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Propuesta de reforma criticada por inmigrantes y empleadores

El incremento de la vigilancia en las fronteras, sanciones económicas para los inmigrantes ilegales que pidan trámites de residencia, planes específicos para trabajadores y una nueva clasificación de inmigrantes, por méritos académicos y laborales,  han generado apoyos y criticas en Estados Unidos.  La propuesta de ley, que se debate esta semana, afectará a miles de indocumentados.

El Faro
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Publicada el 21 de mayo de 2007 - El Faro

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La reforma migratoria, pactada por senadores republicanos y demócratas en conjunto con la Casa Blanca, aún no termina de convencer a los principales afectados, los aproximadamente 12 millones de inmigrantes que permanecen ilegalmente en Estados Unidos. 

Para los inmigrantes de América Latina, el nuevo plan migratorio significaría un cambio radical en su estilo de vida. En Estados Unidos, según el último censo de población (dado a conocer un día antes del anuncio del pacto), la comunidad latina fue la de más rápido crecimiento con 44.3 millones y se ha convertido en la primera minoría étnica del país norteamericano.

El debate por la reforma, que arranca esta semana,  significará quizá el último intento por encontrar una solución consensuada para estos indocumentados. Si esta vez el Congreso no logra un acuerdo bipartidista amplio, la reforma será abortada y dejará el camino limpio para que la Administración del Presidente Bush imponga medidas basadas en la seguridad nacional.

De aprobarse las propuestas del pacto migratorio, los inmigrantes deberán enfrentarse a todo un nuevo sistema legal que incluye sanciones económicas de hasta 5 mil dólares y una reclasificación del tipo de inmigración.

“Este es un proyecto por el cual las personas que viven en nuestro país serán tratadas sin amnistía, pero sin enemistad”, dijo el presidente Bush, en compañía de senadores de ambos partidos, con los que durante semanas se negoció, a puerta cerrada, el proyecto de reforma.

“No se trata de una amnistía. El proyecto restaurará el imperio de la ley”, agregó el senador republicano Arlen Specter. El proyecto será sometido a una votación inicial en el Senado esta semana.

La propuesta que se debatirá surge de los puntos más o menos en común entre el plan bipartidista Gutiérrez-Flake, el de la Casa Blanca, el plan del senador Hagel, el McCain-Kennedy y el plan sugerido por el senador Reid.

Las reformas

De acuerdo con la nueva propuesta, se creará un programa de trabajadores temporales y otro para trabajadores del sector agrícola, y se dará más importancia al nivel educativo para decidir si el inmigrante puede aspirar a tramitar la residencia permanente.

De los 1.1 millones de visas que se otorgan cada año, el 40% se distribuirá mediante un sistema de puntos o méritos, que se obtienen por el grado de educación, el dominio de inglés o las capacidades tecnológicas de los inmigrantes. Aproximadamente 50% de estos puntos estarían basados en estándares de empleo, 25% en educación, 15% en dominio del inglés y sólo el 10% en vínculos familiares, lo que ha provocado críticas de varios sectores.

Los inmigrantes indocumentados, según la propuesta, deberán declarar inmediatamente su condición ilegal, para que entonces puedan optar a un permiso provisional de residencia que les permitirá vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El proyecto, además, contempla multas de 5 mil dólares para legalizar a personas sin documentos y establece un período de 8 a 13 años para completar esa gestión. Las personas cabezas de familia, sin embargo, deberán primero regresar a sus países de origen para hacer dicho trámite.

Los permisos temporales de trabajo podrán ser renovados también dos veces, pero los trabajadores tendrán que abandonar Estados Unidos por espacio de 12 meses entre cada renovación. Lo empleadores que contraten mano de obra ilegal serán sancionados con multas económicas.

“El acuerdo que hemos alcanzado es la mejor oportunidad posible que tendremos en años para garantizar la integridad de nuestras fronteras y sacar a millones de personas de la sombra”, aseguró el senador demócrata Edward M. Kennedy, que participó de las negociaciones.

Pero la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó el sistema de puntos. “Tengo serias objeciones al sistema de puntos contemplado en la ley pero tal vez eso puede ser mejorado”, dijo Pelosi. La congresista de California advirtió que esa medida podría vulnerar “los principios de unificación familiar que han sido fundamentales para la inmigración a Estados Unidos”.

Para sectores en pro de los inmigrantes, la mayoría de las propuestas podrían afectar la unidad familiar, la permanencia, la residencia y la ciudadanía de millones de inmigrantes.

La organización no gubernamental El Pueblo, en un comunicado de prensa, expresó lo siguiente:  “No apoyamos la propuesta de ley tal y como está escrita, y hacemos un llamado al Senado para que le haga revisiones mayores que honren los valores intrínsecos de la familia, protejan los derechos de todos los trabajadores y eliminen la creación de un sistema de inmigración clasista”.

Luego, en tres páginas, criticó punto por punto algunas de las reformas entre las cuales destacan las multas a los indocumentados al momento de realizar trámites de legalización, la persecución de los trabajadores indocumentados, la desintegración familiar y la puesta en marcha de un nuevo sistema para otorgar residencias que dan prioridad a aquellos indocumentados que estén mejor calificados técnica, intelectual y profesionalmente. El Pueblo llamó a la propuesta una que daba prioridad a los intereses del mercado por encima de los vínculos familiares.

Noé Hernández, integrante del Centro Azteca de Fresno, dijo al periódico angelino La Opinión que el Valle Central de California, donde se produce el 50% de los vegetales de este estado, alberga a campesinos originarios de medios rurales, muchos de los cuales ni siquiera hablan español. "Es gente expulsada de sus países por la pobreza, y esta propuesta es un golpe devastador para las familias, que serían marginadas por su nivel de conocimiento académico, cuando lo que hay es una irresponsabilidad de los gobiernos, tanto del de México como del de Estados Unidos", dijo.

Fabian Nuñez, presidente de la Asamblea Estatal de Los Ángeles, declaró que espera que los líderes del Congreso “rechacen el contenido negativo de algunos elementos de esta propuesta y aprueben programas más pragmáticos y menos ideológicos", según públicó La Opinión Digital.

La Ley de Seguridad Fronteriza y de Reforma de Inmigración de 2007, como será conocida la propuesta de ley, tampoco recibió el visto bueno de activistas que el año pasado participaron en las marchas pro inmigrantes en esta ciudad.

Ángela Sanbrano, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), opinó al mismo medio que la propuesta, que incluye la contratación de 18 mil agentes para la Patrulla Fronteriza y otras medidas de control fronterizo, antes de implementar las visas de legalización, "está bastante lejos de lo que la comunidad necesita".

Según dijo, el no otorgar la posibilidad de solicitar la ciudadanía a trabajadores temporales, y el que el inmigrante tenga que regresar a su país de origen para solicitar la residencia permanente "es totalmente inaceptable, lo que vamos a tener es una sociedad de castas".

También los empleadores se declararon insatisfechos con la propuesta de reforma. Varios líderes de asociaciones de negocios dijeron al periódico The New York Times que la propuesta podría dejarlos en una peor situación, ya que el estatus de los trabajadores dependería de los puntos que obtengan y no de las necesidades de sus negocios.  Laura Foote Reiff, presidenta de la Coalición para la Inmigración de Trabajadores Esenciales, advirtió de los peligros para sus agremiados, que contratan a millones de trabajadores en hoteles, restaurantes, hospitales y otras áreas de servicio.

Los empleadores también advirtieron que la nueva ley les obliga a instalar sistemas de revisión del estatus de los trabajadores, que en Estados Unidos son unos 145 millones, lo cual elevaría los costos a tal grado que “podrían hacer colapsar el sistema”, dijo Susan Meisinger, presidenta de la Sociedad para el Manejo de los Recursos Humanos, que agremia a unos 215 mil miembros.

En El Salvador, la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Margarita Escobar, dijo a la prensa que "la noticia es muy buena, es muy positiva, pero muy prematuro en cuanto a los contenidos que puedan resultar".

De Escobar, aún cuando declaró que el gobierno ve “ve muy bien este primer paso", dijo que de entrada se está descartando por completo un proceso de amnistía para los indocumentados. La Cancillería de El Salvador estima que en Estados Unidos podrían vivir alrededor de 2 millones de salvadoreños.

En Guatemala, sin embargo, la viceministra de Relaciones exteriorices, Marta Altoaguirre sí expresó su preocupación.

“Imagine a una familia que no tenga para pagar los montos que exigiría la reforma, debería entonces regresar a Guatemala”, dijo a medios locales, en alusión a la multa que deberán pagar los indocumentados para iniciar su proceso de legalización.

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