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NOTICIAS Vecinos vrs. Salazar RomeroLa junta directiva de vecinos de Ciudad Versailles se queja del servicio de agua potable y la falta de seguridad. El propietario de Salazar Romero S.A. de C.V. aclara que los estudios del agua proporcionada avalan su potabilidad y que la seguridad está garantizada, pero que buscará un acercamiento con los residentes para encontrar acuerdos comunes. Rodrigo Baires Quezada
Eduardo Flores, presidente de la junta directivos de vecinos de Ciudad Versailles, tuerce la cara al saber que un estudio del Viceministerio de Vivienda muestra la zona en la que está construida su casa bajo riesgo de inundación y vulcanismo. “Ya nada me extraña”, dice y mira a su alrededor a los niños que juegan en el parque de Villa Mónaco, la primera etapa de un proyecto de cuatro mil 682 viviendas en San Juan Opico. Flores llegó a Versailles buscando tranquilidad y seguridad, le gustaron las casas y sacó un préstamo con el Fondo Social para la Vivienda (FSV) para hacerse de una propia. Con el tiempo, su nuevo hogar le ha ido borrando la sonrisa. “Mal servicio de agua, inseguridad, problemas medioambientales… Me mintieron, esto no es lo que me dijeron que compraba”, asegura. Según él y otros directivos consultados, desde un principio tuvieron problemas con la calidad del agua potable. “Lo primero que pregunté era por el servicio de agua. Me aseguraron que era 100 por ciento potable pero le sentimos mal sabor y, a veces, mal olor”, dice. Silvia Salinas, miembro de la directiva, asiente con un ademán y lo interrumpe: “Al gasto de agua, que nos sale a 45 centavos el metro cúbico, tenemos que estar comprando garrafas de agua purificada. Es un gasto extra”. Detrás de su escritorio, en las oficinas de Salazar Romero S.A. de C.V., José Raúl Salazar Landaverde, propietario de la urbanizadora, asegura que el agua que se consume en Ciudad Versailles, como en el resto de sus residenciales en las que brindan el servicio, es potable. “Mensualmente mostramos nuestros análisis al Ministerio de Salud, los que reflejan la calidad del agua que servimos a nuestros clientes y el proceso de descontaminación de las aguas residuales. Si no fuera agua potable hubiéramos tenido un serio problema y no podríamos haber hecho los desarrollos urbanísticos que hemos hecho en todo el país.” Las palabras de Salazar son avaladas con los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y la Defensoría del Consumidor. Ésta última, tras recibir una denuncia de los vecinos, hizo un muestreo de agua un año atrás y solo encontró presencia de Alcaligenes fecales, un bacilo que no produce daños en el ser humano. “Es algo que se controla con una debida cloración del agua. Después el MISPAS hizo estudios en los que este problema salió controlado”, asegura Evelyn Jacir de Lovo, titular de la defensoría. Sin embargo, los vecinos aseguran que al hervir el agua sobresale una capa fina de color blanco. “No hemos hecho estudios pero no confiamos en el agua, por lo que optamos por comprar embotellada”, dicee Francisco Saavedra, otro vecino. Otros han comprado filtros especiales. “Son caros, unos 500 dólares, pero a la larga es una inversión”, dice Miriam Guzmán, quien acaba de instalar uno en su casa. Los servicios de la discordia Los vecinos tienen más reclamos. Se quejan de que el servicio de seguridad –tres guardias para las mil 200 viviendas habitadas- están muy por debajo de lo que se les prometió a la hora de comprar sus viviendas. Según Salazar, el número responde a la “consideración de expertos”. “Lógicamente, el residente pide más. A lo mejor, sus perspectivas serían que hubiera un guardia por cada casa. El proyecto es cerrado y hay un control de entrada y de salida de personas”, justifica. Además la empresa obliga por contrato a los compradores a utilizar los servicios de empresas determinadas de telefonía, internet y televisión por cable. “No es que no puedan optar a otras compañías. Una vez finalizado el proyecto y entregado a la alcaldía correspondiente cualquier empresa puede entrar a ofrecer sus servicios libremente. Aunque, en un principio, lógicamente, trabajamos con las compañías que deciden acompañarnos en el proyecto”, dice Salazar y aclara que los propietarios no estaría amarrados por contrato a seguir con los servicios una vez entregado el proyecto. Según los datos de la Defensoría, desde su creación se han atendido 500 asesorías y reclamos en ramo de compra de viviendas. 95 de ellas son de urbanizaciones de Salazar Romero y el 40 por ciento de estas de Ciudad Versailles. “La mayoría de ellas es por incumplimiento de contrato, cláusulas abusivas o deficiencia en la calidad de los materias que se utilizaron para su construcción. Pero hay que destacar que el 50 por ciento de ellas se ha resuelto en la etapa de conciliación”, dice Jacir de Lovo. Sin embargo, la titular de la Defensoría advierte que la contratación de los servicios de cable, telefonía e internet parece ser una práctica anticompetitiva que sería trasladada a la Superintendencia de Competencia para su análisis. “Esto está en su contrato aunque no se le dice al comprador durante la venta y un error de la gente es no leer su contrato antes de firmarlo”, dice Jacir de Lovo. La funcionaria explica que la Defensoría pretende velar porque las compañías urbanizadoras cumplan con lo ofertado. “Para ello se quiere hacer una base de datos de las ofertas de vivienda, algo que queremos hacer no obligatorio con las constructoras, pero que le daría confianza a los compradores”, asegura. “Siempre se les ha escuchado, incluso ellos han planteado sus inquietudes en cuanto a la infraestructura, agua potable y otros problemas”, dice Salazar, quien asegura que se buscarán nuevos procesos de acercamiento con los vecinos. “Siempre los hemos escuchado”, repite.
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