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NOTICIASPresidente del ISTA parceló Áreas Naturales para favorecer a familiares y simpatizantes de ARENAEl presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Miguel Tomás López, admite que avaló la parcelación de cuatro Áreas Naturales Protegidas. En Tehuacán, entregó las tierras a simpatizantes de ARENA; en La Joya, a su tío. En dos parcelaciones más, López asegura que actuó con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente. En un quinto caso, el funcionario dice desconocer las razones por las cuales un ANP aparece con menos tierra que la asignada originalmente. Daniel Valencia y Rodrigo Baires Quezada
El presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Miguel Tomás López, parceló 169 hectáreas de tierra forestal –protegidas por el Estado- para entregárselas a simpatizantes de su partido y a su tío, Luis Rolando López Fortiz, en San Vicente. En la Hacienda Tehuacán, en el municipio de Tecoluca, López parceló ocho manzanas de terreno y las entregó a 16 seguidores de su partido por medio de la promotora de salud del Ministerio de Salud Pública y secretaria de actas de la junta directiva de ARENA en la zona, Etelvina Platero, quien incluyó entre los beneficiarios a uno de sus hijos. “No le veo ningún problema que una persona por ser simpatizante de un partido o de otro no tenga derecho a recibir una porción de tierra”, respondió López, quien es también director ejecutivo de ARENA, luego de que se le preguntara por qué delegó la entrega de los 16 certificados a una dirigente de su partido. El Faro tuvo acceso a uno de estos certificados, en el que se hace constar que “El Gobierno del presidente Elías Antonio Saca” otorga las porciones de terreno. El documento está firmado por López y fechado el 10 de junio de 2003. Para entonces Elías Antonio Saca no era presidente ni tenía gobierno; ni siquiera era el candidato oficial del partido para las elecciones presidenciales de 2004. “No sé… no sé qué pasó. No es cierto”, responde López al observar una fotografía del documento, que El Faro hizo del original.
La fecha puesta en el certificado sirve para justificar que el área se parceló antes de que el MARN declarara la zona como ANP, en mayo de 2005, y para permitir el derecho de los 16 beneficiarios a la tierra. Pero uno de los beneficiarios asegura que los documentos fueron entregados uno o dos meses antes de las elecciones municipales y legislativas de 2006. “Se nos entregaron y se pidió el voto a cambio. Antes, esas manzanas sólo eran trabajadas por cinco personas”, relata. Al final, sólo dos de los cinco agricultores se vieron beneficiados con media manzana de terreno en la zona de El Cumbo, a un costado de la ANP. “El resto son gente del partido”, dijo a El Faro esta fuente que pidió el anonimato por miedo a perder su terreno. Platero, la promotora de Salud, ya no está tan segura de las fechas. “La verdad es que fueron hechos en 2003 y llevan ese membrete por el gobernante de turno”, aseguró. Al hacerle ver que el gobernante de turno era Francisco Flores Pérez y no Elías Antonio Saca –quien el 9 de junio de 2003 se proclamó como precandidato de su partido para la contienda por la candidatura presidencial-, Platero cambió su versión. “La verdad es que esos certificados los entregué por ahí por junio o julio de 2004”. En la Joya, López actuó a favor de su tío, Rolando López Fortiz. Pese a que resoluciones de administraciones anteriores de la institución señalaban que la posesión de los terrenos de parte de su tío era ilegal, el funcionario resolvió en 2000 que su pariente era propietario de 164 hectáreas dentro del área protegida. Un fax enviado desde la presidencia del ISTA -con fecha del 18 de mayo de 2000 y firmado por Miguel Tomás López- a la casa de López Fortiz, consigna que Miguel Tomás López resuelve: “Tener por aceptada la petición del Dr. Ignacio Luis Rolando López Fortiz”; y demanda: “Declarar libre de intervención la propiedad de 164 hectáreas, 97 áreas, 82.11 centiáreas. Inscrita al No. 2 T 290 P del Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas de San Vicente”. Pese a que sí resolvió a favor de su tío en 2000, el funcionario ahora asegura que se desentendió del caso debido a los “conflictos de intereses”, y que este debe ser resuelto por el Centro Nacional de Registros y la Corte de Cuentas. Además de las 164 hectáreas para su tío, el total de hectáreas reservadas a favor del ISTA en La Joya, “hasta que se resuelva los problemas de litigio”, son 233. En una carta enviada al entonces ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, el 28 de agosto de 2006, Miguel Tomás López informa que en La Joya “existe la posibilidad” de transferir al Ministerio un área total de 623 hectáreas. Según el informe del MARN y la ONG que maneja el ANP –FUNPROCOOP- el área original del terreno es de 1,021 hectáreas. La transferencia que nunca llegó
La parcelación y entrega a terceros de las Áreas Naturales Protegidas riñe con lo estipulado en el artículo 30 del Decreto Legislativo 719 –promulgado en 1996 y reformado para asignar dichos terrenos a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente que responsabiliza a esta cartera de Estado de la gestión de las áreas naturales-, y su Reglamento General; artículo 50 del Decreto Ejecutivo 103 –promulgado en 1996 y donde se describen los procedimientos para la transferencia de estas tierras al Estado-; y el artículo 60 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobada en 2005. Según estos cuerpos legales, el ISTA está obligado a transferir al Estado las tierras adquiridas bajo el proceso de reforma agraria –y las tierras monitoreadas en la actualidad por el MARN-, que sean identificadas como ANP, para su manejo, protección y conservación. El entonces ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, solicitó a la Dirección General de Patrimonio Natural (DGPN) del ministerio en el último trimestre del año pasado un informe sobre varias ANP que habían sido parceladas por el ISTA. La petición de Barrera se dio luego de fuertes denuncias hechas por Organizaciones no Gubernamentales ambientalistas que criticaban la forma en la que la institución dirigida por López estaba avalando la parcelación para cultivos agrícolas en zonas protegidas; y por el atraso en la transferencia de esos terrenos al MARN. La DGPN giró el memorando interno número 950/2006 en respuesta a la solicitud de Barrera. En él, la Dirección detalló, con mapas y fotografías, cómo las parcelaciones autorizadas por el ISTA en cinco ANP -de un listado de 118 existentes- han ido devorando las zonas protegidas. Dos de estas áreas están ubicadas en San Vicente: Tehuacán, de una extensión original de 78 manzanas y La Joya, de una extensión original de 954 hectáreas. Junto a estas, según el informe, el ISTA avaló la parcelación de otras tres más: San Diego la Barra (Santa Ana), Taquillo (La Libertad) y Talcualhuya (La Libertad). Es esta última, según el informe, la más afectada. De las 650 hectáreas originales se han parcelado 580. En San Diego-La Barra, se quitaron 347 hectáreas de la porción original (2,213) y sólo se han transferido 1,866. En Taquillo, un complejo ecológico en el litoral, el ISTA quitó 66 hectáreas de las 207 que comprendía el área original. “No se transfieren y de paso se está dañando todo su ecosistema y la conservación del mismo”, denuncia Juan Marcos Álvarez, director de la ONG Salvanatura –y miembro del Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)- en alusión a la destrucción de la flora y fauna como resultado del cambio de vocación de la tierra (de forestal a agrícola). Desmembrar un terreno rico en biodiversidad, según los expertos, afecta directamente al resto del área y a su ecosistema. Historia de las ANP
El establecimiento del Sistemas de Áreas Naturales Protegidas (SIAP) era una prioridad para el MARN según se hizo ver a nivel internacional en el Segundo Informe de País del Convenio sobre Diversidad Biológica, en marzo de 2002. “Es importante destacar los considerables esfuerzos realizados en torno a la legalización y traspaso al MARN de las áreas naturales contenidas en el sector reformado por parte del Instituto Salvadoreño de la Transformación Agraria, a fin de fortalecer el Sistema”, reza el informe. Para ello, se había conformado un Equipo Técnico Interinstitucional - Integrado por representantes de la dirección de Áreas Naturales Protegidas del MARN, ISTA, Centro Nacional de Registros, Instituto Geográfico Nacional del CNR, División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría Adjunta del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Unidad del Medio Ambiente de la Fuerza Armada de El Salvador- encargado de preparar los procesos legales que iban desde “la selección de las áreas hasta la preparación de los anteproyectos de Decreto de Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas”. El Equipo, con base al Artículo 84 de la Ley de Medio Ambiente, logró la transferencia de 35 áreas, con una superficie de 11 mil 779.42 hectáreas, de un aproximado de 86 propuestas hasta enero de ese año. Además, se habría conformado un equipo legal –integrado por el ISTA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Procuración de la Fiscalía, la Unidad Jurídica de la PNC, la Dirección de Asesoría Legal y la Unidad de Denuncias del MARN – “con el objeto de atender los casos relacionados con usurpaciones de tierras en áreas naturales del sector reformado con potencial para integrar el Sistema”. Sin embargo, el proceso tenía varios años de haberse iniciado con un relativo éxito. El Sistema de Áreas Naturales de El Salvador era el resultado de la Reforma Agraria iniciada en los años 80, por lo que la mayor parte de los terrenos quedaron incorporados al ISTA. A finales de esa década, el proceso de identificación y evaluación técnica definió 91 áreas del Sector Reformado y para el 2005 –según un informe presentado por el MARN basado en el Informe GEO (2002) y el Informe de Áreas Naturales Protegidas 2003- sólo habían sido transferidas 66 al Estado. “Las restantes 25 siguen aún como propiedades del ISTA”, reza el escrito, que aseguraba que estas propiedades se encontraban “en proceso de legalización, aunque operativamente se manejan como áreas protegidas en el MARN”. Ahora, el presidente del ISTA asegura que el número asciende a 69 áreas transferidas y reconoce que la falta de recursos ha impedido seguir con el proceso en el resto de casos. El silencio de Barrera El informe solicitado por Barrera fue presentado a los miembros del CONAMA, un grupo consultivo que asesora al Ministro, en octubre de 2006. La reunión fue hecha en el salón de reuniones, en la cuarta planta de las oficinas del MARN. Según varias fuentes, además del ministro y su asesor principal, estuvo presente la viceministra, Michelle Gallardo- con su asesor- y los miembros del CONAMA Juan Marco Álvarez, Ricardo Navarro y Francisco Altschul.
El informe presentado y el caso que más llamó la atención, no por la cantidad de terreno parcelado, sino por la imagen de la zona, fue Taquillo. “El caso de Taquillo se presentó como ejemplo de lo que sucede cuando se parcela una ANP. Se mostraron fotos aéreas de la zona. El ISTA colocó gente en medio del área protegida”, cuenta Juan Marcos Álvarez. En otro caso, en Talcualhuya, lo único que quedaría sin lotificarse son las riberas de cuatro ríos y una quebrada que cruzan el ANP. Luego de ese informe, según el ambientalista, el CONAMA le pidió al ministro Barrera que exigiera al ISTA la transferencia de todos los terrenos que aún tiene en su propiedad al MARN, como manda la ley, y para que ya no sean parcelados. “Incluso le pedimos al ministro que convocara una reunión entre el CONAMA, él y Miguel Tomás López. Esto nunca sucedió”, señala. Si bien la reunión entre Barrera, López y CONAMA no se llevó a cabo, Miguel Tomás López asegura que sí conversó con Barrera para llegar a un acuerdo en aquellas ANP en donde sí se ha parcelado. El funcionario asegura que en esos casos -dos de los cuales están en el informe del MARN- la delimitación y parcelación obedece a que había que solucionar los problemas de subsistencia de las personas que llegan a ocupar las ANP. “Alguien tiene que tomar la responsabilidad con la gente que está ahí adentro”, dice López. Pero para cercanos colaboradores al ex ministro Barrera, este intentó convencer a Miguel Tomás López para que dejara de parcelar los terrenos e incluso se reunieron en el MARN, en más de una ocasión, para discutir el problema. Dos meses después de estas reuniones, en diciembre, Barrera fue destituido de su cargo por el presidente Antonio Saca. ¿Qué discutieron Barrera -quien también es vicepresidente de organización del partido ARENA- y López? ¿Por qué Barrera no hizo nada más que pedir el informe y presentarlo al CONAMA? Según López, Hugo Barrera estuvo de acuerdo con las parcelaciones y aprobó, junto al ISTA, las nuevas delimitaciones para no crear un conflicto social en las zonas. El Faro solicitó hace más de dos semanas una entrevista con Barrera, que hoy es el director ejecutivo de CEPA. Hasta el cierre de esta nota, el ex ministro no había accedido. Tras la salida de Barrera, el informe de las cinco ANP parece haber quedado en el olvido. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero, dice desconocer de casos en los que el ISTA haya parcelado tierras del estado calificadas como ANP, y que está a la espera de una reunión con Miguel Tomás López para hablar sobre la transferencia total de estas tierras. Desde que López llegó al ISTA en octubre de 1999, de las 118 ANP que registra el MARN sólo 69 han entrado al proceso de transferencia. Álvarez señala que hay leyes muy puntuales que no están siendo respetadas por la institución dirigida por López, y cuando se le pregunta por qué el ISTA no las termina de transferir, sólo da una respuesta: “por las agendas propias del ISTA. Por eso no se ha hecho realidad”.
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