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La comisión presidencial de seguridad y su legado de 75 consejos

El informe “Seguridad y paz, un reto de país: Recomendaciones para una política de seguridad ciudadana en El Salvador”, entregado por la Comisión la semana pasada, reúne 75 recomendaciones en siete grandes líneas de trabajo. El Ejecutivo espera analizarlas en dos semanas para determinar cuáles de ellas podrán ponerse en práctica.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 16 de julio de 2007 - El Faro

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El presidente de la República, Antonio Saca, recibió de manos del coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social, Mauricio Loucel, el documento final de trabajo del grupo consultivo con recomendaciones puntuales que buscan bajar los índices de violencia y delincuencia en el país.

En la presentación también estuvieron el ministro y viceministro de Seguridad Pública, René Figueroa y Ástor Escalante, respectivamente; el director de Centros Penales, Gilbert Cáceres; y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila.

Tras ocho meses y medio de trabajo, la comisión sintetizó en siete grandes líneas de trabajo (ver recuadro) las 75 recomendaciones consensuadas entre los cinco partidos políticos en la Asamblea Legislativa y representantes de la empresa privada, universidades e iglesias que integraron la comisión.

Recomendaciones como una aplicación efectiva de la Ley de Armas; revisión de los códigos Procesal Penal y Penal Juvenil; mayor apoyo financiero y control a la Policía Nacional Civil (PNC), procesos de reingeniería en las diferentes instituciones que trabajan alrededor del tema de seguridad pública en el país; mayor énfasis en el trabajo de prevención; y brindar un papel más activo a las municipalidades, entre otras, engrosaron el documento de más de 100 páginas que fue entregado en Casa Presidencial el martes pasado.

Según Loucel, el primer gran paso del Ejecutivo tiene que ser aceptar como suyas las recomendaciones y luego demostrar la voluntad política para ejecutarlas. Saca aseguró que dará prioridad a las recomendaciones más urgentes luego de analizar el documento.

La comisión fue creada por Saca el 1 de noviembre de 2006 como una respuesta a las duras críticas realizadas por el ex embajador de los Estados Unidos, H. Douglas Barclay, en un evento organizado por FUSADES; desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio.

Ocho meses de trabajo

La comisión, bajo la secretaría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tendría un carácter permanente y sus actuaciones serían autónomas e independientes. El objetivo final: articular una serie de políticas y propuestas para prevenir y reducir los índices de violencia, delincuencia e inseguridad en el país.

“La conformación de esta comisión representa la unión de esfuerzos como nación para enfrentar el problema y visualizar un objetivo común, que es llevar seguridad y tranquilidad a la familia salvadoreña”, afirmó Saca el 1 de noviembre de 2006, minutos después de juramentar a los miembros de la comisión.

Aún cuando las recomendaciones que se hicieran desde el grupo consultivo no tenían un carácter vinculante, Saca se comprometió a que, como gobierno central, se respetaría e implementaría las acciones que se propusieran desde la comisión.

El compromiso asumido por Saca no evitó que la comisión encontrara varios obstáculos desde el arranque de las reuniones. El balance tras los primeros tres meses de trabajo dejó 24 recomendaciones puntuales en la mesa. Pero de las palabras a los hechos poco se había logrado y sólo dos de ellas se ejecutaron con sendas modificaciones, pasando por alto el consenso alcanzado dentro del grupo. El mismo coordinador del grupo, Mauricio Loucel, resumió la situación diciendo que “algunos miembros de la comisión de Seguridad están preocupados porque sus propuestas no se siguen plenamente”.

En ese momento, las propuestas de la comisión apuntaban a reforzar económicamente a la PNC y la FGR, con 80 y 24 millones de dólares, respectivamente, en el anteproyecto de presupuesto para el 2007; la ampliación del proyecto de municipios Libres de Armas a las 20 ciudades con mayores índices de criminalidad; la creación del Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia (SUIVD); y, un proceso de reingeniería de la Policía y la Fiscalía.

Para entonces, solo encontraron eco algunas  reformas a la Ley de Armas para implementar una veda de portación. El segundo gran logro había sido “el visto bueno” a la Ley contra el Crimen Organizado, un anteproyecto que no se discutió realmente en la comisión y donde existieron presiones de Casa Presidencial para que pasara de manera inmediata a la Asamblea Legislativa. 

El último encontronazo se vivió a finales de mayo, cuando Loucel supo que desde el Ministerio de Seguridad Pública se había ordenado a algunos asesores, incluyendo a miembros de la comisión, la creación de un documento que resumiera la política de seguridad y de combate a la criminalidad del país. La propuesta ministerial iba a hacerse pública el 1 de junio, en el tercer aniversario de la toma de posesión del presidente Saca; y no tomaba en cuenta las más de 100 recomendaciones que estaban en estudio dentro de la comisión en ese momento.

El conflicto entre el Ministerio y la comisión forzó a una reunión en la secretaría técnica de Casa Presidencial el 28 de mayo pasado. El encuentro terminó con el compromiso del ministro de Seguridad de esperar el informe final del grupo consultivo; y el de Loucel fue el de finalizar el trabajo de la comisión antes del 15 de julio. Ambos cumplieron.

Propuestas a estudio

El martes 10, Saca agradeció a los miembros de la comisión su labor y recalcó que el gabinete de seguridad analizaría las recomendaciones para determinar cuáles de ellas son “urgentes” y cuáles “importantes”. “Hay cosas que son urgentes, que debemos asumir ya, y otras que son importantes, que deben convertirse en políticas de Estado a mediano y largo plazo”, aseguró el primer mandatario.

Según Figueroa y Escalante, el Ejecutivo ya está ejecutando actividades y proyectos que van de la mano con muchas de las recomendaciones realizadas por la comisión.
Para ejemplo, Escalante aseguró que ya se tiene un borrador de la política de seguridad realizado por un consultor privado, a petición de la Comisión Coordinador del Sector Justicia, y se están realizando acciones en materia preventiva, como recuperación de espacios públicos y torneos deportivos nocturnos.

“La veda de armas, el incremento de la capacidad operativa de la PNC y el refuerzo a la investigación criminal fueron recomendaciones que la comisión hizo en el camino y que se echaron a andar”, abonó Ávila. “Hay algunas recomendaciones que no se podían realizar sin fondos, pero que ahora con el Fidecomiso de Seguridad vamos a poder realizar.”

Sin dar plazos, Saca aseguró que mantendrían reuniones con los miembros del gabinete de seguridad para analizar el contenido del documento. Escalante fue más allá: “El presidente nos ha dado instrucciones de darle el seguimiento del caso al documento. Lógicamente hay algunas recomendaciones que tendrán que convertirse en acciones del Ejecutivo y que tendrán que diseñarse a corto, mediano y largo plazo”. El estudio preeliminar de las mismas podría terminarse en dos semanas.

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