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Corte de Derechos Humanos pide proteger a militar salvadoreño

Por primera vez, sin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya elevado una demanda contra el Estado salvadoreño a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la presidencia de este organismo internacional pide al Estado dictaminar medidas cautelares para proteger la vida de una persona. Se trata del Mayor Adrián Meléndez Quijano, que demandó al ministro de Defensa Otto Alejandro Romero en dos  juzgados civiles.

Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 02 de abril - El Faro

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A solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,  Sergio García Ramírez, resolvió que el Estado salvadoreño debe adoptar “las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal del Mayor Adrián Meléndez Quijano y sus familiares, así como de su hermano y abogado Eurípides Manuel Meléndez Quijano y sus familiares”.

Es la primera vez que la Corte, sin conocer el fondo de una demanda contra el Estado salvadoreño, resuelve brindar medidas cautelares en un caso a petición de la Comisión. Según la resolución del 23 de marzo de 2007, la presidencia de la Corte considera que existe “falta de implementación por parte del Estado de las medidas cautelares decretadas” el 10 de octubre de 2006 por la Comisión. 

El mayor Meléndez Quijano, quien fue jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, denunció en 2006 al Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el Ministerio de Defensa. La Comisión determinó en octubre que se le debían brindar medidas de seguridad a él, a su esposa, a sus cuatro hijas y su madre; a su hermana y hermano, y a su esposa e hijos.

Sin embargo, y como informó a la Comisión el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el Estado – representado por Teresa del Carmen Blanco de Quijano, directora de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores – solo se reunió en una ocasión con Meléndez Quijano y sus abogados para discutir sobre cuáles medidas se debían de adoptar.  

La presidencia de la Corte consideró indispensable adoptar medidas urgentes debido a que “las medidas cautelares no han producido los efectos requeridos” a favor de Meléndez y su familia. Además señala que ellos “se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encuentran amenazadas y en grave riesgo”. 

La Comisión informó a la Corte que Meléndez Quijano es amenazado desde el 2004; que su madre, Gloria Quijano de Meléndez,  fue a principios del año 2005 amenazada a través de llamadas telefónicas; que su hermano, Eurípides Meléndez Quijano, fue el 29 de noviembre de 2005, “en un aparente intento de robo, apuñaleado por dos sujetos desconocidos cuando éste se disponía a ingresar a su residencia”. Además, como prueba de la necesidad de protección, citan que en junio y octubre de 2006, Meléndez y su hermano fueron perseguidos por un vehículo y recibieron amenazas en contra de su vida mediante mensajes telefónicos, hechos que fueron informados a la Policía Nacional Civil.

Seis años de lucha legal
Desde 2001, el mayor Meléndez solicita la reivindicación de sus derechos civiles y militares. Los expedientes sobre su caso señalan que Meléndez ha logrado una serie de victorias en los tribunales civiles. En 2003 ganó un recurso de amparo constitucional que introdujo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que fuera restituido en su cargo militar. Sin embargo, Meléndez continua demandando que por los dos años que fue dado de baja se le deben de retribuir los sueldos y las prestaciones que dejó de percibir.

El ministro de Defensa, Otto Alejandro Romero, informó al presidente Antonio Saca en 2004 que se había cumplido a cabalidad la sentencia de la CSJ. Meléndez lo acusa de falsedad ideológica agravada en contra de la Fe Pública.

En agosto de 2005, el ministro de Defensa ordenó el arresto por 30 días a Meléndez por no informar a sus superiores que demandaría en una instancia civil a los tribunales de ascensos que en 2003 y 2004 no le concedieron el grado superior inmediato de teniente coronel. Entre los demandados estaba el ex ministro de Defensa, Juan Antonio Martínez Varela. La CSJ señaló que con el arresto se habían violado los artículos 2, 11 y 12 de la Constitución de la República, que hablan de los derechos de audiencia, defensa, debido proceso y libertad. Meléndez demandó al ministro también por este hecho y el Juzgado 13° de Paz de San Salvador pidió la apertura de un antejuicio a la Asamblea Legislativa.

La Cámara 1° de lo penal de San Salvador, sección centro, envió también el caso de falsedad ideológica contra el ministro a la Asamblea Legislativa, señalando que no podía continuar el proceso civil en contra de Romero por tener fuero constitucional.

Pero la Asamblea Legislativa envió el 8 de marzo de este año al archivo las dos peticiones de antejuicio contra Romero, con los votos de los partidos ARENA, PCN y PDC, razonando que el proceso había sido negligente porque es la Fiscalía la que debe hacer esas peticiones. Sin embargo, los jueces también están facultados a pedir la apertura de antejuicios para dar continuidad a un proceso judicial en contra de funcionarios que gozan de fueros.

El informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentado en marzo, hace referencia en su apartado sobre arresto y detenciones arbitrarias a la demanda que los abogados del mayor Meléndez han interpuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño.

“Le hemos estado diciendo a la Comisión que el Estado no ha hecho nada, que le presentamos un plan propuesta para brindarnos seguridad. De todo hemos mantenido informada a la Comisión”, explicó Eurípides Meléndez.

La Corte le da 15 días al Estado, desde que es notificado de la resolución, para que informe de las medidas que adoptará para brindar seguridad al militar.

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