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Ministro de Salud en la mira de Tribunal de Ética Gubernamental

El Tribunal estudia la demanda interpuesta por una asociación social contra el ministro, acusándolo de beneficiarse de la falta de equipo en los hospitales públicos para atender a pacientes en las clínicas de su familia. El presidente Saca también ha iniciado una investigación, desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para tomar una decisión.

El Faro
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Publicada el 12 de marzo - El Faro

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Guillermo Maza, ministro de Salud, tiene órdenes concretas de no emitir ninguna declaración hasta que la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia aclare si violó o no la ley de ética gubernamental al haber recibido, en su clínica particular, a los pacientes que necesitan de exámenes especializados que no pueden recibir en la red de hospitales públicos de la cual el ministro es el principal responsable.

“Me han pedido que no hable para que no entorpezca el proceso”, dijo el ministro a este periódico luego de cancelar una entrevista para hablar sobre la investigación publicada el domingo 4 de marzo en La Prensa Gráfica que señalaba el conflicto de intereses de Maza.

Dos días después de la publicación el presidente Antonio Saca consideró que había elementos suficientes para iniciar una investigación a su ministro. Encomendó a su secretario legal, Luis Mario Rodríguez, que determinara si Maza había incumplido algún reglón del a ley de ética gubernamental, aprobada en mayo de 2006.

El presidente señaló que luego de recibir el informe de Rodríguez decidirá qué hacer con Maza.

El Faro intentó comunicarse desde ese día hasta el cierre de esta nota con Rodríguez para conocer el contenido del informe pero el secretario no respondió llamadas.

El artículo 6 de la ley habla de las prohibiciones éticas de los funcionarios públicos. El literal f dice textualmente: “Intervenir en cualquier asunto en que él o algún miembro de su unidad familiar tenga conflictos de intereses”.

La publicación de La Prensa sostiene que, ante la falta de TAC (Tomografías Axiales Computarizadas) en los 30 hospitales públicos del país, los pacientes que necesitan esos exámenes deben acudir a clínicas particulares y pagar 80 dólares.

El ministro y su familia tienen una clínica privada que posee un TAC, una máquina que realiza tomografías, y cobran a los pacientes por los exámenes que no pueden recibir en los hospitales, según la publicación. El ministro Maza justificó que él no pertenece a la junta directiva de las clínicas Maza pero que sí su esposa. “Si hay que seguir trabajando, tienen que tener para comer, ¿O usted cree que el pan viene del cielo?”, dijo el ministro a la periodista que publicó la historia.

El ex ministro de Salud, Herbert Betancourt, dijo en ese mismo periódico que en 2004 una ONG de Florida, a través de Fundación Salvadoreña para la Salud, donó una resonancia magnética y dos tomógrafos para los hospitales Rosales y Zacamil. Se necesitaba para hacerlos funciona, según Betancourt, que el ministerio de Salud invirtiera en infraestructura.

Los aparatos nunca fueron colocados porque el ministerio de Salud nunca hizo la inversión, a pesar de que había una partida específica en el presupuesto de la nación.

El ministro dijo en su momento que nunca instalaron los aparatos porque estaban en mal estado. Días más tarde, tras conocer la publicación, Celina de Choussy, de FUSAL, negó que los equipos estuvieran mal. “Nosotros no donamos basura”, dijo. Es más, agregó que el ministro aseguró que sí reunían las condiciones para instalarlos.

El viernes, luego de varios días de silencio, el ministro aseguró que instalar los aparatos no era una prioridad. “No todos los hospitales del mundo tienen esas máquinas”, dijo Maza a la prensa.

El único TAC que funcionaba en la red pública de hospitales se dañó el pasado viernes 2 de marzo, el del hospital de niños Benjamín Bloom. Los otros tres aparatos donados continúan embodegados.

El jueves 8 de marzo, el Tribunal de Ética Gubernamental recibió la demanda del médico y ex candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Guillermo Mata Bennett, en contra del ministro. Mata argumentó falta de ética de parte del funcionario.

La presidenta de la institución Lissette, Kury, prefirió no opinar al respecto para no adelantar criterio. Dijo que se seguirá el proceso como manda la ley. Es decir, el ministro deberá contestar el próximo miércoles sobre la acusación en su contra. Posteriormente habrá un periodo de ocho días hábiles en los que el Tribunal decidirá si es pertinente una sanción.

La red Acción Para la Salud en El Salvador pidió esta semana la destitución del ministro. En la Asamblea Legislativa, las distintas fracciones se pronunciaron a favor de que el ministro llegue para explicar lo sucedido. El partido ARENA, del cual Maza es miembro, ha pedido que sea la Corte de Cuentas la que investigue.

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