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Asamblea Legislativa retrasa entrada en vigencia de ley contra el crimen organizado

La normativa estaría vigente a partir de este 22 de febrero, pero sin la posibilidad de nombrar a tiempo a los jueces especializados contra el crimen organizado, la ley no podría ser aplicable. La solución que encontró la Corte Suprema de Justicia y que avaló la Asamblea Legislativa la semana pasada: correr hasta el 1 de abril la fecha para su entrada en vigencia.

Edith Portillo*
cartas@elfaro.net
Publicada el 19 de febrero - El Faro

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La apuesta gubernamental para enjuiciar los “delitos de realización compleja” y el crimen organizado estaba camino a nacer huérfana. Con el 22 de febrero como fecha para entrar en vigencia y, por tanto, como plazo para que estuvieran conformados los tribunales especializados, el calendario no daba espacio para nombrar a los jueces que estarían a cargo de aplicar la normativa.

“No hay tiempo para hacer los nombramientos. No hay tiempo, hay que admitirlo”, dijo a El Faro, el miércoles 14, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ulices del Dios Guzmán.

“Con el plazo que hay, es imposible que los jueces estén ya ejerciendo para esa fecha (22 de febrero), por lo tanto será una ley vigente no aplicable”, aseguró también ese día Nora Montoya, concejal del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), entidad encargada de presentar luego las propuestas de ternas de abogados para conformar los tribunales especializados.

Había sido hasta un día antes, el martes 13, que en una sesión extraordinaria de corte plena la CSJ llegó a un acuerdo por mayoría sobre el decreto que daría vida a los tribunales para este tipo de delitos. Se esperaba entonces que el decreto entrara a la Asamblea Legislativa para que esta lo aprobara en la plenaria del jueves 15.

Fue hasta alrededor de las 3:00 de la tarde de ese jueves que, bajo iniciativa del diputado José Antonio Almendáriz (PCN), la pieza entró al pleno. Pero esta no era la única. Junto con el documento, que habla de la conformación de los tribunales, fue sometido a discusión otro que salvaría a la ley de convertirse en “vigente no aplicable”: una propuesta para que su entrada en vigencia ya no fuera el 22 de febrero, sino hasta el 1 de abril.

“Creo que se nos quedaron cortos los 30 días que habíamos puesto para la ley, así que esa es la razón por la que hacemos esta petición y esperamos que los demás partidos puedan acompañarnos”, dijo luego el diputado por ARENA Guillermo Ávila Quehl.

La moción fue aprobada con 47 votos de ARENA, PCN y PDC, mientras que los partidos FMLN y CD, que han cuestionado desde un inicio el contenido de la ley, no dieron su respaldo.

El decreto que da vida a los tribunales especializados, con el apoyo de los mismos partidos, fue enviado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento, donde se espera que sea discutido esta semana para introducirlo y aprobarlo en la plenaria de este jueves 22.

El camino evadido

Por tratarse de reformas de ley, el decreto que define la conformación de los tribunales, una vez sea aprobado en el pleno, deberá después llegar a manos del presidente Antonio Saca para que lo observe o lo sancione y, luego de esto, podrá ser publicado en el Diario Oficial.

Ocho días después de su publicación, el decreto se convertirá en Ley de la República y hasta entonces la Corte podrá pedir al Consejo Nacional de la Judicatura que le envíe las ternas sugeridas para ocupar los cargos de jueces especializados. El CNJ tendrá otros ocho días para hacer este trámite y luego, tras recibir las propuestas, la Corte tendrá un tiempo indefinido para escogerlos y nombrarlos.

Si la Asamblea aprobara el decreto este jueves 22, si no hay observaciones presidenciales en el camino y si la CSJ hace los nombramientos la misma semana en que recibe las ternas, las plazas de los jueces especializados estarían definidas hasta dentro de unas cuatro semanas.

Con esos plazos ideales, el 1 de abril da el espacio necesario para hacer los nombramientos de los jueces. De haber quedado el 22 de febrero como día para entrar en vigencia, la ley no hubiera tenido quién la aplicara por al menos unas dos semanas.

El debate que dilató el proceso

La nueva ley entiende como crimen organizado a la delincuencia caracterizada por provenir “de una estructura de dos o más personas, que tiene cierto tiempo de existencia  y que actúe concertadamente para cometer uno o más delitos”, pero sin especificar qué delitos entran en esta clasificación. Los delitos de “realización compleja”, en cambio, los define como aquellos que causan “conmoción social”, como los homicidios, secuestros y extorsiones”.

La conveniencia o no de esta ley fue, según el magistrado Guzmán, uno de los motivos que provocó los retrasos en la elaboración del decreto: “Había una tendencia a empezar a discutir otra vez la ley y esa, a mi juicio, era ya una deliberación impertinente, ya se había realizado en la Asamblea Legislativa”.

Según la propuesta acordada en Corte plena el pasado martes 13, se crearán tres tribunales de sentencia y tres de instrucción pluripersonales (más de dos jueces) en San Salvador, San Miguel y Santa Ana. La conformación de los tribunales fue otro punto que dilató la discusión al interior de la CSJ.

“Eso incrementa considerablemente la cantidad de jueces que tendrían que ser nombrados. Implica más costos financieros, reconsideraciones con la infraestructura, los costos de instalación tienen, naturalmente, que incrementarse”, se queja el magistrado.

Con los tribunales compuestos sólo por un juez de instrucción y uno de sentencia, como era la propuesta original y que defiende el PDC y el Ejecutivo, la Corte estimaba un presupuesto de alrededor de 4 millones de dólares.

Para Guzmán, debe haber un reconocimiento de que “la Corte ha sido lenta en algo que se necesitaba actuar con mayor celeridad. Hay algunos que consideraban que todavía no estaban bien informados, pero el departamento de planificación y financiero nos ha actualizado constantemente. Información se nos ha proporcionado, pero algunos alegaban que todavía no estábamos bien informados, naturalmente nunca lo vamos a estar si no leemos los informes”.

En tanto el decreto para crear los tribunales especializados sigue su camino para convertirse en ley, la concejal Montoya asegura que el CNJ se prepara ya para tener listas las ternas cuando la Corte se lo requiera.

 

* Con reportes de Alexis Henríquez

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