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Dos proyectos del MOP en juicio de cuentas

Al ex ministro David Gutiérrez también se le ha abierto un proceso en la Cámara Primera de lo Penal, quien decretó detención provisional con medidas sustitutivas contra él y el ex director de planificación vial del MOP, Óscar Alfredo Díaz, que trabaja ahora como director ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente, por talar árboles para la ampliación de la calle a San Antonio Abad, en San Salvador.

Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 20 de agosto de 2007 - El Faro

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En diciembre de 2006 se hizo público un informe de auditoria preliminar de la Corte de Cuentas en el que se observan irregularidades en las cuentas del MOP por 40.35 millones de dólares, además de fuertes señalamientos por procedimientos indebidos en licitaciones de caminos rurales y una falta de supervisión en obras calificadas como de “mala calidad”. Todo durante el período del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2004, durante la inversión en el proyecto Caminos Rurales Sostenibles fase I.

Ahora este informe se encuentra en juicio de cuentas, y establece que hasta diciembre de ese año debería de haber $12.6 millones en las cuentas bancarias del MOP. Sin embargo los saldos están a cero.

El ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su contra por el caso, y ya se ha solicitado la prohibición de que abandone el territorio nacional para hacer frente al proceso judicial. 

“Me extraña de sobremanera los comentarios de la Corte de Cuentas. Ellos tienen el dictamen del BID sobre Caminos Rurales Sostenibles, que fue ejecutado, que fue un ejemplo, y que por ello habían aprobado la fase II”, comentó Gutiérrez a El Faro.

El memorando de evaluación al que se refiere el ex ministro es del 16 de julio de 2005 y señala: “La evidencia presentada indica que la Fase I del Programa se viene ejecutando satisfactoriamente y que se han cumplido las condiciones previas para procesar la Fase II del Programa, por lo cual se recomienda que el Directorio Ejecutivo apruebe la Fase II correspondiente al Programa Multifase de Caminos Sostenibles            en Áreas Rurales”.

Los señalamientos de la Corte de Cuentas, sin embargo, incluye no sólo a la gestión de David Gutiérrez, sino también la de su antecesor, José Ángel Quirós, que fue titular del ministerio hasta junio de 2004, cuando la administración Saca relevó a la de Francisco Flores. Gutiérrez asegura que la Corte de Cuentas aún no le ha entregado el finiquito de 2004, cuando comenzó su gestión. “Ya las cuentas están cuadradas totalmente. Definitivamente, creo que ya está por salir el finiquito final. Sigo esperando el finiquito. Ya me dieron varios finiquitos de 2005”, señaló el viernes el ex ministro.

Sin embargo, la Corte también tiene un proceso en juicio de cuentas por el mismo proyecto de Caminos Rurales Sostenibles fase I, por una auditoria realizada entre el 1.º de enero al 31 de diciembre de 2005. En ella se establecen 11 irregularidades en el manejo de más de $13 millones. Los señalamientos se refieren a cuatro proyectos ejecutados en los tramos de las calles Chapeltique-San Francisco Gotera, Santa Elena-Jucuapa, La Cofradía-San Alejo y San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma.

Los señalamientos van desde falta de calidad en las obras hasta el aumento en el valor de las obras, pasando incluso por fallas en el diseño físico de algunos proyectos, que están especificados de otra manera en las carpetas. Tal es el caso del acceso al camino rural La Cofradía-San Alejo, que debería de ser de 200 milímetros y es “apenas” de 15 milímetros.

El BID señala en su informe de 2005 que “durante la ejecución de las obras ha sido necesario realizar algunos ajustes en los diseños originales, lo que ha motivado incrementos del costo de esas obras. En los proyectos del primer grupo de seis caminos, que ya han sido liquidados, se comprueba que el costo por kilómetro ha excedido en 34.3% al costo de US$131 mil 700 por kilómetro considerado en la formulación del préstamo y en 17.7% al monto contratado, con lo que el costo real de los caminos mejorados es de US$176 mil 871 por kilómetro”.

El viernes de la semana pasada, Gutiérrez dijo a El Faro sentirse seguro de salir limpio de los señalamientos. “Entonces vamos a ver qué dicen todas esas personas que me acusan de haberme robado esos 40 millones. Me reservo el derecho de llevarlos ante un juez a ver qué les dicen. Me reservo el derecho de acusar de difamación a aquellos del FMLN que me dijeron que era corrupto”.

El Faro intentó sin éxito, desde hace dos semanas, hablar con el fiscal general Garrid Safie para saber si ya forma parte de este proceso y otros ocho más, sobre préstamos internacionales y auditorías a diferentes instituciones del Estado en distintos períodos. El fiscal es, por mandato constitucional, el defensor de los intereses del Estado salvadoreño.

Gutiérrez es procesado por tala de árboles
El ex ministro de Obras Públicas tiene otro proceso abierto. Gutiérrez y el ex director de planificación vial del MOP, Óscar Alfredo Díaz, no podrán salir del país y tendrán que pagar una fianza de $12 mil como medida sustitutiva a la detención provisional. Ese fue el fallo de la Cámara Primera de lo Penal después de estudiar el caso de la tala de más de mil árboles para la prolongación de la calle San Antonio Abad, en San Salvador, sin permiso de la alcaldía.

“La verdad de las cosas es que hay un proceso en estos momentos. Nosotros en el ministerio siempre actuamos de acuerdo a la ley. La jueza nos da un sobreseimiento. Estoy extrañado por la respuesta de la Cámara. Respetamos lo que dice la Cámara”, señaló el ex ministro Gutiérrez después de enterarse del fallo que se emitió el 7 de agosto.

El 3 de enero de este año, Gutiérrez dejó el ministerio alegando problemas de salud. Su salida estaba programada desde el 8 de diciembre, cuando el presidente Antonio Saca firmó el decreto ejecutivo # 522. El decreto coloca a Miguel Joya, hasta ese momento  director del Fondo de Inversión Vial, como ministro. Sin embargo la vicepresidente, Ana Vilma de Escobar, pidió que se le retirara del cargo. En enero, Jorge Nieto asumió como ministro.

 Las obras en la prolongación de la calle San Antonio Abad comenzaron en 2005. Luego la Alcaldía de San Salvador presentó su denuncia considerando que el ex ministro debió de solicitar permiso para talar los árboles. La obra consiste en dos kilómetros de carreteras construidos entre Calle San Antonio Abad y Calle al Volcán,  a un costo de $9.4 millones. Fue inaugurada por el presidente Antonio Saca en mayo del año pasado.  

Pese a las demandas de la alcaldía, el Juzgado undécimo de Paz decretó la libertad del ex ministro y el ex director de planificación vial a petición de la Fiscalía, considerando que no había cometido delito. “Tenemos una Fiscalía que dice que no se ha cometido delito. Se dan las pruebas y la jueza dice que no se cometió delito. Habría que ver a qué partido pertenecen los magistrados”, consideró el ex ministro en su defensa, aduciendo influencia partidaria en el proceso.

Pero el magistrado presidente de la Cámara, Guillermo Arévalo Domínguez, explicó a El Diario de Hoy que la única instancia que puede otorgar permiso para talar árboles es la alcaldía municipal.

Gutiérrez y Díaz, quien ahora trabaja en el ministerio de Medio Ambiente como director ejecutivo, serán informados en una audiencia sobre las medidas que se han interpuesto en su contra. Alfredo Mury Aguirre también será procesado por ser el representante de la empresa constructora que realizó la obra. Él será procesado por el delito de desobediencia de particulares, mientras que Gutiérrez y Díaz por el de “actos arbitrarios”.

El ex ministro sostiene que existe un interés nacional sobre el interés municipal para la construcción de la carretera, y que priva para no pedir los permisos. Se basa en el artículo 203 de la Constitución, que reza en su último párrafo: “Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional”.

Gutiérrez señala que el proyecto no se hizo a la carrera. Para la construcción de la carretera se ampararon en el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno de los que se necesita para iniciar obras. “Hay que entender la ley, hay que entender qué es interés nacional, ver los dos dictámenes de la Corte Suprema de Justicia. Ya existe jurisprudencia que priva el interés nacional sobre el interés municipal”, considera el ex ministro.

Para que el proceso se inicie, el Juzgado undécimo de Paz tendrá que ser informado por la Cámara para que luego celebre una audiencia donde notifique a Gutiérrez y a Díaz. Ambos tendrían que pagar la fianza tres días después de la notificación, o serían arrestados como medida preventiva mientras el proceso se ventila en un tribunal de instrucción.

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