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Fusades aborda el reto de los $1,514 millones de deuda

Si bien es cierto que el Estado salvadoreño ha logrado mejorar la recaudación fiscal después de las reformas de 2004, también los expertos en economía señalan que las grandes deudas de El Salvador, como las pensiones, solo se han transformado en la forma de pagos y trasladado de tiempo de plazos a pagar. El próximo gobierno tendrá que ver cómo solventa esa deuda. Por el momento, un estudio económico de Fusades señala que el país va por buen camino con los cambios fiscales… “aunque falta”.

Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 13 de agosto de 2007 - El Faro

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En el 2011 y 2023 se vencerán los plazos para pagar Eurobonos, la emisión de certificados del fideicomiso para pensiones y Certificados Fiduciarios para la Educación y Seguridad, con los que se cancelaba la deuda de pensiones y se obtuvieron fondos para financiar planes de seguridad pública y educación a partir de este año. En ese momento, los gobiernos de turno tendrán que buscar cómo cancelar esas deudas. En el 2011 se tendrán que cancelar $714 millones; y para el 2023, $800 millones. Ambos representan los picos más altos de pago de deuda pública por el Estado salvadoreño.

Las políticas fiscales creadas por el gobierno del presidente Antonio Saca han servido, según el informe “Respondiendo a los desafíos fiscales en El Salvador”, presentado la semana pasada por Fusades, para “mejorar sustancialmente” la recaudación. Esto, según el mismo informe, permite “generar recursos para financiar las políticas públicas y manteniendo la estabilidad fiscal”. La reforma fiscal es una de las medidas que el gobierno de Saca ha desarrollado para obtener recursos; mientras que los fideicomisos han servido para quitarse a la Asamblea, y la carga de la deuda pública oficial, de encima.

Después de crearse los fideicomisos de pensiones y de seguridad, algunos economistas indican que la gran deuda pública solo se ha trasladado de momento en la historia. “El próximo gobierno va a quedar bastante complicado. Si se va a tener que renegociar esa deuda, la pregunta es de dónde. Y para negociar, se van a necesitar acuerdos políticos”, señala Roberto Rubio, economista y director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

Para Álvaro Trigueros Argüello, autor del estudio y gerente de la Sección Macroeconómica del Departamento de Estudios Económicos y Sociales en Fusades, el próximo reto no tendrá que ser precisamente económico. Él afirma que el actual gobierno dejará bastante bien al que venga en cuanto a recaudación fiscal del Estado. “Así como se lo entregan, se lo entregarán bastante bien, diría yo. Todos los años hay que pagar deudas. $300, $400 millones cada año. Hay unos picos ahí. Pero problema económico no es”, señala.

El estudio deja ver una de las posibilidades para solventar este problema en el 2011 y 2023. La primera gran deuda a cancelar representa el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La segunda, 12 años después, el 1.5 por ciento del PIB. El PIB representó en 2006 para El Salvador $17,686.91 millones. “En términos absolutos y relativos, no son montos desestabilizadores”, se explica en el informe.

Sin  embargo, pretender cancelar la deuda de golpe en cada uno de esos años podría ser un atentado contra las finanzas públicas. “Por falta de consensos políticos, es posible que haya algún riesgo de renovación y riesgo de liquidez por los vencimientos de los préstamos en 2011 y 2023, ya que pagarlos todos de una vez impondría una restricción presupuestaria muy fuerte sobre las finanzas públicas”, señala el informe.

De ahí que Trigueros le apueste a la renovación de la deuda, que consistiría en buscar una nueva fuente de financiamiento. De hecho pone de ejemplo en el informe la posibilidad de emitir nuevos bonos a plazos diferentes para “esparcir más los vencimientos de la deuda”.

“La deuda vence, y la deuda puede renovarse para pagar la vieja en su momento. Pero económico no es el problema. Si acaso hay un problema, es político. Pero yo ya no soy analista político”, dijo después de la presentación del estudio.

El reto se traslada entonces al campo político, y ahí el economista Ricardo Perdomo ve pocas posibilidades de encontrar una solución. “En la Asamblea no existen consensos. El próximo gobierno va a tener que negociar con la oposición en la Asamblea. Y eso se mira difícil ahorita”.

Para el diputado de Cambio Democrático y economista Héctor Dada Hirezi, “el informe deja bastantes insatisfacciones” por considerar una buena medida la creación del fideicomiso para pensiones y seguridad. “No es cierto que el fideicomiso haya solucionado el problema de la deuda. Lo ha trasladado en el tiempo”, explica.

Según Dada, el gobierno actual está creando mecanismos generadores de deuda en instituciones autónomas. El FOVIAL sufrió cambios en junio para construir carreteras y reparar calles dentro de las ciudades. El propósito de las reformas fue que la institución pueda pedir préstamos internacionales para echar a andar el proyecto de Caminos Rurales Sostenibles Fase II (por $59.2 millones), que no pasó en la Asamblea Legislativa cuando el MOP lo solicitó, porque ese préstamo se consideraba deuda soberana y necesitaba aprobación por mayoría calificada de 56 votos. El FMLN se opuso, y los votos no alcanzaron.

El mismo mecanismo se usó para financiar el proyecto de Chambita Medidor fase II (por $60 millones); la ley del Centro Nacional de Registros se cambió para que esta institución pueda pedir préstamos sin necesitar de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Cuando un préstamo es aprobado por los legisladores, el Estado salvadoreño es el garante de cancelar las deudas. Cuando una institución autónoma los hace, las garantías de pagar esas deudas son los ingresos que registran.

Las caras de la inversión
El estudio presentado por Fusades señala que es posible invertir un uno por ciento más del PIB para los proyectos de salud y educación. Esto significaría unos $200 millones anuales. Esto se logra a partir de que se logre recaudar más con las reformas fiscales.

En el informe se señala que existe una confusión al afirmar que los gastos en estos rubros han disminuido. Aunque se reconoce que desde el año 2000 al 2006 el gasto en educación aumentó en 20 por ciento y en salud el 25.5 por ciento; en porcentaje con respecto al PIB se mantiene con el 2.8 por ciento y el de salud apenas en 1.7 por ciento. Entre el 2001 y el 2004, lo que se gastaba en salud era el 1.5% con respecto al PIB.

“Una cara de la moneda es que ha habido incremento. Esto hay que contrastarlo con el presupuesto, con los gastos operacionales y hay que sumarle los compromisos financieros y los compromisos sociales. Si esos ingresos van a ser suficientes para enfrentar estas cosas, eso es lo que debemos estudiar todavía. Lo que ha dicho FUSADES es que alcanza. Yo no puedo asegurar que sí o que no en este momento”, explica Rubio.

Pese a reconocer el aumento en las finanzas del Estado, el diputado Gerson Martínez, encargado de los análisis financieros en la fracción del FMLN, cuestiona que todavía existan carencias de medicamentos en los hospitales. “Se dice que la inversión en salud es la más alta; pero cómo se explica que los hospitales estén desabastecidos o que haya niños que mueran por neumonía y falta de equipos”, dice.

Dada considera que el estudio de Fusades no toma en cuenta adecuadamente el efecto de la dolarización en la política monetaria y “no se ha tratado de manera correcta el manejo del gasto público”. Lo que más critica es que, para fundamentar sus afirmaciones, en el informe se tome una constante de inflación del 2.5 por ciento, “cuando este año va a ser de 5 por ciento”.

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