominación de ex Guardia Nacional, y también comunicados que ya se firmaban como Sombra Negra", dice.

Edgardo Amaya, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dice que las constantes denuncias –realizadas desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y otros organismos no gubernamentales de derechos humanos- sobre estos casos y la negativa o falta de interés de investigar por parte de la Fiscalía y la Policía demuestran el alto nivel de impunidad con que se manejan ejecuciones sumarias. "Uno de los criterios del Grupo de Naciones Unidas para la investigación de ejecuciones sumarias es la participación directa del Estado… Es el conocimiento o participación del Estado en este tipo de hechos o, en tercer lugar, la ineficiencia en la investigación de estos hechos. Nosotros hemos hecho seguimientos aleatorios de algunos de estos caso y no llegan a judicializarse", dice.

Para la PNC y la FGR, las críticas de los organismos no gubernamentales no se corresponden con la realidad. El fiscal jefe de la Unidad contra Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, asegura que actualmente se encuentran analizando 31 expedientes de casos similares ocurridos entre 2006 y 2007 en el oriente del país. Entre ellos está  el triple homicidio de Mario Díaz, Pedro Antonio Sosa y Óscar René Bonilla, quienes fueron asesinados el 22 de julio pasado en Jocoro, Morazán.

Delgado aseguró que las investigaciones determinarían si se trata de una banda de sicarios o de un grupo de exterminio, ya que no se ha establecido una jerarquía para la comisión de los delitos. Las pruebas balísticas de los 31 casos en los que se sospecha sicariato daría nuevas luces para determinar o no la participación de Arriaza y Chévez en otros delitos. Ávila reconoce que Chévez ya era investigado en cinco casos de homicidio. "Todos contra pandilleros", dice el Director de la PNC.

Pero tanto él como el fiscal general Félix Garrid Safie sostienen que Arriaza Delgado y Chévez actuaron de manera aislada. "No creo que se trate de grupos de exterminio. Creo que se trata de sicariato, se trata de elementos nefastos, de delincuentes, de criminales que trabajan aisladamente al interior de la policía. Es decir, no creo que se trate de estructuras", dijo el fiscal general Félix Garrid Safie

La ciudad olvidada

Para Ávila, los casos que investiga la FGR corresponden a pugnas por territorios entre narcotraficantes, ajuste de cuentas entre delincuentes –prostitución, traficantes de diferentes mercaderías y de ilegales- y unos pocos de limpieza social de pandilleros y extorsionistas. "Y otros pocos casos podrían ser aprovechando contactos dentro de las instituciones para realizar actos de venganza personal y pasional. Hay cuestiones de este tipo que se dan por la pura cherada mal intencionada… Podría ser una combinación de todo", dice Ávila.

A ello se suma la sensación de muchos migueleños de que la ciudad ha estado lejos de la mirada del gobierno central durante mucho tiempo. "¡Eso es lo que piensa el alcalde Will Salgado!", dice Ávila; pero para algunos empresarios queda claro que ha sido necesario "poner el grito en el cielo" para que un problema social de la zona sea escuchado por las autoridades.

Domingo Saravia, empresario migueleño, en algún momento mencionado por Ávila como el posible soporte económico de grupos de limpieza social, resume esa sensación de una manera bastante folclórica: "San Miguel es como una hacienda tirada por el patrón… Sólo llega cuando viene por la leche y el queso; y nunca le pregunta al caporal si se necesita algo para que la hacienda siga funcionando". Saravia, sin embargo, rechaza tajantemente las acusaciones de Ávila en su contra, y las adjudica a una “venganza” por haber publicado, hace un año, un campo pagado en el que denunciaba la poca efectividad policial para evitar extorsiones y asesinatos en San Miguel.

La posición geográfica de la zona oriental abona también al problema de seguridad pública para San Miguel. Su cercanía con fronteras terrestres y marítimas; el aislamiento histórico que ha vivido la ciudad desde los años 80, con el inicio del conflicto armado; y la cantidad de personas residentes fuera del país, con un aumento del flujo de remesas y del dinero circulante, hacen de esta una ciudad en el corazón de una región especial.

"Hay mucho dinero en San Miguel y la gente cree que cualquier cosa se puede resolver con ofrecer dinero", dice un ex agente que estuvo destacado en el oriente del país. "El ambiente es propicio para que una persona sin mucha voluntad pueda corromperse".

Ávila no lo niega. Para el director de la PNC, la mayoría de los policías, no sólo en el oriente, son "muy buenos". "En el oriente ha habido casos muy particulares y desgraciadamente la zona tiene características muy especiales, que pueden corromper a los miembros, que requiere una rotación mayor. Creo que se debería de contar con el acompañamiento de todo el aparato estatal", dice.

Según Ávila, en el oriente del país se han realizado algunos programas importantes, como el proyecto político de acercamiento con la comunidad, que se realiza en La Unión; el destacamento de un alto porcentaje de los nuevos elementos graduados de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP); y las descentralización de algunas divisiones, como por ejemplo fronteras, narcóticos y tránsito.

El Director de la PNC dice que revisan la necesidad de hacer rotaciones más frecuentes y los sistemas de control en el oriente del país, que incluye el envío de supervisores desde San Salvador, mientras se forma más recursos humanos. "Estamos, también, reforzando con personas que no son de oriente en esta zona y una reingeniería total en el oriente del país", dice Ávila, algo que "debería ser una constante en todo el país".

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