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“Anunciaremos la Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial el próximo mes”

La nueva viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano quiere lanzar públicamente la Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; mientras  trabaja en mecanismos financieros que permitan a la mayoría de la población tener acceso a vivienda digna y, al mismo tiempo, asegurar a las constructoras que es factible invertir en el sector popular. “Es un gran reto el que tenemos”, dice.

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¿Cuál es el balance a poco más de un mes de estar a la cabeza del Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano?
Nuestro país necesita programas y esfuerzos de todos para poder darle una respuesta, una solución a la vivienda. Yo creo que hay que irnos enfocando. Lo primero es definir en qué nos vamos a esforzar, qué programas vamos a ejecutar para poder llegar definitivamente a las familias de mayor vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? A tener estratificado, por decirlo así, o conocer cuál es el déficit habitacional.

Esperamos que con las cifras que nos dçe el censo nacional podamos acercarnos un poco más a este dato y tener definido cuál es el déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas. Para ello desde hace un par de meses que se ha venido trabajando, y es uno de mis propósitos, lanzar un sistema de identificación de la demanda de la vivienda a través de las alcaldías, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e infocentros.

¿En cuánto tiempo se puede echar a andar esta base?
Tenemos que enfocarnos en el mediano y en el largo plazo. Por el momento, ya algunas alcaldías están trabajando. Por ejemplo, con la emergencia que tuvimos en  Ahuachapán ya iniciamos un piloto. La municipalidad inició el registro de todas las familias de tal manera que nos ha sido más fácil determinar a quiénes se les va a beneficiar.

¿Y esta base permitiría saber la necesidad de fondos para solventar el déficit de vivienda?
Hay que enfocarnos en buscar mecanismos de financiamiento o de acceso de facilitación de vivienda en todos los sectores. En ese sentido, estamos trabajando en desarrollar instrumentos financieros. Yo provengo del BMI, donde ejecutaba un componente, en cuanto a que hay que potencializar y definir nuevos instrumentos financieros que le den acceso a vivienda a todos los niveles.

Aquí tenemos que trabajar mucho con el impulso de la ley de titularización para generar fondos para el Fondo Social para la Vivienda (FSV), que es el ente que tiene como fin apoyar a todos los empleados de dos a tres salarios mínimos mensuales hacia abajo. Ese es un sector que la banca privada no atiende y lo tiene que atender el FSV.

¿Qué porcentaje de la población se vería beneficiada con estos instrumentos financieros?
Estamos hablando que el FSV prácticamente ha venido financiando 20 mil viviendas anuales; nosotros lo queremos llevar a que aumente esta cifra en un 20 por ciento anual y que atienda por lo menos al 50 por ciento del sector. Por el otro lado está FONAVIPO, que necesita de recursos para poder continuar con programas de vivienda enfocados a los sectores más vulnerables que es el de un salario mínimo y medio hasta el que no tiene ingresos fijos.

Hay dos temas que me parecen interesantes, el primero es el programa de vivienda para salvadoreños en el extranjero. En 2006, datos de encuestas decían que un poco más del 65 por ciento de los salvadoreños en el exterior que enviaban remesas no las utilizaban para la adquisición de vivienda. ¿Se piensa cambiar este porcentaje?
Creo que todavía no se sabe todo de los salvadoreños en el exterior. Como gobierno se han dado pasos pero hace falta. Tenemos encuestas que nos dicen que los salvadoreños quieren venir a comprar vivienda a su país, tal como pasa en Colombia o en otros países que han sufrido un fenómeno de migración y que tienen comunidades fuertes en Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer?, abrir mecanismos que les faciliten a todos  los salvadoreños en el exterior, sin importar su estatus migratorio, adquirir una vivienda.

¿Hasta el momento es sólo para aquellos que están como residentes legales?
Los bancos empiezan a abrirse a otros estatus migratorios. Porque el estatus migratorio varía desde la persona que entró ilegalmente hasta la persona que entró con visa y que tiene que pasar un proceso de varios años para conseguir su residencia. Ahí se pueden pasar 10 años en los que entre comillas se es ilegal. Con el BMI estábamos trabajando un fidecomiso de garantía, el cual era el elemento de financiamiento que fortalecería a la banca para que en algún momento aperture masivamente el crédito para vivienda a los salvadoreños en el exterior.

¿Y desde el VMVDU qué se va a hacer?
El Vice Ministerio es el ente rector y es el que coordina con el BMI, porque hay un componente en el que es esta institución la que está trabajando estos instrumentos financieros por mandato del VMVDU. Todo está coordinado con la política nacional de vivienda, donde hay un mandato para atender la vivienda de los salvadoreños en el exterior.

¿Habla de una Política Nacional de Vivienda?
Sí.

El ex vice ministro Vega trabajaba en la formulación de la Política y de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, ¿qué avances hay?
Ha sido otro de los puntos que he retomado y hemos estado trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) y la Secretaría Técnica de la Presidencia. Estamos por anunciar el lanzamiento de la Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial el próximo mes, para la cual hemos consensuado en las diferentes entidades que han estado trabajando en eso. Ya el VMVDU tenía prácticamente desarrollados los Planes de Ordenamiento Territorial de las 14 sub regiones. Algunas harían falta que se terminen, pero estos documentos dan pie y base para poder definir una política nacional.

¿Este documento tomaría como base lo que dejó la consultoría de desarrollo territorial que hizo INYPSA (una compañía española de consultores)?
Si, exactamente. Se revisa y se ajusta pues, pero prácticamente la base es lo que dejaron los consultores españoles.

¿La política ya estaría lista para anunciarse, mientras que la ley se estaría discutiendo en la Mesa Consultiva creada para esto?
Sí, la política y la ley se llevan a la mesa consultiva donde opinan todos los sectores involucrados, como CND, COMURES, las alcaldías, que han sido los principales rectores en este sentido porque han sido ellos los que han coordinado las consultorías.

¿La política estaría lista para darse a conocer en un mes y la ley se seguiría discutiendo en la mesa consultiva con todos los sectores?
Esta mesa está trabajando con la ley, de la cual hay como una propuesta final que hemos llevado a consulta a Secretaría Técnica, para que le den, por decirlo así, el último vistazo, la última revisión y poderla presentar en la Asamblea Legislativa para su discusión.

El presidente Antonio Saca anunció que otra de las leyes que ya estaría lista es la Ley de Urbanismo y Construcción, ¿cuándo la darán a conocer públicamente?
Estamos trabajando en ella… Todo este proceso de modernización del sector, que inicia con todos estos instrumentos financieros, la institucionalidad del VMVDU… o sea revisar la Ley de Urbanismo y Construcción para adaptarla a todos estos nuevos requerimientos y a la época, nos va a permitir el fortalecimiento, la modernización y dejar al Vice Ministerio como un rector, un facilitador, para todos estos procesos de cara al desarrollo inmobiliario que tendrá el país.

¿La ley no es importante de cara a los proyectos económicos y sociales del nuevo puerto de La Unión y la Cuenta del Milenio?
Sí, por eso es importante sacar la Política, porque es la que da las bases principales para que cualquier inversionista, nacional o extranjero, se sumen a estos esfuerzos. Son de las cosas que le darán una seguridad jurídica a la inversión que venga.

Entonces, ¿ambas leyes –Urbanismo y Construcción; y Ordenamiento y Desarrollo Territorial- deberían de estar aprobadas en corto plazo?
Nuestra gestión es dejarla en este período.

¿Cuándo?
Yo creo que aquí hay que ir creando las bases. La ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial ya tiene un trabajo ejecutado y unos esfuerzos impresionantes hasta este momento. Tenemos que empezar a implementarla para que las Alcaldías definan que sobre ella hay que trabajar. Tenemos que trabajar en la zona norte porque con los Fondos del Milenio se tienen que tener definidos qué tipo de desarrollo se tendrá en que lugares, tener los planes.

No me atrevería a dar plazos porque prácticamente voy llegando al Vice Ministerio. Sí le puedo decir que está sumamente definido, ya con la ley de vivienda estamos en las últimas consultas. Hay documentos que han sido trabajados por los consultores, pero en este primer trimestre de mi gestión le daremos prioridad a lo que es la Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Y después me quedo con la otra reglamentación, aunque estamos contratando a los consultores para que revisen la propuesta de ley y luego realizar los talleres para que opinen los otros sectores: ASIA, CASALCO, alcaldías y todos los que van a estar involucrados.

¿Han encontrado apoyo del COAMSS y la OPAMSS para la realización del anteproyecto de ley?
Los estamos involucrando. Creo que aquí debe de ser un esfuerzo de país, para todos, y ellos son una parte importante en esta propuesta. Igual, el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial se ha hecho en los 14 departamentos e involucrando a los 262 municipios sin importar los partidos políticos. En este sentido, está COMURES, donde están los alcaldes de todos los partidos y con ellos se ha trabajado, algo que ha sido provechoso y pro activo. Yo he estado en varias reuniones y lo que menos se ha visto es una cachucha partidaria; al contrario, hemos estado trabajando en propuestas técnicas y en beneficio de la población.

Para algunos, el anuncio del presidente Saca sobre la ley de Construcción y Urbanismo, así como el lanzamiento de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial está más enfocado en beneficio de las constructoras, de la empresa privada…
…Yo creo que tengo el equilibrio porque si bien vengo del sector privado, del sector construcción, mi primer trabajo fue en una ONG en programas de vivienda popular. Aún mi tesis fue sobre análisis de riesgo de las zonas marginales en el Gran San Salvador. Creo que me puedo colocar en medio y tomar de ambas experiencias. Sé lo importante que es poder generar en el sector construcción seguridad para que invierta en vivienda popular y, por el otro lado, en los mecanismos financieros para que estas personas puedan acceder a estas viviendas. Creo que es de combinar, no sólo es de buscar beneficios para un sector.

¿Este equilibrio no se ha conseguido?
Estamos bien encaminados porque, por lo menos, ya está definido con nombre y apellido dónde se tiene que trabajar: instrumentos financieros, en una ley y en los mecanismos para que el sector construcción produzca.

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