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Seguridad, una deuda con la vida

Más de 10 mil personas fueron asesinadas entre el 1º de junio de 2004 y el 30 de abril de 2007. Las fórmulas del presidente Saca aún no han dado resultados y la mitad de la población considera, según la última encuesta del IUDOP, que en el último año de la gestión presidencial la delincuencia ha aumentado.

Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 28 de mayo de 2007 - El Faro

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Eran las 12:30 de la tarde del miércoles 23 de mayo. Tres hombres y una mujer ingresaron a una joyería en la tercera planta de la octava etapa de Metrocentro, en San Salvador. Iban a cometer un asalto. El vigilante del local comercial atacó, y se inició un intercambio de disparos que llevó a la muerte a Andrés Amaya, uno de los asaltantes. El robo frustrado terminó violando uno de los pocos espacios que en el imaginario colectivo de la sociedad salvadoreña se considera como seguro.

Ya los centros comerciales no se ven como zonas libres de la violencia. A Francisca Carolina Canizález de López, empleada de la UCA de 45 años, se le vio por última vez el 4 de mayo en el centro comercial La Gran Vía. Para el 15 de mayo, el cuerpo sin vida de una mujer, con la ropa y los documentos de Canizález, fue encontrado en los alrededores de Los Chorros, en La Libertad.

Por el internet circulan correos electrónicos donde se describen asaltos en los centros comerciales, que van desde sorprendentes hasta increíbles. No todos son ciertos, pero la violencia ha trascendido en los últimos cinco años niveles sin precedentes en tiempos de paz. Solo en el mes de abril de 2007, según las estadísticas homologadas entre la Policía, Fiscalía y Medicina Legal, 303 vidas fueron arrebatadas. Hace tres años, en abril de 2004, Medicina Legal reportaba 114 muertes.

El ahora presidente Elías Antonio Saca, cuando estaba en campaña, se dio cuenta de la necesidad que los salvadoreños tenían de detener el flagelo criminal. No solo nombró a su plan de gobierno como “País Seguro”, sino que además prometió lo que a tres años de su gestión todavía no alcanza. Aún en campaña electoral, en marzo de 2004, Saca aseguró: “Convertiremos a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica”. Una tarea que para Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), aún está pendiente.

En lo que el presidente Saca lleva en el poder, entre el 1º de junio de 2004 y el 30 de abril de 2007, según cifras oficiales dadas por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal, se han cometido 10 mil 436 homicidios. Solo en 2004, los niveles de asesinato aumentaron en un 27 por ciento, según cifras de la Policía. Para el 2005, El Salvador llegó a ser el país más violento de América Latina, con una tasa de asesinatos de 54.71 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el 2006, según las cifras entregadas por el Ministerio de Seguridad, la violencia alcanzó la misma cantidad de homicidios que el año anterior: 3,761 muertes violentas.

En las calles de El Salvador, la percepción negativa de la seguridad es inminente. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA revela que los salvadoreños consideran como principal problema la delincuencia. Un 50 por ciento de los 1,235 encuestados consideró que la delincuencia ha aumentado.

No es para menos. En los primeros cuatro meses de 2007 se han registrado 1,189 asesinatos, según los datos homologados entre las autoridades. Cuatro más que los registrados el mismo período durante el 2006.

Pasos sin huellas profundas
Saca, el 1º de junio de 2006, anunció que estaba preparando un proyecto integral de política criminal, donde las primeras medidas serían extender la cobertura de la Policía Rural en 10 departamentos y reforzar con patrullajes en las zonas críticas entre la misma Policía y la Fuerza Armada. ¿Dónde está esa política?

Rodrigo Ávila, el director de la Policía, señala que dentro de esa política entraban las estrategias de policía en planes operativos, el plan Marshall, y la creación del GOPES. Él regresó a dirigir la PNC en enero de 2006, tras la salida de Ricardo Meneses por instrucción presidencial.  

Meneses había dirigido a la policía desde 2003, aún bajo la presidencia de Francisco Flores, y fue el principal ejecutor de los planes Mano Dura y Supermano Dura – ya en la administración Saca. También hubo una campaña de capturas masivas que ahora el nuevo director critica. “No podemos ni debemos comenzar a medir la efectividad en cuanto a la seguridad pública por el número de capturas. Lo importante es que bajen los delitos y complementar los esfuerzos de la Policía con las acciones de prevención”, dice Ávila.

Federico Colorado señala que esta es una de las principales deudas. “Sabemos de temas que el consejo de seguridad está trabajando, experiencias en algunos municipios, de actividades en los penales, pero aún es un gran vacío y es urgente ponerle atención porque es un tema que requiere mucho análisis”, señala.

Colorado pertenece a un grupo nombrado en noviembre pasado por el presidente Saca con el fin de encontrar soluciones a los problemas de inseguridad en El Salvador, y cuyas decisiones no son vinculantes. El presidente llamó a este grupo Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social, y está integrado con representantes de partidos políticos, la empresa privada, rectores de universidades y líderes religiosos. Es asesorado por el PNUD, por FUSADES y las mismas instituciones gubernamentales que velan por el tema de la seguridad. Pero la mayoría de sus recomendaciones no han encontrado eco en ninguna parte, y algunos de sus integrantes opinan que sería mejor cerrarla.

La Comisión conoció a finales de noviembre de 2006 que existía un proyecto de Préstamos de Políticas de Desarrollo (DPL en inglés) con el Banco Mundial, destinados a refuerzo presupuestario. La Comisión hizo de este préstamo su principal propuesta: utilizar los $100 millones de dólares de refuerzo para el área de seguridad.  A pèsar de que todos los partidos políticos están representados en la Comisión de Seguridad, el acuerdo alcanzado adentro no prosperó afuera. El 13 de junio de este año se vence el plazo que el Banco Mundial otorga para ratificar el desembolso, y las negociaciones están entrampadas.

El ministro de Seguridad, René Figueroa, ha considerado que si la Asamblea aprobara el préstamo que se pretende destinar a la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el sistema penitenciario y el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los homicidios disminuirían. La PNC, por ejemplo, utiliza el 98 por ciento de su presupuesto para pagar salarios. No tiene dinero para comprar nuevos equipos de comunicación y ha tenido que recurrir a una creativa forma de cruce de datos: utilizando los programas piloto que les proporcionan empresas multinacionales que pretenden vender sus caros sistemas a la PNC. 

En la Asamblea, donde debe ser aprobado el préstamo, el FMLN rechaza endeudar al Estado salvadoreño, aún cuando sea para seguridad. “No estamos acorde a continuar aprobando prestamos”, ha advertido el diputado Gerson Martínez, principal negociador del FMLN en temas de hacienda en la Asamblea Legislativa. Los votos de su partido son fundamentales. El resto de fracciones legislativas no suman 56 votos, necesarios para aprobar endeudamiento.

El FMLN exige además información precisa sobre el destino de los fondos, que ARENA ni el Ejecutivo han proporcionado. El Banco Mundial ya anunció que desiste de buscar la aprobación del DPL.

En busca de alternativas de financiamiento, Ávila sugiere tasar una cuota a la telefonía celular. Esta podría ser una de las “alternativas creativas” que el presidente Saca podría anunciar en su discurso del tercer año de gestión. La medida no es nueva. Ya el diputado del PDC, Rodolfo Parker, lo propuso en diciembre de 2006. Sin embargo, la ex viceministro de Hacienda, Carmen Flores de Arévalo, señalaba en diciembre que “ni las leyes que se inventaran ahorita servirían para tener el dinero”.

El dinero es importante para mejorar las condiciones de una Policía que cuenta con 16 mil agentes, donde dos mil trabajan como administrativos. “Los $100 millones son recursos que el país no tiene y que deberían de aprovecharse, porque los otros recursos deberían de ir a más inversión social, a educación, salud, vivienda, agua potable, más calles, en fin. Cuando esos recursos no se materializan, eso se pierde. Este es uno de los temas en los que nos deberíamos de poner de acuerdo”, considera Colorado.
 
El reto eterno
Ávila asegura que en la investigación y disminución de otros delitos, como los robos, hurtos, extorsiones y violaciones se han registrado avances importantes. Incluso señala que la relación entre la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial ha mejorado en comparación a como estaba hace un año. “Hemos cuadruplicado la efectividad a nivel judicial en los casos que pasan a la fase de instrucción. Hemos mejorado el tema de atención al público, pese a haber completado sólo el 40 por ciento del cuadro de atención”, explica.

También observa como logros el escalafón salarial a los policías, con el fin de dar más incentivos a los agentes. “Hoy vamos con mejorar la atención al público. Estamos esperando, aunque ya comenzamos, a renovar a los cuadros de la policía con cursos de refresco. Estamos revisando los pensum para sugerirle al director de la ANSP”, señala en alusión a que los policías regresarán a las aulas.

Refrescar las estrategias de seguridad es una maniobra que desde el Ejecutivo se viene implementando en el último año, aunque para algunos no fueron atinadas. Para el 4 de diciembre de 2006, Saca dio un giro a sus políticas de seguridad al revivir el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, que desapareció el ex presidente Francisco Flores. Para sorpresa de muchos, a la cabeza del nuevo ministerio nombró justamente a quien ocupaba el cargo de Ministro de Gobernación, responsable de la seguridad ciudadana. “¿De nuevo Figueroa”, se preguntaron algunos en la Comisión.

René Figueroa era ministro de Gobernación desde los últimos meses de la gestión de Francisco Flores, y Saca lo ratificó en el cargo a su entrada. Desde entonces él está al frente de la seguridad. Lo que se criticó desde el gabinete de Saca y desde algunos miembros de la Comisión fue que el Gobierno debería tener en el cargo a un cariz menos político. Figueroa es también el vicepresidente de ideología del partido ARENA, es mencionado como precandidato a la presidencia; es compadre del presidente, su socio y uno de sus más cercanos colaboradores.

“Todo tiene su pro y su contra. Alguna experiencia acumulada hay. Creo que el enfoque correcto debería de ser lo nuevo que se hace”, considera ahora Colorado, quien no vio inconvenientes en colocar al ex ministro en el nuevo puesto.

Un ministerio y un ministro que otro año más tiene el reto de reducir los homicidios. Una promesa que no es nueva, y que ya Ávila considera que no se debe de alcanzar solo a palos, sino también con prevención. El 30.1 por ciento de los encuestados por el IUDOP considera que el principal reto que el gobierno tiene para el próximo año de gestión es reducir la delincuencia.

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