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Un militar lleva al Ejército a un tribunal civil

Un mayor de artillería sentó en un tribunal civil a cuatro oficiales del destacamento militar de Sonsonate por difamación. En respuesta, la Fuerza Armada le abrió otro proceso en el campo militar, acusándolo de haber forcejeado con seis oficiales cuando intentaban dar cumplimiento a una orden del ministro de Defensa. Desde el 2003, el mayor ha tenido diferencias con el ministro Otto Romero.

Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 06 de agosto de 2007 - El Faro

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Dos autos se detuvieron a la salida del destacamento militar número seis, en Sonsonate, el 8 de marzo de 2007. Eran las 6:35 de la tarde. En el primer auto, al frente, iba el mayor José Romeo Moreno Martínez. Atrás, en el otro vehículo, su abogado Pedro Antonio Martínez González, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). El comandante de guardia, el sargento Óscar Renato Ruiz, le explicó al mayor que no podía salir de las instalaciones militares porque había sido sancionado con 15 días de arresto por el ministro de Defensa, Otto Alejandro Romero. El mayor no aceptó el correctivo impuesto, según la orden girada, por armar un escándalo en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y negarse a firmar una notificación. Un hecho que los abogados defensores del mayor Moreno niegan.

El mayor Moreno tenía que asistir a una consulta médica, porque padece del corazón. Su órgano realiza palpitaciones de corta duración, según una constancia médica firmada por el doctor Harold Iván Córdova Carvajal, subjefe de la División Médica del Comando de Sanidad Militar del Hospital Militar.

En la misma constancia se establece que el mayor no puede realizar ejercicios físicos, que requiere controles periódicos y frecuentes de su estado de salud, que no debe  desvelarse ni manejar largas distancias.

Bajó del auto y le explicó al comandante de guardia que no podía cumplir la orden. Según las declaraciones del comandante de guardia, registrada en los expedientes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el diálogo fue “respetuoso”. El mayor le pidió al comandante que se le permitiera abrir el portón y salir. A su vez, el mayor le dijo que informara a su superior lo que había ocurrido. Una vez salió el militar con su abogado, el comandante de guardia llamó al coronel Jaime Iván García Escobar, comandante del destacamento militar, para informar que el mayor Moreno había abandonado las instalaciones. Media hora más tarde, el comandante de guardia y otros cinco efectivos militares, que también estaban de guardia a la entrada del destacamento, fueron relevados y se les ordenó presentarse ante el teniente coronel Osdiel Castro Rivas, ejecutivo del destacamento militar.

A la reunión se sumó el coronel García. El propósito, según lo relatado ante el Tribunal de Honor y la PDDH, fue obligar a toda la comandancia de guardia a mentir. Se les ordenó decir que habían forcejeado con el mayor, que éste había abierto violentamente el portón y gritado: “¡Mátenme!”, si no se le dejaba salir. Al comandante de guardia le advirtieron que de no firmar un informe, donde se consignaran esos actos, podría ser dado de baja y recibir “represalias”.  Ahora el comandante de guardia ha señalado a la Procuraduría temer por su vida y por las consecuencias de declarar la verdad.
 
La pedrada más grande
No era el primer arresto del mayor. Incluso fue castigado una vez por no estar disponible durante sus vacaciones. Los arrestos comenzaron hace cuatro años. El 21 de agosto de 2003, José Rodolfo Mejía Monge, ex socio del mayor Moreno, lo demandó en la Fuerza Armada por problemas mercantiles. Según señalamientos de la defensa del mayor Moreno, cuyo abogado es también Henri Paul Fino, del IDHUCA, Mejía mantenía en ese momento una relación de amistad con el ahora ministro de Defensa, Otto Alejandro Romero. Aquel año, el ministro presidía el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada.

Fino señala que gracias a la relación del ahora ministro con Mejía se admitió la demanda. Al revisar las leyes que rigen a los militares, ninguna contempla que un Tribunal de Honor pueda abrir un proceso por temas mercantiles. De hecho la Fuerza Armada no tiene jurisdicción sobre estos casos.

El mayor Moreno demandaba a Mejía Monge por administración fraudulenta, delito tipificado en el artículo 218 del código penal. Según los abogados del mayor Moreno, este había dado dinero a Mejía Monge para echar a andar un negocio de transporte público, en la ruta 101-D. Compró dos microbuses Coaster y otro microbús Nissan Urban, que sirvió como transporte de personal de empresas. El administrador del negocio era Mejía Monge. Al año, el mayor consideró que el negocio había fracasado por mala administración; le robaron una unidad, mientras que otra estaba chocada.  Así comenzó el litigio.

Pero según explicó a sus abogados, el mismo Otto Romero le dijo que si “no conciliaba, no ascendería” al grado superior inmediato. Moreno es militar desde el 7 de enero de 1983. Pero se quedó atrás en el camino de la carrera militar desde aquel momento de la demanda en el Tribunal de Honor, donde él solo – también es abogado – se defendió. El tribunal recomendó que el mayor Moreno no ascendiera al grado inmediato superior que le corresponde por incumplir obligaciones mercantiles, y que por ello su conducta pública y privada es contraria a las “buenas costumbres, lesionando el honor, ética y la moral de la Fuerza Armada”, según se resolvió.

El Faro intentó hablar con el ministro de Defensa a través del departamento de comunicaciones del ministerio, para consultarle sobre los señalamientos. En el departamento de comunicaciones pidieron enviar por correo electrónico los temas a tratar con el ministro y las dudas sobre el caso. Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no habían enviado ninguna respuesta.

Entre los años 2003 y 2007, el mayor ha recibido acusaciones de conducta impropia, falta al conducto regular (informarle a sus superiores de las demandas interpuestas fuera de la Fuerza Armada contra otros oficiales o presentar su caso, por medio de sus abogados, al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, Elías Antonio Saca) y por desobediencia. En todos los litigios, ha considerado que se le violaron sus derechos humanos y de debido proceso.

En lugar de obedecer, decidió demandar a varios de sus mismos compañeros militares. El primero al que sentó en el banquillo de los acusados fue al coronel Luís Ángel Pérez Reyes, por actos arbitrarios mientras el mayor se encontraba en el Destacamento Militar número cuatro, de San Francisco Gotera, Morazán. El proceso continua. Pero por haberlo iniciado, recibió 29 días sin goce de sueldo a finales de 2005.

La legalidad de lo legal
El mayor Adrían Meléndez es uno de los militares que más batallas en canchas civiles ha ganado en contra de los militares. La primera fue en 2003, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo amparó para que regresara a la Fuerza Armada después de dos años de baja. Incluso ha logrado llevar sus demandas hasta la Asamblea Legislativa, para que al ministro Otto Romero se le abra un antejuicio y se le pueda procesar en un juzgado civil por falsedad ideológica y por violar (según sentenció la CSJ en 2005) los artículos 2, 11 y 12 de la Constitución de la República, que hablan de los derechos de audiencia, defensa, debido proceso y libertad. Sin embargo, la demanda no prosperó en la Asamblea. Ahora su caso es estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el acusado directo es el Estado salvadoreño.

Las demandas del mayor Moreno no han tenido el mismo impacto en la CSJ. Ha presentado recursos en la Sala de lo Contencioso Administrativo, por la falta de ascenso, y en la Sala de lo Constitucional de la Corte, solicitando amparos constitucionales por las suspensiones y arrestos que considera arbitrarios. Pero la Corte no le ha respondido todavía.

Los arrestos son para “presionarlo para que se vaya de baja”, según considera Fino. A los militares no les agrada que uno de sus miembros los demande en instancias civiles. Hace año y medio, el juez del Tribunal de Primera Instancia de lo Militar, José Eduardo Marroquín, dijo a la revista Enfoques: “A los civiles los ven como indisciplinados. A veces los jueces de instrucción militar me han enviado incluso recomendaciones de lo que debería hacer. ¡Pero eso nadie me lo tiene que decir!”.

Muchas de las faltas cometidas por el mayor Moreno han sido justificadas con base en el artículo 164 del código de justicia militar. En él se deja a criterio de los superiores establecer qué es una falta: “Constituye falta (…) toda infracción que, a juicio del superior, menoscabe la disciplina o dañe el servicio y que no se halle comprendida entre las que el Código castiga como delito”.

El artículo riñe con el Código Penal, pues éste en su primer artículo establece: “Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta (…)”. El Código de Justicia Militar se creó el 5 de mayo de 1964. El código sufrió reformas en su articulado en 1985 y 1992, tras la firma de los Acuerdos de Paz. La mayor parte del código continúa  exactamente igual desde hace 43 años. La Ordenanza del Ejército, otra de las herramientas que regula la conducta militar, data de 1934, cuando gobernaba el General Maximiliano Hernández Martínez. 

Bajo esas leyes militares también se ha creado el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada, que nació el 18 de junio de 1993. Este tribunal investiga, analiza y evalúa intrainstitucionalmente aquellos actos que lesionen el prestigio, la disciplina, la ética y la moral de la institución. Puede ser convocado por el ministro o actuar de oficio. Cada año se cambian a sus integrantes. Pero el Tribunal ha dejado a un lado el caso del ministro de Defensa, Otto Romero, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia señaló que cometió faltas constitucionales. Bajo las leyes militares, esa es la más grave acusación que se le puede hacer a un oficial y podría incluso ameritar la baja.

Contraataque defensivo
“La ordenanza militar dice que los oficiales sólo pueden cumplir órdenes legales. Pero él (el mayor Moreno) considera que la sanción es producto de una orden ilegal. Por eso es que no cumple la sanción. Mal haría él en cumplirla, porque habría dado validez a esa orden”, comenta Fino, el abogado del militar.

Después del 8 de marzo, el mayor Moreno decidió llevar a otros militares al banquillo de los acusados. Se enteró del informe y se abrió un  proceso en su contra en el Tribunal de Honor. Él abrió otro proceso en el tribunal de sentencia de Sonsonate contra el comandante del destacamento militar de Sonsonate, el coronel Jaime García; el coronel Osdiel Castro Rivas, ejecutivo del destacamento; el capitán José Rosalío Peñate Ruiz, asesor jurídico; y del mayor de infantería, Amadeo Castillo Medrano, jefe del personal, por difamación. Todos ellos, según señala la defensa del mayor Moreno, habrían elaborado el informe para “quitarle su honor. El objetivo era dañarle el honor al militar. Por eso es que lo llevan al Tribunal de Honor, porque sólo hay dos alternativas: o se va de baja, o se queda”, explica Fino.

El Tribunal de Honor y del juzgado civil son los campos donde se libran las batallas entre militares. Pero a los que están en contra del mayor Romero algunos tiros les han salido sin rumbo. Uno de sus testigos de descargo, el sargento Óscar Renato Ruiz, comandante de guardia, declaró al Tribunal de Honor que había sido obligado a mentir, a firmar un papel cuyo contenido conoció el día de la audiencia (11 de mayo de 2007); y que el Tribunal de Honor lo había presionado para responder lo que ellos querían y no “la verdad”.

Moreno, desde abril de este año, mantiene dos procesos abiertos: el del juzgado de sentencia de Sonsonate y el del Tribunal de Honor. La semana pasada fue trasladado del destacamento de Sonsonate a Usulután. “Es para alejarlo de los testigos”, dice Fino, su abogado. 

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