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El reciente paso de los principales bancos salvadoreños a manos de grupos transnacionales podría modificar a medio plazo el rostro político, social y financiero de El Salvador, según la mayoría de economistas. Aunque la Superintendencia descarta riesgos, una decena de expertos consultados por El Faro sugiere impulsar reformas legales inmediatas que permitan supervisar las operaciones de la banca internacional en el país.

Citibank, Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC), Bancolombia, General Electric o ScotiaBank: los mayores conglomerados financieros del mundo ya están en El Salvador. En solo dos años, grupos transnacionales han comprado las principales entidades bancarias salvadoreñas, las de mayor volumen y tradición, y las consecuencias del cambio de propietarios y capitales en uno de los sectores económicos más importantes del país son aún inciertas.

El Faro entrevistó a diez economistas, entre ellos ex funcionarios de gobierno y representantes de organismos financieros internacionales, para intentar dimensionar esas consecuencias. La mayoría prevén efectos no solo en el mapa económico nacional, sino también en el político, prevén tensiones por la regulación actual de los fondos de pensiones y aseguran que la internacionalización de la banca salvadoreña obligará al Estado a cambiar las reglas del juego para poder supervisar los movimientos financieros de ahora en adelante.

Los analistas económicos del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) son los primeros en descartar que la venta de entidades como los bancos Salvadoreño, Agrícola o Cuscatlán tengan únicamente consecuencias económicas: “Era lo último que quedaba del capital doméstico”, advierte Carlos Acevedo, “y tiene repercusiones porque, según dicen, el 40 por ciento de las campañas políticas eran financiadas por la banca”. “Y hay otros posibles efectos. No sé si aquí van a pasar, pero hay estudios en otros países donde, después de la venta de los bancos, se demuestra que hay presión masiva del capital extranjero para restringir créditos a las empresas del país. Si el patrón sigue ese comportamiento puede haber mayores dificultades de acceso al crédito y eso puede afectar el desarrollo económico”, asegura.

El economista Héctor Dada Hirezi no duda en comparar el rápido proceso de venta de acciones en la banca salvadoreña con la reforma que, en la década de los 90, supuso la reconversión de la banca nacionalizada en propiedad privada. El también diputado del partido Cambio Democrático asegura de hecho que el influyente sector empresarial que se hizo cargo entonces de la banca, y que según Hirezi nació para funcionar como uno de los ejes principales de la política económica del primeros gobiernos de ARENA, prácticamente desaparecerá.

“A la hora de que (el ex presidente Alfredo) Cristiani distribuyó la banca, porque la propiedad de la banca fue determinada en el despacho del presidente, señaló quiénes iban a conformar el eje fundamental de la reconstrucción económica en el país”; interpreta. “Que la banca pase ahora a propiedad extranjera representa la desaparición de un sector importante, y no sólo tiene efectos sociales, sino políticos en la estructura del poder del Estado”, explica Dada Hirezi.

Las históricas ventas

Octubre de 1997: Scotiabank formaliza una alianza estratégica entre The Bank of Nova Scotia, un banco internacional con más de 170 años de experiencia y presencia en más de 50 países alrededor del mundo, y Ahorros Metropolitanos S.A. (Ahorromet), que llevaba más de 25 años en el mercado local.

Enero de 2005: Banco de Comercio de El Salvador y Scotiabank El Salvador se fusionan.

Mayo de 2005: el Banco América Central vende a General Electric el 49.99% de sus acciones.

Octubre de 2005: el Grupo Banistmo, S.A. e Inversiones Financieras Bancosal, S.A. llegan al acuerdo de compra-venta. Banistmo, con sede en Panamá, se compromete a adquirir entre el 51% y el 60% de Bancosal, propietario del Banco Salvadoreño.

Julio de 2006: el londinense Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), considerado en ese momento el tercer banco más grande del mundo, compra el Grupo Banistmo y sus 178 sucursales en Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Bahamas. En la venta se incluye Bancosal.

Octubre de 2006: Citigroup compra el Grupo Financiero Uno (GFU), que opera a escala centroamericana y maneja la mayor cartera de tarjetas de crédito de la región.

Diciembre de 2006: Bancolombia anuncia la compra total de las acciones de Banagrícola, conglomerado financiero que maneja más del 52% del Banco Agrícola y tiene en su poder la AFP Crecer. La venta se ejecutará en las próximas semanas.

Marzo de 2007: el año pasado, Citigroup sumó una nueva compra en la región: la del Grupo Cuscatlán. Para terminar el proceso de la venta hace falta aún la autorización de la Superintendencia de la Competencia. La transacción incluye a la filial del Cuscatlán AFP Confía.

Esa recomposición pasa también, según otros economistas, por el rediseño de un nuevo esquema gubernamental de supervisión para evitar la elusión de impuestos y abrir espacios de inversión a los sectores productivos, usualmente, apunta Roberto Rubio, de mayor riesgo que los comerciales a ojos de las entidades financieras.

William Pleitez, que trabaja en la elaboración de los informes de desarrollo humano que lanza el PNUD año con año, apunta, en ese sentido, que el cambio de bandera de los principales bancos en El Salvador hace necesario que se despolitice y modernice la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). “En realidad, para hacer una buena supervisión no basta que haya personal altamente calificado, sino también autonomía del ente supervisor”, sentencia el economista.

Rubio, miembro hasta 2005 de una fugaz comisión de economistas formada durante dos años por el Ministerio de Hacienda para labores de asesoría, acompaña esa idea al señalar que los retos principales no están de hecho en la elaboración de nuevas leyes, sino en el fortalecimiento de la institucionalización del Estado a fin de que las empresas internacionales recién llegadas “no tengan un comportamiento indebido, diferente al que puedan tener en sus países de origen”.

¿Por qué El Salvador?
William Pleitez se hace una pregunta que también otros economistas y políticos se formulan retóricamente: “¿Por qué vinieron los mayores bancos del planeta a comprar la banca salvadoreña y centroamericana? “En principio eso no deja de ser una buena noticia”, se responde él mismo. “Porque quiere decir que el riesgo del país es inferior al riesgo de los países vecinos. Y ya por la conexión de la banca salvadoreña en Centro América, pareciera que fue por estrategia para atender demandas en los países vecinos”, considera.

Ricardo Perdomo, ex ministro de economía durante el gobierno de José Napoleón Duarte, y miembro con Rubio de la comisión creada en 2004 por el entonces ministro de Hacienda Guillermo López Suárez, coincide en el diagnóstico, que ha traído como resultado que Citigroup haya adquirido Banco Uno y esté a punto de ultimar la compra del Banco Cuscatlán; el HSBC Holding tenga ya en sus manos el Banco Salvadoreño; Scotiabank se haya hecho con Ahorromet y el Banco de Comercio; y General Electric sea dueño de casi la mitad del Banco de América Central.

Se trata, en todos los casos, de corredores de primer nivel. En el ranking de los mil bancos en el mundo en 2006, la revista especializada The Banker coloca a Citigroup como el número uno, y a HSBC Holdings como el primero de Europa. En cuanto a Bancolombia, que está en proceso de compra del Banco Agrícola, es uno de los más fuertes en Colombia y Latinoamérica, aunque su prestigio esté en tela de juicio después de que la Unidad Nacional Anticorrupción en Colombia señalara al presidente de la financiera, Jorge Londoño Saldarriaga, y a su vicepresidente, Federico Guillermo Ochoa Barrera, como posibles responsables de irregularidades durante la fusión del entonces Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano (BIC), hace nueve años.

Pese al escándalo, que en parte también inició entre los economistas salvadoreños el debate sobre una nueva regulación financiera, la gestión de compra de Banagrícola, dueña del 52.9 por ciento de Banco Agrícola, continúa. En las próximas semanas, según la SSF, una oferta pública de adquisición (OPA) será lanzada por Bancolombia para que los accionistas vendan a $47 cada una sus acciones, que tuvieron un valor nominal de $11. El Banco Agrícola tiene una participación de mercado del 29 por ciento, y su subsidiaria AFP Crecer –incluída dentro del paquete de venta–, controla el 52 por ciento del fondo de pensiones en El Salvador.

“Lo que los bancos han comprado es el mercado financiero formal, con todos los negocios relacionados: seguros, AFP, casas corredoras”, destaca Perdomo, con evidente optimismo. “Estos actores van a ejercer una presión natural para que los aspectos legales y técnicos que regulan el sistema financiero se actualicen y sean adecuados a la normativa internacional”.

Las presiones, sin embargo, podrían también ir dirigidas a la ampliación de los márgenes de maniobra en la gestión de créditos y de los fondos de pensiones, que quedarán en manos estadounidenses y colombianas. “Van a presionar en que les quiten amarras y puedan invertir en el extranjero, en títulos que le den mejor rentabilidad en niveles aceptables de riesgo”, aventura Perdomo, en coincidencia con otros expertos consultados.

Rafael Lemus, economista y asesor de la Secretaría Técnica del Presidente, descarta ese posible enfrentamiento e insiste en que las instituciones financieras internacionales deberán aceptar, en ese y otros aspectos, el marco legal salvadoreño. “La ley manda a que los fondos de pensiones se inviertan en deuda pública salvadoreña”, enfatiza. “No es una decisión del administrador”.

El superintendente del sistema financiero, Luís Armando Montenegro, coincide en destacar que la banca internacional deberá someterse a la reglamentación salvadoreña, y se muestra seguro de que el sistema operará correctamente en este nuevo escenario. Sí admite, sin embargo, que la SSF ya está inmersa en un paulatino cambio de marco legal, y adelanta que su primera acción será la unificación, este año, de las Superintendencias de Pensiones y de Valores con la Financiera. Se trata de una reforma administrativa anunciada desde hace más de un año, y ahora, según los economistas consultados, se hace casi obligada por la necesidad de que un solo cuerpo fiscalice a las nuevas corporaciones internacionales, todas ellas con casas matrices fuera del suelo salvadoreño.

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Preocupación por los efectos de la venta de bancos