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ISTA y MARN detuvieron declaratoria de 66 Áreas Naturales Protegidas

A finales de junio de 2005, el entonces ministro de Medio Ambiente solicitó al Consejo de Ministros la declaratoria oficial de 66 Áreas Naturales Protegidas (ANP). 26 días más tarde, pidió la suspensión del acto, luego de que el presidente del ISTA se lo solicitara. El presidente Saca reveló que la semana pasada fueron ya inscritas legalmente 40 ANP.

Daniel Valencia
cartas@elfaro.net
Publicada el 23 de abril - El Faro

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El ex ministro Hugo Barrera solicitó al Consejo de Ministros, mediante carta fechada el 22 de junio de 2005, una declaratoria oficial para que 66 ANP (hasta esa fecha en manos del ISTA) cambiaran de dueño: al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, como lo manda la ley.

Con esa carta, el entonces ministro daba el primer paso para quitarle esos terrenos al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), quien los ha manejado desde 1980. Para junio de 2005, Barrera ya había recibido fuertes denuncias de parte de algunos miembros del Consejo Nacional del Medioambiente (CONAMA) de que el ISTA estaba parcelando las tierras de conservación y se las estaba entregando a terceros.

La misiva de Barrera fue entregada a Luis Mario Rodríguez, secretario jurídico de la presidencia, el 24 de junio.

“Entre los años 2000-2003 fueron transferidas del ISTA al Estado sesenta y seis Áreas, las cuales de acuerdo al Art. 30 de la Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunidades Campesinas y Beneficiarios de la reforma Agraria, y el artículo 50 de su reglamento, requieren de un Acuerdo del Consejo de Ministros, para ser oficialmente asignadas al MARN e incorporarlas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP)”, dice la carta. Que sólo pidiera la asignación de 66 áreas (y no de las 118 enlistadas oficialmente), respondía a que estas ya tenían avanzado su proceso de medición y de legalización, en donde la mayoría de trámites son ejecutados por el ISTA.

De hecho, el mismo presidente de esa institución, Miguel Tomás López, utilizó ese argumento, en una carta del 6 de julio del mismo año, para pedirle a Hugo Barrera que desistiera de su petición.

Según Tomás López, las transferencias que realizó el ISTA fueron hechas a través de un convenio entre esa institución y la anterior ministra de medioambiente (María Majano). Esos terrenos, según explica en la carta, poseen mediciones realizadas en la época de expropiación de la reforma agraria (1980), y que por tanto podrían sufrir modificaciones al ser medidas nuevamente.

“Por lo anterior, ratifico mi petición de que se postergue la presentación ante el consejo de ministros, a efecto de evitar futuros problemas de colindancias y áreas que nos obliguen a tener que modificar el referido acuerdo del consejo de ministros”, expuso Tomás López.

Los misterios

El presidente Antonio Saca, luego de confirmar que esa carta sí fue enviada a Casa Presidencial, agrega que “el problema es que estas no estaban registradas”. Y por ese problema, según explica el secretario jurídico, la petición fue cancelada.

El 18 de julio, 12 días después de que Barrera recibiera la petición para cancelar el proceso iniciado en CASAPRES (hecha por Miguel Tomás López), Luis Mario Rodríguez recibió una nueva nota de Barrera en donde le solicitaba exactamente eso: cancelar el proceso.

 “Vimos natural la explicación de evitar una rectificación futura. No veo ninguna anomalía en lo que se refiere este trámite”, explica Luis Mario Rodríguez. Barrera, explica Rodríguez, sólo pudo haber solicitado la transferencia oficial de esos terrenos hasta estar completamente seguro de poder presentar todos los trámites en regla. “Uno de los requisitos que las transferencias deben cumplir, al ser conocidas por el Consejo, es que se estudie el expediente, donde venga completa toda la información: valúo, descripciones técnicas, titulares en el CNR, etcétera”, dice.

El Faro intentó, infructuosamente, hablar con Barrera (quien hoy es presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA) para saber por qué pidió la transferencia completa de 66 áreas aún sabiendo que sus antecedentes registrales no estaban claros y  por qué pidió el último paso de los que se deben cumplir para transferir las ANP, si sabía que la situación de los terrenos no era clara. Su personal de prensa nunca respondió a la solicitud de este periódico. El presidente del ISTA, Miguel Tomás López, tampoco nos recibió.

El otro informe
El 20 de agosto de 2004, casi tres meses después de que Barrera ocupara su cargo al frente del MARN, esta institución recibió el estudio registral de 48 ANP realizado por la consultora ON TIME.

Entre las conclusiones del estudio, ON TIME señala que “no ha habido un control exhaustivo de las inscripciones de las áreas naturales protegidas a traspasarse al MARN” y que para una “mayor control y éxito de la presente consultoría, deberá el ISTA entregar a ON TIME el detalle de las áreas faltantes o sus antecedentes para hacer su respectivo estudio registral”.

Una fuente de la consultora legal señala que en la investigación registral, que se hizo en los archivos del Centro Nacional de Registros (CNR), se encontraron anomalías hechas por el ISTA. En el estudio se detalla la situación registral de los números de registro de algunas de las ANP como “inscrito”, “no encontrado”, “repetido” u “observado”.

Para algunas de las áreas, el estudio refleja otras anomalías como haber retirado “sin inscribir” los documentos del CNR. Esto pasó con las ANP Chaguantique y Escuintla. En el registro de San Miguel, según el informe, el 19 de agosto de 2003, también se retiró sin inscribir el documento de la Hacienda Normandía, porción 3 y “no aparece en sistema quién lo retiró”.

En otro caso, el estudio consigna que incluso hubo compraventa de terrenos a cooperativas. En el ANP San Isidro (Sonsonate), se detalla que hubo una transferencia de dominio a favor de ATASI de R.L. realizada el 6 de julio de 2001.

Luego explica que las presentaciones 200203001700 y 200203001707 “corresponden a dos compraventas presentadas por ISTA y a favor de la Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria ATASI de R.L”.

De las 48 ANP investigadas por ON TIME, 34 fueron parte de las 66 para las cuales Hugo Barrera pidió la declaratoria oficial de entrega. Dentro de esas 66 también estaba Taquillo (Chiltiupán, La Libertad,  que se redujo en 66 hectáreas de las 207 originalmente destinadas para ser ANP), una de las cinco áreas investigadas con un segundo informe solicitado por Barrera en 2006, luego de recibir denuncias de parcelaciones hechas por el ISTA en esas zonas.

Luego de que este informe fuera presentado al CONAMA, éste le exigió a Barrera que convocara a una reunión entre el CONAMA y el presidente del ISTA, que nunca se dio, para discutir el tema de esas cinco ANP. En uno de estos casos, el presidente del ISTA parceló a favor de simpatizantes de ARENA. En otro,  a favor de su tío, Ignacio Luis Rolando López Fortiz.

Cercanos colaboradores al ex ministro Barrera señalaron que aún cuando esa reunión no se concretó, Barrera intentó convencer a Miguel Tomás López para que dejara de parcelar los terrenos e incluso se reunieron en el MARN, en más de una ocasión, para discutir el problema.

Dos meses después de estas reuniones, en diciembre de 2006, Barrera fue trasladado a CEPA por el presidente Antonio Saca. Lo relevó como titular del MARN Carlos Guerrero.

Al preguntarle al presidente Saca y al secretario Jurídico si no merece agregar a la investigación que realiza secretaría jurídica, averiguar  por qué Barrera pidió la legalización final de 66 ANP y luego retiró la peticiones, ambos funcionarios responden que habrá que preguntarles a los responsables.

“Hay tanto trabajo interno en la secretaría que nosotros no andamos investigando por qué pidió que lo suspendiera ni encontrándole en ese momento situaciones o explicaciones anómalas a las solicitudes. Nos lo pidió, okay, a archivo, y esperemos a que lo solicite nuevamente”, dice Luis Mario Rodríguez.

Casi dos años después de las solicitudes de Barrera, y apenas dos días después de la entrevista de este periódico con el secretario jurídico, el presidente de la República fue informado del caso. “Esta es la información que se me acaba de dar de parte de los funcionarios y creo que tendrá que ser el mismo presidente del ISTA y el ministerio de Medioambiente los que den más detalles”, señaló el presidente Saca.

El presidente del ISTA había accedido a una entrevista con El Faro para el jueves 19 por la mañana, pero esta fue cancelada porque el titular del ISTA “fue llamado de Casa Presidencial”, según explicó su asistente personal. López no reprogramó la cita.

Saca dice que no ha mandado a llamar a López en los últimos días a Casa Presidencial y que no ha discutido con él sobre las ANP. Según el presidente, “los funcionarios” (no detalló quiénes) le han informado que algunas ANP ya fueron legalmente inscritas en el Centro Nacional de Registros, la semana pasada.

“Aparentemente la semana pasada ya fueron inscritos legalmente aproximadamente 40 y los restantes serán inscritos la próxima semana”, dijo el mandatario.

Sobre la investigación que secretaría jurídica está haciendo en este caso, el presidente señaló que esperarán a que “funcione la institucionalidad” y a que el Tribunal de Ética emita su resolución. “Si hay algún funcionario que ha cometido alguna ilegalidad yo tomaré acciones al respecto”, dijo el mandatario.

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