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CNR sin dinero para medir Áreas Naturales Protegidas

El sistema de registro utilizado por Chambita Medidor Fase I, financiado con un préstamo internacional del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, no permitió la delimitación técnica necesaria para las transferencias de las ANP al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 02 de abril - El Faro

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El “Plan Nacional de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro, Fase I”, conocido como Chambita Medidor I, no permitió la delimitación técnica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Ahora, aún con cinco millones de dólares en una donación pendiente de ratificación del Fondo Medioambiental Global (GEF, por sus siglas en inglés), el CNR reconoce que tampoco se tienen los fondos para una demarcación efectiva de las ANP.

El proyecto del GEF pretende la delimitación de diferentes ANP para desarrollar “una una estrategia de consolidación de áreas protegidas”, conociendo el estado actual de la distribución de la población en ellas, limitando sus actividades de acuerdo a su importancia ecológica y evitando futuras degradaciones de la zona.

Según un documento del Banco Mundial, dado a conocer internamente el 15 de febrero de 2005, se buscaría demarcar ANP estratégicas; desarrollar planes de manejo; y el trabajo con residentes dentro de las mismas de acuerdo a los planes estipulados. Ello está especificado a profundidad en el Proyecto de administración y consolidación de ANP, firmado por la institución internacional el 16 de junio de ese mismo año.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Carlos Guerrero, dijo a El Faro que está buscando fondos a través de la cooperación internacional y el rescate de los cinco millones del Banco Mundial para hacer las mediciones de las ANP, 118 de ellas en manos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y que están siendo parceladas y transferidas a terceros. “Esto sería un plan piloto que queremos aplicar en el resto de áreas pero es un esfuerzo titánico que conlleva no sólo tiempo, sino también muchos recursos económicos”, aseguró Guerrero. Para Miguel Tomás López, presidente del ISTA, el problema principal en la transferencia de tierras ha sido la falta de fondos; y su institución buscaría para este año iniciar el proceso de transferencia de 40 ANP que se sumarían a las 69 que se viene trabajando.

Según Gerardo Suvillaga, director ejecutivo del Centro Nacional de Recursos, la donación del GEF comprometía al CNR con el MARN en la delimitación y demarcación de varias zonas protegidas: San Diego  - La Barra, en Metapán; la Barra de Santiago y los manglares de Jiquilisco. Sin embargo, aún con los fondos de la donación y su contrapartida por 10 millones de dólares, esto no se podría realizar por que no se aprobó el crédito internacional de Chambita Medidor Fase II, por 56.7 millones de dólares, incluyendo la contrapartida gubernamental.

“Hemos hablado con Medio Ambiente y el Banco Mundial para tratar de rescatar la donación. A nosotros nos correspondía delimitar la zona, remedirla y levantar todo el tema catastral, pero porque ya no tenemos todos los recursos, lo que podemos hacer es delimitar la zona territorialmente pero no mojonearla ni hacer un barrido interno, porque esto tiene un alto costo que el CNR no puede financiar”, dijo Suvillaga.

En la actualidad y con la donación ratificada por la Asamblea Legislativa, por ejemplo en el caso de la bahía de Jiquilisco, se pueden hacer delimitaciones del área pero no el barrido interno que ha solicitado el Banco Mundial. “Hoy por hoy no tenemos los fondos para hacerlo. Con el préstamo de Chambita Medidor Fase II podríamos haberlo hecho pero ahora no. Ir a demarcar internamente no está en nuestras posibilidades económicas”, justifica Suvillaga.

El costo total para hacer todo lo que solicita la entidad internacional solo para la zona de manglares de Jiquilisco, según una primera aproximación realizada por el CNR, rondaría los nueve millones de dólares con la delimitación y la demarcación. Un millón de dólares menos del total de la donación con su propia contrapartida. “Por eso no nos atrevimos a ofrecer la demarcación interna de está área porque no tenemos el dinero. En la zona de manglares la ortografía no siempre da a conocer toda la información por el tipo de vegetación existente. Esto implica hacer un barrido de campo”, explica Suvillaga.

El proyecto de administración de tierras buscaba el levantamiento de información de terrenos, incluyendo la cartografía y la regularización del Registro de Tierras. 36.4 millones de dólares del programa fueron destinados a esta área, que incluyó completar el programa piloto en Sonsonate. Al finalizar el proyecto, el CNR había registrado bajo el sistema de folio real y computarizado (SIRyC) 1 millón 239 mil 565 de las parcelas en seis departamentos –Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad, San Salvador, La Paz y Sonsonate-, el 76.8 por ciento de la meta del proyecto.

A nivel medio ambiental, según el anexo ocho del informe 34698 del Banco Mundial –“Implementation completion report on a loan in the amount of US$ 50 million to El Salvador for Land Administration Project”, ( Reporte de implementación de préstamo por $50 millones a El Salvador para proyecto de administración de tierra)  del 12 de diciembre de 2005-, se modificó el destino de los fondos para la creación de  un mapa de uso de suelo; y se brindó asesoría y asistencia administrativa al MARN para la preparación del Proyecto Consolidación de Áreas Protegidas y Administración de Tierras, que sería incluido en una donación de cinco millones de dólares.

Además se hizo un censo y delimitación de las ocupaciones de la población en los Bosques Salados en La Paz. Entre los logros del proyecto, según la unidad ejecutora del mismo, se consiguió vincular la información catastral y registral de la zona permitiendo “crear la herramienta adecuada para evitar titulación errónea de manglares, ya que se vincula la información física gráfica con las escrituras de propiedad. La información también ha permitido hacer la delimitación de las áreas naturales y manglares, lo cual es relevante para el MARN, ya que uno de los pasos para declarar un área como parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas es hacer la delimitación de la parcela”.

Los problemas

Sin embargo, la descripción técnica de Áreas Naturales Protegidas, el séptimo paso obligatorio para la transferencia de tierra al MARN, no se incluyó dentro del proyecto por la forma en que se dieron las mediciones desde su concepción como proyecto. “Una cosa es levantar el mapa de la zona y la otra es mojonearla, algo que es caro… Las ANP que están en occidente están delimitadas”, asegura Suvillaga. A nivel técnico, esta delimitación en áreas rurales se hizo siguiendo el mismo procedimiento establecido para todas las zonas de trabajo de Chambita Medidor Fase I: fotografía digital aérea, rectificación de fotografía –para identificación de linderos- y una posterior visita de campo, en el caso de que hubiera sido posible hacer la demarcación.

“La precisión que obtuvimos era hasta de un metro. Para una escritura buscan un levantamiento con una precisión, prácticamente, de cero centímetros. Se necesita establecer distancias y rumbos, algo que con una fotoidentificación no se puede definir”, explica Carlos Hernández, ex coordinador del proyecto Chambita Medidor. “Ese dato no lo podemos proveer si no se hace una estación total, una visita de campo con georeferencias”.

“Tenemos identificadas las ANP –alrededor de unas 45- y los tenemos delimitados con un margen de error de un metro en todas las áreas por donde pasó Chambita Medidor”, asegura. “Ahí, por ser ANP no se puede asignar derechos por ser terrenos del Estado”. Para ello, el proyecto buscó entrevistas con todos los propietarios colindantes cuando había un caso de indeterminación de linderos.

En ese punto el proyecto chocó con el interés del Estado por delimitar una ANP porque, según la Constitución, será la Fiscalía General de la República (FGR) quien debe velar por los intereses del Estado. “En muchos casos, la Fiscalía no tenía la información necesaria para determinar linderos y terminaba viniendo una solicitud al CNR sobre la información. Era una rueda de caballitos”, recuerda Hernández.

El mismo proyecto tenía fondos para resolución de conflicto en campo, un área que no mereció la asignación de recursos porque sólo identificaron tres casos. En su lugar, el proyecto montó una oficina en la Unidad de Notificación de Resultados (exposiciones públicas) para la corrección de errores detectados por los titulares de los inmuebles.

“El otro gran problema que hubo con los terrenos del ISTA es que la mayor parte de esas propiedades, por la forma en que se trabajó muchas veces, no tenía el control adecuado de cómo se adjudicaron o no tenía los planos y la documentación solicitada a la mano”, asegura Hernández. “Cuando nosotros solicitábamos información, ellos (el ISTA) nos decían que tienen una bodega enorme con planos y documentos. En muchos casos hubo problemas para que el ISTA nos diera la información que solicitábamos.”

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