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Tribunales especializados con 109 casos en tres meses

Los 10 jueces especializados con los que, bajo la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, se pretende dar mayor agilidad al procesamiento a casos de homicidios, extorsión y secuestros, tienen ya en sus juzgados más de un centenar de expedientes. La primera audiencia preliminar se realizó la semana pasada, en San Miguel.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Publicada el 02 de julio de 2007 - El Faro

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Con dos de los acusados ausentes y dos presentes, el Juzgado de Instrucción Especializado de San Miguel realizó el lunes 25 de junio la primera audiencia preliminar llevada en un juzgado especializado por un caso de homicidio. Fue la primera audiencia de los al menos 109 casos que, a finales de la semana pasada, se encontraban en estos nuevos juzgados en todo el país.

Los juzgados especializados, junto con la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, fue la respuesta del Ejecutivo a partir de abril pasado para tratar de manera más expedita casos de homicidios, extorsiones y secuestros, cuando estos sean cometidos por el “crimen organizado”. Los jueces especializados se encargarían entonces de tratar aquellos casos que, según describe la ley, corresponden a “aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos”.

“A partir de este día, ellos serán los que, en base a las pruebas y a un criterio jurídico acertado, aplicarán la nueva normativa, juzgando el cometimiento de los delitos que por hoy son los que más aquejan  a la sociedad cuscatleca”, dijo el presidente, Antonio Saca, el pasado 30 de marzo, cuando fueron juramentados los nuevos jueces.

Bajo esta modalidad fueron llevados al juzgado especializado de Instrucción, la semana pasada, dos jóvenes pandilleros en San Miguel, por el delito de homicidio cometido en la localidad de Ereguayquín, Usulután. El fallo: apertura a juicio por los delitos de homicidio y asociaciones ilícitas. A los dos acusados ausentes se les declaró “rebeldes” (término utilizado cuando el imputado no se presenta a audiencia o juicio) y se giró nueva orden de captura contra ambos.

La vista pública de los dos presentes se realizará el 11 de julio y así se convertirá en el primer caso que también sea visto por un Juzgado Especializado de Sentencia.

Este es solo uno de los 109 casos que, en estos tres meses, han llegado a manos de los ocho juzgados especializados en tres cabeceras departamentales del país. De estos, la mayoría (72) están en los de San Salvador, 20 en San Miguel, 17 en Santa Ana y corresponden a delitos de homicidios, extorsión y secuestros.

“La verdad es que estos números han superado nuestras expectativas, es un número alto. Solo en estos 72 casos, como son delitos bien complejos, donde hay participación de hasta cinco personas a veces en un caso, esto significa un total de 312-315 reos, por ahí. Es una barbaridad”, dice Ana Lucila Fuentes, una de las dos juezas especializadas de Instrucción de San Salvador.

En este tribunal especializado se conocen los delitos de los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz y Chalatenango. En los de Santa Ana los de este departamento, Sonsonete y Ahuachapán, mientras que en San Miguel se ven también los de este departamento, La Unión y Morazán.

Pese a que el énfasis de estos juzgados serían los delitos de comicios, extorsión y secuestros, en el especializado de Instrucción de San Miguel también se lleva uno relacionado con el delito de narcotráfico. “Tengo el caso del mayor decomiso de droga, más de una tonelada métrica de cocaína (que fue incinerada el mes pasado tras ser ubicada en una “narcolancha” que se dirigía a Guatemala). Ese me hizo dos casos porque primero me trajeron a dos colombianos que capturaron y luego a otro que estaba buscando irse y lo agarraron en el aeropuerto”, dice Jorge González, juez de esta instancia.

Con recursos a medias

Hasta la fecha, dice Carlos Linares, juez especializado de Sentencia de Santa Ana, el trabajo en su tribunal de sentencia, por el poco tiempo que llevan funcionando, se ha limitado a una labor administrativa.

“A nosotros todavía no nos ha llegado ningún caso, no tenemos todavía una audiencia preliminar (en Santa Ana) y, por lo tanto, mucho menos un juicio abierto, porque hay un tiempo de hasta seis meses en los juzgados de Instrucción para finalizar toda la etapa de investigación (…) de modo que hasta en unos tres meses más o menos podríamos estar ya viendo algún caso. En mi caso, por ejemplo, nos hemos dedicado a ver qué tenemos, qué es lo que nos han dado, qué es lo que nos falta”, comenta.

En los juzgados de San Salvador es la misma situación. Hasta la fecha, no ha pasado ningún caso a etapa de sentencia.

Los recursos con los que cuentan estos juzgados tampoco están completos aún, ya que la mayoría del equipo todavía está en proceso de licitación y compra. En mayo los jueces recibieron de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un vehículo cada uno, pero en sus instalaciones todavía se encuentran “con lo básico”. “Pero bueno, al menos una computadora y un escritorio para trabajar los tenemos, de a poco irá entrando el equipo”, dice la jueza Fuentes.

La cantidad de casos en San Salvador, además, llevó a este juzgado a pedir un refuerzo en el recurso humano que originalmente se les había asignado. A las dos juezas especializadas de Instrucción en este departamento, inicialmente, se les habían nombrado tres colaboradoras a cada una. Actualmente cuentan ya con la aprobación de asignación de otras cuatro – dos para cada una – para poder cumplir con la agilidad con la que se prometió que trabajarían estos tribunales. “La verdad es que el número de causas ha propiciado el aumento de la carga laboral y tuvimos que gestionar un incremento de plazas”, dice Fuentes.

Linares, de Santa Ana, también está trabajando con lo básico. Pero aun así, dice, espera que al cabo de 12 meses estos tribunales especializados estén dando buenos resultados: “Podríamos decir que tenemos los recursos materiales y humanos digamos para cubrir básicamente las necesidades, pero con esto le quiero decir que tenemos lo básico (…) con eso vamos a tener que demostrar que somos juzgados productivos con recursos limitados, pero para hacer una evaluación más completa tendremos que esperar hasta como un año, hasta entonces lo podremos demostrar”.

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