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NOTICIAS Con fideicomisos, Saca se salta “el obstáculo” de la AsambleaLas principales promesas para el cuarto año de gestión del presidente Saca -la creación de un Fidecomiso para educación y seguridad y la continuidad de los proyectos Chambita Medidor y Caminos Rurales Sostenibles- pretenden dar al Ejecutivo la posibilidad de emitir deuda pública sin que la Asamblea lo apruebe. El Ministro de Hacienda asegura que las propuestas no son inconstitucionales, como aseguran el FMLN y CD. Rodrigo Baires Quezada y Daniel Valencia
El presidente de la República, Elías Antonio Saca, apostó de nuevo a jugar con la aritmética legislativa y la complicidad del Partido de Conciliación Nacional (PCN) sacando de la discusión parlamentaria la aprobación de deuda pública. Al igual que hizo con el pago de pensiones, el primer mandatario anunció para su cuarto año de gestión que conseguirá los fondos para seguridad, educación, actualización del catastro nacional y la construcción de nuevos caminos rurales reformando leyes y creando un Fidecomiso para financiar sus proyectos sociales. “Si nos bloquean, buscamos otro camino. Si nos quieren detener, empujamos más fuerte. Si nos ponen obstáculos, los vamos a saltar en nombre de las legítimas necesidades de superación de nuestra gente”, adelantó el presidente a la nación durante su discurso de balance de su tercer año de gestión. La primera acción concreta es la creación de un Fidecomiso de Inversión en Educación, Paz social y Seguridad ciudadana para solventar la falta de fondos económicos para los Ministerios de Educación y Seguridad, así como para la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la República. “Además de este Fidecomiso, traigo conmigo ocho iniciativas de ley más, motivadas e inspiradas en nuestro compromiso con las legítimas aspiraciones de superación de miles de salvadoreños”, sostuvo el primer mandatario. El Ejecutivo busca reforma las leyes de creación del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Fondo de Mantenimiento Vial (FOVIAL) para que ambas instituciones puedan “gestionar de forma directa” financiamiento para los proyectos Chambita Medidor Fase II (60 millones de dólares, un préstamo que venció en septiembre de 2006) y Caminos Rurales Sostenibles Fase II (59.2 millones de dólares, próximo a vencerse), respectivamente. Las “medidas creativas” pretenden solventar los bloqueos del FMLN a los préstamos internacionales pendientes de ratificación en la Asamblea Legislativa y emitir deuda pública sin necesitar del voto calificado del parlamento (56 votos). En este caso, el paquete de reformas solo necesita el concurso de ARENA y los votos del PCN para obtener la mayoría simple (43 votos). Al igual que el Fidecomiso para el pago de pensiones, aprobado en agosto de 2006, el Ejecutivo pretende crear un fondo con un patrimonio inicial de 10 millones de dólares, aportado por el Ministerio de Hacienda, y dejar como fiduciario al Banco Multisectorial de Inversiones (BMI). A este capital se sumaran los aportes que realice Hacienda de conformidad al Presupuesto General del Estado y otros aportes extraordinarios. El BMI se encargará de emitir los Certificados Fiduciarios de Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana, siguiendo órdenes del Consejo de Administración, hasta por 350 millones de dólares -200 para el MINED y 150 para seguridad pública- y una emisión primaria de 60 millones de dólares en los primeros seis meses después de la creación del Fidecomiso. Los certificados tendrían un plazo de hasta cinco años a partir de la fecha de emisión y podrán ser adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). “Además pueden ser comprados por el sector privado y cualquier persona natural o jurídica, nacional o internacional”, dijo William Handal, Ministro de Hacienda.
“Los fondos nos permitirán continuar con el Plan de Educación 2021 y fortalecer nuestra lucha contra la delincuencia y la criminalidad”, dijo Saca ante el pleno y la venta de los certificados iniciaría en julio próximo. “No nos preocupa el arranque porque esperamos que se apruebe en junio para echarlo a andar un julio, lo que nos permitirá seis meses para llegar a la segunda colocación, que ya sabemos que hay un sector privado interesado en comprar”, aseguró Handal. La propuesta del gobierno central tomó por sorpresa a los partidos de oposición. Durante los últimos meses, el FMLN sostuvo la posibilidad de crear un Fidecomiso para administrar el préstamo DPL de 100 millones del Banco Mundial, pendiente de ratificación en la Asamblea Legislativa, y que se manejó como una propuesta dentro de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y Paz Social. Incluso, el Ejecutivo descartó otras propuestas como el impuesto a la telefonía celular y fija para asegurar la inversión en seguridad. Críticas de la oposición En el paquete de anteproyectos se destaca la ley de creación del CNR, en la cual el Ejecutivo pretende reformar el artículo 5 para que la institución esté facultada a “celebrar convenios y contratos relativos a la adquisición de bienes o la prestación de servicios, incluyendo los empréstitos y las garantías sobre sus bienes que fueren necesarias y convenientes para alcanzar sus fines”. Para el FOVIAL, el gobierno central espera darle herramientas legales para conseguir inversiones adicionales al mantenimiento reformando el artículo 46 de su ley. Así, el Fondo asignará “recursos de inversión a proyectos de reconstrucción, rehabilitación o mejoramiento dentro de la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible y la Red Vial Urbana Prioritaria Mantenible, ya sea con recursos propios o por medio de empréstitos”. La reforma la Ley del FOVIAL también contempla abrir “el espacio legal” para darle mantenimiento gradual a la red vial urbana del Gran San Salvador y a las diferentes cabeceras departamentales. “El presidente Saca está resolviendo una de las grandes demandas de todas las alcaldías del país”, aseguró Guillermo Gallegos, coordinador parlamentario de ARENA, quien también elogió la forma en que se
“El fideicomiso es una manera ágil y un plan que nos sacara de apuros”, aseguró Handal, que adelantó que el costo de los certificados, para que sea accesibles a todo tipo de inversionistas, dependerán de un estudio de mercado que ya tiene un avance de 70 por ciento. “Sabemos que no es la medida más baratas, pero también sabemos que los préstamos ya se perdieron”, remató. Pero para el FMLN y Cambio Democrático (CD), la creación de un nuevo Fidecomiso sólo busca saltarse a la Asamblea Legislativa, encargada de ratificar toda emisión de deuda pública según la Constitución de la República. “Es inconstitucional, así como lo es el Fidecomiso de Pensiones”, aseguró Roberto Lorenzana, diputado del FMLN. “Nos vamos a oponer a su aprobación porque se le está mintiendo al pueblo: es endeudamiento y necesita de 56 votos para ello”, sostuvo. “Saca ha pasado de un esquema presidencialista a uno absolutista. Si la lógica del Ejecutivo es evitar la discusión seria de temas de endeudamiento público, mejor que disuelvan la Asamblea Legislativa”, criticó Óscar Kattán, diputado de CD. Sin embargo, tanto Handal como Nicola Angellucci, presidente del BMI, sostienen que las reformas son posibles porque son instituciones autónomas. “La mayoría calificada se requiere para darle garantía soberana y las autónomas no se endeudan con garantía soberana”, aseguró Angellucci, quien explicó que ellas pueden endeudarse “dentro de su normal operación” al contrario que Hacienda. Según ambos funcionarios, con la legislación existente el CNR y el FOVIAL podrían obtener préstamos pero se busca las reformas para dejarlo “más claro”. “Siempre se necesita a la Asamblea con los 43 votos, porque necesitan el concierto de todos los partidos”, sostuvo Angellucci. Para Handal, la credibilidad económica del país permite en la actualidad que las autónomas obtengan empréstitos sin “garantía soberana”. “Si el BID no hubiera pedido garantía soberana no se hubiera requerido de mayoría calificada. En este caso, hay acreedores que no requieren de esta garantía y confían en que los títulos y obligaciones que emitan estas autónomas valen por sí solas. Son suficientes”, dijo el titular de Hacienda.
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