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Los riesgos del fideicomiso

Expertos internacionales creen que algunos indicadores del país como gobernabilidad, transparencia, credibilidad e institucionalidad podrían verse afectados por la entrada en funcionamiento del fideicomiso para seguridad y educación. El proyecto fue aprobado la semana pasada por tres de cinco partidos políticos.

Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 25 de junio de 2007 - El Faro

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Un estallido de aplausos de la derecha política cerró la aprobación del fideicomiso para seguridad pública y educación. Los partidos ARENA, PCN y PDC sumaron votos suficientes para que la propuesta del presidente Elías Antonio Saca fuera avalada, evitando así la necesidad de negociar los votos del FMLN y CD para obtener la mayoría calificada que requiere la Constitución para todo endeudamiento público.

Algunos expertos internacionales en finanzas, sin embargo, temen que las “medidas creativas” del gobierno pongan en riesgo la credibilidad y la institucionalidad del país y que los fondos no cuenten con la fiscalización necesaria.

“Hay un indicador del manejo de las finanzas públicas y, en la medida en que se van utilizando estas figuras o en la medida en que el gobierno se ve forzado a utilizar estas figuras, la transparencia presupuestaria va disminuyendo y eso provoca que el país se vea menos bien para los organismos internacionales que un país que maneja todo su presupuesto dentro del Presupuesto General de la Nación”, dice el representante de la calificadora de riesgos Fitch Ratings, Mauricio Choussy.

La transparencia en el manejo de estos fondos también preocupa al Banco Mundial, que iba a financiar los préstamos descartados en la Asamblea para seguridad y educación. Las gestiones que la institución hizo y la campaña, a la que se sumó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lograr estos créditos, no rindieron frutos. Desaparecido el ojo vigilante de estos organismos, que fiscalizan la ejecución de sus proyectos, se pierde una de las herramientas que permitían tener más control de las inversiones hechas.

“Hay que poner controles y fiscalizaciones para que este gasto sea productivo, tenga retorno y sea transparente. Que no sea un financiamiento abierto, diferente al gasto público. Aquí se tiene que poner un énfasis y pedir en la Asamblea que en los decretos que se aprueben incluyan esas disposiciones”, recomendó hace dos semanas el oficial de operaciones del Banco Mundial en El Salvador, Ricardo Tejada. 

Sin embargo, los decretos aprobados pasaron sin mayores cambios por aprobación en la Asamblea Legislativa. No fueron los únicos proyectos de financiamiento alternativo que aprobaron los diputados. También fueron avaladas las reformas para que el Centro Nacional de Registros (CNR) solicite endeudamiento sin necesitar de aprobación legislativa. El FOVIAL también sufrió cambios: ahora ya no será solamente un fondo de conservación vial, sino que también podrá construir carreteras y reparar calles dentro de las ciudades.

“No podemos mantener condenado a un pueblo permanentemente por fantasmas. Nosotros venimos aquí a votar porque la gente tenga un acceso a caminos y carreteras adecuados”, dijo el diputado pedecista Rodolfo Parker para justificar los votos que su partido estaba por dar para las reformas.

Pero no solo el fideicomiso será menos fiscalizado. Las modificaciones hechas al CNR y FOVIAL pretenden buscar créditos para los proyectos Chambita Medidor y Caminos Rurales Sostenibles, ambos fase II, a un costo de $119.2 millones. Estos recursos se buscarán a través de préstamos que solicitarán las autónomas a organismos financieros.

El gabinete económico aún no ha señalado quiénes podrían dar estos recursos. “Tenemos diferentes alternativas. Una es con un banco multilateral. Estamos en negociaciones con ellos. Podría ser también un banco local. La tercera opción es emisiones en bolsas. En el momento de tomar la decisión más conveniente en cuanto a tasa, en cuanto a plazos, vamos a saber”, señala el Secretario de Técnico de la presidencia, Eduardo Zablah.

Al menos el Banco Mundial no prestará ese dinero. Tejada advierte que al no contar con la aprobación de la mayoría calificada para un préstamo, no se vuelve deuda soberana, una condición de esa institución para prestar dinero. Aún con esta nueva propuesta, el Banco no tiene maniobra para continuar participando en proyectos sociales.

Sin embargo, una institución afiliada al Banco Mundial, llamada Corporación Financiera Internacional (CFI), sí puede hacer desembolsos sin necesitar la garantía de una deuda soberana, aunque lo haría de forma independiente, como con una empresa privada.

El Secretario Técnico tiene a otros organismos en mente: “El BID tiene calificadas algunas instituciones del Estado a las que les presta sin garantías del Estado, igual el Banco Centroamericano. Vamos a ver cuál de ellos es más conveniente”, dice.

El control fiscal en tela de juicio

La Corte de Cuentas y un auditor externo contratado por el fideicomiso velarán por la transparencia en el uso de estos fondos. “Y los medios de comunicación también son herramientas”, agrega el ministro de Seguridad, René Figueroa. 

La fiscalización de estos recursos preocupa a los expertos. El dinero que se obtenga del fideicomiso no estaría contemplado dentro de los gastos del Presupuesto de aquí a 2009, cuando se dejen de emitir los certificados. $150 millones estarían destinados para Seguridad –  $50 millones más de lo estipulado en el DPL con el Banco Mundial – y $200 millones más para el Plan de Educación 2021 del Ministerio de Educación.

“Tiene todos los mecanismos de control que tiene el Estado. El fideicomiso además tiene la auditoría externa. El Banco Mundial lo que dice es que la ejecución del préstamo de Seguridad no fue preparado con la ayuda de un banco multilateral. Entonces (dice) que tenemos que estar muy claros en los lineamientos. Y tiene razón. Tenemos que estar claros en los componentes”, explica Zablah. 

Carlos Acevedo, analista económico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, bautiza al fideicomiso como “el nuevo nombre de la deuda”. Más allá de sus costos económicos, el riesgo palpable de la polarización que lo ha creado no beneficia  la imagen del Estado salvadoreño en el extranjero. El mismo diputado Julio Gamero, durante la presentación del fideicomiso hecha en la Comisión de Hacienda, hace dos semanas, señaló que el fideicomiso era deuda. Sin embargo, después aclaró que no es soberana.

El diputado de Cambio Democrático, Héctor Dada, cita el artículo 21 de la ley, donde se establece que si el fideicomitente (el Ministerio de Hacienda) absorberá los gastos y costos de la liquidación del fideicomiso si éste último no tiene suficientes fondos. “Ahí se demuestra que es deuda, porque el que responde es Hacienda”, explica el diputado.

El fideicomiso para pensiones también fue criticado de ser endeudamiento soberano. A diferencia de éste, la tasa de rendimiento de los Certificados Fiduciarios para la Educación y Seguridad (CEFES) variará al entrar en el mercado. Los analistas financieros señalan que podría aumentar del 6.25 por ciento que ha establecido el Gobierno para su inicio. La rentabilidad de los certificados estará condicionada en función de mercado, aunque es más barata que colocar bonos. La última colocación de bonos que se hizo fue a una tasa de 8.5 por ciento.

“Entiendo que habrá (certificados) desde $10 hasta de $10 mil y $50 mil, dependiendo de la negociación que el BMI realice en el momento”, explica el ministro de Hacienda, William Hándal. El FMLN advirtió, tres horas antes de aprobarse el fideicomiso, que los certificados no tendrán ningún valor  y que el fideicomiso es inconstitucional. “Ojalá los inversionistas que han querido entusiasmar escuchen y se den cuenta de que están adquiriendo un papel chiquito sin ningún valor”, señaló el diputado Walter Durán.

Con los préstamos para seguridad y educación – que no fueron aprobados por falta de consenso entre las fuerzas políticas –, el gobierno habría pagado una tasa de interés del 5 por ciento. El ministro de Hacienda aceptó hace tres semanas que el fideicomiso saldrá más caro para el país. “Sabemos que no es la medida más barata, pero también sabemos que los préstamos ya se perdieron”. El plazo para pagar la deuda del fideicomiso es de cinco años, en forma escalonada. La de los préstamos era de 17 años con los organismos financieros multilaterales.

El riesgo de estos certificados comienza después de cinco años. El Gobierno, según los analistas, tiene capacidad de hacerle frente. Habrá que refinanciarlos y, sin embargo, un año antes habrá que pagar una deuda elevada. En el 2011 El Salvador debe pagar $653.5 millones por la emisión de eurobonos.

Para Zablah, “solo se ha tomado en cuenta lo que suma y no lo que resta. El país paga todos los años una gran cantidad de obligaciones. De hecho tenemos flujos con el BID, con el Banco Mundial y el Banco de Centroamericano. Estamos pagando más de lo que obtenemos porque no tenemos préstamos nuevos. Son alrededor de $300 y tantos millones que estamos rebajando la deuda por año. Al decir que vamos adicionar $60 millones (con el fideicomiso) este año no estamos aumentando la deuda, sino que la estamos reduciendo – solo con el BID – en posiblemente $80 y tanto millones. El año que viene son $200 millones”.

Esos $60 millones a los que se refiere saldrán de la autorización para comprar los certificados otorgada por ley a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa; los fondos de la venta de ANTEL (FANTEL) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, así como de la misma autorización al Fondo de Pensiones.

Pero la suma de Zablah no es la única operación aritmética que en otros ojos técnicos se tiene sobre las nuevas medidas del Ejecutivo para financiar proyectos. “Que no se haya aprobado el préstamo en la Asamblea lanza malas señales. No sé qué es peor: si la Asamblea te rechaza préstamos o la situación para evadir la mayoría calificada; creas un fideicomiso. Creo que las dos situaciones no son correctas, (aunque) no creo que de momento afecte la calificación de riesgo (de El Salvador)”, señala Acevedo.

Pero la calificadora Fitch Ratings también está preocupada por “la relación de los fideicomisos con el tema de la gobernabilidad y el tema de la institucionalidad del Estado. Creemos que los países deben de llegar a acuerdos, aunque estamos concientes de que no siempre puede llegar a alcanzarse”, dice Choussy.

El Banco Mundial también está preocupado por la polarización. “Que esto no sea un tema más de radicalización a nivel político. Hay una falta palpable de consenso en temas prioritarios. Hay ciertas cosas mínimas que se espera en todo Estado, y eso no está ocurriendo como debería acá”, explica Tejada.

Esta polarización ha llevado a que las medidas alternativas propuestas por el gobierno para obtener financiamiento contribuyan a que la gestión Saca pueda finalizar en 2009 sin preocupación fiscal en pensiones y proyectos sociales, pero heredando una fuerte carga a los próximos gobiernos. “Da un oxígeno a Tony Saca para terminar su período tranquilamente. No tiene que preocuparse de la situación fiscal de aquí a que termine su período. El otro (el próximo presidente) es el que va a tener que enfrentar el problema y más el siguiente”, señala Acevedo, en referencia al vencimiento de plazos para pagar otras deudas y la que se están creando.

Esto confirma a Choussy que son necesarios mayores ingresos fiscales. “Nosotros pensamos que el país no puede permanecer los próximos dos años sin recurrir a financiamiento o incrementar la recaudación fiscal. Hay una cantidad de necesidades en el área social, en el área de seguridad y en el área de infraestructura que son impostergables para el país y requieren de recursos que pueden venir de financiamiento o de mayores recursos tributarios”, explica.

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