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NOTICIASLa mano más dura de la PNC tiene ya 316 denuncias en 2007Entre enero de 2006 y febrero de este año, la Policía destituyó a 38 de sus miembros por violar preceptos constitucionales y dañar a terceras personas. Aunque para la Procuraduría de Derechos Humanos la actual administración de la PNC tiene un desempeño más apegado a derecho, las torturas, el abuso de autoridad y sometimiento en base a la fuerza son prácticas que no desaparecen. Alexis Henríquez / Fotos: Edu Ponces
El 12 de junio de 2006, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) resolvió que había suficientes elementos para establecer que agentes de las unidades policiales de patrullaje comunitario (PIPCOM) y la Unidad de Emergencia de la delegación policial de Sonsonate había participado en el asesinato de Abimeleth Ramírez Ayala, pandillero conocido bajo el seudónimo de “Chupacabras”, en 2005. Ramírez fue encontrado asesinado en un cañal del municipio de Nahuilingo, en Sonsonate, el 18 de abril de 2005. Ese año, Nahuilingo fue el municipio con la mayor tasa de asesinatos en todo El Salvador, con 21 para una población de 13 mil 285 habitantes (158 por cada 100 mil habitantes, comparado con 55 a escala nacional). Semanas atrás, el 7 de abril, Ramírez denunció en las oficinas de la PDDH del departamento que el día anterior había recibido una fuerte golpiza por parte de agentes policiales. El informe médico determinó que el joven de 25 años tenía laceraciones en su nariz, orejas y pómulos, así como moretones en varias partes de su cuerpo. Ramírez fue detenido el 13, el 17 y el 18 de abril del mismo año, según declaraciones a la PDDH. La última vez al mediodía, en Sonzacate. Cuando fue encontrado, tenía entre siete y nueve horas de haber muerto, según dictaminó el informe forense de Medicina Legal. La causa fue un impacto de bala en la cabeza. En los registros policiales, la PDDH no encontró ninguna detención de Ramírez. Él estuvo vinculado al asesinato de un agente el año anterior, por lo que se cobró fuerza la hipótesis de que los policías buscaron venganza. Sin embargo, el caso concluyó para la Inspectoría General de la Policía después de que un familiar declarara que el asesinato fue cometido por pandilleros. Sólo en lo que va de este año, la Procuraduría tiene en sus cuentas 316 denuncias de violaciones policiales a los derechos humanos. Trece de los casos tienen que ver con el derecho a la vida. Para la procuradora Beatrice de Carrillo no se trata de una práctica reciente. “Hay una moda, unas políticas comprobadas en los últimos seis años de mi período, de deterioro e irrespeto a la persona que se les ordena desde arriba (a los policías). No es un antojo particular del policía. Aunque hay algunos que son irresponsables y violatorios”, explica la funcionaria. La procuradora admite, sin embargo, que la actual administración, que a la cabeza tiene a Rodrigo Ávila, está preocupada por resolver esta serie de actuaciones policiales. “Rodrigo Ávila tiene un rostro humano que ha venido a cambiar las cosas. Él, como tal, hace sus esfuerzos. En cierta forma algo puede haberse mejorado. Pero hay demasiado rezago del pasado resiente y que es muy fuerte, donde no alcanzan a llegar las nuevas políticas. La época de (Mauricio) Sandoval fue la más nefasta, luego la continuó (Ricardo) Menesses”, dice.
Limpieza en casa El sargento Edilberto Alexander Cruz Chávez, de 34 años; y los agentes Ángel Antonio García Hernández, de 28, y Elmer Vladimir Lovato Ramos, de 34, son acusados por la Fiscalía de haber cometido la golpiza. Ellos tres forman parte de la lista de 31 agentes destituidos en 2006 por la Policía, acusados de negligencia o incumplir sus obligaciones causando daños a terceros; cometer delitos culposos o dolosos y violar la Constitución y las leyes en El Salvador. En lo que va de 2007, el lema policial de “servir y proteger ante todo” se les ha olvidado a siete agentes, los cuales terminaron destituidos por delitos culposos o dolosos y violaciones a la ley. En un universo de 16 mil agentes dentro de la PNC, estos son para el inspector general, Romeo Melara Granillo, lunares que manchan a la institución. “Estos casos no son generalizados. Si alguien maltrata a alguien tendrá que responder”, advierte. Los ocho años al frente de la inspectoría hacen pensar a Melara que el mejor antídoto para solucionar estos problemas es la ejemplaridad, aplicando los correctivos necesarios para limpiar a la institución. La procuradora coincide: “Ahí es que se necesita mano dura y renovación completa dentro de los cuadros de la Policía”. De Carrillo recuerda que uno de sus ex guardaespaldas, supernumerario de la Policía, resultó ser líder de una banda de roba carros. Aunque para Melara tiene que ver mucho la formación y las decisiones de los altos mandos a la hora de que un policía cometa una falta, resalta también la poca vocación como un indicador a tomar en cuenta. “Tuvimos hace cuatro meses el caso de un muchacho que acababa de ser nombrado policía y un agente lo indujo a que cometiera una privación de libertad. El joven quizás no tuvo la suficiente capacidad de imponerse. Creo que es un poco de cada cosa al final”, explica. De Carrillo recomienda que se mejore la educación dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública. El inspector toma otro rumbo y señala que para orientar a los policías por el sendero del respeto a los ciudadanos se acude al deporte, a la religión y a las capacitaciones disciplinarias como métodos de enseñanza. “Aquí hay diferentes unidades que trabajan en la prevención. Hay diferentes acciones: en actividades deportivas, en olimpiadas policiales, confraternidad en las unidades, la ejemplaridad. Acá procesamos a jefes, no siempre es el agente”, señala como parte de los ejemplarizantes.
Duras estrategias Hasta ahí todo iba bien. Lo que la perturba es que los agentes, durante el operativo que se realizó entre las 5:00 y 10:00 de la mañana, interrogaban de forma inusual a niños en la comunidad para dar con los pandilleros. “Les pegaban con las botas en los pies, les puyaban los ojos o les metían los lapiceros aquí – se toca el estómago – para que les dijeran dónde estaban”, explica. El caso nunca fue denunciado. Sin embargo, otros casos similares sí. La PDDH reporta que este año lleva registrados tres casos de violaciones al derecho de no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Héctor Mendoza Cordero, subdirector de Investigaciones de la PNC, ignora que tales hechos se hayan cometido en Las Palmas, pero acepta que en ocasiones es lógico que la Policía cometa “errores”. “Ya hemos cometido errores y somos humanos. Lo reconocemos. Yo he ido a las casas a pedir disculpas”, asegura. Uno de los errores que la Policía comete durante los allanamientos, en los operativos de capturas, es el de equivocarse de casa y derribar la puerta. La PDDH registra once casos de violaciones a la propiedad. La gran duda para la Procuradora es si en realidad se enmiendan esos errores. Mendoza responde: “A veces de nuestras bolsas lo ponemos o le pedimos ayuda al director (de la Policía, para reparar). Él nos ha apoyado. Si le botamos la puerta a alguien por error, le pedimos disculpas. Yo una vez lo hice en occidente y le reparamos la puerta a la gente, y la gente queda contenta. Pero lo que nosotros hacemos es perseguir delincuentes. Pero no le vamos a reparar la puerta a los delincuentes. Nosotros vamos con órdenes judiciales de allanamiento”, justifica.
De Carrillo preferiría que la Policía llegara tocando a la puerta para capturar a los delincuentes. Observa falta de profesionalismo en los métodos para capturar a las personas, que afectan derechos humanos de los capturados y sus familiares. “Se recomienda el no uso de la fuerza y que exista profesionalismo para la captura de la persona. No se debe de golpear la inocencia de los parientes, y que se da mucho en estos casos. Detienen a un adulto con mucho llanto de los familiares de por medio”, señala. Gran parte de los operativos destinados a capturar pandilleros, comerciantes de droga o delincuentes ocurren de noche, en sus viviendas, bajo la mirada impotente y adormecida de sus familiares y la luz de las cámaras de los medios de comunicación. Mendoza advierte que en algunas ocasiones la PNC suele tocar la puerta, armados con un ejército de policías que termina entrando a las viviendas y registrándola por completo. Y suena lógico, necesario, aunque algunas veces no resulte respetuoso o atinado. Para la PNC primero está la seguridad de sus agentes. “Nuestra base es ser respetuoso con las personas. Pero a veces uno no sabe si adentro de la casa lo están esperando con flores o con un corvo”, concluye el subdirector. |
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