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Registros de propiedad desactualizados amenazan con retrasar Longitudinal del Norte

De los seis departamentos por los que corre el trazo de la carretera, solo uno tiene  registros de propiedad actualizados y el dinero programado para hacerlo en los demás se perdió con el préstamo de “Chambita Medidor II”. Este proceso es necesario para indemnizar a los propietarios de los terrenos que tocará la Longitudinal del Norte y para que la Corporación del Reto del Milenio (MCC) desembolse los fondos para su ejecución.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Publicada el 12 de marzo - El Faro

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La Carretera Longitudinal del Norte (CLN), el principal y más costoso componente del proyecto para impulsar el desarrollo económico en la zona Norte, donde se concentra la mayor parte de municipios en condición de pobreza del país, corre el riesgo de enfrentar demoras por el estado del registro de propiedad en El Salvador.

Esta fue la preocupación que manifestó hace unas semanas la coordinadora de la Comisión Nacional de Desarrollo, Sandra de Barraza, en una columna de opinión publicada en La Prensa Gráfica. Bajo la responsabilidad de su oficina estuvo, durante el año pasado, la tarea de llevar a cabo el proceso de consulta ciudadana y sectorial que culminó con el diseño de la Estrategia de Desarrollo de la Zona Norte, el proyecto con el cual El Salvador accedió a 461 millones de dólares en calidad no reembolsable de la MCC.

“No se tienen actualizados (los registros de propiedad), excepto los municipios de Santa Ana, y se actualizarán sobre demanda porque no se aprobó el proyecto de financiamiento (…) Esto sí que es problema y es oportuno tomar las medidas del caso; de lo contrario, un programa que tiene no más de 60 meses y que incluye la construcción de una obra con apertura y remodelación de trazo, tendrá obstáculos que retardarán su tiempo de ejecución y entrega y esto podría tener implicaciones financieras no previstas en el gasto público”, planteó De Barraza.

Pero para la coordinadora de la CND, las consecuencias de esta carencia pueden ir aún más allá y afectar otro de los componentes de la estrategia: el de desarrollo productivo. En el proyecto que el gobierno presentó a la Corporación, se contempla la creación de un fondo para impulsar proyectos de desarrollo productivo en la zona Norte, como el cultivo de frutales, forestales, etc.

Para que los productores puedan acceder a este fondo, recuerda De Barraza, también será necesario que presenten los registros de propiedad de los terrenos en donde piensan impulsar su proyecto. Según las proyecciones que hizo la Comisión, solo para este componente se puede hablar de un total de 11 mil beneficiarios, que podrían no llegar a serlo por no tener en regla sus documentos como propietarios de las tierras.

El plan de emergencia

El titular del Centro Nacional de Registros (CNR), Gerardo Suvillaga, reconoce que los documentos correspondientes a la zona debían estar ya en proceso de actualización para esta fecha, pero que no se logró debido a la no aprobación del préstamo “Chambita Medidor II” en la Asamblea Legislativa, que con 40.2 millones de dólares del Banco Mundial iba a financiar este trabajo en ocho de los 14 departamentos del país. En la primera fase, que incluyó Santa Ana, el programa abarcó los seis departamentos restantes.

Por ahora, en los cinco departamentos del recorrido de la carretera que falta por actualizar, “se cuenta únicamente con la toma de fotografía aérea en vuelo alto del trazo, información catastral no actualizada e información registral mayormente en Libros (es decir, que tampoco está actualizada a través del nuevo sistema informático del CNR)”.

El “plan contingencial” que se tiene entonces en mente desde el CNR es dar prioridad a los registros de propiedades ubicadas dentro de los dos kilómetros a cada lado del trazo, bajo un costo de alrededor de nueve millones de dólares que tendrán que salir de la misma institución, sacrificando la construcción de algunas oficinas departamentales que tenía planificadas.

En términos de tiempo, dice Suvillaga, “depende de las brigadas que se pongan (en el campo a levantar la información) y de si el trazo llega a abrir nuevas calles (…) Y como los fondos de la MCC no vienen todos de un solo, sino por desembolsos, serían prácticamente tres, cuatro, cinco años trabajando con ellos, pero sí tendríamos nosotros que ir trabajando a la delantera”.

Las tierras fuera del área de 2 kilómetros alrededor de la carretera, al menos por ahora, tendrán que quedarse esperando, dejando siempre el riesgo de que sus propietarios no puedan acceder fácilmente al fondo para proyectos de desarrollo productivo.

Una condición previa

El estado de los registros de propiedad en el corredor Norte, más allá de las preocupaciones de calendario que rondan el tema, es además un punto esencial para la MCC, que ha insistido siempre en la necesidad de transparencia de los procesos y de una buena ejecución como condición para mantener los desembolsos durante los cinco años que dura el financiamiento.

El mismo contrato firmado entre la Corporación y el gobierno salvadoreño establece, en el Anexo I, que una condición previa es justamente el tener en orden los registros de propiedad.

"El Gobierno deberá garantizar que los derechos de propiedad en la Zona Norte se consoliden mediante el registro oficial de propiedad de las tierras y la modernización del registro de propiedad y catastro en la municipalidades y/o departamentos de las zonas que se benefician directamente del Proyecto de Desarrollo Productivo.  El Gobierno beberá garantizar, y la MCC vigilar, que los asuntos vinculados con los títulos de propiedad de las tierras sean tratados de manera aceptable para la MCC durante el plazo del convenio", dice el documento.

Para Keneth Miller, uno de los representantes de la Corporación en El Salvador, si bien es cierto que la situación puede provocar retrasos, la MCC confía en que el gobierno, junto con el CNR, está dando ya los pasos necesarios para evitarlos. “Pero sí, el tema de registros de propiedades es sumamente importante para la MCC”, reitera.

Es tan importante que el próximo mes, según informó Miller, llegará al país el especialista en propiedades de la corporación y trabajará con la Secretaría Técnica de la Presidencia, el Centro Nacional de Registros y el Ministerio de Hacienda “para asegurar que todo va en camino”.

La corporación, además, comenzará a partir del otro año a tomar en cuenta este aspecto a través del indicador de “derecho y acceso a la tierra”, como parte de la evaluación que hace cada año para considerar si un país se mantiene elegible o no. Actualmente, El Salvador tiene en este indicador una calificación por debajo de la mediana, en la categoría de países de renta media baja.

La influencia de los altos costos

Las deficiencias en el sistema registral y catastral en El Salvador tampoco han estado ajenas a la observación de otras instituciones internacionales, que recientemente han señalado que, pese a los avances logrados con la reforma del sistema de propiedad iniciada en 1991, el país todavía enfrenta importantes retos.

El Instituto Libertad y Democracia, en su reporte para El Salvador sobre la “Evaluación preliminar de la economía extralegal en 12 países de Latinoamérica y el Caribe”, indica que uno de los principales factores que inciden en estas deficiencias es que los costos de acceso al registro son muy elevados.

Otro documento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), titulado “Modernización del Registro de Propiedad de la Tierra en El Salvador, de junio del año pasado, recoge que “de acuerdo con un estudio conducido por las Naciones Unidas, el problema afecta particularmente a los campesinos pobres que poseen parcelas de tierra muy pequeñas”.

“Ellos encuentran los costos de la titulación y registro de tierras muy altos como para pagarlos. Para 1998, el costo de registro de un área de tierra de 3.5 manzanas era de mil 800 dólares. Para campesinos que en promedio ganaban 120 dólares por mes, este costo era definitivamente excesivo”, reza el texto.

Todo esto, dice el Instituto Libertad y Democracia, desincentiva a los propietarios de las tierras para realizar los trámites para regularizar sus tierras, provocando así la desactualización de la información registral y catastral.

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