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La “maquila modelo” se convierte en la maquila cerrada

La maquila Just Garments, nacida en 2003 bajo la idea de una empresa sindicalizada en la que sus empleadas contarían con excelentes condiciones laborales, está cerrada desde el pasado 2 de abril, y enfrenta aún deudas y varias demandas por incumplimientos laborales.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Publicada el 14 de mayo de 2007 - El Faro

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Fundada bajo el lema “confección de prendas con justicia”, la textilera Just Garments fue la primera en su sector en firmar un contrato colectivo con sus empleadas. A cuatro años, sin embargo, acarrea una deuda de más de 170 mil dólares, 19 demandas por retención de cotizaciones y se le avecinan también otras acciones legales por parte de una institución estadounidense que reclama 87 mil dólares en concepto de un préstamo.

A cuatro años de su fundación, las acusaciones en su contra están formalmente en los juzgados de lo laboral, pero también circulan en comunicados en la prensa escrita y  por el internet. “La empresa Just Garments cierra en medio de abusos ¡Las trabajadoras necesitan apoyo!”, dice uno de los correos en cadena que circulan estos días, firmado por diez organizaciones de derechos humanos que se han unido para hacer la denuncia públicamente.

Just Garments fue fundada en abril de 2003, en un proceso elogiado por sindicatos internacionales, que vieron en la fundación de la empresa una victoria de la lucha sindical con la que se garantizarían mejores condiciones laborales para las empleadas, que hasta entonces habían trabajado para la maquilera de capital taiwanés Tainan.

Era aparentemente un nuevo comienzo para las trabajadoras de Tainan, que, también en medio de señalamientos por incumplimiento de leyes laborales, estaba por cerrar y por dejar sin empleo a más de 100 personas. Just Garments sería la salvación para estas empleadas, que no solo mantendrían su fuente de ingreso, sino que también trabajarían en condiciones más dignas: con sillas ergonómicas, máquinas equipadas con protectores de agujas, máscaras disponibles para todas las trabajadoras y un sistema de extracción de aire para canalizar el polvo de la tela directamente de la máquina, a fin de prevenir problemas respiratorios de las empleadas.

La creación de la nueva empresa incluso había sido apoyada por la internacional GAP, que antes encargaba la confección de su ropa a Tainan. GAP había intervenido antes en Tainan para que se reinstalara a dos sindicalistas que habían sido despedidos por la taiwanesa y, producto de los conflictos que afectaron a quienes confeccionaban sus prendas, decidieron respaldar financieramente la fundación de Just Garments.

La fábrica fue aplaudida, además, por ser la primera maquila del país en firmar un contrato colectivo con sus empleados, en el año 2003.

“Just Garments ofrece prendas hechas en un ambiente donde los trabajadores están organizados en un sindicato y están produciendo ropa ‘limpia’. Nuestra experiencia en la industria, las garantías sobre calidad y nuestro compromiso a proveer condiciones de trabajo mejores a las otras fábricas implica que Just Garments es una empresa en donde todas las partes obtienen su beneficio y el reconocimiento de la importancia de su trabajo”, se lee en el sitio web de la maquila.

Pero a juzgar por el embrollo legal en el que ahora se encuentra la empresa, las excelentes condiciones laborales que se ofrecieron no fueron tales. De hecho, la fábrica en realidad tampoco había cambiado de manos: el 99% de las acciones siguen siendo de Donald Wu, propietario de la empresa Tainan, y solo el 1% es de Gilberto García Dueñas, miembro del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL) y que fue elegido por el sindicato de la fábrica como su representante. Wu, sin embargo, no vive en el país, y es entonces García, como suplente, quien da la cara por Just Garments.

“Si la empresa sigue siendo de los mismos. Y ni siquiera es que todas las trabajadoras estuvieran en el sindicato, era una minoría nada más y eran de las que estaban cerca de Gilberto García Dueñas”, dice Henry Fino, un abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), que lleva el seguimiento de las 19 demandas que se han interpuesto en los juzgados de lo laboral contra Just Garments.

En efecto, según confirmó García, de las alrededor de 45 empleadas de la fábrica, son solo 26 las que están en el Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles (STIT).

Las acusaciones

Las demandas interpuestas hasta ahora han sido por retención de cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a las AFP y por horas extras de trabajo no pagadas. De las 19, 18 son de mujeres y una es de un hombre.

Idalia López, que trabajó durante dos años y dos meses en la fábrica, es una de las primeras cuatro empleadas que, hace año y medio, se acercó al IDHUCA para buscar asesoría legal. “No pagaba Seguro Social, ni AFP, no nos dio aguinaldo. Adentro no había maltrato, pero en lo del pago del salario, vacaciones, nunca pagó. Yo estuve embarazada y todos los días iba a la oficina a pedir mi certificado porque ellos nunca lo daban, tuve el bebé y sí, en el Seguro Social, pero no pude cobrar mi incapacidad en el tiempo que tenía que cobrarla (…) la verdad yo pertenecí al sindicato, pero nunca nos tomaron en cuenta. No puedo decir que yo tomaba decisiones ahí porque no nos tomaban en cuenta. Quienes sí tomaban decisiones ahí eran  Sonia Díaz, Elena y Joaquín (Alas)”, relató en una entrevista que le realizaron en el instituto.

Sonia Díaz, en una nota publicada en el diario Co Latino en febrero del año pasado, rechazó las primeras acusaciones que sonaban en contra de Just Garments, pero admitió también las irregularidades con las cotizaciones al ISSS. “Ya se habló con personal del Seguro para establecer cómo pagar la deuda mediante cuotas”, dijo entonces.

Según Jacqueline Calderón, otra operaria de máquina que laboró dos años en la maquila y que también es asistida por el IDHUCA, las declaraciones de las sindicalistas tampoco son las más confiables. Cada vez que iban a llegar supervisores, contó también en una entrevista con el instituto, “Gilberto  nos hacía reuniones, nos decía que nos iba a pagar un día de esta semana, acomodaba las cosas para que nosotros dijéramos que sí, que era cierto que nos iba a dar el dinero, pero también él escogía a la gente que hablaba con esas personas. Porque a las que eran del sindicato sí les pagaba, les daba más dinero”.

Gilberto García admite que Just Garments no estaba al día con los pagos al ISSS y AFP, pero asegura que los retrasos no fueron por retenciones intencionadas, si no debido a un déficit que la empresa comenzó a acarrear desde su fundación.

“Cuando dejó de ser Tainan y se convirtió en Just Garments (en 2003), no encontramos quién nos quisiera alquilar en la zona franca de San Bartolo, que era donde estaba Tainan. Así que nos tuvimos que cambiar y alquilamos en el local de Carlos Simán Safie (sobre el Blvd. del Ejército), pero él nos pidió que pagáramos un año por adelantado. Casi la tercera parte del fondo inicial se fue para eso y empezamos a tener deudas y déficit”, dice.

Cuando las primeras cuatro personas llegaron al IDHUCA a pedir asesoría legal, cuenta Fino, se buscó solucionar el problema por la vía de la conciliación con García Dueñas. Pero en ese momento, dice, “no nos propuso nada y fue que comenzamos con las demandas”. Ya con las demandas interpuestas, dos meses después del primer encuentro con el representante legal, se llegó a un acuerdo de pagar el 75% en concepto de las cotizaciones adeudadas.

“Llegamos a ese acuerdo y, lamentablemente, no lo pudimos cumplir”, confirma de nuevo García. En ese acuerdo, las partes convenían finalizar así su relación laboral y las trabajadoras demandantes se comprometían a “respetar la integridad física y moral de las trabajadoras de Just Garments” que no tomaban parte de ese arreglo.

A la fecha, Just Garments tiene una deuda total de 174 mil 650 dólares, de los cuales más de 20 mil corresponden a pago retrasado de AFP y unos mil 400 en concepto de cotizaciones al Seguro Social. De alquiler del local, según dijo Simán Safie a El Faro, deben también 40 mil dólares, más otros 6 mil de servicio de energía eléctrica a la empresa CAESS.

La “fábrica encadenada”

Para García Dueñas, todo el problema de la fábrica es producto de una serie de obstáculos puestos por otras empresas del sector y habla incluso del dueño del local como el responsable del “encadenamiento” de la maquila desde el pasado 2 de abril, cuando “la fábrica apareció ya con una cadena y un candado”.

“Just Garments ha cerrado claramente por la acción de Carlos Simán Safie, un empresario miembro de los grupos poderosos hegemónicos de El Salvador. Esta fue solo la gota que rebalsó el vaso de las acciones de sectores gubernamentales y empresariales contra la fábrica sindicalizada Just Garments”, reza el posicionamiento oficial del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), donde labora García.

Joaquín Alas, uno de los sindicalistas, respalda la versión de García, en palabras muy similares, a través de un comunicado del STIT: “Sobre el cierre de Just Garments, nos llama poderosamente la atención que los comunicados no mencionan que el cierre ha sido provocado, no por la administración de Just Garments, sino por una acción ilegal de una tercera parte, el señor Carlos Simán Safie, dueño del edificio que alquila Just Garments y miembro de una de las familias más poderosas y hegemónicas de El Salvador. Creemos que esta omisión le presta un buen servicio a este empresario poderoso”.

Just Garments interpuso incluso ya una denuncia contra Simán, en la Fiscalía General de la República, para pedir que investigue “la violación a los derechos patrimoniales” de la maquila y que ordene “el inmediato cese de la acción ilegal”.

Simán Safie niega las acusaciones y asegura que “en ningún momento” puso él la cadena con el candado. “Eso lo han puesto ellos mismos y a mí me están poniendo sólo de excusa para cubrir todos sus problemas. Esa es la mentira más grande, lo único que hemos hecho ahora que ha estado cerrada es bloquear el paso a camiones, para que nadie intente robar lo que hay adentro, pero el Sr. Gilberto García tiene abiertas las puertas del local las 24 horas del día. Yo no he cerrado nada”, insiste.

Entre las acusaciones, las máquinas permanecen paralizadas y las 45 empleadas de la fábrica continúan sin poder trabajar y devengar su sueldo.

87 mil dólares y un contenedor retenido

SEAC Internacional LLC, una empresa fundada por los hermanos chilenos Carlos Mario y Andrés Salinas para importar y distribuir en Estados Unidos bienes “fabricados por empresas que respetan la dignidad de sus trabajadores”, es otra de las entidades que se ha sumado a las denuncias públicas que están haciendo ahora las organizaciones de derechos humanos en El Salvador.

Esta empresa, para sacar a flote a una deficitaria Just Garments, decidió prestar rápidamente el año pasado a la maquila un monto de 87 mil 988 dólares y, mediante un acuerdo, dispusieron que SEAC pondría a Just Garments en una posición financiera sana, pagando las deudas al ISSS y administradoras de fondos de pensiones, y que además proveería de materia prima para la producción de la maquila. “Los préstamos eran todos para ayudar a Just Garments a salir del hoyo en el que estaba metido y cubrir sus deudas ante el Estado y otros acreedores”, dice Carlos Salinas.

Para entonces, dice García, los clientes de Just Garments eran minoritarios, ya que el gran comprador de Tainan, la estadounidense GAP, ya no encargó productos luego de la fundación de la nueva maquila. “Estábamos explorando entonces otro mercado potencial en Estados Unidos, así que parte del acuerdo era que la deuda del préstamo se iría pagando, en buena medida, con la producción que se fuera vendiendo allá”.

Pero la materia prima, un contenedor con telas para la producción de unos tres meses, quedó retenido en Aduanas, por razones en las que SEAC y García no coinciden. García asegura que SEAC envió el contenedor sin previo aviso y que, sin haberles dado antes el dinero para saldar la deuda de pensiones y Seguro Social, no dejaron ingresarlo. “Nos dieron ese dinero hasta 18 días después de que el contenedor cayó en abandono”, se queja desde su oficina, donde luce un fotomontaje de la película “Liberen a (la ballena) Willy”, pero en lugar de la ballena, un contenedor con el sello de Just Garments y la leyenda “Liberen al contenedor”.

Salinas confirma que el dinero para saldar las deudas se envió hasta después, pero explica que las razones de ese retraso fueron también fallas del representante legal de Just Garments: “García nos insistía de que tenía que recibir la plata ya, pero aún no había firmado ni un solo pagaré – y eso que ya se le habían prestado más de 64 mil dólares.  Así que SEAC decidió que no se giraba ni un centavo más hasta que firmara los pagarés, que finalmente sucedió en octubre.  Pero ya Aduanas salvadoreñas había declarado la mercancía en abandono, un descuido feroz del agente aduanal de Just Garments, que nunca alertó sobre esta posibilidad”.

Ante los problemas generados, los hermanos Salinas dispusieron entonces reclamar el dinero del préstamo y el contenedor. “SEAC le mandó una carta en enero de este año diciéndole (a Gilberto García) que estaban en mora y lo que ha contestado el Sr. García es que a lo único que está dispuesto es a una mediación.  SEAC le ha contestado que está dispuesta a mediación sobre la forma de pago, pero no a mediar si existe o no la mora. Además, el Sr. García se niega a firmar un documento reconociendo que el contenedor que está en aduana es propiedad de SEAC, destinándolo a la pérdida”, dice Carlos Salinas.

García, basándose en el recurso de mediación que contempla el acuerdo firmado el año pasado, insiste en que no procederá directamente a cumplir con las peticiones de SEAC mientras no se dé el proceso de mediación. SEAC, en tanto, asegura que está conformando un grupo de especialistas en la materia para deducir las responsabilidades del caso.

Del lado de García, 16 organizaciones de derechos laborales en Estados Unidos firmaron también un comunicado el mes pasado, en el que expresan su apoyo a Just Garments. Activistas de San Diego (ASD), una organización que captó fondos de donaciones durante 2005 y 2006 también para ayudar a las trabajadoras de Just Garments, han declarado que los “ASD no tienen ninguna razón de creer que ha sucedido engaño, fraude o mala fe o malas intenciones.  Eso lo decimos a todo el mundo (…) ASD siente orgullo de haber prestado ayuda a esta causa justa.”.

En medio de las acusaciones, las cuantiosas deudas y la idea de la “maquila modelo” fracasada, Gilberto García reconoce los incumplimientos laborales y resume la situación de la fábrica que por primera vez en el país firmó un contrato colectivo: “Lo que ha sucedido en Just Garments sencillamente es la falta de órdenes de producción y apoyo financiero para sobrevivir, lo cual ha llevado a una severa crisis económica con muchas manifestaciones. Lo único cierto de los comunicados es que, frecuentemente, la crisis ha hecho imposible pagar los costos de la empresa, muchas veces generando atraso en el pago de salarios y otras prestaciones”.

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