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A elecciones separadas sin la venia de la interpartidaria

El presidente del TSE esperará tres meses como máximo para que se hagan nuevas propuestas de cara a las elecciones de 2009. Por el momento, los únicos cambios serían la separación de elecciones y el aumento de seis a diez municipios en la implementación del plan piloto de voto residencial. Los próximos comicios, poco a poco, toman forma sin las decisiones de la comisión interpartidaria que se había creado para esta discusión.

Rodrigo Baires Quezada / Fotos: Archivo / Asamblea Legislativa
cartas@elfaro.net
Publicada el 25 de junio de 2007 - El Faro

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La elección presidencial que ganó saca dejo a ARENA y FMLN con el 93, 7% votos. Casi toda la votación nacional quedó dividida entre 2 partidos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió la semana antepasada las nuevas reglas para las elecciones de alcaldes, diputados y presidenciales de 2009. Ahora, Walter Araujo, presidente del Tribunal, esperará tres meses como máximo para escuchar nuevas ideas de reformas. “Hay que tener las reglas claras lo más pronto posible. No creo que podamos hacer más cambios después de dos o tres meses a partir de esta fecha”, sostiene.

Así, la Comisión Interpartidaria podría dejar en el tintero ocho de los 10 puntos principales que se venían discutiendo desde diciembre de 2006, cuando los seis partidos políticos (ARENA, PCN, PDC, FMLN, CD y FDR) empezaron el análisis de las 39 propuestas diferentes que llegaron a la mesa. Entonces, la comisión definió dejar nueve puntos principales a discusión, al que se sumó la separación de elecciones, el tema medular por el que habría empujado el Partido de Conciliación Nacional (PCN) a la creación del grupo. Aún sin el voto unificado de la mesa, sólo esta última propuesta se logró en su totalidad.

En diciembre de 2006, cuando el secretario general del PCN, Ciro Cruz Zepeda, anunció públicamente que pedirían la separación de las elecciones, Araujo dio como fecha límite a finales de este año para determinar la viabilidad o no de la separación de los comicios. El proceso se aceleró en los últimos meses y, el martes 8 de mayo, el magistrado presidente anunció que, tras una consulta con los diferentes partidos políticos, una respuesta definitiva se daría a conocer la primera semana de junio.
                                
Araujo aseguró que no existía problema para la separación de los comicios, una potestad que quedaba en manos exclusivas del TSE. “Aquí no es el interés de los partidos, sino el sistema democrático del país: que nuestro sistema constitucional exige la independencia entre los órganos del Estado”, dijo entonces Araujo a El Diario de Hoy.

Las declaraciones despertaron las críticas de los partidos de izquierda. El FMLN y su bancada parlamentaria mantuvieron una postura cerrada sobre el tiempo necesario para hacer hasta tres comicios –en caso de haber una eventual segunda vuelta para las presidenciales- y el presupuesto necesario para ello, aunque adelantaban que la separación de elecciones era un hecho.  “La intención es salvar al PCN y al PDC”, sostiene el magistrado Eugenio Chicas. “Cualquier resolución que se tomara iban a tener los votos de Julio Moreno Niños, del PCN, que es ilegalmente magistrado; y de Mario Salamanca, (por la Corte Suprema de Justicia –CSJ-), con quienes ya han tomado otras decisiones que debieron ser por voto colegiado”, critica.

El titular del TSE dice que respeta, pero no comparte las críticas de Chicas. Amparados en las reformas al Código Electoral de finales de 2005, el Tribunal necesitaba sólo tres votos para aprobar la separación. Esto se consiguió el 15 de junio pasado. Entonces, Araujo llegó a una improvisada reunión de la Comisión Interpartidaria para anunciar públicamente la resolución: elecciones municipales y legislativas se celebrarán a mediados de enero; y los comicios presidenciales, a mediados de marzo.

“Los números no mienten. Son 3.7 millones de dólares más, aproximadamente, lo que costaría la separación”, asegura Araujo. Según los datos del TSE, las elecciones conjuntas tendrían un costo de 17.3 millones de dólares, incluyendo una eventual segunda vuelta en las presidenciales. “Ese aumento incluye la posible segunda vuelta”, sostiene el magistrado presidente.

Un proceso electoral “armonioso”

El primer resultado de la separación de las elecciones 2009 parece ser un refuerzo a la división entre los partidos políticos. El FMLN, FDR y CD criticaron en bloque la decisión del TSE. Según ellos, esta solo busca beneficiar al PCN en la obtención de diputados, y a ARENA, tras una supuesta negociación por retirar al ex pecenista Will Salgado de la contienda presidencial para evitar la división del voto de derecha. 

Araujo descarta las teorías de la izquierda política del país. “No podemos decir que el PCN o que el PDC obtendrá más votos, es el elector el que decidirá darles diputados o no. Eso sí, en las elecciones conjuntas se corre el riesgo de que la presidencial subsuma totalmente la decisión de las elecciones de diputados y concejos municipales”. Según él, la separación permite que el votante no confunda las campañas y que, una vez conociendo la composición de la próxima Asamblea Legislativa, decida si ratifica o no su preferencia por un partido determinado en las presidenciales.

“No sabemos de dónde sacan el argumento de que la simultaneidad de elecciones confunde al electorado. Quizás tenga un estudio que nadie conoce”, dice Álvaro Artiga, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana (UCA). Para Artiga, el problema principal es la duda razonable que nace alrededor de la decisión, que es tomada por ARENA y PCN junto a “un magistrado de la CSJ que siempre vota a favor de ellos”.

“La decisión de separar o no las elecciones se debió de haber tomado no en función de las elecciones de 2009, sino con una visión de largo plazo, pensado en que, sea cual sea el resultado, el Tribunal no proporcione argumentos que después sirvan para deslegitimizar el proceso”, estima.

ARENA y el FMLN, analiza Artiga, obtuvieron entre el 60 y 70 % de los votantes en las últimas elecciones legislativas. En el caso de las presidenciales, ambos partidos concentraron el 93.7% de los votantes, dejando un restante de 6.3%. “Es imposible que de esa manera los cuatro partidos restantes obtengan el tres por ciento que define la ley para que no desaparezcan”.

Sin embargo, la separación de elecciones no dividió las campañas electorales. Incluso, tal como está diseñado el calendario tentativo, la campaña por la presidencia –que haría un paro durante las elecciones de diputados y alcaldes- y la legislativa iniciarán en noviembre de 2008. Un mes después arrancará la de concejos municipales.

“La campaña será la misma y nada garantiza que la pelea por la presidencia polarice más el ambiente y defina la votación en las legislativas”, analiza Pablo Durán, diputado del PDC y ex magistrado del TSE. “Al final se quedó en lo mismo”.

Araujo lo ve de otra forma. “Vamos a tener un proceso electoral único y armonioso con dos elecciones. Serán los partidos los que decidan si le van a apostar su campaña a lo presidencial o a lo legislativo”, resume.

A pesar de eso, el PCN hizo sus propias cuentas y, “en nombre del pluralismo político”, solicitó la separación de elecciones. “Sólo queremos que se cumpla lo que dice la Constitución”, ha dicho Zepeda. “Es salvataje para que no desaparezca su aliado político”, replica Chicas. “Yo le doy vuelta a la pregunta: ¿Qué oscuras intenciones tendrán los que proponen las elecciones conjuntas? Yo lo veo al contrario, pareciera que quieren mantener ese sistema para que los partidos pequeños desaparezcan”, sostiene Araujo.

Héctor Dada Hirezi, diputado de CD, cree que la separación vino a frenar cualquier discusión seria de otras reformas electorales más importantes. “No nos oponemos a la separación, pero nos parece que es algo secundario si no se resuelve el problema de la transparencia de las elecciones; y para eso habían reformas que debieron ser tomadas en cuenta y no se ha hecho”.

En ese sentido, Dada Hirezi se inclina por retomar la discusión de las irregularidades en el registro electoral, la regulación de ingresos de los partidos políticos y de propaganda, además de la implementación del voto residencial en todo el país, algo que se encuentra a medias.

Voto residencial paso a paso

Una de las grandes apuestas dentro de la Comisión Interpartidaria era la ampliación del voto residencial, un proyecto propuesto desde las elecciones municipales y legislativas de 1997, cuando se invirtieron 21 millones de colones en un ejercicio fallido, y todavía no termina de echarse a andar en todo el país.

Para las elecciones presidenciales de 2004, los magistrados dividieron sus criterios y no se alcanzó el voto colegiado para la implementación del proyecto. Entonces, sin las reformas al Código Electoral que permite la mayoría simple para tomar decisiones de este tipo, solo tres magistrados votaron a favor: Julio Hernández (FMLN), Juan José Martel (en ese entonces CDU) y Pablo Cerna (CSJ).

Según el TSE, la separación permitirá un mejor control de las votaciones.

Sin el voto colegiado, los magistrados que pujaban por el proyecto decidieron hacer una denuncia pública el 19 de septiembre de 2003. En ella se rechazaban “el argumento de que el TSE no se encuentra preparado para implementar el voto residencial como excusa para no apoyar la realización de dicho proyecto”. Óscar Lemus, ex sub gerente de cartografía del TSE, sostiene que entonces “se tenían las herramientas técnicas necesaria para arrancar con el voto residencial”. Como ejemplo, cita Lemus, se había distribuido San Salvador en 54 sectores electorales en lugar de ocupar 17 grandes centros de votación, como se terminó haciendo en los comicios.

En ese mismo año, la Asamblea Legislativa acordó que el TSE implementara un plan piloto de voto residencial para las elecciones municipales y legislativas de 2006: 24 centros de votación para 40 mil 362 votantes en los municipios de Nuevo Cuscatlán, El Paisnal, San Juan Nonualco, Carolina, Meanguera del Golfo, Turín y Tecapán. Pese a que sólo un 50% de los votantes participaron, el Tribunal expuso a la Comisión Interpartidaria que el resultado final fue un éxito.  

“Si fue un éxito, ¿por qué no impulsarlo a nivel nacional?”, dice Walter Durán, diputado del FMLN. “Es falta de voluntad política del PCN y ARENA para hacerlo”, contesta de inmediato. Esto, dice, contrasta con lo que se venía haciendo al interior de la Comisión Interpartidaria, donde se conformó una subcomisión técnica para tratar el tema bajo las órdenes del pecenista Mario Ponce.

“La idea era implementar el voto residencial en todo el país. Se redactaron diferentes anteproyectos de ley consensuados y que tenían los votos de todos los partidos. Al final, ninguno prosperó dentro de la comisión política de la Asamblea Legislativa, que era quien los recibía, y donde se tuvo la oposición del mismo PCN”, dice una fuente allegada a la Interpartidaria.

La polarización llegó al extremo durante la elección de la alcaldía de San Salvador al producirse enfrentamientos durante el recuento.

Para los representantes del FDR, CD y FMLN, esta fue una muestra clara de la doble agenda que maneja el PCN dentro de la Interpartidaria y de que existía una negociación bilateral con ARENA para frenar las reformas electorales. Ponce se excusó de hablar sobre el tema, según dijo el encargado de comunicaciones del partido en la Asamblea Legislativa, Víctor Pino.

Desde su oficina, Araujo cierra toda discusión sobre el tema: “El voto residencial en todo el territorio es imposible”, dice. El presidente del TSE se basa en el diagnóstico elaborado por personeros del Tribunal Electoral (TE) de Panamá. En él, los consultores Osmán Valdés y Samuel Seoane concluyen que el TSE “no cuenta con los elementos mínimos necesarios para desarrollar e implementar en su totalidad el voto residencial de una manera exitosa y confiable”.

Según el informe, un 20 por ciento de los DUI emitidos tienen un “código temporal”  que no permite establecer con exactitud la cantidad de ciudadanos por municipio. Araujo suma el factor económico: “El plan piloto costó alrededor de 300 mil dólares y ampliarlo a todo el país son cerca de 30 millones de dólares que no se tienen”, afirma.

El 15 de junio pasado, el presidente de la República, Antonio Saca, dijo también que su gobierno estaba a favor de “todo aquello que mejore la transparencia, la cristalinidad y la facilidad de acercarle las urnas al votante. Estamos de acuerdo en el voto residencial, ya lo he dicho absolutamente claro, pero quien tiene que determinar si está preparado logísticamente es, el TSE”.

“Se sigue caminando en el tema”, sostiene Araujo y muestra la resolución emitida por el TSE –con mayoría simple- en la que se acuerda incrementar el plan piloto en un 150%, como mínimo, en municipios con hasta 20 mil electores. Esto, en realidad, supondría un modesto aumento de seis a diez municipios en dicho plan. “Se busca privilegiar los lugares que tengan problemas de accesibilidad a los centros de votación tradicionales, siempre tomando en cuenta la disponibilidad de recursos económicos”, dice.

La resolución del TSE exige, como mínimo, alcanzar los 100 mil 905 votantes, lo que representa sólo un 0.25% de la población con DUI; aunque para la semana pasada todavía seguía en estudio qué municipios podrían ser beneficiados con la medida. “Pronto vamos a dar a conocer en dónde se aplicará el voto residencial”, finaliza Araujo sin dar una fecha definitiva para hacerlo.

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