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La reforma obligada

Unificarán superintendencias en 2007

Como un lobo sin dientes, así ven a la Superintendencia del Sistema Financiero los economistas cuando se le coloca al lado los conglomerados internacionales de primer mundo. El cambio abruto de banca salvadoreña a banca internacional, que generará cambios en materia de regulación y vigilancia a los bancos, será lo mejor – para los economistas consultados – que le puede pasar a la institucionalidad del país que se veía afectada por “los cacicazgos”.

Alexis Henríquez
cartas@elfaro.net
Publicada el 26 de marzo - El Faro

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La venta de la banca nacional a consorcios financieros internacionales acelera los planes que el Gobierno venía señalando para unificar las superintendencias que supervisan los movimientos de capital de los bancos, las aseguradoras y las Administradoras de Fondos para Pensiones. En 2007, señala el superintendente del sistema financiero Luís Armando Montenegro, se unificarán la superintendencia que él dirige más la de pensiones y la de valores.

“Tenemos que cambiar todos las disposiciones legales para adecuarla al nuevo marco de banca internacional, para poder tener una mejor supervisión. La integración necesariamente nos va a llevar a eso. El tema no es la integración en sí; pero es importante por los conglomerados y para que pueda el ente saber cómo están los conglomerados”, señala el superintendente. La unificación es una de las necesidades que varios economistas y los partidos FMLN y Cambio Democrático han observado desde que la venta de los bancos es un tema de debate en la Asamblea Legislativa.

Con la venta de los bancos no solo se vendieron los consorcios las financieras, sino también las Administradoras de Fondos de Pensiones y las casas aseguradoras de riesgos. Al unificar las superintendencias, el trabajo se podría volver más efectivo, considerando que las casas matrices no estarán en la región centroamericana para la SSF.

El proceso de internacionalización de la banca salvadoreña comenzó con la colocación de sus propiedades en Panamá. Desde entonces, la necesidad de supervisar fuera de las fronteras salvadoreñas a los bancos Agrícola y Cuscatlán, por ejemplo, que operaban en El Salvador se volvió una necesidad indiscutible, pero no discutida. Ahora con la venta de los bancos, el debate vuelve obligatorio para la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que tiene que vigilar a conglomerados bancarios que en sus países de origen tienen mayores exigencias, y en la nación salvadoreña una “legislación laxa” donde operar.

Una de las operaciones que no están reguladas por la SSF son las ofertas públicas de acciones, que son ocupadas hoy para que los accionistas salvadoreños vendan acciones a los bancos internacionales. “Debemos ponernos en el día a día, actualizando nuestros marcos reguladores, porque de todos modos esas operaciones ellos las van hacer y no las vamos a poder regular”, explica Montenegro. El está seguro de que se debe revisar la ley de bancos, la ley que rige a las superintendencias del sistema financiero, de valores y de pensiones; además la ley de identidades financieras no bancarias con tal de establecer un nuevo sistema regulador.

Estos nuevos dueños de más de la mitad de la banca que estaba en manos de salvadoreños cumplen regulaciones como las que pide el acuerdo de Basilea II, que la SSF “todavía está pensando cómo movernos ahí”, explica Claudio de Rosa, ex director Ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). “El que va a tener que correr más rápido es la Superintendencia del Sistema Financiero, no son los bancos. Es ella la que tiene el gran desafío de elevar sus conocimientos y sus capacidades de supervisión al nivel de estas instituciones internacionales”, señala el economista.

El acuerdo internacional al que se refiere De Rosa comenzó a consultarse en Basilea, la segunda ciudad más poblada de Suiza, y lleva por nombre “Basilea II”. Su consulta inició en 1999 y terminó por redactarse en 2004. Bajo este acuerdo, que los Estados no están obligados a asumir, se busca que los bancos se auto regulen para tener una mejor gestión de riesgos. Supone que los bancos basen el cálculo del capital mínimo que puedan tener a través de la estimación de pérdidas por riesgos. Para ello utilizarían modelos estadísticos en base a las perdidas históricas que han tenido. El acuerdo, según varios economistas, ayudó en 2001 a que los bancos grandes en Estados Unidos, entre ellos el Citibank, tuvieran capacidad de respuesta ante la sacudida económica que generó el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York.

Para que la SSF llegue al nivel de exigir el cumplimiento de Basilea II no solo es necesario que se modifiquen las leyes, con tal de hacer una supervisión con un nuevo nivel de calidad. Implica además el adoptar nuevas tecnologías, según los expertos, que vayan más allá de los acuerdos entre entes reguladores y que permita tener acceso a bases de datos confiables sobre el movimiento financiero que se realiza en El Salvador y que tiene referencia con el país en el exterior. La nación salvadoreña se convierte ahora en una de las sucursales de los bancos internacionales, que registrarán las operaciones también en sus casas matrices. “Es necesario cruzar la información con otros entes reguladores”, enfatiza el analista económico Roberto Rubio.

Hasta el momento, según el mismo superintendente, lo que se hace es pedirle a los supervisores con los que se tienen acuerdos información puntual, que no necesariamente necesita de una conexión computarizada entre las entidades, sino más bien solo un fax o un correo electrónico. El cruce de datos no era general para establecer los movimientos que la banca salvadoreña hacía aún cuando sus propiedades estaban ya en Panamá o en otros países, como Estados Unidos o Canadá.

Exigirles a los bancos – y no solo a los internacionales, sino también a los pocos que quedan en El Salvador (banco Hipotecario, Banco de Fomento Agropecuario, que tienen carácter nacional) – el cumplimiento de Basilea II implicará un proceso que estará acompañado por la Superintendencia, que tendrá que desarrollar nuevas metodologías de supervisión. “Es que los bancos que vienen ya cumplen esa normativa”, acepta el superintendente, al señalarle que el reto está en sus manos. El Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCAS), y donde está suscrita la SSF,  planea que para 2010 esto esté solventado. Pero también implica, según anuncia el superintendente en una entrevista a El Faro, la unificación de las tres superintendencias: la de valores, la de pensiones y la financiera. Aunque no se atreve a señalar una fecha en la que podría estar listo el proyecto de ley para unificarla, este mismo ya se está trabajando en Casa Presidencial.

Las necesidades al otro lado de la cancha
Al abrirse los mercados de capitales los bancos podrían desarrollar la apertura de operaciones en los mercados internacionales que los bancos en manos de capital salvadoreño no realizaban, como la compra de títulos valores.

“Pero los bancos no van a poder entrar a una cancha restringida, con las manos amarradas. En términos país es positivo, porque nuestra normativa estaba acorde al tamaño y desarrollo de la banca salvadoreña. Pero de repente pega un salto cualitativo en términos de tecnología y normativa financiera. Desde el año pasado, la SSF viene tomando medidas de capacitación de personal y adquisición de tecnologías, porque esta exigencia mundial ya estaba planteada dentro de la banca latinoamericana. Pero con esto viene a presionar, a acelerar”, considera Ricardo Perdomo, un analista político de izquierda moderada que fue ministro de Economía durante el gobierno de José Napoleón Duarte. Para él se vuelve necesario cambiar las categorías y calificación de los créditos y El Salvador va a tener que adecuarse a los estándares internacionales sobre el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. “Eso es una realidad técnica que viene a crear una reingeniería completa del marco legal y el marco institucional salvadoreño”, explica.

Pero es precisamente esa apertura que se genera con la venta de los bancos la que en el FMLN no deja de despertar cierto temor. Para el partido de izquierda, la trasnacionalización de la banca en una forma más aguda requiere una lectura nueva de la legislación en el país. “Tenemos que hacer una nueva lectura de la banca nacional a una internacional y cómo le ponemos dientes a la Superintendencia para proteger los fondos del público. Son cosas que están en pañales por un cambio abrupto”, explica el legislador de izquierda Jorge Jiménez.

En el seno del partido de izquierda, y precisamente en el equipo de técnicos del área económica del FMLN, se ha discutido la necesidad de ponerle también colmillos a la ley para impedir la fuga de capital. “Una de nuestras grandes preocupaciones eso”, remacha Jiménez.

A Cambio Democrático la preocupación también los invade sobre esa posibilidad. “Lo que puede pasar con la liquidez (los actuales dueños de bancos van a tener más dinero por la misma venta) es que puede haber presión para que haya mayores márgenes de salida de capital al exterior, dado que en el país se invierte poco”, explica Héctor Dada. En 2006, la economía salvadoreña creció a raíz del consumo y no de la producción; pese a que varios sectores reportaron un aumento.

“Puede haber flujos de capitales en el exterior. Pero a mí me preocupa más que la economía no está generando márgenes de inversión nueva. Toda la inversión extranjera son de consumo o de compra de activos existentes”, señala Dada y pone de ejemplo la compra que Wal-Mart Centroamérica hizo de Hiper Paiz; o de Nestlé a Café Listo. “Compraron, pero dejaron de producir aquí. Wal-Mart no ha construido nada nuevo y Nestlé ahora importa el café soluble de México”, explica el legislador que también es economista.

Los bancos están facultados para colocar el 75 por ciento de su patrimonio en préstamos en el exterior. De requerir colocar más, sólo se les permite hasta el 150 por ciento. “Mientras la SSF no dé esa autorización, y hasta ahorita no la ha dado, no pueden sacar más del 75 por ciento”, enfatiza el superintendente.

Pese a que el país tiene una calificación BB+ (con perspectiva estable), según la calificadora de riesgos Fitch Ratings, aún es muy riesgoso que los bancos solo inviertan en títulos del Estado y de baja rentabilidad. “Va a presionar en que le quiten amarra y que por el otro lado puedan invertir en el extranjero, en títulos que le den mejor rentabilidad en niveles aceptables de riesgo”, señala Perdomo. Aquí comienza el reto para que la Superintendencia está preparada a fiscalizar inversiones internacionales que no solo podrían derivar de los bancos, sino también de las corredoras de seguros y las AFP. “Esto nos lleva a una reforma casi forzada al manejo de las inversiones en los fondos de pensiones”, señala Perdomo.

Uno de los representantes de un organismo financiero internacional en El Salvador, que concede préstamos al Estado salvadoreño, le toma la palabra a Perdomo y ve que sobre el manejo de los fondos de pensiones comienza a vislumbrarse un nuevo conflicto. Para el economista el panorama no es alentador en cuanto al manejo del recién creado Fideicomiso para pagar pensiones. “Debe de existir un abogado en una de las oficinas de estos bancos mirando ese montón de papeles (certificados de inversión previsional, conocidos como CIP) que un día se convertirán en un montón de juicios”, analiza.

El Fideicomiso cosiste en que el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) administre un fideicomiso que emite títulos de deuda pública (CIP), que son adquiridos por el Fondo de Pensiones que administran las AFP. Así pagan ahora las pensiones el Estado a los jubilados del antiguo sistema, y que era financiado por endeudamiento externo. “Pero la pregunta es si estos bancos van a estar de acuerdo en comprarlos, porque es muy riesgoso”, señala. Junto con la venta de los bancos, AFP Crecer y Confía pasaron también a manos de capital extranjero.

Rafael Lemus, uno de los asesores económicos con que cuenta Casa Presidencial en la Secretaría Técnica, y a quien se le encargó la defensa del Fideicomiso en la Asamblea Legislativa, explica que la ley obliga a realizarse la operación y a esto deberán someterse las instituciones financieras internacionales. “La ley manda a que los fondos de pensiones se inviertan en estos títulos. No es una decisión del administrador. Los actuales lo están cumpliendo, y con mucha más razón los nuevos. Lo que hay es una confusión. No han comprendido la figura del Fideicomiso y no es dinero de ellos, sino del fondo de pensiones. Lo que ellos tienen es una autorización para administrarlo”, indica.

Aunque para el economista del banco internacional, este enfrentamiento no será inmediato. Apocalíptico en sus comentarios, señala que se podría comenzar a ver después del primer año de operaciones. Perdomo también señala que es un conflicto a la vista. “Puede que en un determinado momento estos autores presionen a decir por qué se les va a obligar a que el fondo de pensiones de los ahorros de los cotizantes tengan que pagar las pensiones de los afiliados del sistema público que ya pasó. Las grandes corporaciones financieras internacionales podrían tener probablemente otra óptica, probablemente no una óptica de los intereses del gobierno de El Salvador, sino una óptica de los intereses de la rentabilidad que quieran para sus empresas y sus clientes para tener un posicionamiento mayor en el mercado financiero”, señala.

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