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De un cañal a una ciudad

Cinco años bastaron para convertir un cañaveral destinado en un primer momento a ser un área de protección en la urbanización Ciudad Versailles. Entre mayo de 2003 y mayo de 2005, la empresa urbanizadora Salazar Romero obtuvo los permisos para su construcción de parte de la OPVSA, ANDA y Medio Ambiente.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 21 de mayo de 2007 - El Faro

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Los cañales en manos de la Cooperativa Chanmico, donde ahora se asienta la notificación Ciudad Versailles, fueron clasificados en el año 2000 por la empresa española INPYSA como vedados para urbanizaciones. Como parte del ordenamiento territorial de la zona, el estudio de los españoles recomendó convertir los cañales en un área de conservación y recreación.

“Era una visión europea en la que se pretendía hacer algo así como un parque ecológico”, dice Clara Elizabeth de Rivera, coordinadora de la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA), entidad encargada de poner en la práctica el instrumento. “La realidad es que esas tierras no pertenecían al Estado sino a propietarios privados, a la cooperativa Chanmico, que podían venderlas a otras personas naturales o jurídicas”.

Los planes de reordenamiento chocaron contra la realidad económica de los propietarios de la tierra. Mientras se hablaba de ordenamiento territorial a nivel de gobiernos centrales y locales, la Cooperativa Chanmico, dueña de una porción de las tierras propuestas para la construcción del parque ecológico, negociaba su venta a una empresa constructora.

“Para hacer un parque ecológico se necesita una gran cantidad de dinero que la cooperativa no tenía y las autoridades locales y el gobierno central tampoco lo tenían”, dice de Rivera. “Ahora, la venta y compra de propiedades no puede ser prohibida por esta oficina… así que vendieron los terrenos”.

La situación financiera de la cooperativa era insostenible a principios del año 2000. “Debíamos 29 millones de colones (aproximadamente 3.3 millones de dólares)”, dice Ruperto Maldonado, presidente de la Cooperativa. “Eran casi siete mil pesos de intereses diarios los que estaban cobrándonos”, agrega Carlos Humberto Ortiz, otro miembro de la directiva. “El banco nos quería quitar 400 manzanas para saldar la deuda. Hicimos números y nos salía mejor vender algunas manzanas a terceros para no afectar a los miembros… y eso hicimos”, explica con orgullo Maldonado.

Salazar Romero entró en la puja por los terrenos en venta, en especial en la porción de 108 manzanas frente al kilómetro 33 de la carretera San Juan Opico - Quezaltepeque. El negocio se cerró con un precio de 15 colones por vara cuadrada y el terreno se escrituró –según dice José Raúl Salazar, propietario de la empresa constructora- el 19 de septiembre de 2002.

“Al final vendimos a 150 mil colones cada manzana”, dice Maldonado. La transacción reportó 16.2 millones de colones (cerca de 1.9 millones de dólares) que se abonaron  automáticamente a la deuda. “Nunca vimos el dinero… sólo papeles pasaron por aquí”.

Hasta entonces los terrenos eran utilizados en su mayor parte para el cultivo de caña de azúcar y algunos pequeños lotes para milpas de maíz y fríjol. “Algunos miembros se quejaron porque en su mayoría eran tierras fértiles”, dice Ortiz. “Aunque habían zonas que eran arenales… ahí se necesitaba mucho abono para sacar una buena tarea. Pero para lo que los quería esa empresa no se necesita de químicos, sólo saber a donde poner los muros y ya”.

Con el título de propiedad bajo el brazo, Salazar Romero inició el proceso de cambio de uso de suelo. “La constructora comenzó el proceso en el Viceministerio de Vivienda y se hizo un plan parcial de la zona –realizado por León Sol Arquitectos Consultores, en julio de 2003- con el que se aprobó el cambio después de analizarlo”, recuerda de Rivera. El proyecto obtuvo la calificación de lugar, línea de construcción y factibilidad de drenajes de aguas lluvias el 30 de octubre de 2003; y, la revisión vial y zonificación el  17 de junio de 2004.

La compañía Eco Ingenieros, contratada por Salazar Romero, presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto, mismo que fue aprobado el 20 de octubre de 2004. Seis meses después, el 18 de abril, la OPVSA daba el permiso de parcelación, y el 27 de mayo de 2005 el permiso de construcción dirigido a la responsable del proyecto, la arquitecto Juan Dolores Martínez Leiva, y al apoderado legal de la empresa. Así, la Oficina de Planificación dio la autorización para la construcción de 4 mil 682 viviendas en un espacio de 769.2 kilómetros cuadrados. En ninguno de los estudios o los permisos se destacaba que el mapa de condicionantes de la zona, presentado en el plan original de desarrollo territorial, destacaba que era un área de recarga y con riesgos de inundaciones y vulcanismo.

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