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Mauricio Chavarría, Viceministro de Transporte
“Es ilegal crear nuevas rutas pero lo he hecho en beneficio de la gente”
Chavarría deja los formalismos para hablar sobre los problemas entre el Viceministerio de Transporte (VMT) y los empresarios que prestan el servicio de transporte público. Habla de ordenar la institución y combatir la corrupción dentro del sector; dice que el problema del transporte público ha estado fuera de la agenda nacional desde los años de la guerra; y reconoce que, a pesar de los decretos legislativos que vedan la incorporación de nuevas rutas al sistema, se han abierto algunas pensando en el beneficio de la gente. “Alguien tiene que pensar en la gente, en el usuario”, dice y asegura que ese es el rol que ha estado jugando a pesar de ser ilegal.
Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 30 de abril - El Faro
Diferentes empresarios de transporte han dicho en las últimas semanas que el VMT tolera actos de corrupción y señalan a la institución de permitir competencia ilegal y desleal.
El conflicto entre empresarios nació en la guerra, cuando los buses eran quemados por los grupos armados y aparecieron los microbuses de una puerta, que se convirtieron en el medio de trasladarse de la población en las condiciones de aquel entonces: bombas que reventaban a las 5:00 de la tarde y gente que se subía a la carrera donde estaba. Para cuando llegan los Acuerdos de Paz, los microbuses habían creado una cultura muy diferente a la cultura del transporte en la que se respetaban las paradas de buses, la frecuencia del recorrido y el recorrido mismo… es decir, cuando había orden. Así surgió la confrontación de intereses. El interés es llevar pasajeros. Ahora, ¿qué se puede hacer?, ordenar el sector transporte haciendo que el sector autobuses vuelva a operar como operaba y que los microbuses dejen de operar como operaban y que caigan en una regularidad para eliminar esa famosa pelea por el pasajero.
Ahí es cuando nos encontramos con propietarios de unidades que es bien difícil hacerla entrar al carril porque andan detrás del pasajero y no de dar un buen servicio. Esa es una de las principales dificultades que se tuvo cuando se quiso que firmaran los contratos de concesión con el ingeniero Yúdice. A él le hicieron una guerra y le costó hasta su cargo.
Pinta un panorama sin solución y un sistema a merced de los empresarios.
Se ha caminado algo entre el 2002 y 2006, y ahora los empresarios están comprendiendo que lo mejor que pueden hacer es organizarse. De hecho, el 5 de mayo voy a tener una reunión con los cinco grandes líderes de transporte para ver qué piensan de los convenios y de contratos que les garanticen una operación por 10 años. Lógicamente esto va a tener sus limitantes porque el bus no debe de sobrepasar los 20 años de antigüedad; el microbús debe de tener dos puertas; deben de prestar el servicio con el recorrido y la frecuencia autorizada; y tenemos que registrar los pilotos de las unidades. Tenemos en este momento 10 mil 72 unidades menores de 20 años y tenemos 1 mil 435 unidades arriba de 20 años. De esas unidades, 422 están en San Salvador. Esas tienen que salir o ser sustituidas porque lo que buscaba el legislador era que renovaran la flota.
¿Cuántos microbuses de dos puertas tienen?
…Son menos del 40 por ciento. El problema ha sido, y hay que entenderlo también, que las importadoras de vehículos han traído solo de una puerta. Ahora ya están importando unidades de dos puertas y es factible la sustitución. Se va haciendo el movimiento de a poquito pero vamos caminando.
¿Habla de poner claras las reglas del juego?
Respeto sus derechos pero también quiero que cumpla con sus obligaciones. Caso contrario, el Estado se reserva el derecho de decir que va para afuera. Ese es el punto que hay que negociar. Darles el permiso por 10 años es no tener que verlos en 10 años.
¿Eso garantiza la seguridad jurídica del sector?
Claro, yo voy detrás de la seguridad jurídica tanto para el Estado como para el operador. Aquí no hay que olvidar que uno es funcionario y se tienen atribuciones que la ley establece y no puede ni excederse ni dejarlas de cumplir porque a uno si lo socan. Estamos trabajando de manera que logremos estabilizar –esa es la palabra más adecuada más que modernizar y ordenar- el sistema y de manera que podamos ir haciendo cumplir la ley.
Pero luego se dan prórrogas sobre prórrogas para…
…El sector transporte se acostumbró a esas prórrogas de antigüedad y, aunque algunos lo hicieron, muchos de ellos no invirtieron en la renovación de la flota. Ahora, con el decreto 36 de la Asamblea Legislativa del año pasado y con el 186 de este año lo que hacemos es poner una dieta a un paciente que está muy mal no permitiendo que entren más rutas, más líneas y más buses.
¿Y se va a reunir con cinco gremiales del sector para hablar sobre esto?
Aquí hay un fenómeno y hay que decirlo en voz alta. Hay dirigentes gremiales que los medios de comunicación los han hecho dirigentes, así a lo llano. Hay dirigentes gremiales que tienen una trayectoria, porque comenzaron como empresarios, sufrieron los problemas de la guerra, superaron los problemas de la guerra y políticos, y eso les dio perfil. Estoy hablando básicamente de Genaro Ramírez y, posiblemente, de Catalino Miranda. Pero hay otros pseudo empresarios que tienen un microbús y se expresan como si tuvieran dos mil buses. Pero si la prensa no los entrevista, son ellos los que van y dicen: “aquí venimos a protestar”, porque para protestar son tipos. Sin embargo, los tomamos en cuenta porque crean opinión. Entonces quiero hablar con ellos porque quiero ver qué opinan sobre las medidas a tomar.
Estamos hablando de Ramírez, Miranda…
Genaro, Catalino, Joaquín Herrera (ATP, Asociación de Transportistas Públicos), Jesús Ramírez… que no tiene un bus pero es gente que la gente los oye. Y, finalmente, estamos pensando en Rodrigo Contreras (CASIT, Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte), que es un señor que hoy anda aquí pero siempre anda viendo por dónde cae pero que de todas maneras genera una opinión. Entonces, para no tenerlos en contra y crear un ambiente, dijéramos, talvez no favorable pero sí de armonía o de alguna coordinación, vamos a discutir este tema.
La última vez que el VMT logró reunirse con los líderes de las gremiales fue octubre de 2004, una reunión que terminó con los famosos 14 puntos que no se cumplieron a cabalidad.
Sí, pero los unió el problema del incremento del precio del petróleo y evidentemente no lo iban a superar ellos solos, no es que realmente se querían reunir. Al final del cuento lo que terminó pasando fue un subsidio que pagó 33 millones aproximadamente en el año. Este fue el único propósito porque otros puntos, como el combate al transporte ilegal, y resulta que muchos de ellos realizan esa práctica.
Las últimas acusaciones publicas hechas por Ramírez y Contreras Teos son que el VMT permite la competencia desleal e ilegal, en muchos casos, en beneficio de Miranda.
Sí hay competencia desleal y competencia ilegal. Cuando estamos hablando de la competencia desleal estamos hablando de un efecto. Entonces hay que buscar la causa y vemos que hay varias: el mismo sector ha generado en sí mismo este tipo de situaciones y la falta de vigilancia apropiada. Para mí, la segunda es la causa principal, porque si tuviésemos suficientes policías de tránsito bien documentados y bien vigiladas las carreteras podríamos combatir no sólo el transporte ilegal sino que podríamos brindar seguridad en las carreteras, ordenar el tráfico y una serie de aspectos muy bonitos. Pero, lamentablemente, no es de este gobierno este problema sino algo que se ha venido acumulando con los años. Tránsito, transporte y tráfico, que son cosas diferentes, no se han dimensionado en su perspectiva social, política, económica, financiera y laboral. En el transporte colectivo movés a diario más de millón y medio de personas y parece no preocupar a nadie.
Lo que he escuchado de ellos en la televisión es que este señor (Catalino Miranda) es mafioso, que es corrupto, que ha comprado voluntades… Mire, en lo que respecta a mi dirección, porque uno responde por sus actos, yo le puedo garantizar al cien por ciento que todas esas indicaciones de arreglos, componendas y todo se esta eliminando o está eliminando.
¿Cien por ciento?
Primero unificamos las gestiones para que no hubiera estructuras paralelas que dieran permisos. Segundo, se establecieron audiencias con todos y cada uno de ellos para sacar adelante los problemas de cada uno de ellos. Por ejemplo, los vecinos de la Ciudadela Don Bosco pidieron transporte desde hace años. La ruta 41 y la 43 hace tres años se mal mataron entre ellos y nunca dieron el servicio y los vecinos caminando kilómetro y medio todos los días. ¿Qué hicimos?, los llamamos y les preguntamos quién podría dar el servicio. Ofrecieron fusionarse y poner un bus cada uno para hacer ese recorrido. No lo han hecho. Ayer me reuní con el Director y le dije que los llamara porque sino voy a hacer un llamamiento público a quien quiera prestar el servicio. Ahí ya no me pueden decir que me están comprando o pagando porque ellos hablan así todo el tiempo.
Tenemos documentos de un caso en el que empresarios de autobuses se quejan de competencia desleal e ilegal de parte de empresarios de autobuses en la ruta 152, en Zaragoza, La Libertad. En este se llegó a acusar al VMT en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La corte dictaminó que los argumentos del VMT no eran válidos y ordenó que se retiraran 15 microbuses de la ruta 152, que pertenecen a la asociación de Miranda, que siguen circulando. Los afectados aducen que el Viceministerio en lugar de velar por el orden jurídico lo hizo a favor de Miranda.
Bueno, recientemente acabamos de hacer cumplir una sentencia de Sydney Blanco en Sonsonate que se venía posponiendo y le hemos dado cumplimiento dejando sin efecto microbuses… Me gustaría que tomara nota de esta resolución de la CSJ para darle seguimiento (se dirige al personal de prensa en la entrevista)…
Aquí tenemos un permiso para 15 microbuses fechado el 30 de agosto de 2001 y se tiene una carta firmada por Rogelio Tobar diciéndole a la CSJ el 23 de octubre de 2003 que, si bien ACOSTES de R.L. había firmado el contrato de concesión, “hasta la fecha no se ha extendido ningún tipo de permiso a nombre de dicha Asociación”. ¿Cómo es posible que no se haya procedido en un caso que está lleno de tantas irregularidades?
A mí lo que me toca es lidiar con dos cosas. Con irregularidades, por un lado, y con un acto anormal pero legalizado. ¿Me explico? Esta es una autorización del director general de transporte terrestre…
…Firmada en agosto de 2001 y luego tenemos al viceministro, en 2003, diciendo que no han dado ningún permiso.
La autoridad en materia de transporte, según la ley, es el director de Transporte Terrestre. El viceministro puede decir lo que quiera pero lo que vale en un juzgado es lo que dice el director de transporte y si él dice que se autoriza 15 unidades es legal. En términos formales el director manda más y por eso yo me siento con él y con el inspector de transporte a ver todos los casos porque no quiero que me salten cosas como esas. Posiblemente arreglar eso es más complicado porque a raíz de esos permisos “irregulares”, a lo mejor, vino Catalino y formalizó un contrato con el Estado. Entonces, como se lo quitas si ya está legalizado. Es complicado
Entonces qué se puede hacer en esos casos porque lo que alegan los empresarios afectados es que se metieron a competir 15 microbuses contra cinco buses y en el 2003 se legalizó una ruta de microbuses 152 después de haber hecho desaparecer la misma ruta de buses.
Me estás dejando una tarea con eso porque no conozco el caso.
¿No es competencia desleal firmar un contrato para prestar el servicio de autobuses de la ruta 152 y meter microbuses?
Esto en este sector es normal. Los denunciantes lo han hecho también; pero, cuando ellos lo hacen no es ilegal. Lo que pude entender de la reunión del 2004, de los 14 puntos, es que ellos llaman transporte pirata o ilegal a aquel bus amarillo que lleva personal a maquilas y luego se mete a los recorridos de las rutas para dejar gente hasta la terminal de occidente, por ejemplo en Sonsonate. También le llaman pirata a los microbuses particulares que se ponen aquí por Soyapango e Ilopango. Esos son los casos en los que quieren que, como VMT, investiguemos. Estos otros casos los están ventilando en los juzgados, porque entre ellos se han puesto muchas demandas. Lo que nos piden es que saquemos a esos buses amarillos, a los pick ups y los microbuses particulares que aprovechando la hora pico prestan el servicio. Ahora hemos creado en el 2006 lo que se llama la inspectoría de transporte porque vimos que era necesario tener nosotros mismos una instancia de aplicación de las leyes.
Le vuelvo a preguntar, ¿qué se puede hacer con estos casos donde se otorgaron permisos de línea de una manera “irregular”?
Ponerlos en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). La mayoría de casos que tenemos, de buses y microbuses por igual, son de esos. Se miran casos de buses y microbuses que no están en la base de datos pero ellos siempre tienen un papel firmado por alguien, un director o un viceministro, que los legalizan. A mí me llevan documentos legales en los que se cotejan las firmas y son verídicos. Eso le pasó a Genaro, que un día llegó con un documento legal de una unidad pero que no estaba en la base de datos. ¿Y sí el director no lo cargó a la base porque no le... (guarda silencio y hace un ademán de pago)?
… ¿No le pagaron?
No lo digo yo. Pero tenemos que ver qué se hace en esos casos. Lo que te puedo decir es que estos casos se están resolviendo conforme a ley y se están llevando a la FGR, donde tenemos varios casos, porque ahí se falsifican permisos, pólizas, placas, etcéteras. Incluso, hablé con el Fiscal General para que se me asignara un fiscal específico solo para transporte pero ya no se hizo cuando vino todo el caso de Perla. Los casos de corrupción en el VMT se han ido solucionando. Los casos de negligencia son otros que estamos viendo.
Los empresarios de buses se quejaron de que había 15 microbuses funcionando en la ruta 152 cuando tenían concesionados nueve permisos para autobuses. Además, muestran los permisos que se dieron en octubre de 2001, firmados por el entonces subdirector Óscar Preza, con pólizas aduanales de abril de 2002.
No te preocupés de eso papito. Yo tengo detenida una autorización para transitar por el bulevar Diego de Holguín, una calle que no está hecha.
¿Quién? ¿De qué ruta?
Ah… Yo estaba recién llegado al VMT y llegó un fulano a decirme: “Yo ya estoy listo para la Diego de Holguín”. Le pregunté: “Cuál es esa calle”. El me respondió, “una que van a construir”. Esto no es nada.
Un caso que es de su administración es el de la ruta 30, antes ruta 8…
…La ruta 26 que hace el recorrido San Marcos – Miralvalle, saca personas desde San Marcos y las deja en el centro, donde las recoge otras rutas hacia El Salvador de El Mundo o La Feria. Entonces vino un señor, que se metió a hipotecar y traer buses desde Brasil para la ruta 8. Me dijo que tenía seis unidades paradas y que se le había ocurrido que se le autorizara el recorrido de San Marcos – Canal 2 por la autopista de Comalapa, un servicio que nadie estaba dando. Entonces hicimos el estudio de factibilidad y el convenio. ¿A quién le quito gente con esta ruta?, a nadie. Entiendo yo que el malestar de ellos es que no se les ocurrió antes. Quienes protestaron fueron aquellos que agarraron la gente desde el centro para la zona de Canal 2. Pero pregunto de nuevo: ¿quién piensa en la gente que ahora paga sólo una “cora” para venir desde San Marcos? ¿He hecho mal o he hecho bien?
Los empresarios afectados aseguran que la ruta 8 30 se sale de su recorrido autorizado y…
…Sí, el empresario que tiene el recorrido cometió un error de meterse en zonas no autorizadas, por la colonia Vista Hermosa, y por eso ya le revoqué el permiso. Y lo hice no por las presiones sino porque mandamos al inspector, tomamos fotografías y le dijimos al señor este que no puede hacer lo que quiere. Ahorita me están presentando un recurso de revisión.
Mirá lo que pasó en Quezaltepeque, donde aparecieron ocho microbuses piratas dando el servicio de Quezaltepeque - San Salvador, viniéndose por la calle nueva hacia La Gloria hacia el INDES. Todo el mundo, buses y microbuses, protestó que había piratería. Mandé a los inspectores y luego a la policía. Primero, multamos y después paramos. Pero nuevamente vuelvo a preguntar: ¿Y en la gente de Quezaltepeque quién estaba pensando? Se suspendió el servicio de los piratas y la gente de Quezaltepeque quedó parada. Entonces llamé a la gente involucrada y les pregunté como íbamos a solucionar esto. Les dije: “Ya paré los microbuses piratas, ahora ¿qué vamos a hacer?”. Entonces vino uno y me dijo: “Yo la quiero y no se la dé a este otro”. Yo les dije, “no, esperen un momentito, vamos a crear una nueva ruta”. No lo permite el decreto legislativo 186 pero yo tengo que beneficiar a la gente.
¿No es esto algo ilegal?
Espérese… cómo no, la cuestión es la siguiente. Llamé a Rodrigo y Genaro y les dije que pusieran tres o cuatro unidades de rutas que ya tenían y creamos la nueva ruta para cubrir el sentir de la gente y ellos no me han denunciado por irregularidades en la ruta porque están ellos involucrados. Y se los dije, esto es ilegal.
¿Reconoce que la ruta es ilegal?
Sí, pero no protestan porque son ellos los beneficiarios. Te voy a responder honestamente: es ilegal pero es necesaria para la gente de Quezaltepeque y Genaro y Rodrigo no me han denunciado porque ellos están mamando de ella. Me preguntabas por si es ilegal o no lo que hacen la 41 y 43, sí es ilegal, pero hay cerca 1 mil 200 personas que caminan dos kilómetros y ahora no lo harán.
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