|
|
| |||
| |
|||
|
|||
|
|||
| |||
|
|
NOTICIASLa fuga de Silva devela las fallas del sistemaLa Corte Suprema de Justicia ordenó no investigar a los jueces que entregaron a la Policía 18 horas tarde la orden de detención en contra del imputado. La Fiscalía admite que pudo haber capturado al diputado antes de iniciar la audiencia pero que no lo hizo porque “temían” que los jueces fueran arbitrarios. Los jueces han explicado que “fueron ingenuos” pues creyeron que Silva no se escaparía. La Policía retiró la vigilancia una semana antes de la sentencia, y ahora culpa a fiscales y jueces. César Castro Fagoaga
Desde que la Asamblea Legislativa decidió retirarle el fuero constitucional al legislador suplente del PCN, hace dos meses, el director de la Policía Nacional Civil destinó la mitad de una de sus unidades elites, la DECO, para no perderle la pista. 150 agentes destacados exclusivamente para vigilarlo. Era la primera vez que un diputado, acusado de lavar diez millones de dólares, enfrentaba un antejuicio. Si Carlos Roberto Silva salía en su carro, la Policía lo seguía; si entraba a un restaurante, la Policía entraba y también comía; si paseaba en lancha en la bahía de Jiquilisco, la Policía rentaba también una y navegaba. “El alquiler de esa lancha nos costó 200 dólares”, se queja el jefe policial, Rodrigo Ávila. “Fue desgastante para la institución porque vigilar a alguien para capturar es fácil, pero vigilar a alguien que no puede agarrar...” La defensa de Silva puso una denuncia por acoso policial, y Ávila decidió entonces bajar el nivel de custodia. De 150 se redujo a 12. Eso ocurrió exactamente una semana antes de que iniciara la audiencia en la Cámara Primera de lo Penal en contra del diputado. La audiencia, celebrada entre el 22 y el 25 de enero, tuvo como principal característica la no comparecencia del diputado, que alegó estar enfermo. Para ello, poco antes de iniciar la audiencia, se presentó, caminando, para entregar una constancia de un médico particular que certificaba su enfermedad. La Fiscalía General de la República, dice el fiscal encargado del caso, Rolando Monroy, solicitó que fuera el Instituto de Medicina Legal el que practicara un examen detallado a Silva. La Cámara no respondió a esa petición. Tras los días de audiencia, los jueces de la Cámara, Guillermo Arévalo y Omar Pastor, tomaron una decisión. El jueves 25 de enero, a las cuatro de la tarde, leyeron la sentencia en contra de Silva, la que decretaba detención provisional para el diputado. Sin embargo, los magistrados firmaron la orden de captura 18 horas después. Los dos jueces argumentan que “fueron ingenuos”, pues pensaron que Silva no se fugaría. Además, dicen, no consideraron “urgente” capturarlo. “Yo la verdad creí que en el país, después de los Acuerdos de Paz, ya no se hacían capturas nocturnas”, explica el juez Arévalo. Ambos magistrados de la Cámara reconocieron su error al haber emitido tarde la orden de captura. Pero también responsabilizan a la Fiscalía de la fuga pues consideran que el mejor momento para capturar al diputado fue cuando la Asamblea le retiró el fuero constitucional. Sobre este punto han opinado diversos analistas, como Henry Campos, catedrático de derecho de la Universidad Centroamericana, que en su columna semanal publicada en La Prensa Gráfica asegura que la Fiscalía nunca quiso capturar en realidad a Silva. Esas opiniones molestan a Rolando Monroy. El jefe de la unidad financiera de la Fiscalía asegura que no hay nada concreto en la ley que le indique el procedimiento, para una captura, luego de un antejuicio. “El problema no es sencillo, respeto a los analistas pero la ley no dice nada. No había precedentes en el país y optamos por lo seguro, por lo prudente”, señala Monroy. En otras palabras, el fiscal reconoce que tuvo oportunidad de girar una orden de captura en contra de Silva para presentarlo al juzgado en el tiempo inerte que quedó entre el desafuero (el 29 de noviembre) y la aceptación del caso en la Cámara Primera de lo Penal. Monroy dice que no lo hicieron pues temieron por la discrecionalidad de los magistrados pues, al no haber aceptado el caso (en los primeros días de diciembre), la Cámara podía declararse no competente y el juicio nulo. La Cámara, antes de aceptar el caso, envió un escrito al Tribunal Supremo Electoral para certificar que Silva en efecto era diputado suplente por el PCN, ello a pesar de que un antejuicio, como el que se le hizo a Silva en la Asamblea, solo puede hacerse a un diputado. El 7 de diciembre de 2006, la Fiscalía, una vez que el caso estaba en la Cámara, envió un escrito donde se solicitaba la detención provisional o la imposición de medidas cautelares sustitutivas (arresto domiciliar) en contra de Silva. Monroy sabía que tratándose de delitos de lavado de dinero las medidas cautelares no tienen efecto pero aún así las pidió. Ahora, una semana después de la fuga de Silva, Monroy explica que lo hizo para no coartar la decisión de los magistrados. La Cámara, en cualquier caso, no se pronunció. La actuación de la Cámara Primera de lo Penal despertó las sospechas en muchos sectores. Recibió las acusaciones de la Fiscalía, la Policía, los titulares del ministerio de Seguridad y Justicia y más de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte, Ulices del Dios Guzmán, fue uno de los que solicitó una auditoría para la Cámara. El pasado jueves 1 de febrero, el presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, se manifestó a favor de la investigación y prometió celeridad en el proceso. De hecho, esa misma mañana la Corte se pronunció: no se investigará a la Cámara. Diez de los quince magistrados votaron en contra de la petición de auditoría alegando “independencia judicial”, pues los jueces no pueden plegarse ante las presiones del Ejecutivo y de los medios de comunicación. El magistrado Guzmán, desilusionado por el fallo, aseguró que la actuación de los jueces quedará en la oscuridad. Complot de fuga Varios medios de comunicación publicaron en sus respectivas ediciones del viernes 26 de enero que Roberto Silva abandonó su vivienda, ubicada en la colonia Santa Elena, a las 10:30 de la mañana del jueves, es decir, seis horas antes del inicio de la lectura de la sentencia. Sin embargo, el director de la Policía, Rodrigo Ávila, sostiene que a Silva se le perdió la pista al inicio de la audiencia, es decir, el domingo 29 de enero. “La información que teníamos es que había desaparecido cuatro días antes. Nosotros teníamos vigilancia y eso es así. Es lo que dice un vigilante contra lo que dice la policía”, dice el director. Un dato que le llama la atención a Ávila es que el abogado titular de Silva, Morales Joya, no asistió al último día de la audiencia. “Ya sabía de la resolución”, aventura Ávila. El fiscal Monroy dice desconocer si antes de emitir sentencia los magistrados de la Cámara se reunieron con los abogados de Silva. “No me atrevería a decir que hubo malicia, al menos sí negligencia”, dice Monroy. El viceministro de Seguridad Pública, Ástor Escalante, se aventura más que el fiscal. Para él “probablemente hubo mano peluda”. Al no prosperar la solicitud de investigación en la CSJ, ni en el Consejo Nacional de la Judicatura, que se declaró incompetente para tal fin, la Fiscalía ahora es la única que puede iniciar un proceso. Monroy asegura que están recogiendo evidencia para ver si es posible iniciar una investigación en contra de la Cámara. Por el momento, la Cámara ha dictado un periodo de seis meses antes de iniciar la siguiente audiencia. Si Silva aparece o es capturado la audiencia se celebrará, si no, el caso se archivará hasta que el diputado aparezca. Mientras, la Sala de lo Penal de la Corte, presidida por el magistrado Guzmán, deberá dirimir sobre un recurso que ha impuesto la defensa del diputado. Silva, a través de sus abogados, ha solicitado medidas sustitutivas en lugar de la orden de detención que se le ha decretado. Al viceministro Escalante le preocupa la apelación que conocerá la Sala de lo Penal porque, dice, “esperaría no se hiciera valer (Silva) de una amistad”. Cuando se le preguntó a Escalante a qué se refería prefirió no detallar. Sobre este punto el magistrado Guzmán dijo a El Faro que uno de los tres magistrados que conforman la Sala (el magistrado Trejo y la magistrada Fortín) podría excusarse de conocer el caso. Dijo, sin embargo, que no especificaría cuál de ello ni por qué razones. Ulices del Dios Guzmán dijo que los procesos en la Sala “son lentos”, pero que él tiene la intención de tramitar lo más pronto posible. La Sala se reúne ordinariamente todos los miércoles pero puede hacerlo de forma extraordinaria todos los días. Noticias relacionadas
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulte el buscador de Google y encuentre las notas publicadas en El Faro |
| EL FARO.NET
(Apartado Postal 884 , San Salvador, El Salvador) |
